ACCIÓN DE OBJECIÓN AL PAGO DE CHEQUE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL ACTOR CUANDO ALEGA LA NOTORIEDAD DE LA FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 193/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito que versan sobre la materia civil, que es una de las materias de especialización de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que fue uno de los órganos jurisdiccionales que sostuvo uno de los criterios en posible contradicción, de forma que se encuentra facultado para ello de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo civil 442/2002, en sesión del quince de agosto de dos mil dos, sostuvo lo siguiente:
"La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el título I, ‘De los títulos de crédito’, capítulo IV, ‘Del cheque’, sección 1a. ‘Del cheque en general’, dispone en el artículo 194, lo siguiente: (se transcribe). Del primer párrafo de dicho precepto se desprende que el librador no puede invocar la alteración de la cantidad por la que el cheque fue expedido, o la falsificación de la firma del librador, si el librador ha dado lugar a ellas por su culpa o por la de sus factores, representantes o dependientes. Sin embargo, en el segundo párrafo de dicho precepto se establece que cuando el cheque aparezca extendido en esqueleto de los que el librado hubiere proporcionado al librador, éste sólo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueren notorias. Esto es, el librado puede objetar el pago del cheque cuando la alteración o la falsificación fueren notorias, disposición que tiende a proteger los intereses de las personas que han depositado en el librado su confianza al haber dejado bajo su potestad una cantidad determinada de dinero, principio al que también atienden los artículos 77 y 91 de la Ley de Instituciones de Crédito, que disponen: (se transcriben). De lo anterior se desprende que el legislador previó en las citadas leyes, que los servicios que competen a las instituciones de crédito se prestarán de modo que se genere seguridad en la operación que al efecto se vaya a realizar, a fin de procurar una adecuada atención al usuario del servicio; lo que se traduce en el caso de los títulos de crédito denominados cheques, en que el cliente tenga la garantía de que la conducta desplegada por él al momento de librar uno de esos títulos, se ejecutará de acuerdo a su voluntad originariamente plasmada en el documento, esto es, que la institución de crédito está obligada a velar que el servicio que presta se ejecute en forma segura para el usuario. De modo que las instituciones de crédito prestarán los servicios correspondientes con apego a las sanas prácticas que propicien la seguridad de esas operaciones, así como a las disposiciones legales y administrativas aplicables, y que procuren la adecuada atención a los usuarios de tales servicios; asimismo, si el citado artículo 194 dispone que el librador podrá objetar el pago del cheque, ello atiende a que los empleados de los bancos encargados de pagar esos cheques, deben reunir, para garantía de los depositantes de fondos, aptitudes y preparación especiales para apreciar más fácilmente las alteraciones o falsificación de las firmas de los propios documentos, indudablemente que debe juzgarse con mayor rigidez su apreciación, que la que pudiera exigirse de la ordinaria de todas las personas, si la función que los bancos desempeñan en el caso del depósito en cuenta corriente implica su obligación de garantizar y asegurar a los depositantes la guarda de su dinero, facilitando la disposición del mismo, debe pensarse que lo menos que puede exigirse a una institución de esa naturaleza es que utilice los servicios de personal con la aptitud necesaria para el mejor desempeño de la función específica que se le encomiende. Siendo el cotejo de las firmas una cuestión de capital importancia para evitar el pago indebido de cheque, resulta incuestionable que las personas a quien se encomiende esa función deben tener, si no conocimientos especiales de grafología, sí, cuando menos, la experiencia y conocimientos indispensables para poder distinguir la falsificación de una firma cuando ésta no sea hecha de tal manera que sólo un perito en la materia pudiera distinguirla. Ello, porque si se toma en cuenta que la función que los bancos desempeñan en el caso del depósito en cuenta corriente, implica su obligación de garantizar y asegurar a los depositantes la guarda de su dinero, facilitando la disposición del mismo, debe pensarse que lo menos que puede exigirse a una institución de esa naturaleza es que utilice los servicios de personal con la aptitud necesaria para el mejor desempeño de la función específica que se le encomienda. ... Bajo este tenor, resulta clara la obligación de las instituciones de crédito de otorgar un mínimo de garantías a sus usuarios, entre las que tratándose de cheques, está el verificar que la firma que contiene el cheque sea similar a la del librador, como garantía del servicio de banca que presta. Ahora bien, debe precisarse que en su demanda el actor señaló que el banco demandado pagó un cheque con cargo a la cuenta del actor, del cual dijo que nunca libró, ni firmó. ... Esto es, el actor manifestó sustancialmente que el banco demandado pagó un cheque con cargo a su cuenta, pero este dijo que nunca lo firmó, que no era su firma la que contiene dicho documento. ... De lo anterior se tiene que el actor negó haber firmado el cheque, cuyo pago la institución de crédito no negó, sino que fue reconocido; sin embargo, esta última afirmó que procedió a pagarlo porque la firma que contiene el cheque es similar a la del actor. Los artículos 1149 y 1195 del Código de Comercio, disponen: (se transcriben). Ahora bien, tomando en consideración que el actor fundó su acción en el hecho de que se le hizo un cargo a su cuenta de cheques, no obstante de que él no había firmado el cheque cuyo importe se le descontó; y la demandada reconoció que efectivamente pagó tal documento, pero se debió a que el mismo tenía una firma del cuentahabiente similar a la que dicha institución tiene registrada, por así haberlo advertido su personal. En esa virtud, correspondía a la demandada probar su excepción consistente en que si bien había pagado el cheque ello era porque fue advertida por su personal la similitud en la firma que calza dicho documento y la del actor. De lo anterior se pone de manifiesto, tal como lo afirma el quejoso, que correspondía a la institución demandada probar su afirmación; esto es, que la firma que porta el cheque y la del actor son similares. Ello porque de conformidad con las disposiciones legales antes invocadas las instituciones crediticias están obligadas a prestar la seguridad a sus cuentahabientes y si en el juicio afirmó haber cumplido con tales obligaciones al verificar la similitud de la firma del actor con la que porta el cheque litigioso, entonces le correspondía la carga probatoria de dicha circunstancia. Por tanto, son ilegales las consideraciones de la responsable en cuanto a que a la demandada no correspondía probar tal similitud, pues ello constituyó fundamento de sus excepciones, lo cual no puede estimarse como un hecho notorio, como lo adujo la responsable; máxime que no correspondía a la parte actora demostrar que la firma del cheque en cuestión no era suya y menos que esta circunstancia se acreditara a través de la prueba pericial que en el caso no es la idónea, dado que el banco está obligado a pagar el documento cuando advierta que la firma que lo calza es similar a la del cuentahabiente, y ello hace improcedente que pueda probarse tal similitud a través de la prueba pericial, lo anterior de conformidad con las disposiciones antes invocadas. Por ello, no basta decir como lo hizo el banco demandado que cumplió con tales obligaciones de otorgar las garantías mínimas a sus clientes conforme a las sanas prácticas, y señalar que la firma del cheque es similar a la del actor, sino que le correspondía demostrar esa circunstancia. Por ello, en el caso de que el actor, titular de una cuenta de cheques señale que se le hizo un cargo a su cuenta en virtud de que alegue que la firma del cheque que le fue cargado no es la suya; en tal caso, tomando en consideración lo dispuesto por los artículos 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 77 y 91 de la Ley de Instituciones de Crédito, deriva que la voluntad del legislador de proteger los intereses de las personas que han depositado en la institución bancaria su confianza al haber dejado bajo su potestad una cantidad determinada de dinero, pues los servicios que competen a las instituciones de crédito se prestarán de modo que se genere seguridad en la operación que al efecto se vaya a realizar conforme a las sanas prácticas, lo que significa que la institución de crédito está obligada a velar el cotejo de las firmas por ser una cuestión de capital importancia para evitar el pago indebido del cheque, debiendo contar las personas a quien se encomiende esa función, si no con conocimientos especiales de grafología, sí, cuando menos, la experiencia y conocimientos indispensables para poder distinguir la falsificación de una firma cuando ésta no sea hecha de tal manera que sólo un perito en la materia pudiera distinguirla. Por tanto, si la institución bancaria demandada afirmó que pagó el título de crédito porque la firma que contiene es similar a la del cuentahabiente, entonces corresponde al banco demostrar tal afirmación y no a la actora."
El anterior criterio fue reiterado por el órgano jurisdiccional de referencia, al resolver los amparos directos civiles identificados con los números de expedientes 450/2004, en sesión de nueve de julio del dos mil cuatro; DC. 566/2004 y 645/2004, resueltos ambos el veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro y el 125/2005, en sesión de tres de marzo del dos mil cinco.
De la postura narrada derivó la tesis I.11o.C. J/2, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 1246, que es del siguiente tenor:
"CHEQUES. CUANDO LA FIRMA CONTENIDA EN EL DOCUMENTO ES CUESTIONADA POR EL TITULAR DE LA CUENTA, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DEMOSTRAR LA SIMILITUD CON LA QUE TIENE REGISTRADA. Cuando el actor titular de una cuenta de cheques aduzca que se le hizo un cargo a su cuenta y que la firma del cheque cuestionado no es la suya, y por su parte la institución bancaria demandada afirma que pagó dicho título de crédito porque la firma que contiene es similar a la que tiene registrada como la del cuentahabiente, en ese supuesto corresponde al banco demostrar tal afirmación y no a la actora. Lo anterior es así, pues conforme a lo dispuesto por los artículos 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 77 y 91 de la Ley de Instituciones de Crédito, la voluntad del legislador deriva de proteger los intereses de las personas que han depositado en la institución bancaria su confianza al haber dejado bajo su potestad una cantidad determinada de dinero, pues los servicios que competen a las instituciones de crédito se prestarán de modo que se genere seguridad en la operación que al efecto se vaya a realizar conforme a las sanas prácticas, lo que significa que la institución de crédito está obligada a realizar el cotejo de las firmas, por ser una cuestión de capital importancia para evitar el pago indebido del cheque, debiendo contar las personas a quien se encomiende esa función, si no con conocimientos especiales de grafología, sí, cuando menos, la experiencia y conocimientos indispensables para poder distinguir la falsificación de una firma cuando ésta no sea hecha de tal manera que sólo un perito en la materia pudiera distinguirla. Por tanto, si la institución bancaria demandada afirmó que pagó el título de crédito porque la firma que contiene es similar a la del cuentahabiente, entonces corresponde al banco demostrar tal afirmación y no a la actora."
CUARTO. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 790/2005, en sesión del primero de diciembre de dos mil cinco, sostuvo lo siguiente:
"No le asiste razón al quejoso, puesto que contrariamente a lo que éste afirma, se tiene que en el caso la carga de la prueba no puede ser arrojada al banco tercero perjudicado, en cuanto a acreditar que las firmas que calzan los documentos controvertidos contenían rasgos similares a los que obran en el registro de firmas. Para ello, se hace necesario precisar que este tribunal no comparte el criterio sostenido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la tesis de jurisprudencia I.11o.C. J/2, en la cual sustentó el hoy quejoso su segundo motivo de inconformidad, motivo por el cual en este acto se procede a denunciar la contradicción prevista en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. Dicho criterio jurisprudencial es del texto siguiente: ‘CHEQUES. CUANDO LA FIRMA CONTENIDA EN EL DOCUMENTO ES CUESTIONADA POR EL TITULAR DE LA CUENTA, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DEMOSTRAR LA SIMILITUD CON LA QUE TIENE REGISTRADA.’. Se sostiene lo anterior, del hecho de que el artículo 1194 del Código de Comercio prevé como una regla general sobre la prueba la disposición consistente en que el que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones. En esa tesitura, si el hoy quejoso al intentar su demanda afirmó que el banco demandado, en contravención con lo dispuesto por el artículo 176, fracción VI, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pagó los cheques controvertidos, toda vez que dichos títulos no ostentaban su firma y, por tanto, se hicieron en forma indebida cargos a su cuenta de cheques y para evidenciar que las firmas que obran en los cheques materia de la litis no pertenecían a su puño y letra ofreció la prueba pericial en materia de grafoscopía en la cual dentro del cuestionario que debería desahogar el experto definiría si la firma que obra en cada uno de los títulos de crédito eran similares a simple vista a las que él realizaría mediante ejercicios caligráficos, y si fueron hechas por la misma persona las firmas que obran en los originales de los cheques, entonces, la carga de la prueba en cuanto a acreditar la falsedad de la firma que obra en los citados documentos corría a cargo del propio actor, por ser él quien pretende demostrar los elementos constitutivos de su acción y no la institución bancaria demandada. ... Sin que se hubiera ofrecido como prueba en el juicio por la actora ni ninguna de las partes, la tarjeta de registro de firmas que obra en la institución bancaria, probanza necesaria para el cotejo de la firma cuestionada por ser aquella la que tuvo a la vista el empleado bancario al momento de efectuar el pago de cada uno de los documentos cuestionados, omisión que resulta trascendental en el caso, puesto que no quedó evidenciado que la firma que obra en los cheques controvertidos hubiera sido notoriamente distinta a la que obra en el citado registro de firmas para el manejo de la cuenta de cheques, lo cual en todo caso correspondía probar al quejoso y no a la institución bancaria, puesto que, como ya se razonó, es al actor a quien corresponde la carga de la prueba de los elementos constitutivos de sus pretensiones, y en este caso, la pretensión que se perseguía era la de acreditar la falsedad de la firma en los cheques materia de la litis. Por tanto, si fue el actor, hoy quejoso, quien al intentar su demanda inicial sostuvo que en ningún momento manifestó su voluntad, mediante signo gráfico que lo identificara, para que fueran pagados los documentos por el banco librado, lo cual, si bien es una negación, ésta encierra en sí misma una afirmación en el sentido de que la firma que obra en los cheques materia de la litis es falsa. Además, el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es del texto siguiente: ‘Artículo 194.’ (se transcribe). Ahora bien, de la redacción del artículo en comento se puede desprender lo siguiente: La falsificación de firma del librador no puede ser invocada por éste para objetar el pago hecho por el librado, si aquél ha dado lugar a ellas por su culpa. Cuando el cheque aparezca extendido en esqueleto de los que el librado proporciona al librador, éste sólo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueran notorias, o si habiendo perdido el esqueleto o el talonario hubiera dado aviso oportuno de la pérdida al librado. De lo antes reseñado se obtiene que si bien el librador puede objetar el pago de un documento, ello únicamente puede hacerlo cuando haya quedado evidenciado que la falsificación fue notoria. Asimismo, se hace notar que en ninguna parte del precepto en análisis se sostiene que es a la institución bancaria a quien en todo caso corresponde la carga de la prueba en cuanto a acreditar que la firma que calzan los documentos controvertidos sea similar a la que obra en la tarjeta de registro de firmas, la cual sirve de cotejo a sus factores o dependientes a fin de proceder a hacer el pago de los cheques que se les presenten; antes bien, la redacción del artículo se orienta a establecer que el librador puede objetar que la falsificación sea notoria, o bien, si como en el caso sucedió, de haber extraviado el talonario de mérito, hubiera dado aviso oportuno de tal hecho. Por tanto, con las consideraciones antes expuestas se pone de manifiesto que fue correcta la determinación de la responsable en cuanto a establecer que la carga de la prueba correspondía al aquí quejoso, puesto que, si como ya se vio, el artículo 194 transcrito, dispone que la objeción hecha por el librador no podrá ser invocada por éste si ha dado lugar a ello por cuestiones atribuibles a él, esto es relevante si se estima que en el caso, del escrito ofertorio de pruebas del actor, hoy quejoso, así como del auto recaído a éste, se observa que se tuvo por admitida la prueba consistente en la reclamación presentada ante la institución demandada para la devolución de las cantidades por las cuales se extendieron los cheques controvertidos, la cual es del texto siguiente: (se transcribe). Entonces, se tiene que en el juicio no quedó demostrado que las firmas que calzan los cheques materia de la litis eran falsas por no provenir de su puño y letra, es inconcuso que la carga de la prueba no podía ser arrojada a la institución bancaria tercera perjudicada. ..."
El anterior criterio fue reiterado por el referido tribunal, al resolver el amparo directo 385/2006, en sesión de veintinueve de junio de dos mil seis.
QUINTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en tratándose de la figura de contradicción de tesis, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, se requiere de la existencia de la oposición de criterios jurídicos que controviertan la misma cuestión y se adopten posiciones diferentes; que dicha discrepancia recaiga fundamentalmente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de los pronunciamientos respectivos y, finalmente, que las diversas conclusiones a que se arribe provengan del examen de elementos similares.
En otras palabras, para que se determine que en un asunto se actualiza una contradicción de criterios es necesaria la configuración de los requisitos siguientes:
• Que al resolver los asuntos de los que provienen se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
• Que esa diferencia de criterios radique precisamente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas en las que se sustentan las sentencias respectivas; y,
• Que la diferencia de criterios provenga del examen de los mismos elementos.
De ahí que para poder afirmar válidamente la configuración de una controversia de esta índole resulta preciso que uno de los tribunales contendientes niegue lo que el otro afirme en relación con la misma problemática o institución jurídica.
Es aplicable a esta consideración el criterio plenario, contenido en la tesis P./J. 26/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
En esa tesitura, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que en el presente asunto se encuentran actualizados los requisitos antes anunciados, ya que se acreditan los extremos que caracterizan a un asunto de esta naturaleza jurídica.
Lo anterior, pues el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene que el legislador previó que los servicios que competen a las instituciones de crédito se presten de modo que se genere seguridad en la operación que al efecto se vaya a realizar, a fin de procurar una adecuada atención al usuario del servicio, lo que en el caso de los cheques se traduce en que el cliente tenga la garantía de que la conducta por él desplegada al momento de librarlos, se ejecutara de acuerdo a su voluntad plasmada en ellos.
Por la anterior razón, el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dispuso que sólo se podrá objetar el pago de un cheque si la alteración o la falsificación de la firma fueren notorias, con lo que se pretende proteger el interés de las personas que han depositado en el librado su confianza, al haber dejado bajo su potestad una cantidad determinada de dinero.
Así, la institución de crédito está obligada a velar porque el servicio que presta se ejecute en forma correcta para el usuario, con apego a las sanas prácticas que propicien la seguridad de esas operaciones y a las disposiciones legales y administrativas aplicables, procurando la adecuada atención a los usuarios de tales servicios.
En esa virtud, si el citado artículo 194 dispone que el librador podrá objetar el pago del cheque, ello implica que los empleados de los bancos encargados de pagar los cheques deben reunir -para garantía de los depositantes de fondos- aptitudes y preparación especiales para apreciar más fácilmente las alteraciones o la falsificación de las firmas de los propios documentos, de forma que debe juzgarse su apreciación con mayor rigidez a la que pudiera exigirse de la ordinaria de todas las personas, mas si la función que los bancos desempeñan en el caso del depósito en cuenta corriente implica su obligación de garantizar y asegurar a los depositantes la guarda de su dinero facilitando su disposición, pues lo menos que puede exigirse a una institución de esa naturaleza es que utilice los servicios de personal con la aptitud necesaria para el mejor desempeño de la función específica que está autorizado para realizar.
Bajo este tenor, resulta clara la obligación de las instituciones de crédito de otorgar un mínimo de garantías a sus usuarios, entre las que -tratándose de cheques- está el verificar que la firma que contienen tales documentos sea similar a la del librador, precisamente como garantía del servicio de banca que presta.
Así las cosas, si el actor niega haber suscrito el cheque que la institución bancaria pagó, porque la firma que calza es similar a la que tiene registrada, por así haberlo advertido su personal, a ella le corresponde como parte demandada probar esta excepción, pues al estar las instituciones crediticias obligadas a prestar seguridad a sus cuentahabientes, si como demandadas judicialmente afirman haber cumplido con tales obligaciones de verificar la similitud de la firma que consta en la tarjeta de registro que obra en sus archivos con la que porta el cheque litigioso, entonces les corresponderá la carga probatoria de dicha circunstancia.
Contrario a lo anterior, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene que atendiendo al artículo 1194 del Código de Comercio, que prevé como regla general que el que afirma está obligado a probar, si en juicio se afirma que en contravención con lo dispuesto por el artículo 176, fracción VI, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, una institución bancaria pagó un cheque que no ostentaba firma auténtica, la carga de la prueba para acreditar la falsedad de la que obra en el documento corre a cargo del actor, por ser él quien pretende demostrar los elementos constitutivos de su acción y de su pretensión de acreditar esa falsedad.
Lo anterior, pues la afirmación de que en ningún momento se manifestó la voluntad mediante signo gráfico que identificara la orden para que fueran pagados los documentos por el banco librado, aunque constituye una negación, encierra en sí misma una afirmación en el sentido de que la firma que obra en los cheques materia de la litis es falsa.
Además, del artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se desprende que si bien el librador puede objetar el pago de un documento, ello únicamente puede hacerlo cuando haya quedado evidenciado que la falsificación fue notoria, sin que en alguna parte del precepto se establezca que es a la institución bancaria a quien en todo caso corresponde la carga de la prueba en cuanto a acreditar que la firma que calzan los documentos controvertidos sea similar a la que obra en la tarjeta de registro de firmas; antes bien, la redacción del artículo se orienta a establecer que el librador puede objetar que la falsificación sea notoria.
En ese tenor aplica la regla general de que es el actor el que debe probar los extremos de su acción y que sólo cuando ello ocurra corresponderá al reo justificar sus excepciones y defensas, sin que en la especie se advierta razón alguna para estimar que en el caso se trata de una excepción al referido principio.
Lo anterior, pues la acción de que se trata descansa en la notoriedad en la discrepancia de la firma que consta en el cheque cuestionado respecto de la que aparece registrada en la base de datos del banco demandado, como firma autorizada del titular de la cuenta, de tal manera que se trata de un hecho positivo y no de una abstención, susceptible entonces de probarse por quien hizo tal afirmación y en ella su pretensión, de forma que la carga de la prueba corresponde al actor, y sólo en el caso de que ello así ocurriera debía serle arrojada a la demandada para que justificara a su vez sus excepciones de conformidad con el diverso numeral 1326 de la misma codificación.
Sostener lo contrario significaría ir en contra de las reglas de la prueba y llevaría al absurdo de obligar a que en todos los casos el banco tuviera que probar el extremo contrario al de la acción planteada en su contra, sin exigirle al actor el cumplimiento de carga probatoria alguna, siendo el caso que del análisis de la legislación aplicable resulta claro que cuando no se trata de hechos negativos en los que se sustenta la acción, corresponderá siempre al actor probarlos inicialmente para luego poder exigirle al demandado lo propio respecto de sus excepciones, más aún, si se toma en cuenta que en tratándose de la acción de objeción de pago prevista en el referido artículo 194, se debe partir siempre de la base -conforme a un principio de buena fe- de que el banco debe pagar los cheques cuando las firmas que contienen estampadas como del titular de la cuenta son lo suficientemente símiles de las que tiene registradas en su base de datos, como para estimar que provienen del propio puño y letra de aquél, de tal suerte que el banco no tiene obligación de probar esa similitud de firmas por más que se trate de un hecho positivo, porque también positivo lo es el hecho en el que descansa la acción, relativo a la discrepancia notoria entre las referidas firmas que intervienen en el cotejo respectivo, y por esa misma razón corresponde de inicio probarlo al accionante a fin de lograr la pretensión inquisitiva por él mismo iniciada.
Además, lo que se imputa a la institución bancaria es un acto que contractualmente se encuentra facultada por el propio cuentahabiente para llevar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19940-82d6bcac/accion-de-objecion-al-pago-de-cheque-prevista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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