SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. AL SER UNA SANCIÓN ACCESORIA DE LA PENA DE PRISIÓN CUANDO ÉSTA ES SUSTITUIDA INCLUYE TAMBIÉN A LA PRIMERA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que las ejecutorias en cuestión se refieren a la materia penal cuyo conocimiento corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual sustenta uno de los criterios contendientes.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 2223/2005, 3153/2005, 3423/2005, 3753/2005 y 163/2006, realizó las consideraciones que, en lo conducente, a continuación se reproducen:
a) Amparo directo penal 2223/2005, interpuesto por ... resuelto el treinta de septiembre de dos mil cinco:
"Finalmente, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio de la Sala responsable, en el sentido de que si bien es cierto en términos del artículo 38, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confirmó la suspensión de los derechos políticos de ... también lo es que argumentó el que dicha suspensión quedaría sin efectos en caso de que el aquí quejoso se acoja al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo cual no es correcto, ya que la suspensión de los derechos políticos, en términos del artículo 57, fracción I y 58 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, se considera como una consecuencia de la pena de prisión, que en este caso se le impuso al quejoso, misma que contará a partir de que cause ejecutoria la sentencia condenatoria y concluirá cuando se extinga la pena de prisión. Por ello, la Sala responsable no debió supeditar dicha suspensión, a que el ahora quejoso ingrese o no a prisión para decir que procede la suspensión de mérito, pues la ley aplicable no distingue, como lo hace la Sala, que se acoja a algún sustitutivo de ella o al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ya que optar por lo anterior, no significa que desaparezca la pena de prisión, pues ésta deberá cumplimentarse como lo determinó la sentenciadora. Sin embargo, en este aspecto debe quedar en sus términos, ya que no es susceptible de cambio, porque tal error de apreciación benefició al ahora quejoso y porque el juicio de amparo no puede causarle perjuicio al promovente."
b) Amparo directo penal 3153/2005, interpuesto por ... resuelto el treinta de noviembre de dos mil cinco:
"En cuanto a la suspensión de derechos políticos, se advierte que la Sala sentenciadora confirmó la suspensión de los derechos políticos del quejoso y de manera incorrecta asentó que ésta quedaría sin efectos en caso de que el ahora quejoso se acogiera al sustitutivo de la pena de prisión, lo anterior es así, porque de conformidad con los artículos 57, fracción I y 58 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, la suspensión de los derechos políticos se considera una consecuencia de la pena de prisión, la cual contará a partir de que cause ejecutoria la sentencia condenatoria y concluirá cuando se extinga, por lo que la mencionada Sala no debió supeditar dicha suspensión a que el sentenciado ingrese o no a prisión, pues la ley aplicable no distingue que su efectividad dependa o no de que el sentenciado se acoja a algún sustitutivo de ella, según tesis de este Tercer Tribunal, de número TC013076.9.P1, bajo el rubro: ‘SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. SU EFECTIVIDAD NO DEPENDE DE QUE EL SENTENCIADO SE ACOJA A ALGÚN SUSTITUTIVO DE LA PENA DE PRISIÓN O AL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE SU EJECUCIÓN.’ (se transcribe)."
c) Amparo directo penal 3423/2005, interpuesto por ... resuelto el quince de diciembre de dos mil cinco:
"Finalmente, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que la Sala responsable correctamente confirmó la suspensión en el ejercicio de sus derechos políticos del sentenciado por el tiempo que dure la pena de prisión, pero incurrió en error al estimar que tal suspensión quedaría sin efectos para el caso de que se acogiera al sustitutivo de la pena privativa de libertad decretada por el a quo, habida cuenta que, de conformidad con los artículos 57, fracción I y 58 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, la suspensión de derechos políticos se considera una consecuencia de la pena de prisión, que en el caso se impuso al quejoso, la cual contará a partir de que cause ejecutoria la sentencia condenatoria y concluirá cuando se extinga la pena de prisión impuesta en ella; en ese orden de ideas, la Sala responsable no debió supeditar tal suspensión a que el sentenciado ingrese o no a prisión, pues la ley aplicable no dispone que su efectividad dependa de si el acusado se acoja a algún sustitutivo de ella o al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y optar por lo anterior no significa que desaparezca la pena de prisión, la que se deberá cumplimentar como lo determinó la Sala sentenciadora; mas como lo resuelto por ésta benefició a ... sólo debe hacerse la consideración al respecto, para que la Sala lo tome en cuenta para casos futuros, en razón de que el juicio de amparo no debe perjudicar a quien lo solicita; al efecto, este Tribunal Colegiado ha sostenido la siguiente tesis: ‘SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. SU EFECTIVIDAD NO DEPENDE DE QUE EL SENTENCIADO SE ACOJA A ALGÚN SUSTITUTIVO DE LA PENA DE PRISIÓN O AL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE SU EJECUCIÓN.’ (se transcribe)."
d) Amparo directo penal 3753/2005, interpuesto por ... resuelto el treinta y uno de enero de dos mil seis:
"Por otra parte, resulta correcta la suspensión de derechos políticos del sentenciado por un término igual al de la pena de prisión impuesta, conforme al artículo 58 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, por ser consecuencia jurídica de la privativa de libertad. Sin embargo, es preciso hacer notar a la autoridad responsable, la incorrecta determinación en el sentido de que la suspensión de derechos políticos quedará sin efectos en caso de acogerse el sentenciado al beneficio de ley concedido. En efecto, la Sala de apelación no debió supeditar dicha suspensión si el sentenciado ingresa o no a prisión; la ley no condiciona su efectividad a que el sentenciado se acoja a algún sustitutivo de ella o a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir, si opta por lo anterior, no significa que desaparezca la pena de prisión, ésta debe cumplimentarse como lo determinó la Sala sentenciadora; sin embargo, como tal determinación fue benéfica al sentenciado, se deja intocada, únicamente se hace tal observación a la autoridad responsable. Es aplicable en ese sentido, la tesis de este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, TC013076.9.P1, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 2767, Materia Penal, del tenor literal siguiente: ‘SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. SU EFECTIVIDAD NO DEPENDE DE QUE EL SENTENCIADO SE ACOJA A ALGÚN SUSTITUTIVO DE LA PENA DE PRISIÓN O AL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE SU EJECUCIÓN.’ (se transcribe)."
e) Amparo directo penal 163/2006, interpuesto por ... resuelto el treinta y uno de enero de dos mil seis:
"Por último, correctamente confirmó la suspensión de derechos políticos de la ahora sentenciada, por el tiempo de duración de la pena de prisión impuesta, lo cual es acorde con los numerales 38 constitucional y 58 del código sustantivo de la materia. Sin embargo, es preciso hacer notar a la autoridad responsable, la incorrecta determinación en el sentido de que la suspensión de derechos políticos quedará sin efectos en caso de acogerse el sentenciado, a algún beneficio de ley concedido. En efecto, la Sala de apelación no debió supeditar dicha suspensión si el sentenciado ingresa o no a prisión; la ley no condiciona su efectividad a que el sentenciado se acoja a algún sustitutivo de ella o a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir, si opta por lo anterior, no significa que desaparezca la pena de prisión, ésta debe cumplimentarse como lo determinó la Sala sentenciadora; sin embargo, como tal determinación fue benéfica al sentenciado, se deja intocada, únicamente se hace tal observación a la autoridad responsable. Es aplicable en ese sentido, la tesis de este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, TC013076.9.P1, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 2767, Materia Penal, del tenor literal siguiente: ‘SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. SU EFECTIVIDAD NO DEPENDE DE QUE EL SENTENCIADO SE ACOJA A ALGÚN SUSTITUTIVO DE LA PENA DE PRISIÓN O AL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE SU EJECUCIÓN.’ (se transcribe)."
El criterio sustentado en las referidas ejecutorias, dieron origen a la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIII, febrero de 2006
"Tesis: I.3o.P. J/17
"Página: 1742
"SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. SU EFECTIVIDAD NO DEPENDE DE QUE EL SENTENCIADO SE ACOJA A ALGÚN SUSTITUTIVO DE LA PENA DE PRISIÓN O AL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE SU EJECUCIÓN. Si bien es cierto que la Sala responsable, en términos de los artículos 38, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, primer párrafo, 57, fracción I y 58 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, confirmó la suspensión de los derechos políticos del quejoso, también lo es que de manera incorrecta asentó que ésta quedaría sin efectos en caso de que el peticionario de garantías se acoja al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Lo anterior es así, porque de conformidad con los citados artículos 57, fracción I y 58 del aludido Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, la suspensión de los derechos políticos se considera una consecuencia de la pena de prisión, que en el caso se impuso al sentenciado, la cual contará a partir de que cause ejecutoria la sentencia condenatoria y concluirá cuando se extinga la pena de prisión impuesta en ella; en esa virtud, la Sala responsable no debió supeditar dicha suspensión a que el sentenciado ingrese o no a prisión, pues la ley aplicable no distingue, que su efectividad dependa o no de que el sentenciado se acoja a algún sustitutivo de ella o al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ya que optar por lo anterior, no significa que desaparezca la pena de prisión, pues ésta deberá cumplimentarse como lo determinó la Sala sentenciadora."
CUARTO. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los amparos directos penales 2419/2005, 2849/2005, 2979/2005 y 3629/2005, realizó las consideraciones que, en lo conducente, a continuación se reproducen:
a) Amparo directo 2419/2005, interpuesto por ... resuelto el doce de septiembre de dos mil cinco:
"Por lo que se refiere a la suspensión de los derechos políticos del sentenciado ... debe decirse que fue correcta la decisión del tribunal de alzada en modificar la sentencia de primer grado para puntualizar que tal suspensión únicamente debería ser para el caso de que el sentenciado compurgara la pena de prisión impuesta y por el tiempo de duración de ésta, siendo correcta también la imposición de dicha sanción por ser una consecuencia de la pena de prisión impuesta conforme a lo dispuesto por el artículo 38, fracción II, constitucional."
b) Amparo directo 2849/2005, interpuesto por ... resuelto el veintiocho de octubre de dos mil cinco:
"Respecto de la suspensión de los derechos políticos del sentenciado, previsto en el artículo 35 constitucional, es correcta, toda vez que las prerrogativas del ciudadano se suspenden, entre otras causas, por estar sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena corporal, a partir de la fecha en que se dicte auto de formal prisión, durante la extinción de una sanción privativa de libertad, y por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión, de conformidad con el numeral 38, fracciones II, III y VI, de la Carta Magna; de ahí que la suspensión de los derechos políticos del inconforme es una consecuencia directa de la pena de prisión impuesta y, por ello, la condena en ese sentido es legal. En ese orden de ideas, fue correcto el actuar del Magistrado responsable en modificar la sentencia de primer grado y señalar que la suspensión de derechos políticos y la supervisión del sentenciado por parte de la autoridad ejecutora serán aplicables si el aquí quejoso no se acoge al sustitutivo de la pena de prisión por multa que le fue concedido, en virtud de que al cubrirse ésta queda satisfecha su obligación procesal para con el Estado."
c) Amparo directo 2979/2005, interpuesto por ... resuelto el veintiocho de octubre de dos mil cinco:
"Finalmente, resulta apegado a derecho que la autoridad responsable tuviera por suspendidos los derechos políticos del sentenciado previstos en los artículos 57, fracción I y 58 del nuevo código represivo, por ser ésta una consecuencia necesaria de la pena de prisión impuesta. Asimismo, este Tribunal Colegiado comparte el criterio sustentado por los Magistrados integrantes de la Sala responsable en el sentido de que si el sentenciado se acoge al sustitutivo de la pena de prisión por multa otorgado, la suspensión de derechos políticos quedará sin efecto; ello en razón de que conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 38 constitucional, la suspensión de dichos derechos será durante la extinción de una pena corporal; asimismo, la fracción I del numeral 57 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, dispone que tal suspensión se impone como consecuencia necesaria de la pena de prisión; preceptos de los que se desprende que la suspensión de derechos políticos es de naturaleza accesoria y no autónoma, ello independientemente de que se encuentre dentro del catálogo de penas que se pueden imponer por la comisión de delitos, pues el precepto 30 del código adjetivo en cita, sólo hace una relación taxativa de las penas que pueden imponerse, mas no hace una precisión en cuanto a que éstas sean de naturaleza autónoma. Ahora bien, una vez precisado que la naturaleza jurídica de la suspensión de derechos políticos es accesoria, debe procederse a determinar si la pena de prisión se extingue al momento de que el sentenciado se acoge al sustitutivo de la pena de prisión por multa. Al respecto, es de mencionarse que si bien dentro de las causas de extinción de las penas no se encuentra la ‘sustitución de la pena de prisión’, lo cierto es que si atendemos al criterio sustentado por nuestro Máximo Tribunal, en el sentido de que la palabra sustituir, no solamente en el lenguaje jurídico, significa cambiar una cosa por otra; es decir, tratándose de la pena, se refiere al cambio de la naturaleza de una sanción privativa de libertad por una de tipo económico y esta transmutación lleva consigo forzosamente la desaparición de la pena original y, por tanto, si la pena de prisión ha desaparecido, no existe ningún dispositivo ni institución jurídica en virtud de la cual pueda volver a cobrar vida; de ahí que al acogerse el sentenciado a la sustitución de la pena privativa de libertad por multa y cubrir el monto de ésta, es obvio que la pena de prisión desaparece y, por tanto, al no existir pena de prisión no puede haber parámetro para la aplicación de la suspensión de derechos políticos, pues conforme a lo previsto en la parte final del precepto 58 del código punitivo, dicha suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y concluirá cuando se extinga la pena de prisión; por tanto, si la pena de prisión desaparece con motivo de la sustitución de ésta por multa, resulta lógico que la suspensión de derechos políticos quede sin efectos, pues de considerar lo contrario se llegaría al absurdo de condenar a la suspensión de derechos políticos cuando la pena impuesta fuera de naturaleza pecuniaria, situación que no se encuentra prevista constitucionalmente. Sirve de apoyo al respecto el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 235017, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 115-120, Segunda Parte, visible en la página 109, bajo el rubro y texto: ‘SUSTITUCIÓN DE SANCIONES, NATURALEZA DE LA. Es un error generalizado interpretar que la sustitución de la pena de prisión por multa, implica que de no cubrirse ésta en un plazo determinado, nuevamente podrá cambiarse la naturaleza de la sanción, convirtiéndola otra vez en privativa de la libertad. Efectivamente, la palabra sustituir, no solamente en el lenguaje jurídico, significa cambiar una cosa por otra; es decir, tratándose de la pena, se refiere al cambio de la naturaleza de una sanción privativa de la libertad por una de tipo económico y esta transmutación lleva consigo forzosamente la desaparición de la pena original. Ahora bien, si la pena de prisión ha desaparecido, no existe ningún dispositivo ni institución jurídica en virtud de la cual pueda volver a cobrar vida, aun cuando el reo no llegue a pagar la multa impuesta, en cuyo caso la ley prevé la forma en que las autoridades fiscales correspondientes pueden utilizar los procedimientos adecuados para hacerla efectiva en favor del Estado.’."
d) Amparo directo 3629/2005, interpuesto por ... resuelto el trece de enero de dos mil seis:
"Asimismo, fue acertado que la Magistrada responsable ordenara la suspensión de los derechos políticos al aquí quejoso, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 57, fracción I, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, tal sanción de índole administrativo es una consecuencia necesaria de la pena de prisión impuesta. En ese orden de ideas, también fue correcto el actuar de dicha Magistrada en confirmar la sentencia de primer grado, en el aspecto relativo a que dicha suspensión de derechos políticos quedará sin efectos en caso de que el aquí quejoso se acoja al sustitutivo de la pena de prisión por multa que le fue concedido, en virtud de que al cubrirse ésta queda satisfecha su obligación procesal para con el Estado. Lo anterior es así, en virtud que si bien es cierto que dentro de las causas de extinción de las penas no se encuentra la ‘sustitución de la pena de prisión’, lo cierto es que si atendemos al criterio sustentado por nuestro Máximo Tribunal en el sentido de que la palabra sustituir no solamente en el lenguaje jurídico significa cambiar una cosa por otra, es decir, tratándose de la pena se refiere al cambio de la naturaleza de una sanción privativa de libertad por una de tipo económico, y esta transmutación lleva consigo forzosamente la desaparición de la pena original y, por tanto, si la pena de prisión ha desaparecido, no existe ningún dispositivo ni institución jurídica en virtud de la cual pueda volver a cobrar vida; de ahí que al acogerse el sentenciado a la sustitución de la pena privativa de libertad por multa y cubrir el monto de ésta, es obvio que la pena de prisión desaparece y, por tanto, al no existir dicha pena no puede haber parámetro para la aplicación de la suspensión de derechos políticos, pues conforme a lo previsto en la parte final del ordinal 58 del código punitivo, dicha suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y concluirá cuando se extinga la pena de prisión; por tanto, si la pena de prisión desaparece con motivo de la sustitución por multa, resulta lógico que la suspensión de derechos políticos quede sin efectos, ya que de considerar lo contrario se llegaría al absurdo de condenar a la suspensión de derechos políticos cuando la pena impuesta fuera de naturaleza pecuniaria."
QUINTO. Como cuestión previa a cualquier otra, debe establecerse si en el caso, efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ha estimado que para que exista materia sobre la cual pronunciarse, esto es, para que se pueda dilucidar cuál tesis debe prevalecer en un caso determinado de contradicción, debe existir cuando menos formalmente una oposición de criterios jurídicos respecto de una misma situación jurídica; asimismo, que para que se surta la procedencia de la contradicción, la oposición debe suscitarse entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.
En otros términos, se da la contradicción cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Lo anterior ha sido establecido en la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Conforme a lo anterior, debe establecerse si en el caso existe oposición entre los criterios denunciados.
A. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los amparos directos penales 2223/2005, 3153/2005, 3423/2005, 3753/2005 y 163/2006, consideró que de conformidad con los artículos 57, fracción I y 58 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, la suspensión de los derechos políticos se considera una consecuencia de la pena de prisión, la cual contará a partir de que cause ejecutoria la sentencia condenatoria y concluirá cuando se extinga la pena de prisión impuesta en ella; por lo que no debe supeditarse la suspensión de derechos políticos a que el sentenciado ingrese o no a prisión, pues la ley aplicable no prevé que su efectividad dependa o no de que el sentenciado se acoja a algún sustitutivo de la pena o al beneficio de la suspensión condicional de su ejecución, ya que optar por lo anterior, no significa que desaparezca la pena de prisión.
El criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quedó contenido en la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIII, febrero de 2006
"Tesis: I.3o.P. J/17
"Página: 1742
"SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. SU EFECTIVIDAD NO DEPENDE DE QUE EL SENTENCIADO SE ACOJA A ALGÚN SUSTITUTIVO DE LA PENA DE PRISIÓN O AL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE SU EJECUCIÓN. Si bien es cierto que la Sala responsable, en términos de los artículos 38, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, primer párrafo, 57, fracción I y 58 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, confirmó la suspensión de los derechos políticos del quejoso, también lo es que de manera incorrecta asentó que ésta quedaría sin efectos en caso de que el peticionario de garantías se acoja al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Lo anterior es así, porque de conformidad con los citados artículos 57, fracción I y 58 del aludido Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, la suspensión de los derechos políticos se considera una consecuencia de la pena de prisión, que en el caso se impuso al sentenciado, la cual contará a partir de que cause ejecutoria la sentencia condenatoria y concluirá cuando se extinga la pena de prisión impuesta en ella; en esa virtud, la Sala responsable no debió supeditar dicha suspensión a que el sentenciado ingrese o no a prisión, pues la ley aplicable no distingue, que su efectividad dependa o no de que el sentenciado se acoja a algún sustitutivo de ella o al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ya que optar por lo anterior, no significa que desaparezca la pena de prisión, pues ésta deberá cumplimentarse como lo determinó la Sala sentenciadora."
B. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los amparos directos penales 2419/2005, 2849/2005, 2979/2005 y 3629/2005, estimó que la suspensión de derechos políticos queda sin efecto cuando el sentenciado se acoge a algún sustitutivo de la pena de prisión; ello, en razón de que conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 38 constitucional, la suspensión de dichos derechos se da durante la extinción de una pena corporal; asimismo, la fracción I del artículo 57 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, dispone que tal suspensión se impone como una consecuencia necesaria de la pena de prisión, preceptos de los que se desprende que la suspensión de derechos políticos es de naturaleza accesoria.
Que si bien es cierto que dentro de las causas de extinción de las penas no se encuentra la "sustitución de la pena de prisión", lo cierto es que atendiendo al criterio sustentado por el Máximo Tribunal en el sentido de que la palabra sustituir en el lenguaje jurídico, no sólo significa cambiar una cosa por otra, por lo que tratándose de la sustitución de la pena, comprende el cambio de naturaleza de la misma, así la transmutación de una sanción privativa de la libertad por una de tipo económico, lleva consigo forzosamente la desaparición de la pena original, por lo que si la pena de prisión desaparece, no puede haber parámetro para la aplicación de la suspensión de derechos políticos.
Que conforme a la parte final del artículo 58 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, la suspensión de derechos políticos comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y concluirá cuando se extinga la pena de prisión, por lo que si la pena de prisión desaparece con motivo de su sustitución, la suspensión de derechos políticos queda sin efectos, ya que de considerar lo contrario, se llegaría al extremo de condenar a la suspensión de derechos políticos cuando la pena impuesta fuera de naturaleza pecuniaria, situación que no se encuentra prevista constitucionalmente.
Así las cosas, esta Primera Sala considera que sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues al emitir los referidos órganos colegiados sus criterios, examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adoptan criterios discrepantes, los cuales provienen del examen de los mismos elementos, como a continuación se apreciará:
1. Al resolver los asuntos que se confrontan, los mencionados tribunales examinan una cuestión jurídica igual, consistente en determinar si la suspensión de derechos políticos como consecuencia de la pena de prisión, queda sin efecto cuando el sentenciado se acoge a algún sustitutivo de la pena de prisión.
2. Existe discrepancia de criterios en las consideraciones e interpretaciones jurídicas de las sentencias pronunciadas por los referidos Tribunales Colegiados al resolver los asuntos de referencia, pues mientras, por una parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito estima que no debe supeditarse la suspensión de derechos políticos a que el sentenciado ingrese o no a prisión, pues la ley aplicable no prevé que su efectividad dependa o no de que el sentenciado se acoja a algún sustitutivo de la pena o al beneficio de la suspensión condicional de su ejecución, ya que optar por ello, no implica la desaparición de la pena de prisión; por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito considera que la suspensión de derechos políticos queda sin efecto cuando el sentenciado se acoge a algún sustitutivo de la pena de prisión, toda vez que tal sustitución comprende el cambio de naturaleza de la misma, lo cual lleva consigo forzosamente la desaparición de la pena original, por lo que si la pena de prisión desaparece, no puede haber parámetro para la aplicación de la suspensión de derechos políticos.
3. También se advierte que los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues los referidos Tribunales Colegiados examinaron el problema desde el mismo punto de vista, esto es, a partir de la interpretación de los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19844-4cd4c13e/suspension-de-derechos-politicos-al-ser-una-sancion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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