AUTORIDADES ADUANERAS. EL PLAZO DE 4 MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE HASTA EL 2 DE FEBRERO DE 2006, PARA QUE EMITAN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE EN ESE NUMERAL SE ESTABLECE, DEBE EMPEZAR A CONTARSE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE AL RESPECTO SE LEVANTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 175/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los órganos jurisdiccionales involucrados en las respectivas ejecutorias.
A. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al resolver el recurso de revisión fiscal 54/2006-I, en la parte que interesa, son las siguientes:
"SEXTO. Los agravios expuestos por el recurrente resultan infundados.
"Para una mejor comprensión del asunto y de la conclusión antes anotada, conviene precisar algunos antecedentes del juicio de nulidad de donde deriva la sentencia recurrida.
"Republic of Texas, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de nulidad, en donde impugnó la resolución número 325-SAT-28-IV-3113 de treinta de noviembre de dos mil cuatro, emitida por el administrador local jurídico de Matamoros, Tamaulipas, en el recurso de revocación que interpuso, y en la cual, se confirmó la diversa contenida en el oficio 326-SAT-A22-XI-7905 de veintiuno de septiembre de dos mil cuatro, pronunciada por la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, en donde se le determinó un crédito fiscal por la cantidad de $602,686.00 (seiscientos dos mil seiscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.).
"En el segundo motivo de impugnación, la parte actora alegó que la resolución contenida en el oficio 326-SAT-A22-XI-7905 de veintiuno de septiembre de dos mil cuatro, se notificó cuando había fenecido el plazo de cuatro meses establecido por el artículo 152 de la Ley Aduanera, en relación con el 180 del reglamento de dicha ley, en virtud de que el escrito de hechos u omisiones número 326-SAT-A22-XI-(L)-3189 de dos de abril de dos mil cuatro le fue notificado el veintiuno de mayo siguiente, en tanto que la resolución aludida se le notificó hasta el veintidós de septiembre del referido año.
"Por su parte, la demandada dio contestación y sostuvo, entre otros argumentos, que la autoridad no se excedió en el plazo que marca el artículo 152 de la Ley Aduanera, en virtud de que el escrito de hechos u omisiones se le notificó el día veintiuno de mayo de dos mil cuatro, por lo que dicha notificación surtió sus efectos el veinticuatro siguiente, de conformidad con el numeral 135 del Código Fiscal Federal, aplicado supletoriamente, teniéndose por notificado el veinticinco del mismo mes y año, por lo que el cómputo fenecía el veinticinco de septiembre de dos mil cuatro; de ahí que si la notificación de la resolución determinante del crédito se efectuó el veintidós de ese mes y año, es evidente que se le realizó tres días antes de que feneciera el plazo de cuatro meses.
"Seguido el juicio por sus etapas procesales, la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, dictó sentencia el seis de marzo de dos mil seis, en donde declaró la nulidad de la resolución impugnada, así como la recurrida en la vía administrativa.
"Las consideraciones de la Sala del conocimiento para declarar la nulidad de dichas resoluciones, consistieron en que la resolución contenida en el oficio 326-SAT-A22-XI-7905 de veintiuno de septiembre de dos mil cuatro, emitida por la Aduana de Matamoros, se notificó fuera del plazo de cuatro meses que señala el artículo 152 de la Ley Aduanera, el veintidós de septiembre de ese año, en virtud de que el acta 326-SAT-A22-XI-(L)-3189 de dos de abril de dos mil cuatro, con la cual inició el procedimiento administrativo en materia aduanera de que habla el aludido artículo, le fue notificada al contribuyente el veintiuno de mayo de dos mil cuatro.
En cuanto a los argumentos de defensa que esgrimió la autoridad demandada, la Sala Fiscal sostuvo:
"‘Sin que cobre sustento jurídico lo argumentado por la autoridad demandada en el sentido de que al haberse notificado el acta de hechos y omisiones antes aludida el veintiuno de mayo de dos mil cuatro y surtir sus efectos dicha notificación el veinticuatro de dicho mes y año, el cómputo del plazo de cuatro meses se inició hasta el veinticinco de mayo de dos mil cuatro, dado que en términos de lo dispuesto en el numeral 180 del Reglamento de la Ley Aduanera, el plazo comenzará a computarse a partir de la notificación del acta que contenga las irregularidades detectadas con motivo de un reconocimiento aduanero (que en el presente caso lo fue el día veintiuno de mayo de dos mil cuatro) y no del día siguiente al en que surte efectos dicha notificación, como lo argumenta la autoridad demandada.’ (foja 138 del juicio de nulidad).
"En contra de tal determinación, la autoridad recurrente esgrime como agravios:
"- Que la Sala Fiscal deja de observar que el Código Fiscal es de aplicación supletoria y que se trata de una notificación personal que se rige por una regla general, por lo que para el cómputo del plazo, ésta debe surtir sus efectos para que nazca a la vida jurídica el acto.
"- Que en atención a ello, el plazo de los cuatro meses que establece el artículo 152 de la Ley Aduanera, debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del escrito de hechos u omisiones, en razón de que opera la regla general establecida en el citado dispositivo conforme a las notificaciones de los actos administrativos que surten efectos al día hábil siguiente en que se practicaron.
"- Que si bien el artículo 180 del Reglamento de la Ley Aduanera,- establece que la resolución se deberá dictar en un plazo que no exceda de cuatro meses contados a partir de la notificación de dicha acta, también lo es que para que se le tenga como legalmente notificado, dicha notificación debe surtir sus efectos para que nazca a la vida jurídica, tal como lo establece el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, con lo que se tiene como legalmente notificado al día siguiente en que surte efectos, de lo contrario se le viola su garantía jurídica.
"- Que tal criterio ha sido sustentado por este órgano jurisdiccional dentro del amparo directo 391/2005-I, el cual debe aplicarse por analogía.
"- Por tal virtud, la autoridad no se excede del término de los cuatro meses que establece el artículo 152 de la Ley Aduanera, dado que si se toma la fecha en que se notificó el escrito de hechos u omisiones contenido en el oficio número 326-SAT-A22-XI-(L)-3189 de dos de abril de dos mil cuatro, que fue el veintiuno de mayo de dos mil cuatro, y sin tomar en cuenta los sábados y domingos, dicha notificación surtió efectos el veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 del citado código, por lo que el cómputo de los cuatro meses feneció hasta el veinticinco de septiembre del referido año.
"- Que resultan aplicables por analogía las tesis con rubros: ‘REVOCACIÓN. EL PLAZO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 129, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA AMPLIAR ESTE RECURSO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LA QUE LA AUTORIDAD DÉ A CONOCER AL PARTICULAR EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE MANIFESTÓ DESCONOCER AL INTERPONERLO, ASÍ COMO SU NOTIFICACIÓN.’ y ‘REVOCACIÓN. EL PLAZO PARA AMPLIAR ESE RECURSO DEBE COMPUTARSE CONFORME A LA REGLA GENÉRICA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’
Los anteriores agravios resultan infundados.
"A fin de corroborar lo anterior importa transcribir el contenido de los artículos 152 de la Ley Aduanera; y 1o. y 180 del reglamento de dicho cuerpo de normas, que señalan:
"‘Artículo 152. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de esta ley, las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 de esta ley.
"‘En este caso la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de 10 días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan.
"‘Las autoridades aduaneras efectuarán la determinación en un plazo que no excederá de cuatro meses.
"‘En los demás casos la determinación del crédito fiscal se hará por la autoridad aduanera.’
"‘Artículo 1o. Para efectos de este reglamento, se aplicarán las definiciones establecidas en el artículo 2o. de la Ley Aduanera. Cuando en este reglamento se aluda a la ley, se considerará que se refiere a la Ley Aduanera.’
'"‘Artículo 180. Cuando con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, la aduana levante el acta a que se refiere el artículo 152 de la ley, deberá dictar la resolución definitiva en un plazo que no excederá de cuatro meses contados a partir de la notificación de dicha acta.
"‘En los casos en que con motivo de la verificación de mercancías en transporte, autoridades aduaneras distintas de la aduana detecten la omisión de contribuciones o cuotas compensatorias y no sea aplicable el artículo 151 de la ley, dichas autoridades levantarán el acta circunstanciada a que se refiere el artículo 152 de la ley, y efectuarán la determinación definitiva en un plazo que no excederá de cuatro meses.’
"El primero de los numerales transcritos prevé una delimitación temporal en la actuación de la autoridad aduanera, al contemplar un término de cuatro meses para determinar las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, e imponer las sanciones que procedan; disposición que se complementa con el último de los artículos reproducidos, el cual claramente determina que el plazo de cuatro meses a que alude el numeral 152 de la ley, que debe entenderse se refiere a la Ley Aduanera conforme lo aclara el ordinal 1o., debe contarse a partir de la fecha en que se notifique el acta circunstanciada al interesado, respecto de los hechos que impliquen la omisión en el pago de alguna contribución, cuota compensatoria o la imposición de sanciones.
"En esas condiciones, es inconcuso que como bien lo resolvió la Sala del conocimiento, el plazo de cuatro meses para que la autoridad aduanera emita la determinación de mérito, inicia a partir de la fecha en que le es notificada el acta circunstanciada respectiva al contribuyente, por lo que es evidente que para el cómputo de los cuatro meses se tomará como punto de partida únicamente la notificación del acta que contenga las irregularidades detectadas, pues el citado numeral es claro y no da lugar a dudas respecto de su sentido, por lo que debe interpretarse literalmente acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que no sea dable establecer que el cómputo deba efectuarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución, como lo pretende la inconforme.
"En apoyo a lo anterior, se cita la tesis XIV.2o.74 A, de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 1083, Tomo XVII, correspondiente al mes de abril de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos título y contenido dicen:
"‘FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN MATERIA ADUANERA. EL TÉRMINO DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA PARA QUE LA AUTORIDAD EMITA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO INICIADO CON MOTIVO DE SU EJERCICIO, DEBE EMPEZAR A CONTARSE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE IRREGULARIDADES. Acorde con el artículo 180 del Reglamento de la Ley Aduanera, cuando con motivo del ejercicio de facultades de comprobación la autoridad aduanal levante el acta de irregularidades a que se refiere el diverso numeral 152 de la ley de la materia, deberá dictar resolución definitiva en un plazo que no exceda de cuatro meses, los cuales comenzarán a contarse a partir de la notificación de dicha acta, sin que sea posible considerar que con fundamento en el último de los dispositivos en cita, el aludido término iniciará una vez transcurrido el periodo de diez días otorgado al particular para que ofrezca las pruebas pertinentes que a su juicio desvirtúen las irregularidades precisadas en el acta de referencia, ya que el apuntado artículo 180 del Reglamento de la Ley Aduanera, que vino a precisar los alcances de esta ley federal, es claro al advertir que para el cómputo de los cuatro meses señalados se tomará como punto de partida únicamente la notificación del acta que contenga las irregularidades detectadas con motivo de un reconocimiento aduanero.’
"Lo anterior se corrobora con el contenido del diverso artículo 153 de la Ley Aduanera, el cual refiere:
"‘Artículo 153. El interesado deberá ofrecer por escrito, las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la autoridad aduanera que hubiera levantado el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley, dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de dicha acta. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación.
"‘Cuando el interesado presente pruebas documentales que acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país; desvirtúen los supuestos por los cuales fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el valor declarado fue determinado de conformidad con el título III, capítulo III, sección primera de esta ley en los casos a que se refiere el artículo 151, fracción VII, de esta ley, la autoridad que levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley, dictará de inmediato la resolución, sin que en estos casos se impongan sanciones ni se esté obligado al pago de gastos de ejecución; de existir mercancías embargadas se ordenará su devolución. Cuando el interesado no presente las pruebas o éstas no desvirtúen los supuestos por los cuales se embargó precautoriamente la mercancía, las autoridades aduaneras deberán de dictar resolución definitiva, en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. De no emitirse la resolución definitiva en el término de referencia, quedarán sin efectos las actuaciones de la autoridad que dieron inicio al procedimiento. ...’
"Como puede verse, tal precepto se refiere al diverso procedimiento en materia aduanera previsto en el artículo 150 de la ley respectiva, y se prevé que en el caso de que el interesado no presente pruebas con las cuales acreditar la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país, o las presentadas no desvirtúen los supuestos por los cuales fueron objeto de embargo precautorio, la autoridad tiene la obligación de emitir la resolución determinante de las contribuciones, cuotas compensatorias y sanciones que procedieran, dentro del plazo máximo de cuatro meses, en el entendido de que tal término debe contar a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acta de inicio del respectivo procedimiento administrativo.
"En esa tesitura, es evidente que si el artículo 180 del Reglamento de la Ley Aduanera establece que el cómputo de los cuatro meses a que alude el diverso 152 de la citada ley, debe computarse a partir de la notificación, no es dable interpretarlo en forma distinta, es decir, que éste se debe realizar a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acta de hechos u omisiones, pues de haber sido esa la intención del legislador, la hubiera plasmado expresamente en el referido numeral, como así lo hizo en el artículo 153 de la Ley Aduanera, respecto al diverso procedimiento previsto en el artículo 150 del citado ordenamiento.
"Además, como puede verse de la lectura conjunta de los artículos 152 de la Ley Aduanera y 180 de su reglamento, se establece una obligación para la autoridad que inicia el procedimiento aduanero, a fin de dictar la resolución respectiva en un determinado tiempo; pero tal obligación no constriñe a los particulares a su acatamiento, por lo que en el caso específico no es dable aplicar las reglas de las notificaciones a los contribuyentes como lo pretende el recurrente.
"Por otra parte, no es dable aplicar de manera analógica lo resuelto por este tribunal, dentro del juicio de amparo directo 391/2005-I.
"Lo anterior es así, pues en tal precedente se aplicó la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se estableció que aun cuando el artículo 153 de la Ley Aduanera, no dice expresamente que la resolución definitiva que emita la autoridad deba notificarse dentro del plazo de cuatro meses, ello no la libera de tal obligación, por lo que determinó que el plazo de cuatro meses con que cuenta la autoridad para emitir su resolución, comprende su notificación y que esta última haya surtido sus efectos.
"Jurisprudencia identificada con la clave 2a./J. 82/2003, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, septiembre de 2003, página 441, Novena Época, la cual dice:
"‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE SE DICTE CONFORME AL ARTÍCULO 153, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ADUANERA, VIGENTE EN 1999 Y 2001, DEBE NOTIFICARSE ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO DE CUATRO MESES CON QUE CUENTA LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EMITIRLA. Si se toma en consideración que la notificación constituye una formalidad que confiere eficacia al acto administrativo que se traduce en una garantía jurídica frente a la actividad de la administración en tanto que es un mecanismo esencial para su seguridad jurídica, se llega a la conclusión de que aun cuando el referido artículo 153, párrafo segundo, no establezca expresamente que la resolución definitiva que emita la autoridad aduanera deba notificarse dentro del plazo de cuatro meses, ello no la libera de tal obligación, pues de conformidad con la garantía de seguridad jurídica establecida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe otorgarse certeza al gobernado respecto de una situación o actuación de autoridad determinada, mas cuando se trata de situaciones procedimentales, que desde luego comprende el acto de notificación, con la finalidad de que a través de éste se dé cumplimiento a los requisitos de eficacia que debe tener todo acto de autoridad en términos de los aludidos preceptos constitucionales. Estimar lo contrario implicaría que la situación jurídica del interesado quedara indefinida hasta que se notificara la resolución, lo que contraría la seguridad y certeza jurídica, así como la propia eficacia del artículo 153, segundo párrafo, de la Ley Aduanera que persigue a través del establecimiento de las consecuencias que se atribuyen al silencio o actitud omisa de la autoridad administrativa, ante una resolución provisional que le es favorable al particular y que ha sido objeto de un acto de molestia por el inicio de un procedimiento. Además, de acuerdo con los artículos 134, fracción I y 135 del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria, conforme al artículo 1o. de la Ley Aduanera, los actos administrativos que puedan ser recurridos, como acontece con las resoluciones definitivas a que se refiere el artículo 203 de la ley señalada, deben notificarse personalmente o por correo certificado con acuse de recibo y surtirá sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que se efectúe, por lo que el plazo de cuatro meses para la emisión de las resoluciones definitivas a que se refiere el indicado artículo 153, segundo párrafo, comprende su notificación y que esta última haya surtido sus efectos.’
"Así las cosas, es indudable que se trata de un supuesto completamente distinto al caso que nos ocupa y que ni siquiera puede considerarse de manera análoga, en virtud de que nuestra superioridad realizó una interpretación respecto a si debía o no notificarse la resolución emitida por la autoridad aduanera dentro del plazo de cuatro meses que señala la ley, y hasta cuándo abarca dicho plazo, en virtud de que dentro del artículo 153 de la Ley Aduanera, no se prevé tal circunstancia.
"En tanto que en el supuesto que nos ocupa, se trata de establecer a partir de cuándo inicia el cómputo de cuatro meses que tiene la autoridad para emitir su resolución, en términos del artículo 152 de la Ley Aduanera, el que como se dijo, cuenta a partir de la notificación del acta de hechos u omisiones, de conformidad con el artículo 180 del reglamento del citado ordenamiento, el que es muy claro en establecer tal situación, por lo que no amerita mayor interpretación como lo pretende el inconforme.
"Finalmente, son inaplicables las tesis que cita el recurrente, en virtud de que se refieren al cómputo del término que tienen los interesados para ampliar el recurso de revocación; hipótesis distinta al caso concreto, habida cuenta de que, como se mencionó, lo que aquí se trata de establecer es a partir de cuándo inicia el cómputo de los cuatro meses con que cuenta la autoridad aduanera para emitir su resolución, en donde la ley es muy clara al establecer que es a partir de que se notifique el acto de hechos u omisiones al interesado.
"En las relatadas condiciones, procede declarar infundado el recurso de revisión fiscal hecho valer contra la sentencia dictada dentro del juicio de nulidad 732/05-18-01-9, promovido por Republic of Texas, Sociedad Anónima de Capital Variable."
B. Por otra parte, el criterio que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver las revisiones fiscales números 170/2006, 211/2006, 213/2006, 248/2006 y 249/2006, se encuentra contenido en la tesis número XVII.2o.P.A.27 A, cuyo rubro y texto son los siguientes:
"FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN MATERIA ADUANERA. EL PLAZO DE CUATRO MESES PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE HECHOS Y OMISIONES RELATIVA. Los artículos 152 de la Ley Aduanera y 180 de su reglamento establecen la obligación de las autoridades competentes que en ejercicio de sus facultades de comprobación levanten actas de hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, en el sentido de que procedan a dictar la resolución definitiva en un plazo que no exceda de cuatro meses a partir de la notificación de dicha acta. Ahora bien, si se ordena notificar personalmente el acta de hechos y omisiones dado que los preceptos legales citados son omisos en precisar las reglas a las que debe sujetarse el cómputo del término de cuatro meses, para que se dicte resolución definitiva, es decir, si debe iniciarse en el momento en que se practica la notificación al contribuyente la referida acta, o cuando surte efectos la notificación, es claro que resulta necesario aplicar, de manera supletoria, los artículos del Código Fiscal de la Federación que regulan la forma en que deben notificarse las resoluciones, el momento en que surten sus efectos y las reglas a las que deben sujetarse para el cómputo de los términos, en tanto que el artículo 1o. de la Ley Aduanera establece de manera expresa la aplicación supletoria de dicho ordenamiento legal; por lo que el cómputo del plazo de cuatro meses para que la autoridad aduanera dicte la resolución definitiva empieza a contar a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación personal de dicha acta." (Novena Época, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, noviembre de 2005, tesis XVII.2o.P.A.27 A, página 867).
CUARTO. Para determinar la existencia de criterios disímiles sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, y que tal circunstancia sea materia de estudio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de dilucidar aquel que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del análisis de los mismos elementos.
Lo anterior deriva de la naturaleza y características propias de los conflictos de contradicción de tesis, así como de los criterios que a continuación se transcriben.
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Jurisprudencia 4a./J. 22/92, emitida en la Octava Época por la Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia, visible a fojas 22 del Número 58, octubre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE, AUNQUE LOS CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES SE HAYAN EXTERNADO SOBRE RESOLUCIONES DE DIVERSOS ESTADIOS PROCESALES. La circunstancia de que los actos reclamados en los juicios de amparo directo, que originaron criterios divergentes, provengan de diversos estadios procesales -como el acuerdo de desechamiento de demanda dictado por el Magistrado instructor de una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación por una parte y la sentencia emitida por una Sala del mismo órgano por la otra- no es obstáculo para determinar la existencia de la contradicción de tesis entre dos Tribunales Colegiados de Circuito si los criterios de éstos, resolvieron sobre una misma cuestión procesal, con sentido diverso." (Tesis aislada 2a. III/95 de la Segunda Sala, publicada en la página 55 del Tomo I, abril de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza; sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19985-1a75d801/autoridades-aduaneras-el-plazo-de-4-meses-previsto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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