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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19820
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, , Pág. 593.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: MARA GÓMEZ PÉREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una denuncia de posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito y suscitada al resolver asuntos de naturaleza administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto, es preciso tomar en consideración las razones sustentadas en las resoluciones de donde emanan los criterios que se estiman son opositores.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja administrativa 24/2006, el treinta y uno de mayo de dos mil seis, determinó en sus consideraciones lo siguiente:

"QUINTO. Los agravios que hacen valer los recurrentes se estiman sustancialmente fundados.

"Por la relación que guardan entre sí se analizan en su conjunto los motivos de agravio formulados por los recurrentes al afirmar que con la ampliación de demanda atacan nuevos actos que fueron aplicados en la contestación de las solicitudes contenidas en el escrito de petición, donde las autoridades responsables fundan y motivan la falta de contestación y la improcedencia de las peticiones planteadas por los interesados, por tanto sí tienen relación con la litis constitucional, pues la omisión de contestar las peticiones formuladas por los quejosos es un acto negativo que tiene efectos positivos, al generar una contestación ficta afectando su esfera jurídica como titulares de la garantía al derecho de petición.

"Que existe una violación al artículo 16 constitucional cuando las autoridades dictan una resolución sin fundamentación y motivación, en contravención a los derechos de una persona no con una resolución positiva y concreta, sino por abstenerse a dictar una resolución legalmente obligatoria para la autoridad, independientemente de que pueda existir una transgresión a un ordenamiento secundario.

"Aducen que tales omisiones pueden combatirse a través del juicio de amparo sin necesidad de agotar recursos ordinarios; si en el caso las responsables al rendir sus informes respectivos exhiben diversos oficios conteniendo las supuestas contestaciones a las diversas peticiones formuladas por los impetrantes de garantías, es evidente que en el caso se surten los supuestos de la jurisprudencia invocada por el propio juzgador federal en el acuerdo que ahora se combate, resultando procedente la ampliación de la demanda de amparo.

"Manifiestan que al combatir en su escrito de ampliación una violación directa a la Constitución, esto hace optativo agotar los recursos ordinarios o acudir al juicio de garantías, ya que el estudio de tal cuestión por la naturaleza del acto se encuentra estrecha e inseparablemente vinculada al análisis de legalidad de los demás actos reclamados por la íntima relación con los actos omisivos señalados en el escrito de demanda, que en el caso se trata de actos nuevos al igual que las autoridades responsables señaladas, pues los quejosos no tenían conocimiento de los mismos hasta el momento en que se les dio vista con las pruebas que fueron anexadas a los informes justificados.

"Refieren que el a quo pretende que el cómputo para interponer el juicio de amparo inicie al día siguiente de que se tuvo conocimiento el acto, cuando los artículos 21 y 34 de la Ley de Amparo establecen que el término de quince días debe computarse cuando surten efecto las notificaciones, en la especie manifestaron ante el Juez Federal que la notificación de los informes se realizó en el procedimiento del juicio de garantías, en tal razón su notificación debe normarse conforme al ordenamiento legal en cita, y no como lo pretende el juzgador desde el momento en que se tuvo conocimiento de los nuevos actos reclamados por considerar que los oficios de referencia son posteriores a la demanda de garantías y que la litis constitucional ya se encuentra fijada, cuyo conocimiento no se tenía al momento de interponer la demanda de amparo, violando así los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 77, fracciones I y II de la ley de la materia.

"En los agravios segundo y tercero se duelen que se transgrede el artículo 145 de la Ley de Amparo aplicable por analogía y por mayoría de razón al escrito de ampliación de demanda en cuanto a que procede el desechamiento de una demanda cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en la especie no es patente, clara y evidente, ello es suficiente para su admisión, si el Juez de Distrito consideró que los informes y oficios no tienen relación con los actos omisivos reclamados en el escrito inicial de demanda porque los nuevos actos impugnados tienen el carácter de ser positivos, debió en todo caso dar trámite a la demanda y en su momento conforme a las circunstancias del caso dictar la sentencia que en derecho corresponda, pues en el acuerdo recurrido se observa que se fundamentó en meras creencias, sin prueba alguna o fundamento, lo cual no denota motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual consiste en que debe ser claro, sin lugar a dudas y evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, sin que pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba, aspectos que no se satisfacen en la especie.

"Consideran se debe admitir la ampliación de la demanda formulada contra los nuevos actos para que la protección constitucional sea efectiva, favorezca la expedición del despacho de los negocios judiciales, por ser de interés público el resolver en un solo juicio de amparo y no en varios sobre el mismo asunto, dado que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que procede la ampliación cuando de la lectura de los informes justificados aparezca que los actos provienen de autoridades diversas a las señaladas originalmente como responsables o emanen de actos no impugnados, también por analogía los quejosos están en aptitud de allegarse tal conocimiento de los documentos anexos a los informes, aun cuando no sean parte de aquéllos, pues el criterio de la Suprema Corte es en el sentido de que la interpretación de la demanda de garantías debe ser en forma integral y conjunta con los medios de prueba que se aporten, entonces ese principio se puede aplicar a los nuevos actos reclamados en la ampliación de la demanda, ya que sería un contrasentido considerarlos en forma aislada.

"Insisten en que de no admitir la ampliación de la demanda se les deja en estado de indefensión por no darles la oportunidad de allegar al Juez los elementos de convicción que justifiquen el ejercicio de esa acción, violando en su perjuicio los artículos 145 y 147 de la Ley de Amparo, pues al no existir motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe admitirse la demanda.

"Finalmente, alegan que el a quo pasa por alto la jurisprudencia número 176 y cuarta tesis relacionada con la misma, publicada en la segunda parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, en el sentido de que la ampliación de la demanda de amparo puede llevarse a cabo hasta antes de que se rindan los informes justificados por las autoridades responsables y cuando no haya transcurrido el término de ley, o bien, después de recibir los informes justificados cuando se tiene conocimiento de la existencia de otros actos o la intervención de otras autoridades, computando el plazo a partir de la notificación al quejoso de la presentación de tales informes, como acontece en el caso de mérito, considerando procedente la ampliación al reunir los requisitos legales.

"Conforme a las copias fotostáticas certificadas remitidas por el Juez de Distrito en apoyo a su informe, las cuales surten pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se desprende, lo siguiente:

"I. Los peticionarios de garantías con fecha diez de enero de dos mil seis presentaron demanda de amparo, manifestando que se violaron en su perjuicio las garantías previstas en los artículos 8o., 14, 16 y 17 de la Carta Magna, señalando como actos reclamados los siguientes:

"‘... D) Actos reclamados:

"‘1. La negativa a dar contestación fundada, motivada y congruente de las diversas solicitudes presentadas ante las autoridades responsables, por medio de la cual les hacemos diversas peticiones, tal como se especifica en los antecedentes de esta demanda.

"‘2. Las consecuencias lógico-jurídicas que se deriven de los anteriores actos reclamados ...’

"En el capítulo de antecedentes los impetrantes manifestaron que el treinta de agosto de dos mil cinco se constituyó la asociación civil quejosa, formada por pequeños propietarios que fueron desplazados de la denominada zona de conflicto en los Municipios de Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano, en el Estado de Chiapas, a efecto de ejercer su derecho de petición solicitando a las responsables informaran las gestiones realizadas por las autoridades federales y locales sobre el problema y solución del conflicto armado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional iniciado en el año de mil novecientos noventa y cuatro, sin que hasta ese momento hayan recibido contestación.

"II. Con fecha once de enero de dos mil seis se ordenó admitir la demanda de amparo, notificar a las autoridades responsables y fijó las nueve horas con veinte minutos del diez de febrero de dos mil seis para la celebración de la audiencia constitucional.

"III. En su oportunidad las autoridades responsables rindieron sus informes justificados, anexando diversas constancias para acreditar que contestaron los pedimentos formulados por los quejosos, motivo por el cual los impetrantes de garantías por escrito presentado el dieciséis de marzo del año en curso formularon ampliación de demanda de amparo donde señalaron como nuevos actos los siguientes:

"‘1. Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el sábado once de marzo de mil novecientos noventa y cinco, por su primer acto de aplicación que se contiene en el oficio número SACN/300/034/2006, de fecha veintiuno de febrero de dos mil seis, emitido por el subsecretario de la Secretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, el cual fue notificado por medio de acta de notificación el día veintitrés de febrero de dos mil seis.

"‘Este acto se lo atribuimos en cuanto a su discusión y aprobación al Congreso General o de la Unión, integrado por las Cámaras de Diputados y Senadores de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que hace a su sanción, promulgación, publicación e iniciación de su vigencia al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 y 89, fracción I, de la Carta Magna; por lo que hace a su refrendo al secretario de Gobernación; y por último en cuanto hace a su aplicación a todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables.

"‘2. La contestación que se contiene en el informe justificado rendido por el consejero jurídico del gobernador del Estado maestro Enrique Robles Solís de fecha treinta de enero de dos mil seis, del cual se tuvo conocimiento mediante proveído dictado por su Señoría de fecha veintidós de febrero de dos mil seis, el cual fue notificado por lista a los impetrantes de garantías el día veintitrés del mismo mes y año; así como el acuerdo de fecha siete de diciembre de dos mil cinco, y adjunto a su informe justificado.

"‘3. El oficio número 110.03.01-/9414 con registro 1530/2006 de fecha veintiuno de febrero de dos mil seis, que contiene el informe que rinde la directora de lo Contencioso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos del cual se tuvo conocimiento mediante acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil seis, el cual fue notificado por lista fijada en los estrados de este Juzgado de Distrito el día veintitrés del mismo mes y año; así como el oficio número 110.01-7773/05 con registro número 12061 de fecha ocho de diciembre de dos mil cinco, que adjunta a su informe justificado la autoridad antes indicada.

"‘4. El oficio número 110.01-7060/06 con registro número 315620 y 12061 de fecha veinte de febrero de dos mil seis, emitido por la coordinadora general Jurídica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos, del cual se tuvo conocimiento el día veintiocho de febrero del año en curso.

"‘5. El oficio número SACN/300/034/2006, de fecha veintiuno de febrero de dos mil seis, emitido por el subsecretario de la Secretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, el cual fue notificado por medio de acta de notificación el día veintitrés de febrero de dos mil seis.

"‘6. Los oficios números REF.II-102-C24338, REF.II-102-C24339, REF.II-102-C24340 y REF.II-102-C24341, de fecha siete de diciembre de dos mil cinco, emitidos por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria de los cuales se tuvo conocimiento el día veintiocho de febrero de dos mil seis.

"‘7. El oficio número DL/GF/2005/0003, de fecha treinta de diciembre de dos mil cinco, emitido por el gerente fiduciario de BANCRI, S.N.C., de fecha treinta de diciembre de dos mil cinco, del cual se tuvo conocimiento el día veintiocho de febrero de dos mil seis.

"‘8. El oficio número SG-CDNCH/012/06, de fecha nueve de febrero de dos mil seis, emitido por el coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, del cual se tuvo conocimiento el día veintiocho de febrero del año en curso.

"‘9. El oficio número 110-1211, de fecha veintiocho de febrero de dos mil seis, firmado por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, del cual se tuvo conocimiento el día seis de marzo de dos mil seis.’

"En las relatadas circunstancias, los argumentos que ahora formulan los quejosos resultan sustancialmente fundados en razón de que si bien es cierto la ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada en la práctica por la jurisprudencia, a la que tienen derecho los peticionarios de garantías, también cierto resulta que ésta debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia, tales como el que no se haya integrado la litis y que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que llevaron a cabo los actos reclamados, pero debe existir siempre una relación con los actos primigenios.

"En el caso de mérito, este órgano jurisdiccional determina que se satisfacen los requisitos de procedencia para la ampliación de demanda solicitada por los quejosos.

"En efecto, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, consejero jurídico del gobernador del Estado y la directora de lo Contencioso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos, se desprende que la parte quejosa tuvo conocimiento de los oficios que se acompañaron a tales informes, emitidos con motivo de las diversas peticiones que fueron formuladas, a través de los documentos siguientes:

"1. El oficio número 110.01-7773/05, de fecha ocho de diciembre de dos mil cinco.

"2. El oficio número 110.01-7060/06 emitido por la coordinadora general Jurídica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos el veinte de febrero de dos mil seis.

"3. Los oficios números REF.II-102-C2338, REF.II-102-C24339, REF.II-102-C24340 y REF.II-102-C231, de fecha siete de diciembre de dos mil cinco, emitidos por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria.

"4. El oficio número DL/GF/2005/0003 emitido por el gerente fiduciario de BANCRI, Sociedad Nacional de Crédito el treinta de diciembre de dos mil cinco.

"5. El oficio número SG-CDNH/012/06, de fecha nueve de febrero de dos mil seis emitido por el coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

"6. El oficio número 110-1211 del veintiocho de febrero de dos mil seis emitido por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, y

"7. El oficio número SACN/300/034/2006 del veintiuno de febrero de dos mil seis emitido por el subsecretario de la Secretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública.

"Así, resulta en la especie que si los oficios señalados con antelación fueron dictados con motivo de la petición que no había sido acordada por las autoridades responsables ante quienes los impetrantes ejercieron su derecho en los términos del artículo 8o. constitucional, éstos se encuentran relacionados con el acto reclamado inicialmente en la demanda de amparo, entonces no existe impedimento legal alguno para admitir la ampliación de demanda formulada por éstos, en aras de una pronta impartición de justicia, porque de no hacerse así implicaría obligar a los peticionarios de garantías a promover otro juicio de garantías contra los nuevos actos, en contravención a lo dispuesto por el artículo 17 de la Carta Magna.

"En efecto, la ampliación de la demanda tiene como finalidad permitir integrar debidamente las pretensiones de la parte quejosa, y si bien esa posibilidad necesariamente está condicionada a la aparición de nuevos elementos relacionados con el ejercicio de la acción constitucional que hayan sido desconocidos para los peticionarios de garantías al momento de presentar su libelo constitucional, en la especie queda evidenciado que fueron de su conocimiento a través de la vista que se ordenó dar por el Juez Federal con los informes justificados rendidos por las responsables. Por tanto, una vez conocidos esos nuevos elementos que son introducidos a la litis, la parte quejosa, contrario a lo determinado por el juzgador, sí está en posibilidad de combatirlos, a través de la figura jurídica de la ampliación de demanda.

"Máxime cuando en el caso de mérito se encuentran satisfechos los siguientes requisitos de procedencia:

"a) Que hasta el momento no ha sido celebrada la audiencia constitucional;

"b) Que la ampliación se presentó después de haberse rendido los informes justificados, momento en el cual se tuvo conocimiento de los nuevos actos reclamados; y

"c) Siempre que se presente la ampliación dentro del plazo establecido por la Ley de Amparo para la demanda principal.

"Por todo ello, si de autos se desprende que los quejosos tuvieron conocimiento de los nuevos actos que reclaman el veintitrés de febrero de dos mil seis, el término de quince días consignado en el artículo 21 de la ley de la materia para promover la ampliación de demanda de amparo inició el día veinticuatro siguiente y feneció el dieciséis de marzo del año antes mencionado, por lo que si ésta fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el mismo dieciséis de marzo, es inconcuso que no había precluido su derecho a hacerlo, de ahí que deba tramitarse como corresponde en derecho.

"En apoyo de las consideraciones que sustentan el presente fallo sirve de fundamento la tesis número 2a. XLI/99, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página doscientos nueve, Tomo IX, correspondiente al mes de abril de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto es el siguiente:

"‘DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN.’ (se transcribe).

"Así como, la jurisprudencia número P./J. 15/2003, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, Tomo XVIII, julio de 2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto es el siguiente:

"‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.’ (se transcribe).

"En las relatadas circunstancias, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio invocado por el juzgador, identificado con el número XXI.1o.P.A.39 K y sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil ochocientos catorce, Tomo XXII, correspondiente al mes de agosto de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro indica: ‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE CUANDO SE PRETENDE RECLAMAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN.’, en tanto que es intrascendente el hecho de que al formular la demanda de amparo se reclame un acto omisivo consistente en la negativa de las autoridades responsables de dar contestación a los escritos de fechas veinticuatro de noviembre, cinco y siete de diciembre de dos mil cinco, y que al formular su escrito de ampliación de demanda los nuevos actos reclamados sean de carácter positivo, pues tal aspecto sólo se encuentra condicionado a que se trate, entre otras hipótesis de actos nuevos, pero no que difieran en cuanto a su naturaleza; por cuanto a que exista o no la certeza sobre la procedencia del juicio contra el acto ampliado, como se dice, debe recordarse que el Juez Federal se encuentra en libertad de decidir si es necesario o no agotar los recursos o medios de defensa ordinarios y, de ser esto cierto, resolver lo conducente; también puede suceder que admitida la ampliación referida ya con los informes justificados pueda alcanzar en el fallo, la conclusión debida respecto a la procedencia del juicio, incluyendo los aspectos de la definitividad. ..."

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 41/2005, en sesión de nueve de junio de dos mil cinco, determinó en sus consideraciones lo siguiente:

"QUINTO. La ampliación de la demanda es una institución procesal que no está expresamente prevista en la Ley de Amparo, sino que es enteramente de creación jurisprudencial. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la razón que justifica su incorporación al juicio de garantías, radica en que a través suyo, es posible que en determinadas ocasiones, el Juez de Distrito esté en aptitud de resolver, en un solo momento, aquellas cuestiones que guardan indisoluble vinculación entre sí, cumpliéndose la garantía contenida en el artículo 17 constitucional.

"A ese respecto, aplica la jurisprudencia P./J. 12/2003 del Pleno del Máximo Tribunal, publicada en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, YA QUE CONSTITUYE UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA QUE EL JUZGADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMPLETA A LA ACCIÓN DEL GOBERNADO.’ (se transcribe).

"De acuerdo con lo anterior, esa finalidad de dar una solución completa al caso planteado, en concordancia con el artículo 17 de la Constitución Federal, presupone que aquello que sea materia de ampliación, es decir, el señalamiento de nuevos actos reclamados, de nuevas autoridades responsables o, en su caso, la expresión de nuevos conceptos de violación, esté en una relación de absoluta indisolubilidad con los otros aspectos que originalmente fueron abordados por la demanda de amparo, ya que de no ser así, la necesidad de ampliar esta última no estaría justificada, atentándose entonces contra el carácter extraordinario de la citada institución procesal.

"Por otro lado, debe también tenerse en cuenta que, para que se admita la posibilidad de que el quejoso modifique extensivamente el libelo de garantías, en aquellos casos en que lo que se pretende es incluir nuevas conductas en la litis constitucional, es indispensable que estas últimas sean de la misma naturaleza jurídica que la originalmente combatida, pues de otro modo estará presente la posibilidad de que no proceda el juicio de amparo en su contra, por aplicación de alguno de sus principios esenciales, como es el de definitividad.

"En dicha hipótesis, evidentemente que no tendría sentido admitir una ampliación, sólo para posteriormente resolver, llegado el momento de la emisión de la sentencia, que el juicio de garantías que era procedente contra el acto original, deberá ser sobreseído por lo que respecta al nuevo acto reclamado.

"Por el espíritu que la informa, se cita la jurisprudencia P./J. 73/2003, integrada también por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la página 754 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, con el siguiente tenor literal:

"‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS HECHOS NUEVOS O SUPERVENIENTES QUE SE INVOQUEN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DEBEN SER SUSCEPTIBLES DE COMBATIRSE A TRAVÉS DE ESA VÍA Y ESTAR RELACIONADOS CON LA MATERIA DE IMPUGNACIÓN ORIGINALMENTE PLANTEADA.’ (se transcribe).

"Por tanto, teniendo en cuenta los principios anteriormente señalados, cabe concluir que, para que se admita el derecho del quejoso a ampliar su demanda de amparo, es necesario, primero, que con ello se favorezcan los fines enunciados en el artículo 17 constitucional; segundo, que exista una indisoluble vinculación entre lo originalmente abordado por la demanda, y aquello otro que pretende ser objeto de la ampliación, lo que presupone la coexistencia de violaciones análogas; y tercero, que si lo que se pretende es incorporar a la litis nuevos actos reclamados, la naturaleza jurídica de estos últimos debe ser esencialmente idéntica a los originalmente combatidos, para prevenir así problemas relacionados con la procedencia del juicio.

"Pues bien, en el caso particular que nos ocupa, a juicio de este Tribunal Colegiado no se surten las condiciones necesarias que obliguen a admitir la ampliación propuesta por el quejoso, cuenta habida que, como bien lo mencionó el Juez de Distrito, el reclamo constitucional de origen está relacionado sólo con una conducta omisiva, a saber, la falta de contestación a una solicitud, la cual únicamente es relevante en el ámbito de la garantía consagrada en el artículo 8o. de la Carta Magna.

"Por el contrario, aquello que pretende ser objeto de ampliación, es el acto de naturaleza positiva consistente en la respuesta expresa recaída a la petición que la autoridad responsable ya atendió, a la que el impetrante imputa vicios propios que, según su propio dicho, se relacionan, más bien, con la violación de diversas garantías consagradas en los artículos 5o., 14 y 16 del Texto Constitucional.

"Como puede verse, es claro entonces que se trata de actos que difieren del todo en cuanto a su naturaleza jurídica y a las garantías individuales que pueden violar, al grado de que, de admitirse la ampliación propuesta, para efectos de la sentencia de amparo, indudablemente su análisis deberá ser realizado con tajante separación, porque no podrán abordarse de manera conjunta.

"Lo anterior se afirma así teniendo en cuenta que, cuando se concede la protección constitucional por violación al derecho de petición, la legalidad de la respuesta dada por la autoridad responsable, no es aspecto que deba tenerse en cuenta al analizar si quedó cumplida, o no, la ejecutoria de amparo, confirmándose con esto el carácter desvinculado que existe entre la contestación de la autoridad, y la conducta omisiva en que previamente incurrió, al negarse a atender la solicitud escrita.

"En apoyo de lo anterior se cita, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, que se encuentra redactada de la siguiente manera:

"‘INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.’ (se transcribe).

"A lo anterior debe sumarse que, en la especie, ni siquiera existe certeza respecto a la procedencia del juicio de garantías contra el nuevo acto por el que la demanda se pretende ampliar, lo que se afirma así considerando que, al contrario de lo que ocurre con el derecho de petición, donde no es necesario agotar recursos o medios de defensa ordinarios, resulta que en tratándose de actos positivos, como es el oficio en el cual consta la respuesta dada a la solicitud del quejoso, por regla general sí opera plenamente el principio de definitividad.

"Luego, no siendo entonces absolutamente indivisibles los aspectos originalmente contenidos en la demanda y aquellos otros cuya ampliación se pretende, por ser di

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19820-4bec2302/demanda-de-amparo-el-quejoso-puede-ampliarla-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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