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Modo: Corpus Pro

JUICIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, SI UNA VEZ INSTAURADOS LOS TRIBUNALES UNITARIOS EN LA MATERIA SE IMPUGNA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL QUE DOTA DE TIERRAS A UN EJIDO, QUE CONCLUYÓ CON EL ESTUDIO TÉCNICO-JURÍDICO EN EL QUE SE RESOLVIÓ LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL DE EJECUTARLA Y SE ORDENÓ SU ARCHIVO (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 55/97 Y 2a./J. 56/97).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 480/2010. · Registro digital (IUS): 23107
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: EJIDO LAS TRANCAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 2141.

AMPARO EN REVISIÓN 480/2010. EJIDO LAS TRANCAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO.

CONSIDERANDO:

VI. Por cuestión de método se analizará el primer agravio que expresa la recurrente en su escrito de revisión, tercera perjudicada en el juicio de garantías, Judith Núñez viuda de Mora, el cual resulta fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida y sobreseer el juicio de garantías.

En él se alega que lo considerado en la recurrida, en el sentido de que el núcleo ejidal denominado "Las Trancas", Municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, no debía cumplir el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, con base en que el artículo 166 de la Ley Agraria que prevé la suspensión de los actos reclamados, establece mayores requisitos que los que señala el artículo 234 de la Ley de Amparo, lo que constituye una excepción a la regla general prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues en el presente asunto lo que esencialmente se reclamó por el ejido en la demanda de amparo, es el procedimiento de ejecución de la resolución presidencial de dos de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, que concedió dotación de tierras al ejido mencionado, el cual concluyó con el estudio técnico-jurídico de veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, practicado por las extintas Dirección General de Procedimientos para la Conclusión del Rezago Agrario y Dirección de Ejecución de Resoluciones Presidenciales, ambas dependientes de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que se resolvió que jurídica y materialmente era imposible ejecutar en forma complementaria la referida resolución presidencial, en lo relativo a la superficie de 28-78-97 hectáreas, que forman parte del predio rústico "El Colomo", Fracción Norte, ubicado en el Municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, y se ordenó remitir el expediente a la Dirección de Control Documental para su archivo y salvaguarda, por tratarse de un asunto totalmente concluido. Que así las cosas, lo que en este juicio se reclama deriva del procedimiento de ejecución de una resolución presidencial, por lo que contrario a lo que afirma la a quo, el núcleo agrario quejoso sí se encontraba obligado a acudir previamente a la interposición del juicio de amparo indirecto ante los Tribunales Unitarios Agrarios, ya que al respecto existen reglas especiales que así expresamente lo determinan, contenidas en las jurisprudencias 2a./J. 55/97 y 2a./J. 56/97, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 58/96, consultables en las páginas 177 y 250, respectivamente, ambas del Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros dicen: "JUICIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS DE AUTORIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN O REEJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DOTATORIA DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES, AUNQUE SE HAYAN REALIZADO CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIEMPRE QUE LA IMPUGNACIÓN DE DICHOS ACTOS SE HAYA EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA INSTAURACIÓN DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS." y "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE ACTOS DE AUTORIDADES AGRARIAS DENTRO DE LA EJECUCIÓN O REEJECUCIÓN DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES DOTATORIAS DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES REALIZADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIEMPRE QUE LA IMPUGNACIÓN SE HAGA UNA VEZ QUE FUERON INSTAURADOS, QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO EN QUE SURGIERON LOS ACTOS NO FUERON IMPUGNADOS Y LOS TÉRMINOS TAMBIÉN PREVISTOS EN DICHAS DISPOSICIONES NO SE HAYAN AGOTADO.". Por tanto, si las jurisprudencias en comento se refieren a la improcedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado en el procedimiento de ejecución de una resolución presidencial, es incuestionable que la sola existencia de esas reglas especiales acarrean, por sí, la inaplicabilidad del criterio genérico contenido en la jurisprudencia 2a./J. 61/2001, en que se apoyó el a quo para resolver como lo hizo y, por tanto, el juicio agrario debe promoverse previamente al amparo cuando se impugnan actos de autoridades dentro de la ejecución o reejecución de una resolución presidencial de tierras ejidales o comunales, cuando se hayan realizado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, siempre que la impugnación de dichos actos se haya efectuado con posterioridad a la instauración de los Tribunales Unitarios Agrarios. Al respecto, la recurrente invoca como fundamento de su agravio la jurisprudencia 3a./J. 35/91, aprobada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el primero de julio de mil novecientos noventa y uno, misma que aparece publicada en la página 64 del Tomo VIII, julio de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JURISPRUDENCIA. CUANDO EXISTA SOBRE EL CASO ESPECÍFICO, ÉSTA DEBE APLICARSE Y NO OTRA GENÉRICA SUSTENTADA EN SUPUESTOS DIVERSOS. Si la recurrente en sus agravios invoca determinados criterios pretendiendo sean aplicados por tratarse de jurisprudencia firme, no se incurre en ninguna ilegalidad, si no se atiende a dicha petición por tratarse de criterios genéricos, sustentados en supuestos diversos y el juzgador aplica las tesis de jurisprudencia que específicamente corresponden a ese caso.". Que todo lo anterior se ve corroborado por las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria pronunciada el treinta de septiembre de dos mil nueve, que resolvió la contradicción de tesis 320/2009, en la que analizó el problema jurídico que aquí interesa (en los agravios se transcribe la parte donde dice "la recurrente analizó el problema de referencia").

Este primer agravio de la recurrente Judith Núñez viuda de Mora, es fundado. En efecto, en el presente asunto se señaló como acto reclamado, la resolución de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, que contiene el estudio técnico-jurídico practicado por las extintas Dirección General de Procedimientos para la Conclusión del Rezago Agrario y Dirección de Ejecución de Resoluciones Presidenciales, ambas dependientes de la Secretaría de la Reforma Agraria, en la que se determinó que jurídica y materialmente era imposible ejecutar en forma complementaria dicha resolución definitiva, en lo relativo a la superficie de 28-78-97 hectáreas, que forman parte del predio rústico "El Colomo", Fracción Norte, ubicado en el Municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, y se ordena remitir el expediente a la Dirección de Control Documental para su archivo y salvaguarda, por tratarse de un asunto totalmente concluido. O sea, que el acto reclamado es parte del cumplimiento de una resolución dotatoria de tierras del núcleo quejoso "Las Trancas", Municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco. Ahora bien, tal como lo alega la recurrente, es claro que en el caso se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues tal como se considera en la recurrida, si en el caso se atacó una resolución dotatoria de tierras emitida con anterioridad a la entrada en vigor de los tribunales agrarios, y la impugnación de dicho acto se efectuó con posterioridad a su instalación como es la emitida el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, es claro que el núcleo quejoso debe cumplir el principio de definitividad, tal como lo señala la tercero perjudicada en el agravio en estudio, con base en las jurisprudencias 2a./J. 55/97 y 2a./J. 56/97, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 58/96, publicadas en las páginas 177 y 250, respectivamente, ambas del Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros y textos dicen: "JUICIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS DE AUTORIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN O REEJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DOTATORIA DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES, AUNQUE SE HAYAN REALIZADO CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIEMPRE QUE LA IMPUGNACIÓN DE DICHOS ACTOS SE HAYA EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA INSTAURACIÓN DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. La fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo recoge un aspecto del principio de definitividad del proceso constitucional, en virtud del cual, los actos que se combaten por este medio deben ser inatacables de conformidad con las disposiciones legales ordinarias. Lo anterior obliga, en el caso en el que se combatan actos de autoridades agrarias dentro de la ejecución o reejecución de resoluciones presidenciales dotatorias de tierras, a agotar el juicio agrario antes de acudir al amparo, dado que por la entrada en vigor de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos y los artículos 1o. y 163 de la Ley Agraria y 1o. y 18, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, corresponde a los Tribunales Unitarios Agrarios conocer de la impugnación de los actos de las autoridades que afecten, modifiquen o extingan derechos y de los conflictos sobre la tenencia de la tierra ejidal y comunal, dentro de los cuales pueden comprenderse las actuaciones realizadas dentro de la ejecución o reejecución de resoluciones presidenciales dotatorias de tierras, aun de las efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la última ley citada anteriormente, siempre que la impugnación se realice con posterioridad a su instauración, en virtud de que ahora corresponde a dichos órganos jurisdiccionales conocer, a través del juicio agrario, de dichas cuestiones." y "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE ACTOS DE AUTORIDADES AGRARIAS DENTRO DE LA EJECUCIÓN O REEJECUCIÓN DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES DOTATORIAS DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES REALIZADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIEMPRE QUE LA IMPUGNACIÓN SE HAGA UNA VEZ QUE FUERON INSTAURADOS, QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO EN QUE SURGIERON LOS ACTOS NO FUERON IMPUGNADOS Y LOS TÉRMINOS TAMBIÉN PREVISTOS EN DICHAS DISPOSICIONES NO SE HAYAN AGOTADO. De conformidad con lo previsto en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, en los artículos 1o. y 163 de la Ley Agraria y 1o. y 18, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, corresponde a los Tribunales Unitarios Agrarios conocer de la impugnación de los actos de las autoridades que puedan alterar, modificar o extinguir la existencia de un derecho, o dirimir conflictos sobre la tenencia de la tierra ejidal y comunal, dentro de los cuales pueden comprenderse las actuaciones realizadas dentro de la ejecución o reejecución de resoluciones presidenciales dotatorias de tierras, aun de los efectuados con anterioridad a la entrada en vigor de la última ley citada, siempre que la impugnación se realice una vez instaurados dichos órganos jurisdiccionales, en virtud de que ahora corresponde a ellos conocer, a través del juicio agrario, de dichas cuestiones. Lo anterior no puede implicar que surja de nueva cuenta la oportunidad de impugnar actos pretéritos ya firmes en estas materias, ya que en todo caso deberá estarse a lo dispuesto respecto a los términos en las disposiciones vigentes en su momento y a que dichos actos no hayan sido impugnados anteriormente; así como, por ejemplo, una resolución agraria que no haya sido impugnada en amparo oportunamente, debe reputarse consentida; y aquellas otras que, habiendo sido reclamadas, si se sobreseyó el juicio y se negó el amparo, tampoco puedan reclamarse en la vía ordinaria ante el tribunal agrario."

Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que exista la tesis de jurisprudencia 2a./J. 61/2001, publicada en la página 254, correspondiente a la Novena Época, Segunda Sala, Tomo XIV, diciembre de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDALES O COMUNALES. NO ESTÁN OBLIGADOS A AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EN VIRTUD DE QUE LA LEY AGRARIA ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN. Si bien es cierto que los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo disponen que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no agote, previamente, los medios de defensa, recursos o juicios ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, también lo es que admiten como excepción a éste el hecho de que el recurso, juicio o medio de defensa ordinario, para suspender el acto impugnado, exija mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para tal efecto, en cuyo caso la parte agraviada está en aptitud de acudir desde luego al juicio de garantías. Ahora bien, si se toma en consideración, por un lado, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley Agraria los tribunales agrarios están autorizados para acordar sobre la suspensión de los actos que puedan afectar a los interesados hasta en tanto se resuelva el negocio en definitiva, al disponer expresamente que al proveerse sobre dicha medida cautelar debe aplicarse, en lo conducente, lo dispuesto en el libro primero, título segundo, capítulo III, de la Ley de Amparo, y que en la aplicación de tales disposiciones de este ordenamiento deben considerarse las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión si la sentencia no es favorable al quejoso y, por el otro, que en la expresión ‘los interesados’ deben entenderse comprendidos tanto los ejidatarios o comuneros en particular como los núcleos de población, es inconcuso que cuando un núcleo de población solicita al tribunal agrario la suspensión del acto de autoridad y ese órgano jurisdiccional, en términos del citado artículo 166 de la Ley Agraria, exija el otorgamiento de garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con esa medida pudieran ocasionarse a tercero, si no se obtiene sentencia favorable, dicho precepto excede los requisitos que establecen los diversos 233 y 234 de la Ley de Amparo para decretar la suspensión, pues dichas disposiciones señalan que ésta no requiere de garantía en ningún caso y en otros procede de oficio y se decreta de plano, de manera que cuando acuden al amparo opera la excepción al principio de definitividad mencionado, permitiéndoles que lo promuevan sin necesidad de agotar el juicio de nulidad."; en la cual sostiene ese Alto Tribunal, que en el juicio de amparo debe cumplirse el principio de definitividad cuando se promueva un amparo en el que se impugnen actos de ejecución de una resolución presidencial dotatoria de tierras ejidales; esto es, las jurisprudencias primeramente aludidas deben considerarse como tesis especiales que se deben aplicar en el presente asunto, excluyendo la aplicación de la últimamente citada, con base en la cual el a quo negó que se surtía la causa de improcedencia mencionada para sobreseer el juicio de amparo, precisamente por no haberse agotado el principio de definitividad. En efecto, las dos jurisprudencias citadas son especiales, en cuanto establecen que debe cumplirse con el principio de definitividad cuando el acto reclamado fuese, como el que en el presente juicio de amparo se reclama, la ejecución cumplimentaria de una resolución presidencial dotatoria de tierras, cuando se haya revisado con anterioridad a la entrada en vigor de los tribunales agrarios, siempre que la impugnación de tales actos se haya efectuado con posterioridad a la instauración de dichos tribunales, las cuales tienen aplicación sobre la jurisprudencia 2a./J. 61/2001, formada en el año dos mil uno, que aplicó la a quo, pues al establecer que no debe cumplirse el principio de definitividad en los negocios como el que aquí se ventila, viene a constituir una tesis genérica en relación a las dos primeras mencionadas; esto es, se trata de un criterio genérico que no se debe aplicar, precisamente, porque las otras dos que se mencionan son especiales, ya que señalan específicamente que tratándose de asuntos donde el acto reclamado sea, como el del presente asunto, ejecución complementaria de una resolución presidencial dotatoria de tierras, debe cumplirse con el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo. Como consecuencia de lo anterior, la aplicación de la jurisprudencia por parte de la a quo, que previene que no se debe cumplir el principio de definitividad cuando se promueve un amparo en el que el acto reclamado sea la ejecución de una resolución presidencial, como el que se trata en el presente asunto, es incorrecta y, por ello, las dos tesis que ya se precisaron, las cuales el quejoso cita en sus agravios, tienen aplicación al caso. El criterio que ha servido para emitir la consideración anterior, lo ha sostenido la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 3a./J. 35/91, en sesión privada celebrada el primero de julio de mil novecientos noventa y uno, misma que aparece publicada en la página 64, Tomo VIII, julio de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, y que la recurrente cita en su agravio, la cual quedó transcrita con anterioridad y cuyo rubro dice: "JURISPRUDENCIA. CUANDO EXISTA SOBRE EL CASO ESPECÍFICO, ÉSTA DEBE APLICARSE Y NO OTRA GENÉRICA SUSTENTADA EN SUPUESTOS DIVERSOS."

Lo anterior es así que, al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 320/2009, emitida el treinta de septiembre de dos mil nueve, determinó que en los casos como el que aquí se ventila, debe aplicarse el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 55/2007 ya referida, la cual en lo conducente dice: "OCTAVO. Finalmente, resulta improcedente la contradicción de criterios entre el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en cuanto a si se debe agotar o no el principio de definitividad cuando la parte quejosa es una persona de derecho agrario, llámese Comité Particular Ejecutivo de un Poblado o un Comisariado de Bienes Comunales de un poblado previo a la promoción del juicio de amparo, o si no se debe agotar el medio de defensa ordinario, que en el caso, es el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario. En primer término, porque como ya se señaló las ejecutorias que participan en esta contienda no provienen de los mismos actos reclamados y por ello sus consecuencias en la esfera jurídica de la parte quejosa, no es exactamente la misma y de allí que sean suspendibles o no los efectos del acto reclamado, por ello, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito adujo que tratándose de una persona de naturaleza agraria que acude al juicio de amparo, a reclamar el procedimiento de ejecución que concluyó con un estudio técnico jurídico en el que se resolvió la imposibilidad de ejecutar en forma total la resolución presidencial no está obligada agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, en atención a que la Ley Agraria, si bien en el artículo 166, establece la posibilidad de suspender los actos reclamados, también lo es que exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, ya que el primer ordenamiento jurídico, establece que cuando el interesado en solicitar la suspensión de un acto de autoridad en materia agraria, es un núcleo de población ejidal o comunal, debe otorgar garantía para la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con dicha medida suspensional, si la sentencia no le fuere favorable, lo cual, no obstante que el precepto legal invocado establece que para ello deben considerarse las condiciones socioeconómicas del interesado, excede los requisitos que para tal efecto establece la Ley de Amparo, en cuyos artículos 233 y 234 dispone que la suspensión concedida a los núcleos de población, procede de oficio, se decreta de plano y no requiere de garantía para que surta sus efectos.-Y a fin de sustentar jurídicamente su aserto invocó la jurisprudencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se ha transcrito en los párrafos que anteceden de rubro: ‘NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDALES O COMUNALES. NO ESTÁN OBLIGADOS A AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EN VIRTUD DE QUE LA LEY AGRARIA ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN.’, jurisprudencia que continúa vigente, pero su conclusión es genérica, y se aplicará cuando el supuesto a debate no se encuentre dilucidado con un criterio específico, como sucede en el caso.-En segundo lugar, en virtud de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, como ya quedó justificado, invocó de oficio la causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 192, ambos de la Ley de Amparo, por estimar que le resultaba obligatorio en términos del precepto legal apuntado, la aplicación de la jurisprudencia 55/97, de rubro: ‘JUICIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS DE AUTORIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN O REEJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DOTATORIA DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES, AUNQUE SE HAYAN REALIZADO CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIEMPRE QUE LA IMPUGNACIÓN DE DICHOS ACTOS SE HAYA EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA INSTAURACIÓN DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS.’, y después expresó las razones por las que justificó tal aplicación.-Así, toda vez que la jurisprudencia en comento se refiere a la improcedencia del juicio de amparo en contra de un acto verificado en el procedimiento de ejecución de una resolución presidencial al igual que en la ejecutoria que participa en esta contienda es aplicable al caso, por tratarse de un mismo supuesto jurídico, es decir un acto dictado en el procedimiento de ejecución de una resolución presidencial.-Por tanto, la jurisprudencia que se debe aplicar es la que resuelve el caso específico como correctamente lo hizo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.-Tan es así que en la ejecutoria correspondiente señaló: ‘... la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 2a./J. 55/97, la cual conforme lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo, resulta obligatoria para este órgano federal ...’.-Y en la tesis que se originó con la resolución dictada en la sentencia que participa en esta contradicción claramente señaló que en el asunto en cuestión se aplicaba la jurisprudencia 55/2007, al señalar: ‘JUICIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO CUANDO LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANOS DEFINITIVOS DE UNA RESOLUCIÓN DOTATORIA DE TIERRAS EJIDALES O COMUNALES SE LLEVARON A CABO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY AGRARIA Y SE IMPUGNARON CON POSTERIORIDAD A LA INSTAURACIÓN DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 55/97).’." (lo subrayado proviene de este órgano colegiado).

En consecuencia, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque de acuerdo a lo ya considerado, previamente al juicio de garantías, el núcleo quejoso debió cumplir con el principio de definitividad y deducir su acción ante los tribunales agrarios y, como no lo hizo así, debe sobreseerse en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la aludida ley, previa revocación de la sentencia recurrida.

Al respecto, se ordena hacer tesis y denunciar la contradicción de criterios existente entre el presente y el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al emitir sentencia en el recurso de revisión RA-504/2008.

Por lo anterior, el recurso de revisión interpuesto por las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria ha quedado sin materia, precisamente por haberse sobreseído el juicio de amparo en que se actúa y, específicamente, por no tener existencia jurídica la sentencia recurrida por dichas autoridades.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 1216/2008, expediente auxiliar número 252/2010, del índice del Juzgado Segundo de Distrito Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo al hoy Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, promovido por el ejido Las Trancas, Municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, en contra de los actos y autoridades que se precisaron en el resultando primero de esta ejecutoria.

TERCERO.-Queda sin materia el recurso de revisión promovido por el Director General Técnico Operativo y el Secretario de la Reforma Agraria, por las razones que se dieron en la última parte del postrer considerando de la presente ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución y por oficio a las autoridades recurrentes; con el testimonio relativo, vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así, por mayoría de votos de los Magistrados Rogelio Camarena Cortés y Jaime C. Ramos Carreón, en contra del voto del Magistrado Jorge Alfonso Álvarez Escoto, lo resolvió este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23107-62ae6102/juicio-agrario-debe-agotarse-antes-de-acudir-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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