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Modo: Corpus Pro

JUICIOS DE INCONFORMIDAD AGRARIA POR CONFLICTOS DE LIMITES. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DE LOS.

Tipo de asunto: JUICIO DE INCONFORMIDAD 2/48. · Registro digital (IUS): 281
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: POBLADO DE SANTIAGO IXTALTEPEC, TLACOLULA, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Octava Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Diciembre de 1992, , Pág. 29.

JUICIO DE INCONFORMIDAD 2/48. POBLADO DE SANTIAGO IXTALTEPEC, TLACOLULA, ESTADO DE OAXACA.

CONSIDERANDO:

UNICO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de competencia legal para conocer del juicio de inconformidad a que se refiere este asunto, y estima que, con sus anexos, debe ser remitido al Tribunal Superior Agrario para los efectos legales a que haya lugar.

En efecto, a fin de exponer las razones que dan soporte a esa conclusión, es necesario referir lo siguiente:

La competencia original para conocer en definitiva de cuestiones relativas a conflictos por límites de terrenos comunales, recayó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a virtud de la reforma practicada a la fracción VII del artículo 27 constitucional en el año de mil novecientos treinta y siete (Diario Oficial de seis de diciembre de mil novecientos treinta y siete). Los párrafos segundo y tercero de esa fracción señalaban:

"Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o mas núcleos de población. El Ejecutivo Federal se avocará al conocimiento de dichas cuestiones y propondrá a los interesados la resolución definitiva de las mismas. Si estuvieren conformes, la proposición del Ejecutivo tendrá fuerza de resolución definitiva y será irrevocable; en caso contrario, la parte o partes inconformes podrán reclamarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin perjuicio de la ejecución inmediata de la proposición presidencial."

"La ley fijará el procedimiento breve conforme al cual deberán tramitarse las mencionadas controversias."

Con esa base, la Ley Federal de Reforma Agraria, reglamentaria de las disposiciones agrarias del artículo 27 constitucional, reguló en su Título Cuarto, Capítulo III, al juicio de inconformidad, en los artículos 379 a 390, siguiendo el principio constitucional de la definitividad de las sentencias que, en esa materia, pronunciara la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, acatando la norma constitucional, dispuso en su artículo 25, fracción XIII, que a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde conocer:

"XIII.- De los juicios cuyo conocimiento corresponde a la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con la Ley Federal de Reforma Agraria, en relación con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 27 constitucional;

Ese era pues, el marco jurídico que otorgaba competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en lo específico, a la Segunda Sala, para conocer de los conflictos por límites de terrenos comunales.

Ahora bien, con fecha siete de noviembre de mil novecientos noventa y uno, el Ejecutivo Federal remitió al Constituyente Permanente, por conducto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa para la reforma del artículo 27 constitucional.

De dicha iniciativa, y por lo que atañe a los conflictos de límites de terrenos, interesa destacar lo siguiente:

"La justicia agraria. Para garantizar la impartición de justicia y definitividad en materia agraria se propone establecer, en el texto constitucional en la fracción VII, tribunales federales agrarios, de plena jurisdicción. Ellos estarán dotados con autonomía para resolver con apego a la ley y de manera expedita, entre otros, los asuntos relativos a la tenencia en ejidos y comunidades, las controversias entre ellos y las referentes a sus límites. Con ello se sustituye el procedimiento mixto administrativo- jurisdiccional derivado de la necesidad de una inmediata ejecución."

"No se modifican las disposiciones del artículo 27 que determinan la capacidad para adquirir el dominio de tierras y aguas, para mexicanos, extranjeros, iglesias e instituciones de beneficencia y bancos, fracciones I a III, y la V. Igualmente la jurisdicción federal, fracción VII, las referentes a las nulidades y actos jurídicos históricos, fracciones VIII y XVIII, y la nulidad por división, fracción IX. La seguridad jurídica, el acceso a la justicia agraria expedita y la asesoría legal a los campesinos, se mantienen como hasta ahora, fracción XIX."

"Es importante mencionar que en los artículos transitorios de esta iniciativa, se determina la Ley aplicable al momento en que entrase en vigor esta reforma."

(Transitorio):

"Los demás asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este Decreto, y que conforme a la ley que se expida deban pasar a ser de la competencia de los tribunales agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva."

"Por otro lado, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, de la Cámara de Diputados, a las que fue turnada para su estudio la iniciativa de referencia se dijo lo siguiente:

"Los tribunales agrarios que deberán ser autónomos y de plena jurisdicción para impartir una justicia pronta, expedita, de una manera sencilla y cercana a los propios interesados, eliminarán demoras y arbitrariedades, propiciando el establecimiento de una nueva relación entre los hombres del campo y las autoridades competentes."

"Para garantizar la impartición de justicia y definitividad en materia agraria, se establece en el texto constitucional, en la fracción VII, tribunales agrarios, de plena jurisdicción. Ellos estarán dotados con autonomía para resolver, con apego a la ley federal y de manera expedita, entre otros, los asuntos relativos a la tenencia en ejidos y comunidades, las controversias entre ellos y las referentes a sus límites. Con ello se sustituye el procedimiento mixto administrativo jurisdiccional con un nuevo sistema de plena jurisdicción y autónomo que funcionará conforme determine la ley reglamentaria, para impartir justicia agraria pronta, expedita y cercana a los interesados."

"En esta misma fracción se mantiene la jurisdicción federal en todas las cuestiones de límites de terrenos comunales y ejidales, creando los tribunales de justicia agraria dotados de autonomía y plena jurisdicción . (Se refiere a la fracción VII)."

"Por lo que se refiere a justicia agraria, se turnarán a los tribunales los expedientes de los asuntos aún pendientes de resolución."

Es de resaltarse el hecho de que la fracción VII, quedó en los mismos términos en que fue presentada la iniciativa presidencial.

Posteriormente, siguiendo el proceso legislativo fue turnado el asunto a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, cuyas Comisiones Unidas Primera de Gobernación; de Puntos Constitucionales; de Fomento Agropecuario, Recursos Hidráulicos y Forestales y del Sector Social Agrario, se avocaron a su estudio y la elaboración del dictamen correspondiente, del que conviene precisar lo siguiente:

"4.- Fracción VII.- En la actual fracción VII del artículo 27 constitucional se establece con claridad el disfrute de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población que guardan el estado comunal. A su vez, se señala la jurisdicción federal para la resolución en las cuestiones relativas a límites de terrenos comunales, mediante el establecimiento de un sistema mixto de resolución de controversias, que prevé tanto la intervención del Ejecutivo Federal como, en su caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

"Por otra parte se mantiene la jurisdicción federal para la solución de las cuestiones relativas a límites de terrenos comunales, ampliándose a la de los terrenos ejidales y se propone el establecimiento de tribunales agrarios dotados de autonomía y plena jurisdicción."

"Esta última propuesta se comentará en distinto acápite, toda vez que con motivo de la formulación del dictamen correspondiente por parte de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, se determinó la conveniencia de su ubicación como segundo párrafo de la fracción XIX del propio artículo 27 constitucional."

"Como se señaló anteriormente, la fracción VII en vigor del artículo 27 constitucional prevé lo relativo a cuestiones de límites en terrenos comunales y señala a la jurisdicción federal como instancia de solución, mediante un sistema mixto administrativo-judicial."

"En la iniciativa del Ejecutivo Federal se propuso mantener estos asuntos dentro de la jurisdicción federal, pero mediante el establecimiento de tribunales agrarios dotados de autonomía durante sus deliberaciones, las Comisiones Dictaminadoras de la Cámara de Diputados estimaron conveniente ubicar este dispositivo como segundo párrafo de la fracción XIX, toda vez que ésta se refiere al deber estatal de proveer lo necesario para la impartición de justicia agraria con base en los principios de expeditez y honestidad."

"En la propuesta del Ejecutivo Federal se amplía la posibilidad de que dichos tribunales conozcan no sólo de controversias de límites de terrenos comunales, sino también de terrenos ejidales. A su vez, conocería de las cuestiones relacionadas con la tenencia de la tierra de ejidos y comunidades."

De conformidad con lo señalado, el párrafo segundo de la fracción XIX se propone con el siguiente texto:

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de éstas, por la Comisión Permanente.

"La Ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y...".

"9.- Artículos transitorios.- En el primero de ellos se dispone que las reformas propuestas entren en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En la segunda norma de naturaleza transitoria se hace aplicación particular del principio general de derecho que señala la conveniencia de mantener en vigor las disposiciones agrarias de nuestro ordenamiento jurídico hasta que no se modifique la legislación reglamentaria. Desde luego, esta previsión no autoriza la aplicación de dispositivos contrarios a la propia reforma constitucional propuesta."

Finalmente, el segundo párrafo de la fracción XIX, del artículo 27, constitucional, aprobada ya por las Legislaturas de los Estados, quedó redactada en los siguientes términos, según el Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos noventa y dos:

"Artículo 27, fracción XIX.- Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y..."

De lo hasta aquí expuesto se llega a una primera conclusión: que la regulación de los conflictos por límites de terrenos ejidales y comunales, no se encuentra ya regulada por la fracción VII, del artículo 27 constitucional, que hacía referencia a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que ahora se rige por lo que establece el segundo párrafo de la fracción XIX, transcrita anteriormente, que remite a la legislación secundaria, en general, para la administración de la justicia agraria, previendo la institución de tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción al efecto.

De los artículos transitorios de la reforma constitucional comentada se estableció que ésta entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y que:

"Artículo Segundo.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto y en tanto no se modifique la legislación reglamentaria en materia agraria, continuarán aplicándose sus disposiciones, incluidas las relativas a las autoridades e instancias competentes y a la organización interna de los ejidos y comunidades, siempre que no se opongan a lo establecido en este mismo Decreto."

"Artículo Tercero.- La Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones agrarias mixtas y las demás autoridades competentes, continuarán desahogando los asuntos que se encuentren actualmente en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, de conformidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y que estén vigentes al momento de entrar en vigor el presente Decreto. Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que, conforme a su ley orgánica, resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo anterior. Los demás asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este Decreto, y que conforme a la ley que se expida deban pasar a ser de la competencia de los tribunales agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva."

Ahora bien, el nuevo texto constitucional del artículo 27, trajo como consecuencia la adecuación de la legislación secundaria a su contenido, expidiéndose para ello, entre otras, la Ley Agraria así como la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos.

De la iniciativa presidencial de la Ley Agraria se advierte lo siguiente:

"Uno de los objetivos centrales de la reforma del marco legislativo agrario ha sido la procuración de justicia en el campo. Resolver ancestrales conflictos limítrofes es tarea apremiante y una solicitud reiterada de los campesinos. Esta demanda no puede pasar inadvertida. Debemos instrumentar un aparato de justicia de gran alcance para resolver los conflictos en el campo mexicano, que generan enfrentamiento y violencia entre poblados y familias. Se promueve la instauración de tribunales agrarios en todo el país. Llevar la justicia agraria al más lejano rincón de nuestro territorio es objetivo primordial de esta iniciativa de ley."

"Buscamos que prevalezca la sencillez y la claridad en los procedimientos de justicia agraria. Debemos reglamentar sobre lo esencial para acercar la justicia del campesino. La certeza en el análisis que hagan los tribunales agrarios y la imparcialidad en sus juicios permitirán la sólida transformación de la jurisprudencia agraria del campo mexicano."

"La operación y estructura de los tribunales agrarios es materia de la iniciativa de Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que complementa esta iniciativa y que representa por separado a esta soberanía."

Asimismo, del texto de la Ley Agraria, concretamente de su título Décimo, "De la Justicia Agraria", debe tenerse presente lo que disponen los artículos 163, 164, y 198, que son del tenor literal siguiente:

"Artículo 163.- Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley."

"Artículo 164.- En la resolución de las controversias que sean puestas bajo su conocimiento, los tribunales se sujetarán siempre al procedimiento previsto por esta ley y quedará constancia de ella por escrito. En los juicios en que se involucren tierras de los grupos indígenas, los tribunales deberán de considerar las costumbres y usos de cada grupo mientras no contravengan lo dispuesto por esta ley ni se afecten derechos de tercero. Asimismo, cuando se haga necesario, el tribunal se asegurará de que los indígenas cuenten con traductores. Los tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros."

"Artículo 198.- El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre: I.- Cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios o sociedades mercantiles; o II.- La tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales; o III.- La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria."

En los tres primeros artículos transitorios de dicha ley se estableció lo siguiente:

"Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

"Artículo Segundo.- Se derogan la Ley de Reforma Agraria, la Ley General de Crédito Rural, la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías y la Ley del Seguro Agropecuario y de Vida Campesino, así como todas las disposiciones que se opongan a las previstas en la presente ley. En tanto no se expidan las disposiciones correspondientes, continuarán aplicándose, en lo que no se opongan a esta ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente ley.

"Artículo Tercero.- La Ley Federal de Reforma Agraria que se deroga se seguirá aplicando respecto de los asuntos que actualmente se encuentran en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales. Por lo que hace a los asuntos relativos a las materias mencionadas en el párrafo anterior, cuyo trámite haya terminado por haberse dictado acuerdo de archivo del expediente como asunto concluido o dictamen negativo, así como los asuntos relativos a dichas materias en los que en lo futuro se dicten, se estará a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del Decreto que reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992. Los demás asuntos que corresponda conocer a los tribunales agrarios, se turnarán a éstos por la Comisión Agraria Mixta o el Cuerpo Consultivo Agrario, según corresponda, en el estado en que se encuentren, una vez que aquéllos entren en funciones. La autoridad agraria deberá prestar a los tribunales la colaboración que le soliciten para la adecuada substanciación de los expedientes, a fin de que se encuentren en aptitud de dictar la resolución que corresponda."

Por otro lado, en la misma fecha fue enviada por el Ejecutivo Federal la iniciativa de Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, de la que también conviene destacar los siguientes párrafos:

"En la iniciativa se propone que el Tribunal Superior Agrario conozca del recurso de revisión sólo en casos específicos, en los que por su naturaleza se haga indispensable. Ello es congruente con el procedimiento ágil y expedito que debe regir a la administración de justicia y, de manera especial, a los juicios de naturaleza agraria. De esta manera, el procedimiento jurisdiccional agrario sería, por regla general, uni-instancial y, por excepción bi- instancial."

"Así, el Tribunal resolvería los recursos de revisión interpuestos en contra de sentencias dictadas por los Tribunales Unitarios, en los juicios por conflictos de límites de dos o más núcleos de población entre sí o con terceros, así como de los juicios relativos a restitución de tierras de los núcleos de población."

Del texto de la ley es ilustrativo conocer el contenido de los siguientes artículos:

"Artículo 1o.- Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Administración de justicia agraria en todo el territorio nacional."

"Artículo 9o.- El Tribunal Superior Agrario será competente para conocer:

"I.- Del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los tribunales unitarios, en juicios que se refieran a conflictos de límites de tierras suscitados entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios o sociedades mercantiles;

"Artículo 18.- Los Tribunales Unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo.

Los Tribunales unitarios serán competentes para conocer:

I.- De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios o sociedades."

TRANSITORIOS:

"PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"SEGUNDO.- El Tribunal Superior Agrario deberá quedar constituido dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente ley."

"TERCERO.- Dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se constituya el Tribunal Superior, se deberá expedir el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios y determinar el número y competencia territorial de los distritos en que se divida el territorio de la República para los efectos de esta ley, a fin de que el ejecutivo federal proponga a la Cámara de Senadores o, a la Comisión Permanente, según corresponda, una lista de candidatos para magistrados de los tribunales ...".

"QUINTO.- Los expedientes de los procedimientos de suspensión, privación de derechos agrarios o de controversias parcelarias u otras acciones agrarias instauradas que se encuentren actualmente en trámite se remitirán debidamente integrados al Tribunal Superior Agrario una vez que éste entre en funciones, para que en su oportunidad se turnen para su resolución a los Tribunales Unitarios, de acuerdo con su competencia territorial".

De la relación legislativa anterior se llega a esta segunda conclusión: que los conflictos por límites ejidales o comunales, deben resolverse en primera instancia por los Tribunales Unitarios, y en segunda instancia mediante la interposición del recurso de revisión, ante el Tribunal Superior Agrario. Debe resaltarse el hecho de que ni en la exposición de motivos de las leyes Agraria y Orgánica de los Tribunales Agrarios, ni en el texto de éstas se advierte referencia alguna a esta Suprema Corte de Justicia para seguir conociendo de los conflictos de límites.

Recapitulando:

a).- En principio, la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en particular, de la Segunda Sala, para resolver sobre conflictos de límites, derivó de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 27 constitucional, que preveía la procedencia del juicio de inconformidad en contra de las resoluciones presidenciales que dirimieran tales conflictos; y,

b).- Que como consecuencia de la reforma constitucional al artículo 27 (seis de enero de mil novecientos noventa y dos), y la expedición de la Ley Agraria y de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, si bien se mantuvo la competencia federal para resolver los mencionados conflictos de límites, ésta recae actualmente en los Tribunales Agrarios, dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, mediante la promoción del juicio correspondiente, que puede substanciarse en dos instancias, la primera, ante los Tribunales Unitarios, y la segunda, ante el Tribunal Superior, mediante la interposición del recurso de revisión, dejando, por tanto, de tener competencia para conocer de los mismos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No pasa inadvertido el hecho de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 25, fracción XIII, establece la competencia de la Segunda Sala para conocer "de los juicios cuyo conocimiento corresponde a la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con la Ley Federal de Reforma Agraria, en relación con lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 27 constitucional" , pues por disposición expresa del artículo segundo transitorio de la Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, se derogaron "todas las disposiciones que se opongan a las previstas en la presente ley".

Consecuentemente, esta Sala carece actualmente de competencia legal para conocer de los conflictos por límites de terrenos comunales, a que se refería la fracción VII del artículo 27 de la Constitución Federal, en su texto vigente hasta el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, y estima que este asunto, con sus anexos, debe ser remitido al Tribunal Superior Agrario para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Esta Segunda Sala carece de competencia legal para conocer de este juicio de inconformidad.

SEGUNDO.- Remítanse los presentes autos con sus anexos al Tribunal Superior Agrario, para los efectos legales a que haya lugar.

Notifíquese personalmente. Cúmplase.

Así, por unanimidad de cuatro votos, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ponente la señora ministra Fausta Moreno Flores. Estuvo ausente el ministro Carlos de Silva Nava, por estar disfrutando de vacaciones.

Firman la presidenta y ponente de la Sala, con la Secretaria de Acuerdos de la misma que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/281-7a6dce31/juicios-de-inconformidad-agraria-por-conflictos-de-limites · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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