REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LAS AUTORIDADES EJECUTORAS CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO, AUN CUANDO SUFRAN UN PERJUICIO ECONÓMICO (ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS III.1o.A.60 K).
AMPARO EN REVISIÓN 529/2009. ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO Y OTRO.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por el encargado de la hacienda municipal del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco.
En efecto, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la legitimación procesal de las partes que pretenden actuar dentro de un juicio de amparo es de orden público y, por ello, debe estudiarse, inclusive de oficio.
Pues bien, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, tratándose de sentencias que conceden la protección federal contra leyes o disposiciones de carácter general por estimarlas inconstitucionales, sólo están legitimadas para interponer el recurso de revisión las autoridades que participaron en la formación y promulgación de la ley de que se trate; por tanto, a las autoridades de las que únicamente se reclamó el acto de aplicación o les corresponde aplicar la ley de que se trate, no les es dable hacer valer dicho recurso, cualesquiera que sean los agravios que invoquen (incluso los relativos a causales de improcedencia) y aun cuando la protección constitucional se haya hecho extensiva, por vía de consecuencia, a los actos de aplicación. Por ende, si en el caso la sentencia recurrida concedió el amparo solicitado por motivos de inconstitucionalidad de la disposición general reclamada (impuesto sobre transmisiones patrimoniales), y no por vicios propios de los actos de aplicación, es claro entonces que el recurso que nos ocupa, interpuesto por el encargado de la hacienda municipal del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco (autoridad ejecutora), resulta improcedente. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 1675, visible en la página 2716, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA DEFENDER LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY IMPUGNADA. Si en una demanda de amparo se impugnan diversos ordenamientos legales así como su aplicación, y el juez concede el amparo por considerar que varios de sus artículos son inconstitucionales, deben desecharse los agravios de las autoridades ejecutoras que pretendan defender la constitucionalidad de las leyes impugnadas, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades ejecutoras carecen de legitimación procesal para sostener la constitucionalidad de los ordenamientos impugnados. Y si bien es cierto que las autoridades ejecutoras tienen legitimación para defender en revisión los actos de aplicación a ellas directamente reclamados en el juicio de amparo, también lo es que debe desestimarse el recurso si el Juez de Distrito no estudia dichos actos sino que los considera inconstitucionales porque se fundaron en leyes que estima violatorias de la Ley Fundamental.", así como en las tesis de jurisprudencia del Pleno y de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables, la primera, con la clave P. LIV/90, en la página 20 del Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, y la segunda, con la clave P. XV/90, en la página 190 del Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, ambas correspondientes a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que en el orden enunciado, dicen: "REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO. El Tribunal ad quem, al resolver la procedencia de un recurso de revisión debe estudiar, de oficio, si quien promueve tiene personalidad para interponerlo, puesto que es de orden público en el juicio de garantías analizar si quien lo interpuso es parte o tiene personalidad acreditada, en particular en los amparos contra leyes en donde el artículo 87 de la ley de la materia establece expresamente que sólo podrán interponer el recurso de revisión las autoridades responsables encargadas de su promulgación o quienes las representen." y "REVISIÓN. LAS AUTORIDADES EJECUTORAS CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO EN AMPARO CONTRA REGLAMENTOS, AUN CUANDO SÓLO INVOQUEN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Tratándose de los amparos contra reglamentos, sólo están legitimadas para interponer el recurso de revisión las autoridades que los expidieron; por tanto, a las autoridades de las que únicamente se reclamó el acto de aplicación, no le es dable hacer valer dicho recurso, cualesquiera que sean los agravios que invoquen y aun cuando la protección constitucional se haya hecho extensiva a los actos de aplicación. De esta manera las responsables recurrentes no pueden interponer el recurso de revisión, aun cuando sólo hagan valer una causa de improcedencia sin invocar argumentos referentes al fondo del asunto, pues independientemente de que soliciten que se sobresea en el juicio o que se niegue el amparo a los quejosos, no están legitimadas para recurrir la sentencia del Juez de Distrito, ya que el amparo fue concedido por motivos de inconstitucionalidad del reglamento y no por vicios propios de los actos de aplicación, así que la sentencia no afecta directamente al acto que se reclamó de las autoridades ejecutoras."
En consecuencia, debe declararse improcedente el recurso de mérito. No es obstáculo para la anterior determinación, el que por auto de 23 de octubre de 2009, dictado por el presidente de este tribunal, se hubiera admitido tal recurso de revisión, pues el auto admisorio de un recurso no causa estado, ya que el estudio definitivo acerca de la procedencia del mismo compete realizarlo al órgano colegiado y, por ende, ese auto no constriñe a este tribunal. Consecuentemente, si con posterioridad se advierte que el recurso de revisión interpuesto es improcedente, así debe decretarse. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 19/98, publicada en la página 19 del Tomo VII, marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. La admisión del recurso de revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye una resolución que no es definitiva, ya que el Tribunal Pleno está facultado, en la esfera de su competencia, para realizar el estudio a fin de determinar la procedencia del recurso y, en su caso, resolver su desechamiento."
No es óbice a lo anterior lo que sostuvo este órgano colegiado en la ejecutoria dictada en la revisión principal 537/2009, pues lo ahí resuelto, respecto a que: "II. En cuanto a la procedencia del recurso, conviene decir que encaja en el supuesto previsto por el artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo, en tanto que se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto. También es pertinente aclarar que, por regla general, cuando se concede la protección constitucional respecto de una norma en razón de su inconstitucionalidad, únicamente puede recurrir la sentencia la autoridad que participa en el proceso legislativo. Mas, como excepción a dicha regla, en el presente caso se estima que la autoridad ejecutora tiene legitimación para interponer el recurso de revisión en contra de los efectos que la sentencia de amparo estableció, ya que a dicha autoridad le corresponderá dar el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, siendo a ella a quien le puede perjudicar en su patrimonio, para el caso de que los efectos no sean los concernientes a la concesión otorgada. Por ello, se estima que, en el caso, el delegado de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, cuenta con legitimación para comparecer al presente medio de defensa."; sin embargo, bajo una nueva reflexión, tenemos que aun en el supuesto de que la autoridad ejecutora que interpuso el recurso sufriera un perjuicio económico, éste es improcedente por su falta de legitimación para defender la constitucionalidad de la ley reclamada, en virtud de lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis anteriormente citada, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA DEFENDER LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY IMPUGNADA."
OCTAVO. Los agravios transcritos son sustancialmente fundados.
Dice el recurrente, Congreso del Estado de Jalisco, acertadamente, que contrario a lo sostenido por el a quo, para conceder el amparo a la quejosa, el hecho de que la Ley de Ingresos del Municipio Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2009, no contenga una estimación de las contribuciones que esos Ayuntamientos tendrán derecho a percibir, particularmente la concerniente al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, no implica que dicho ordenamiento legal viole garantía alguna, habida cuenta que ni la Constitución General de la República en sus artículos 115, fracción IV y 126, ni las leyes locales, a saber, los artículos 88 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 75 y 79, fracción II, inciso b), de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; 205, fracción III y 210, fracciones I, V y VI de la Ley de Hacienda Municipal, y 8 del Código Fiscal, todos del Estado de Jalisco, imponen la obligación al legislador estatal, de estimar en forma categórica en las leyes de ingresos el monto que se va a recaudar por cada uno de los impuestos que autorice cobrar.
Tanto es así lo anterior, que dichos preceptos señalan:
"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."
"Artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior."
"Artículo 88. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor y, en todo caso, con: I. Las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales que establezca el Congreso, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de estas contribuciones; II. Las participaciones federales y estatales que correspondan a los Municipios, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado, y III. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. El patrimonio municipal se compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia."
"Artículo 89. El Congreso del Estado aprobará las leyes de ingresos de los Municipios y revisará y fiscalizará las cuentas públicas municipales, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado, conforme al procedimiento que se establezca en la ley de la materia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley."
"Artículo 75. Para los efectos de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 88 de la Constitución Política del Estado, la Hacienda Municipal se forma con los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que anualmente propongan los Ayuntamientos y apruebe el Congreso del Estado; los ingresos que establezcan las leyes fiscales a su favor y en todo caso con: I. Las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales que establezca el Congreso del Estado, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio del valor de los inmuebles. Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia pueden proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; II. Las participaciones federales que sean cubiertas por la Federación a los Municipios, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado; y III. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo."
"Artículo 79. El Congreso del Estado debe aprobar las leyes de Ingresos de los Municipios y revisar y fiscalizar sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos deben ser aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles, planes municipales de desarrollo, a los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad y proporcionalidad y a las siguientes reglas: ... II. Los presupuestos de egresos de los Municipios, deben contener: ... b) La estimación de los ingresos que se estimen recaudar, para el próximo ejercicio fiscal."
"Artículo 205. La Tesorería Municipal, con relación al gasto público, tendrá las siguientes atribuciones: ... III. Determinar anualmente, de acuerdo con la política del gasto público establecida por el Ayuntamiento, las partidas definitivas que deberá de contener el presupuesto de egresos por cada unidad municipal, sin que el total de estas sumas exceda al monto de los ingresos estimados a recaudar, por la aplicación de la ley respectiva correspondiente al mismo ejercicio fiscal."
"Artículo 210. El presidente municipal, dentro de los primeros quince días del mes de noviembre de cada año, deberá presentar al Ayuntamiento el Proyecto de Gasto Público, el cual se integrará con los documentos siguientes: ... I. Estimación de los ingresos a recaudar, tomando como base la política recaudatoria y la ley de ingresos que regirá en el ejercicio fiscal siguiente; ... V. Estimación de ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso; VI. Ingresos y gastos reales del último ejercicio fiscal."
"Artículo 8. Ningún ingreso podrá recaudarse si no está previsto en la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, que para el Ejercicio Fiscal respectivo apruebe el Congreso del Estado. Si por cualquier circunstancia el Congreso del Estado no aprobara la ley de ingresos respectiva, se tendrá como ley de ingresos aprobada para ese determinado ejercicio fiscal, la ley de ingresos que se hubiere aprobado para el ejercicio fiscal inmediato anterior."
Efectivamente, tratándose de los actos legislativos (leyes), el requisito de fundamentación se cumple cuando se emiten por el órgano formal (cuerpo legislativo) que actúa dentro de los límites de las atribuciones que le confiere la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan, en tanto que la motivación se satisface cuando la ley que se emite se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. Por tanto, en la especie, la ley reclamada cumple con el requisito formal de fundamentación, porque fue emitida por el Congreso del Estado de Jalisco, que actuó dentro de los límites de las facultades que le otorga el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 14, 16, 17, 18, 28, fracción IV, 32, 35, fracción IV, y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; luego, el requisito de motivación también se cumple, toda vez que los artículos 1 y 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaquepaque, de esta entidad federativa, que se combate, autorizan el cobro del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que se determinará aplicando la tarifa que ahí se menciona a la base a que se refiere el artículo 114 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; aspectos que interesan a la sociedad y, por ende, requieren de regulación jurídica, ya que la recaudación tributaria es indispensable para sufragar los servicios públicos que los Ayuntamientos del Estado de Jalisco prestan a sus habitantes, en tanto que el cobro del citado impuesto no puede dejarse al arbitrio de las autoridades hacendarias, sino que es indispensable que sus elementos estén previstos en una ley formal emanada del citado Congreso.
En efecto, basta dar lectura a los numerales 1 y 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2009, para constatar que en ellos la autoridad responsable, Congreso del Estado de Jalisco, autorizó la recaudación del ingreso proveniente del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, precisamente, cuando dicha ley combatida indica que los ingresos que la hacienda de ese Municipio percibirá durante el ejercicio fiscal de 2009, serán los que se obtengan, entre otros conceptos, por impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, y en impuestos como el de transmisiones patrimoniales; por ende, es de concluirse que ese gravamen se destinará a sufragar el gasto público, esto, atento a lo previsto en los preceptos combatidos, en relación con los artículos 1o. y 3o. de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que prevén que los ingresos que obtengan los Ayuntamientos, entre otros, por concepto de impuestos, se destinarán a cubrir los gastos públicos de los Municipios. De ahí que la norma legal combatida no viola la garantía de destino al gasto público, ya que es y será siempre gasto público el importe recaudado (ingresos) por la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios, a través de las contribuciones, en cualquiera de sus especies, como son: los impuestos, los derechos, los productos y los aprovechamientos que se destinen (egresos), conforme a las atribuciones del Estado, para satisfacer las necesidades colectivas y los servicios públicos.
Lo anterior encuentra apoyo también en la jurisprudencia 470 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 341 del Tomo III, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que dice: "GASTOS PÚBLICOS. Por gastos públicos no deben entenderse todos los que pueda hacer el Estado, sino aquellos destinados a satisfacer las funciones y servicios públicos."
De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia 228 de la extinta Sala Auxiliar del Máximo Tribunal de Justicia del País, localizable en la página 272 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "GASTO PÚBLICO, NATURALEZA CONSTITUCIONAL DEL. La circunstancia, o el hecho de que un impuesto tenga un fin específico determinado en la ley que lo instituye y regula, no le quita, ni puede cambiar, la naturaleza de estar destinado el mismo impuesto al gasto público, pues basta consultar el Presupuesto de Egresos de la Federación, para percatarse de cómo todos y cada uno de los renglones del Presupuesto de la Nación tiene fines específicos, como lo son, comúnmente, la construcción de obras hidráulicas, de caminos nacionales o vecinales, de puentes, calles, banquetas, pago de sueldos, etc. El ‘gasto público’, doctrinaria y constitucionalmente, tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo; y es y será siempre ‘gasto público’, que el importe de lo recaudado por la Federación, al través de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, se destine a la satisfacción de las atribuciones del Estado relacionadas con las necesidades colectivas o sociales, o los servicios públicos. Sostener otro criterio, o apartarse, en otros términos, de este concepto constitucional, es incidir en el unilateral punto de vista de que el Estado no está capacitado ni tiene competencia para realizar sus atribuciones públicas y atender a las necesidades sociales y colectivas de sus habitantes, en ejercicio y satisfacción del verdadero sentido que debe darse a la expresión constitucional ‘gastos públicos de la Federación’. El anterior concepto material de gasto público será comprendido en su cabal integridad, si se le aprecia también al través de su concepto formal. La fracción II del artículo 65 de la Constitución General de la República estatuye que el Congreso de la Unión se reunirá el 1o. de septiembre de cada año, para examinar, discutir y aprobar el presupuesto del año fiscal siguiente y decretar los impuestos necesarios para cubrirlo. En concordancia con esta norma constitucional, la fracción VII del artículo 73 de la misma Carta Fundamental de la Nación prescribe que el Congreso de la Unión tiene facultad para imponer las contribuciones a cubrir el presupuesto; y el texto 126 de la citada Ley Suprema dispone que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior. Estas prescripciones constitucionales fijan el concepto de gastos públicos, y conforme a su propio sentido, tiene esta calidad de determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en observancia de lo mandado por las mismas normas constitucionales. Cuando el importe de la recaudación de un impuesto, está destinado a la construcción, conservación y mejoramiento de caminos vecinales, se le dedica a satisfacer una función pública, por ser una actividad que constituye una atribución del Estado apoyada en un interés colectivo. El concepto material del gasto público estriba en el destino de un impuesto para la realización de una función pública específica o general, al través de la erogación que realice la Federación directamente o por conducto del organismo descentralizado encargado al respecto. Formalmente, este concepto de gasto público se da, cuando en el Presupuesto de Egresos de la Nación, está prescrita la partida, cosa que sucede, en la especie, como se comprueba de la consulta, ya que existe el renglón relativo a la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales, a cuya satisfacción está destinado el impuesto aprobado por el Congreso de la Unión en los términos prescritos por la fracción VII del artículo 73 de la Carta General de la República."
Asimismo, lo aquí resuelto encuentra apoyo, por analogía y extensión, en la jurisprudencia 18 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28 del Tomo y Apéndice citados en el párrafo anterior, que prevé: "ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. ESTÁ DESTINADO AL GASTO PÚBLICO, POR LO QUE NO VIOLA EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. La Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, no viola lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional, pues aunque no establece que los ingresos recaudados por concepto de ese gravamen se destinarán a sufragar el gasto público, a esa conclusión se llega considerando lo dispuesto por los artículos 1o., fracción I, inciso 1, y 10, de la Ley de Ingresos de la Federación, en relación con el 2o. y siguientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, ambos para el ejercicio de mil novecientos ochenta y nueve. De las mencionadas disposiciones se deduce que dichos recursos se concentrarán en la Tesorería de la Federación, junto con los demás ingresos incluidos en el catálogo de mérito, para realizar las acciones, planes y programas de las dependencias y entidades consideradas en el segundo de los ordenamientos citados, cuyas erogaciones integran el gasto público federal. A esa misma conclusión se llega considerando lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV y 126 constitucionales, en el sentido de que las contribuciones se decretan para cubrir el presupuesto de egresos y que no puede realizarse pago alguno a cargo del erario federal que no esté previsto en aquél o en ley posterior."
En cuanto a lo considerado por el a quo, respecto a que las leyes de ingresos deben contener una estimación de los ingresos que el Municipio tenga derecho a percibir, ya que debe existir congruencia entre éstas (leyes de ingresos) y los presupuestos de ingresos y egresos que autoricen los Ayuntamientos, los cuales deben ser aprobados en base a los ingresos disponibles y a los principios de certeza, equilibrio y disciplina presupuestal, tales argumentos son equivocados, dado que no trascienden a la esfera jurídica de la quejosa, en virtud de que se trata de aspectos de naturaleza administrativa que tienden a controlar, vigilar, supervisar, planear y evaluar la actividad financiera o presupuestaria que desempeña la administración pública municipal, lo que, en todo caso, acarrea responsabilidad de los órganos o dependencias públicas encargadas del manejo de los fondos económicos que representan el ingreso y egreso de tales recursos económicos; pero, como se dijo, esas circunstancias no trascienden a las garantías individuales de la peticionaria del amparo, al grado de afectar la validez constitucional del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y su recaudación, el cual se encuentra regulado en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en cuanto a sus elementos esenciales, como son sujeto, objeto, base y época de pago, ya que lo concerniente a la tasa o tarifa, así como lo relativo a la autorización del cobro de ese tributo, se encuentra previsto en la ley de ingresos, específicamente, en los preceptos legales impugnados, que no transgreden la garantía de destino al gasto público y de legalidad, como se analizó con antelación. Ciertamente, en todo caso, las violaciones alegadas, a saber, debida planeación y equilibrio presupuestario, son de naturaleza formal, ocurridas en el proceso legislativo y son irrelevantes porque no pueden trascender de manera fundamental al contenido de las normas legales que regulan el impuesto sobre transmisiones patrimoniales previstas en la Ley de Ingresos, así como en la Ley de Hacienda Municipal del Estado y, por ende, no afectan su validez jurídica.
Tiene aplicación la jurisprudencia 137 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 149 del Tomo I, Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 (actualización 2001), que dice: "VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO T
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22618-07898f7b/revision-en-amparo-contra-leyes-las-autoridades-ejecutoras · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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