SOBRESEIMIENTO POR INACTIVIDAD PROCESAL EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. PUEDE DECRETARSE HASTA ANTES DE QUE SE LISTE EL ASUNTO PARA SESIÓN, AUN CUANDO SE HAYA EMITIDO EL AUTO DE TURNO A PONENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 132/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
CONSIDERANDO QUE:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo tema no requiere la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197 de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.
TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto.
I. Las consideraciones del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito al resolver el juicio de amparo directo laboral 88/2004, en lo que interesan, son:
"CUARTO. Previamente a analizar la legalidad o ilegalidad del laudo impugnado, así como de los conceptos de violación que hace valer la quejosa, se procederá a dar contestación al escrito que presentó la parte tercero perjudicado de diecinueve de enero del año en curso, que obra a foja 47 del juicio de amparo, en donde plantea la caducidad de la instancia en perjuicio de la impetrante de garantías; lo que resulta improcedente, conforme a lo que se señala a continuación.
"La figura de la caducidad de la instancia por inactividad procesal tuvo su origen en el rezago que existía, primero en la Suprema Corte Justicia de la Nación y después en los Tribunales Colegiados; constituyó, por tanto, ‘una medida’ para evitar que se acumularan indefinidamente los asuntos en los tribunales.
"Ciertamente, al incrementarse exorbitantemente el número de negocios, se hacía palpable resolver solamente aquellos pendientes de sentencia, en donde se vislumbrara el interés del gobernado (los demás a lo mejor ya habían muerto, quizá con la esperanza de que algún día se resolviera su asunto; otros por el excesivo tiempo transcurrido, la habían perdido; o, inclusive, por la misma razón había desaparecido la causa que originó el conflicto).
"En esas condiciones, también resulta obvio que existiera la necesidad por parte del gobernado de exigirle al Estado que cumpliera con su deber de impartir justicia, pues éste había sido rebasada en su capacidad para ello, ante la multiplicidad de los asuntos y el número limitado de órganos jurisdiccionales.
"Antes, como hoy, sigue siendo de interés público la expedición de justicia, en donde los involucrados tienen que cumplir cabalmente con todas sus obligaciones para ese cometido: los particulares poniendo en marcha al órgano jurisdiccional hasta dejar el asunto en estado de sentencia, y los órganos jurisdiccionales, decidiendo en todo momento los conflictos sometidos a su consideración de acuerdo con la competencia, facultades, formas y procedimientos que la propia ley establece en cada caso particular, sin que pueda entenderse actualmente, conforme al máximo esfuerzo realizado por las autoridades del país en la materia, que en el caso de que no se emita la resolución en el término que legalmente procede, ello por sí solo implica falta de interés de que el asunto se resuelva, pues independientemente que éste ha quedado de manifiesto desde la promoción de la demanda hasta dejar el asunto apto para su resolución, es contradictorio negar esa falta de interés cuando inclusive al gobernado de manera insistente, aun cuando ya se ha declarado la caducidad, se duele de esa falta de resolución del asunto que originó el conflicto y que motivó en su caso el juicio de amparo por considerar que se transgredían en su perjuicio sus garantías constitucionales.
"En efecto, hoy todavía no están suficientemente dadas las condiciones para estimar cubiertas la demanda de órganos jurisdiccionales que se requieren, pues faltan más Juzgados de Distritos y Tribunales Unitarios y Colegiados, ante el incremento de la población y, en consecuencia, de los asuntos; pero sobre todo, por el aumento de los mismos ante la plena confianza que tiene el gobernado en la Justicia Federal.
"No obstante lo anterior, el esfuerzo permanente y cotidiano realizado por la Suprema Corte Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal desde su creación, a fin de garantizar el derecho de los justiciables para que se les administre justicia pronta, completa, imparcial y previsible, sin que se privilegie cualquier otro interés, mediante acuerdos plenarios y criterios que propician su accesibilidad, así como la expansión de órganos jurisdiccionales y el nombramiento de más Jueces y Magistrados, obliga a realizar una interpretación restrictiva de todas las disposiciones legales que puedan implicar un obstáculo para ello, y dejar atrás cualquier criterio contrario, como el que imperaba ante las dificultades expuestas, sabedores los órganos de administración de justicia del Poder de la Federación de la alta responsabilidad social que tienen ante los justiciables y el Estado mexicano.
"En consecuencia, los órganos de administración de justicia, sin rebasar el contenido de la ley, para hacer patente en todo momento la garantía constitucional prevista en el artículo 17 de la Carta Magna, relativa a que toda persona tiene derecho a que se le administre una justicia pronta, completa e imparcial debe de formular y adoptar criterios que permitan cumplir con esas exigencias, en las que están interesados todos lo involucrados, en particular los impartidores de justicia; sin dejar de reconocer que esta tarea se dificulta, aun cuando es palpable los esfuerzos realizados ante el incremento de los litigios en los órganos de jurisdiccionales federales (sic). Sin soslayar que actualmente los juzgadores del Poder Judicial de la Federación tienen como directrices de su función jurisdiccional los cinco principios que contempla el artículo 100, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia.
"En ese orden de ideas y concretándonos al tema que motivó a la reflexión, la mayoría de este Tribunal Colegiado estima que es improcedente sobreseer por caducidad, por las particularidades del caso que se desarrollaran más adelante, en razón de que el sobreseimiento estaría en pugna con los principios más elementales de justicia, en particular a su accesibilidad, toda vez que con ello se sancionaría la inactividad de los interesados, sin culpa alguna de su parte en la consumación del término fijado para la caducidad.
"En efecto, el artículo 184 de la Ley de Amparo, prevé: (se transcribe).
"Por su parte, el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en particular, en su fracción II, establece: (se transcribe).
"De lo antes transcrito se aprecia, en primer lugar, que el quehacer a que refieren los invocados preceptos, corresponden exclusivamente al tribunal, pero lo más connotable, que una vez que el presidente turna el expediente al Magistrado relator, éste tiene la obligación de formular el proyecto de resolución; asimismo, que el auto de turno tiene efectos de citación para sentencia, la que debe pronunciarse dentro de los quince días siguientes.
"En esas condiciones, resulta improcedente decretar la caducidad de la instancia en los casos en que se ha dejado de actuar durante el término de trescientos días o más, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando el asunto se encuentra en estado de dictar sentencia, precisamente por haber cesado la obligación de las partes de impulsar el procedimiento, pues en la especie únicamente subsiste el deber del tribunal de emitir el fallo correspondiente, dentro del término establecido por la fracción II del aludido artículo 184.
"Ahora bien, pudiera pensarse que todavía posterior a ese acto procesal de turno existen dos más, como el listado de los asuntos a que se refiere el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, lo que deberá hacerse con tres días de anticipación a la sesión, y el correspondiente a la propia sesión, donde se resuelven los asuntos por unanimidad o mayoría de votos de los integrantes del Tribunal Colegiado, como lo refiere el artículo 35 del precitado ordenamiento; empero, dichos actos son propios del órgano jurisdiccional y no de las partes; por lo que en ese sentido de ninguna manera puede ser imputable a ellos el no acatamiento de las disposiciones referidas, con independencia de lo que establece categóricamente la fracción V del invocado artículo 74 de la Ley de Amparo, cuando el asunto ya está listado.
"Así las cosas, si el expediente de que se trata (88/2004), revela que hasta antes de que se turnara el expediente al Magistrado relator no transcurrió el término aludido, resulta obvio, por las razones indicadas, que no prospera la caducidad alegada."
El Tribunal Colegiado referido resolvió los juicios de amparo directo 137/2004 y 298/2004, utilizando las mismas consideraciones.
II. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 1281/2004, en lo que a este fallo interesa, resolvió:
"SEGUNDO. Es innecesario hacer el cómputo respectivo en relación con la oportunidad en la presentación de la demanda de garantías, constatar la existencia del acto reclamado y transcribir la sentencia combatida en este asunto, así como los conceptos de violación propuestos en su contra, en razón de lo siguiente:
"El artículo 74, fracción V, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dispone: (se transcribe).
"En el caso, en acuerdo de uno de octubre de dos mil cuatro, la presidencia de este Tribunal Colegiado turnó el asunto a ponencia, el cual se notificó el cuatro siguiente.
"Con posterioridad, el cuatro de agosto de dos mil cinco, el Magistrado ponente emitió dictamen, que dice:
"‘Del estudio de las constancias con el fin de proponer el proyecto de resolución correspondiente, se desprende lo siguiente: El amparo lo promueve Afore Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de parte demandada en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado. Por acuerdo de uno de octubre de dos mil cuatro la presidencia de este Tribunal Colegiado turnó a mi ponencia el expediente de amparo relativo, proveído que se notificó por lista el cuatro de los mismos mes y año, la que surtió efectos al día hábil siguiente. Ahora bien, como del cinco de octubre del año en cita, día posterior al en que surtió efectos la notificación que constituye la aludida actuación judicial a la fecha, han transcurrido más de trescientos días, incluidos los inhábiles, y no se advierte de autos promoción de la parte quejosa que pudiese interrumpir el término que señala el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, para que se actualice la figura jurídica de sobreseimiento por inactividad procesal, solicito se haga constar si con posterioridad a la última fecha señalada se presentó promoción por la quejosa en el juicio de garantías en cuestión, y de no haberla, se asiente la certificación que corresponda.’
"En atención a ese dictamen, el secretario de Acuerdos de este Tribunal Colegiado, previo el acuerdo de presidencia respectivo, asentó la certificación siguiente:
"‘En la ciudad de Saltillo, Coahuila, el licenciado Mario Andrés Ayala Quijano, secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad de Saltillo, Coahuila, hace constar y certifica que conforme a los libros de correspondencia que se llevan en este órgano, en el periodo comprendido del seis de octubre de dos mil cuatro al cuatro de agosto del año en curso, no se recibió promoción alguna por la parte quejosa en el presente juicio de amparo en directo 1281/2004, del índice de este Tribunal Colegiado, ni tampoco se encuentra pendiente ninguna de acordar en la secretaría de Acuerdos, lo anterior se hace constar para los efectos legales a que haya lugar a los ocho días del mes de agosto de dos mil cinco. Doy fe.’
"Y, finalmente, el ocho de agosto de dos mil cinco se acordó, en lo que interesa:
"‘... con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dése vista a la parte impetrante por el término de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación que se le haga, a fin de que manifieste si presentó ante este órgano colegiado promoción alguna en este asunto en el citado periodo; y de ser así, para que exhiba las constancias que acrediten lo anterior, ello para los efectos a que se refiere la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, y para los efectos legales a que haya lugar.’
"Dicho acuerdo se notificó a la parte quejosa el once de agosto de dos mil cinco, quien mediante escrito de fecha quince de agosto siguiente manifestó:
"‘H. Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. Presente. Lic. José Moreno Reyna, apoderado del quejoso en el juicio de amparo, ambos expedientes al epígrafe identificados, comparezco y expongo que: Solicito se dicte sentencia. Por lo expuesto pido: Único. Se acuerde de conformidad este ocurso. Protesto lo necesario. Saltillo, Coahuila, a 15 de agosto del 2005. Lic. José Moreno Reyna.’
"Bajo ese tenor, como del seis de octubre de dos mil cuatro, posterior al en que surtió efectos la notificación del acuerdo de turno ya referido, al diez de agosto de dos mil cinco, han transcurrido más de trescientos días, incluidos los inhábiles, y no hay promoción de la parte quejosa, es claro que operó la figura jurídica contemplada en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, de manera que lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías que nos ocupa, por inactividad procesal.
"Apuntala lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecisiete del Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de texto:
"‘CADUCIDAD. DENTRO DEL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DEBEN INCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.’ (se transcribe).
"Así como la diversa de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leíble en la página doscientos cuatro del Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor:
"‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE COMPUTARSE EL TÉRMINO.’ (se transcribe).
"No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional las manifestaciones realizadas por la impetrante del amparo, las cuales ya quedaron transcritas en líneas atrás, y al respecto cabe precisar que tales argumentos no impiden que este asunto se resuelva de esta manera, pues, en términos de los artículos 374, fracción IV y 375, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la figura de la inactividad procesal se consuma por el simple transcurso del tiempo, es decir, opera de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, a partir de la notificación del asunto de turno a ponencia, y sobre la circunstancia de que a juicio del quejoso ya no hubiera trámite pendiente y que por eso esperó al dictado del fallo, cabe responder que la demora en el dictado de las resoluciones se debe a la excesiva carga de trabajo que pesa sobre este Tribunal Colegiado y ello no libera al interesado de su obligación de promover y revelar su interés en la resolución de su asunto, situación que no aconteció en la especie; aún más, las promociones o actuaciones posteriores al término transcurrido para la figura jurídica de inactividad procesal ya no la interrumpen.
"Es aplicable la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos catorce del 214, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘CADUCIDAD, TÉRMINO PARA LA. TRANSCURRIDO, NO LA INTERRUMPEN PROMOCIONES O ACTUACIONES JUDICIALES POSTERIORES.’ (se transcribe).
"Resta decir que este Tribunal Colegiado no pretende esquivar la responsabilidad del dictado de la sentencia correspondiente en el amparo directo que nos ocupa; mas, como ya se vio, la figura jurídica del sobreseimiento por inactividad procesal está prevista en la Ley de Amparo, en específico en su artículo 74, fracción V, párrafo primero, de ahí que si la carga de trabajo que soporta este órgano jurisdiccional impidió resolver este juicio de amparo antes de que se cumpliera el plazo de trescientos días, sin que la parte quejosa hubiera mostrado interés en impulsar el curso del asunto, lo cual era su obligación en términos de la tesis que se transcribirá posteriormente, entonces se debe atender al contenido de tal numeral con la consecuencia ya señalada.
"La tesis a que se hizo alusión es de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta del tomo 205-216, Tercera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de texto:
"‘SOBRESEIMIENTO POR CADUCIDAD. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe).
"Finalmente, cabe destacar que desde el ocho de abril de dos mil cinco (es decir, mucho antes de que empezara a actualizarse la figura del sobreseimiento por inactividad procesal en los asuntos de la incumbencia de este tribunal), previo acuerdo del Pleno, se fijaron en los estrados, en la lista de actuaría y en la secretaría de acuerdos, varios tantos del aviso dirigido a litigantes y partes interesadas que dice, en lo conducente:
"‘Se hace del conocimiento de los litigantes y público en general, que con motivo de las excesivas cargas de trabajo que enfrenta este órgano jurisdiccional, no ha sido posible resolver los asuntos cuya competencia nos corresponde en los términos que marca la ley, no obstante el esfuerzo realizado para ello, por tanto, con efecto meramente informativo, se destaca que en breve iniciará a operar la figura jurídica de la caducidad de la instancia o sobreseimiento, ambos por inactividad procesal, que contemplan los artículos 107, fracción XIV, constitucional y 74, fracción V, de la Ley de Amparo ... Saltillo, Coahuila, abril ocho de dos mil cinco.’."
El mismo Tribunal Colegiado, al resolver el juicio de amparo directo 1614/2004, en lo que interesa, señaló:
"SEGUNDO. Es innecesario hacer el cómputo respectivo en relación con la oportunidad en la presentación de la demanda de garantías, constatar la existencia del acto reclamado en ella y transcribir la sentencia reclamada en este asunto, así como los conceptos de violación propuestos en su contra, en razón de lo siguiente:
"El artículo 74, fracción V, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dispone: (se transcribe).
"En primer término, cabe señalar que atendiendo a que el amparo lo promueve Infraestructuras, Sociedad Anónima de Capital Variable, parte demandada en el juicio ordinario mercantil 687/2003, relativo a la acción de cumplimiento de contrato del que emana el acto reclamado, no se actualiza alguno de los supuestos de exclusión previstos en el artículo antes transcrito, lo que implica sea dable analizar si opera la figura del sobreseimiento por inactividad procesal.
"En acuerdo de tres de diciembre de dos mil cuatro, la presidencia de este Tribunal Colegiado turnó el asunto a ponencia, el cual se notificó el seis siguiente.
"Con posterioridad, el cuatro de octubre de dos mil cinco, el Magistrado ponente emitió dictamen, que dice:
"‘Del estudio de las constancias con el fin de proponer el proyecto de resolución correspondiente, se desprende lo siguiente: El amparo lo promueve Infraestructuras, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de parte demandada en el juicio civil del que deriva el acto reclamado. Por acuerdo de tres de diciembre de dos mil cuatro la presidencia de este Tribunal Colegiado turnó a mi ponencia el expediente de amparo relativo, proveído que se notificó por lista el seis siguiente, la que surtió efectos al día hábil siguiente, es decir, el siete. Ahora bien, como del ocho de diciembre del año en cita, día posterior al en que surtió efectos la notificación referida en el párrafo anterior, la cual constituye la última actuación judicial, a la fecha, han transcurrido más de trescientos días, incluidos los inhábiles, y no se advierte de autos promoción de la parte quejosa que pudiese interrumpir el término que señala el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, para que se actualice la figura jurídica de sobreseimiento por inactividad procesal. En ese tenor, solicito se haga constar si con posterioridad al ocho de diciembre de dos mil cuatro se presentó promoción por la quejosa en el juicio de garantías en cuestión, y de no haberla, se asiente la certificación que corresponda.’
"En atención a ese dictamen, el secretario de Acuerdos de este Tribunal Colegiado, previo el acuerdo de presidencia respectivo, asentó la certificación siguiente:
"‘En la ciudad de Saltillo, Coahuila, el licenciado Mario Andrés Ayala Quijano, secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad de Saltillo, Coahuila, hace constar y certifica que: conforme a los libros de correspondencia que se llevan en este órgano en el periodo comprendido del ocho de diciembre de dos mil cuatro, al cuatro de octubre de dos mil cinco, no se recibió promoción alguna por la parte quejosa en el presente juicio de amparo directo 1614/2004, del índice de este Tribunal Colegiado, asimismo, que tampoco se encuentra pendiente ninguna de acordar en la secretaría de Acuerdos; sin embargo, la parte tercero perjudicado presentó promoción el seis de enero pasado, en el cual pide que se le expidan a su costa copias certificadas en el presente asunto. Lo anterior se hace constar para los efectos legales a que haya lugar a los seis días del mes de octubre de dos mil cinco. Doy fe.’
"Y, finalmente, el seis de octubre de dos mil cinco se acordó en lo que interesa:
"‘... con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dése vista a la parte impetrante por el término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación que se le haga, a fin de que manifieste si presentó ante este órgano colegiado promoción alguna en este asunto en el citado periodo, y de ser así exhiba las constancias que acrediten lo anterior; ello para los efectos a que se refiere la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, y para los efectos legales a que haya lugar.’
"Dicho acuerdo se notificó a la parte quejosa el catorce de octubre de dos mil cinco, sin que haya evacuado la vista que se le dio en él, y el veintiuno de octubre siguiente se reintegró a la ponencia este asunto.
"Bajo ese tenor, como del ocho de diciembre de dos mil cuatro, día posterior al en que surtió efectos la notificación del acuerdo de turno ya referido, la cual constituye la última actuación judicial realizada en este amparo directo, al cuatro de octubre de dos mil cinco, han transcurrido más de trescientos días, incluidos los inhábiles, y no hay promoción de la parte quejosa, es claro que operó la figura jurídica contemplada en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, de manera que lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías que nos ocupa, por inactividad procesal.
"Apuntala lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecisiete del Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de texto:
"‘CADUCIDAD. DENTRO DEL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DEBEN INCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.’ (se transcribe).
"Así como la diversa de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leíble en la página doscientos cuatro del Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor:
"‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE COMPUTARSE EL TÉRMINO.’ (se transcribe).
"No pasa inadvertido que el seis de enero del año en curso, se recibió en este Tribunal Colegiado promoción signada por el licenciado Santos Raúl Carral Moncada, en su carácter de apoderado jurídico de Equipos y Servicios de Saltillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, tercera perjudicada en el juicio de amparo directo de que se trata, mediante la cual solicitó se le expidiera copia de diversas actuaciones del juicio natural, la cual se acordó favorablemente en ese mismo día, haciéndosele entrega de las mismas el trece posterior.
"Sin embargo, dichas actuaciones no interrumpen el plazo para la configuración del sobreseimiento por inactividad procesal, en tanto que no son las promociones a que se refiere la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, pues no provienen de la parte interesada en que subsista el asunto, o sea, la quejosa.
"Es aplicable la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos treinta y siete del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que dice:
"‘SOBRESEIMIENTO POR INACTIVIDAD PROCESAL. PROMOCIONES DEL TERCERO PERJUDICADO NO INTERRUMPEN EL TÉRMINO.’ (se transcribe).
"Resta decir que este Tribunal Colegiado no pretende esquivar la responsabilidad del dictado de la sentencia correspondiente en el amparo directo que nos ocupa; mas, como ya se vio, la figura jurídica del sobreseimiento por inactividad procesal está prevista en la Ley de Amparo, en específico en su artículo 74, fracción V, párrafo primero, de ahí que si la carga de trabajo que soporta este órgano jurisdiccional impidió resolver este juicio de amparo antes de que se cumpliera el plazo de trescientos días, sin que la parte quejosa hubiera mostrado interés en impulsar el curso del asunto, lo cual era su obligación en términos de la tesis que se transcribirá posteriormente, entonces se debe atender al contenido de tal numeral con la consecuencia ya señalada.
"La tesis a que se hizo alusión es de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta del tomo 205-216, Tercera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de texto:
"‘SOBRESEIMIENTO POR CADUCIDAD. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe).
"Finalmente, cabe destacar que desde el ocho de abril de dos mil cinco (es decir, mucho antes de que empezara a actualizarse la figura del sobreseimiento por inactividad procesal en los asuntos de la incumbencia de este tribunal), previo acuerdo del Pleno, se fijaron en los estrados, en la lista de actuaría y en la secretaría de Acuerdos, varios tantos del aviso dirigido a litigantes y partes interesadas que dice, en lo conducente:
"‘Se hace del conocimiento de los litigantes y público en general, que con motivo de las excesivas cargas de trabajo que enfrenta este órgano jurisdiccional, no ha sido posible resolver los asuntos cuya competencia nos corresponde en los términos que marca la ley, no obstante el esfuerzo realizado para ello, por tanto, con efecto meramente informativo, se destaca que en breve iniciará a operar la figura jurídica de la caducidad de la instancia o sobreseimiento, ambos por inactividad procesal, que contemplan los artículos 107, fracción XIV, constitucional y 74, fracción V, de la Ley de Amparo ... Saltillo, Coahuila, abril ocho de dos mil cinco.’."
CUARTO. Análisis de la existencia de la contradicción de criterios. Previo al análisis de la cuestión fundamental de este fallo, resulta necesario determinar si en la especie se actualizan o no los presupuestos para la procedencia de una contradicción de criterios para, en su caso, estar en aptitud de establecer el criterio que prevalecerá con el carácter de jurisprudencia.
El Tribunal Pleno ha sostenido(1) que de la interpretación armónica de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, se puede establecer que para la existencia de un conflicto de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tendrá por objeto, en su caso, decidir qué tesis debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Al resolver los negocios jurídicos, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) La diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
En el caso concreto se acreditan los extremos señalados, ya que los Tribunales Colegiados involucrados estudiaron la misma cuestión jurídica, esto es, la relativa al sobreseimiento por causa de inactividad procesal en los juicios de amparo directos; tomaron en cuenta similares elementos y, al resolver, llegaron a conclusiones opuestas.
I. El Tribunal Colegiado del Vigésimo Q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19889-fe8e5e8a/sobreseimiento-por-inactividad-procesal-en-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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