MENORES DE EDAD, CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER POR SÍ MISMOS O POR CONDUCTO DE ALGUNO DE SUS PROGENITORES EN SU REPRESENTACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS EN JUICIOS DE GUARDA Y CUSTODIA.
AMPARO EN REVISIÓN 21/2006.
MAGISTRADA PONENTE: MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ HIDALGO VDA. DE MAGAÑA CÁRDENAS.
SECRETARIA: ALICIA AVENDAÑO SANTOS.
México, Distrito Federal, a dieciséis de febrero de dos mil seis.
Vistos los autos del toca 21/2006 para resolver el recurso de revisión interpuesto por ... en representación de ... en contra de la sentencia dictada por la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el veinte de septiembre de dos mil cinco, en el juicio de amparo indirecto 660/2005-V, promovido por el citado recurrente, contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de julio de dos mil cinco, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal ... en representación de su menor hijo ... promovió juicio de garantías contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que hizo consistir en:
"Está constituido por la sentencia que en forma unitaria la pronunció la C. Magistrada Cleotilde Susana Schettino Pyn, en su carácter de integrante de la citada Sala Familiar, con fecha 23 de junio de 2005, en los autos del toca número 929/2005, publicada en el Boletín Judicial Número 121 correspondiente al día 24 de junio y surtió sus efectos el 27 de junio de 2005."
SEGUNDO. La Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal admitió la demanda de garantías y con fecha veinte de septiembre de dos mil cinco dictó sentencia en el sentido de negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; resolución firmada el veinticinco de noviembre de dos mil cinco y que se notificó al quejoso mediante notificación por lista de fecha treinta de noviembre de dos mil cinco, surtiendo sus efectos el día primero de diciembre siguiente, por lo que el término de diez días para interponer el recurso de revisión transcurrió del dos al quince de diciembre de dos mil cinco, descontándose los días tres, cuatro, diez y once de diciembre, por ser inhábiles.
Inconforme con dicha resolución el quejoso, mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Juzgado de Distrito del conocimiento, el trece de diciembre de dos mil cinco, interpuso recurso de revisión, el cual fue admitido por este Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en acuerdo de presidencia de fecha cinco de enero de dos mil seis, ordenándose dar vista al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, quien no formuló pedimento.
En diverso proveído de once de enero del año en curso, se turnó el expediente a la Magistrada María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas, para la formulación del proyecto de sentencia correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer del presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Federal; 85, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 37, fracción IV y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención a que fue interpuesto en contra de sentencia dictada por el Juez de Distrito en Materia Civil de este circuito, en audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto.
SEGUNDO. Dado el sentido de esta resolución, en la especie resulta innecesario transcribir las consideraciones en las que se sustenta la resolución recurrida y los motivos de inconformidad expresados por el recurrente en vía de agravios.
Lo anterior, atento a que, por regla general, la procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo y a la jurisprudencia número 814, publicada en las páginas quinientos cincuenta y tres, y quinientos cincuenta y cuatro del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra establece:
"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."
Ahora bien, en el caso concreto si bien es cierto que el artículo 91 de la Ley de Amparo, no contempla dentro de sus reglas que el tribunal revisor pueda ocuparse preferentemente del estudio de causas que tornen improcedente el juicio de garantías, también lo es que dicha laguna legal se complementa con lo previsto por el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, según el cual las causas de improcedencia del juicio de amparo, sea directo o indirecto, deben examinarse de oficio; luego, entonces, si la improcedencia del juicio de garantías es de orden público, con independencia de que el Juez natural haya o no analizado tal presupuesto, el tribunal revisor se halla en aptitud de estudiar la procedencia de la acción constitucional preferentemente a los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, haciendo inatendibles los agravios que se hubiesen aducido en contra de la sentencia impugnada.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 122/99, publicada en la página veintiocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, cuyo tenor literal es:
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."
En el caso a estudio, de las constancias relativas al incidente de modificación de visitas y convivencias derivado del juicio ordinario civil de origen, este tribunal federal de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo.
En efecto, con las constancias del expediente del juicio principal y del cuaderno relativo a las providencias precautorias del juicio de controversia familiar -guarda y custodia-, número 270/2003, seguido ante el Juez Vigésimo Séptimo de lo Familiar del Distrito Federal, por ... en contra de ... remitidas a este órgano colegiado por la Juez de Distrito responsable y a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, queda demostrado lo siguiente:
- Con fecha tres de marzo de dos mil tres ... por su propio derecho y en representación de su menor hijo ... demandó en la vía de controversia del orden familiar a ... la guarda y custodia del menor hijo de ambos ... y el pago de los gastos y costas del juicio.
- Seguido el procedimiento correspondiente, con fecha veintisiete de junio de dos mil tres, el Juez de origen dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes:
"PRIMERO. Ha sido procedente la vía de controversia del orden familiar, en la que la actora no acreditó los extremos de su acción. SEGUNDO. Se absuelve al demandado ... de las prestaciones que le fueron reclamadas en el presente juicio. TERCERO. No se hace condenación en costas. Notifíquese."
- Inconforme con la referida resolución, la actora ... interpuso recurso de apelación en su contra, el cual fue tramitado por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca 2337/2003, y resuelto el primero de octubre de dos mil tres, en el sentido de revocar la sentencia de primera instancia, para quedar en los términos siguientes:
"PRIMERO. Ha sido procedente la vía de controversia del orden familiar, en la que la actora acreditó los extremos de su acción. SEGUNDO. Se decreta la guarda y custodia definitiva del menor ... en favor de su señora madre ... TERCERO. No se hace condenación en costas. Notifíquese."
- Inconforme con el fallo emitido por el tribunal de alzada, el demandado ... promovió juicio de amparo directo del que tocó conocer a este Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito el cual mediante ejecutoria de fecha veinticinco de noviembre de dos mil tres, dictada en los autos del expediente relativo al juicio de amparo directo DC. 698/2003, decidió por unanimidad otorgar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente su resolución de fecha primero de octubre de dos mil tres y, en su lugar, dictara otra en la que, dejando intocada la decisión de otorgar la guarda y custodia definitiva del menor ... a su señora madre, procediera a determinar con base en las circunstancias especiales del caso concreto y las pruebas que obraran en autos, un régimen de convivencias entre el citado menor y su progenitor ... fuera del domicilio conyugal.
- En cumplimiento de la referida ejecutoria de amparo, la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con fecha quince de enero de dos mil cuatro, dejó insubsistente su diversa resolución de primero de octubre de dos mil tres, y dictó otra en la que modificó la sentencia de primer grado para quedar en los términos siguientes:
"PRIMERO. Ha sido procedente la vía de controversia del orden familiar, en la que la actora acreditó los extremos de su acción. SEGUNDO. Se decreta la guarda y custodia definitiva del menor ... en favor de su señora madre ... TERCERO. Se decreta un régimen de visitas y convivencias entre el menor ... y su progenitor ... en los términos que han quedado precisados en el considerando segundo de esta resolución. CUARTO. Notifíquese."
- Inconformes con la sentencia emitida por el tribunal de alzada, ambas partes promovieron sendos juicios de amparo directo, de los cuales conoció este Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mismo que mediante sendas ejecutorias de fecha once de marzo de dos mil cuatro, dictadas en los expedientes relativos a los juicios de amparo directo relacionados números DC. 145/2004 ... y DC. 146/2005 ... por su propio derecho y en representación de su menor hijo ... por unanimidad otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a ... para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente su resolución de quince de enero de dos mil cuatro y, en su lugar, dictara otra en la que estableciera un régimen de convivencias entre el demandado ... y su menor hijo ... que se adaptara a las actividades de ambos padres y permitiera a padre e hijo un mayor tiempo de convivencia, tomando en cuenta además que el menor podía permanecer con su progenitor los fines de semana y periodos vacacionales y pernoctar en el domicilio de éste; en la inteligencia que tratándose de periodos vacacionales del menor se podían dividir entre las partes atendiendo a las peculiaridades del caso, considerando los periodos laborales del padre. Asimismo, negó el amparo y protección de la Justicia Federal a ... y a ...
- En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo DC. 145/2004, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con fecha diecinueve de marzo de dos mil cuatro, dejó insubsistente su resolución de quince de enero de dos mil cuatro y dictó otra en el sentido de modificar la sentencia de primer grado para quedar en los términos siguientes:
"PRIMERO. Ha sido procedente la vía de controversia del orden familiar, en la que la actora acreditó los extremos de su acción. SEGUNDO. Se decreta la guarda y custodia definitiva del menor ... en favor de su señora madre ... TERCERO. Se decreta un régimen de visitas y convivencias entre el menor ... y su progenitor ... en los términos que han quedado precisados en el considerando segundo de esta resolución. CUARTO. Notifíquese."
- Mediante escrito de fecha trece de octubre de dos mil cuatro, presentado ante el Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Familiar del Distrito Federal ... en representación de ... promovió incidente de modificación parcial del régimen de visitas y convivencias establecido en el juicio de controversia familiar -guarda y custodia- de origen, apoyando su solicitud en la existencia de oposición reiterada por parte de la señora ... a permitirle al señor ... convivir con su menor hijo (fojas 598 a 601, legajo anexo al expediente 660/2005-V).
Una vez admitido a trámite el citado incidente, se corrió traslado con el mismo a la demandada incidental, quien mediante escrito de cuatro de febrero de dos mil cinco, dio contestación al mismo manifestando su oposición a la modificación del régimen de convivencias del señor ... con su menor hijo ... inicialmente decretado en el juicio de origen, asimismo, negó la existencia de una oposición reiterada de su parte a dichas convivencias (fojas 758 a 769, legajo anexo al expediente 660/2005-V).
- Seguido el procedimiento correspondiente, con fecha seis de abril de dos mil cinco, el Juez Vigésimo Séptimo de lo Familiar del Distrito Federal dictó sentencia interlocutoria en el incidente en comento, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes:
"PRIMERO. Ha sido procedente el incidente de modificación parcial del régimen de visitas y convivencias promovido por ... por escrito de trece de octubre del año próximo pasado, en contra de su cónyuge ... SEGUNDO. Se autoriza al actor incidentista ... para que el primer y tercer fin de semana de cada mes, pueda recoger a su menor hijo a la salida del colegio al cual asiste, debiendo devolverlo el día lunes siguiente, para que puntualmente asista a reanudar sus clase en el mismo centro educativo; debiendo girarse el oficio ordenado en el considerando único de la presente resolución en los términos señalados. TERCERO. No se hace condenación en costas."
- Inconforme con la referida sentencia interlocutoria, la demandada incidental ... interpuso recurso de apelación en su contra, del cual conoció la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la cual mediante resolución de fecha veintitrés de junio de dos mil cinco, dictada en el toca de apelación número 929/2005, confirmó la interlocutoria apelada, con base en las consideraciones siguientes:
"II. Del estudio que se hace de los agravios expresados por ... se llega a la conclusión de que los mismos resultan infundados para provocar la revocación de la sentencia interlocutoria impugnada, por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas: Se hace notar a la recurrente que el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles establece que las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de ejercicio de la patria potestad pueden alterarse y modificarse cuando cambian las circunstancias que las motivaron. En el presente caso, según se advierte en la sentencia interlocutoria apelada, el Juez primario está modificando parcialmente el régimen de visitas y convivencias decretado en los autos del juicio principal del que deriva el presente incidente, bajo la consideración de que la demandada incidental se ha opuesto a que las mismas se puedan llevar a cabo en los términos decretados originalmente, lo cual en concepto de esta Sala viene a constituir, en el caso en concreto, el elemento que el invocado precepto legal exige, para que puedan alterarse y modificarse el régimen de visitas decretadas en el juicio principal; oposición de la demandada incidental, que no justifica en vía de agravios, limitándose a alegar que su contrario debe actualizar el monto de la pensión alimenticia decretada en actuaciones de diverso juicio, lo que desde el punto de vista de esta alzada, no es una condición para que la demandada incidental permita o no que el régimen de visitas y convivencias se lleve a cabo, ya que las leyes de la materia no establecen que para el ejercicio del derecho de convivencia se requiera primero la demostración fehacientemente del cumplimiento al deber alimentario, cuando por el contrario el ejercicio de ambos derechos es independiente uno de otro. Por tanto, si la demandada incidental no está conforme con la pensión alimenticia que viene otorgando el deudor alimentista, la misma, tiene a su favor los mecanismos y medios que para tales fines le conceden las leyes que regulan tal derecho. Por otro lado se destaca a la apelante, que no desvirtúa con ningún argumento demostrado en actuaciones, que el menor hijo de las partes haya manifestado no querer ver a su papá, cuando por el contrario, el Juez precisa, en la interlocutoria apelada, hechos y circunstancias que acreditan el interés del menor de convivir con su progenitor, así como, que no corre peligro con su padre. Consecuentemente, esta Sala estima que el derecho que los padres tienen de convivir con sus hijos, contemplado en el artículo 417 del Código Civil, en el caso concreto, debe producir plenamente sus efectos de mandato legal, en los términos establecidos en la sentencia interlocutoria apelada, que tiene como propósito que el menor ... conviva con su padre ... en virtud de que estas convivencias, no han podido llevarse a cabo, por lo que la modificación parcial decretada en este procedimiento al régimen de visitas y convivencias se justifica a juicio de esta Sala. Con base en lo anteriormente expuesto y considerado, se concluye que procede confirmar la sentencia interlocutoria apelada."
En contra de la citada resolución, la demandada incidental ... en nombre y representación de su menor hijo ... promovió juicio de amparo indirecto del que tocó conocer a la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien mediante proveído de fecha quince de julio de dos mil cinco, admitió a trámite la demanda y tuvo como quejoso al menor ... representado por su progenitora ... y con fecha veinte de septiembre del mismo año, dictó sentencia en el sentido de negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, resolución que constituye la materia del presente recurso de revisión.
Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal federal estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso.
En efecto, de las relacionadas constancias de autos se advierte, en primer término, que el incidente de modificación de régimen de visitas y convivencias que dio origen al acto reclamado en el juicio de garantías materia de la revisión, se deriva de un juicio de guarda y custodia, promovido por ... padre del menor quejoso, en contra de su cónyuge ... madre de dicho menor.
Ahora bien, en relación con la guarda y custodia de menores el artículo 416 del Código Civil para el Distrito Federal, a la letra dispone:
"Artículo 416. En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar en el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente oyendo al Ministerio Público, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.-En este supuesto, con base en el interés superior del menor, éste quedará bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos de vigilancia y de convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial."
Si de acuerdo con el precepto legal antes transcrito, la guarda y custodia constituye uno de los efectos derivados del ejercicio de la patria potestad que los padres ejercen respecto de sus menores hijos, resulta evidente que la titularidad del derecho a ejercer esa guarda y custodia corresponde única y exclusivamente a los padres. En efecto, se estima que el interés jurídico no es otra cosa que la titularidad que le corresponde al peticionario de garantías en relación con los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad, por lo que es inconcuso que en los juicios de guarda y custodia de menores, la titularidad de los derechos controvertidos corresponde única y exclusivamente a los padres, no a los menores, lo que a su vez implica también la exclusividad para los padres respecto del interés jurídico para impugnar a través del juicio de amparo los acuerdos y resoluciones que se dicten en dicho procedimiento y afecten el ejercicio de los derechos de los que son titulares.
Por tanto, si en el caso a estudio el acto reclamado en el juicio de amparo materia de la revisión es la resolución en la cual la Sala responsable confirmó la sentencia interlocutoria en la que el Juez de origen resolvió el incidente de modificación parcial del régimen de visitas y convivencias establecido en un juicio de guarda y custodia, promovido por el padre del menor quejoso, hoy recurrente, en contra de la madre del menor, es evidente que las cuestiones discutidas y resueltas por la Sala responsable derivan precisamente de la contienda de los progenitores del menor quejoso en lo relativo a la guarda y custodia de éste y su convivencia con su progenitor, por lo que no le causan perjuicio a dicho menor; de ahí que éste carezca de interés jurídico para promover el juicio de garantías.
No pasa inadvertido para este tribunal federal el hecho de que la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 3, apartados 1, 2 y 3; 9, apartados 1 y 2; y, 12, apartados 1 y 2, a la letra dispone:
"Artículo 3.
"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
"2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
"3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada."
"Artículo 9.
"1. Los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.
"2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones."
"Artículo 12.
"1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
"2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional."
Asimismo, los artículos 1 y 41 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, textualmente disponen lo siguiente:
"Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. ..."
"Artículo 41. El derecho a expresar opinión implica que se les tome su parecer respecto de:
"A. Los asuntos que los afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen.
"B. Que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas respecto a los asuntos de su familia o comunidad."
Por su parte, la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta del Distrito Federal el treinta y uno de enero de dos mil, en sus artículos 1 y 5, inciso B), fracción VI, establece:
"Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Distrito Federal. Los beneficios que se deriven de esta ley, serán aplicables a todas las niñas y niños que se encuentren en el Distrito Federal.
"La aplicación de la presente ley corresponde, en el ámbito de su competencia, a la administración pública centralizada y descentralizada del Distrito Federal."
"Artículo 5. De manera enunciativa, más no limitativa, conforme a la presente ley las niñas y niños en el Distrito Federal tienen los siguientes derechos: ...
"B) ...
"VI. A emitir su opinión en todos los asuntos que le afecten y a ser escuchado tomando en cuenta su edad y madurez en todo procedimiento judicial o administrativo, ya sea directamente o por medio de representante."
Sin embargo, los referidos ordenamientos legales no constituyen obstáculo al sentido de la presente resolución, toda vez que el concepto "interés superior de la niñez" a que se refieren los mismos, implica que las políticas, las acciones y la toma de decisiones relacionadas con ese periodo de la vida, tienen que darse de tal manera que, en primer término y antes de cualquier otra consideración, se busque el beneficio directo del infante y del adolescente a quien van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, tanto públicas como privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos deberán responder, viéndolo como prioritario, a ese interés superior del menor, de modo y manera tales que quien pretenda fundamentar una decisión o medida en el interés superior del niño, deberá regirse por la interpretación que se desprende del conjunto de las disposiciones de la convención y ordenamiento legales antes citados, lo que en el caso sí aconteció, dado que de las constancias de autos se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 416 del Código Civil para el Distrito Federal, precepto legal conforme al cual el Juez de lo Familiar deberá oír al Ministerio Público de su adscripción y resolver lo conducente respecto a la guarda y custodia del menor, así como los términos de su ejercicio, tomando en cuenta el interés superior del menor.
En efecto, consta en autos que en el incidente de modificación del régimen de visitas y convivencias inicialmente establecido en el juicio de guarda y custodia de origen, con fecha primero de abril de dos mil cinco, se llevó a cabo la plática del Juez natural con el menor ... quien manifestó:
"Que no es que no quiera ver a su padre, sino que no quiere salir con él, ya que le tiene miedo, porque en una ocasión lo llevó a la fuerza a Querétaro,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19781-464856ba/menores-de-edad-carecen-de-interes-juridico-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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