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Modo: Corpus Pro

SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ POR MINISTERIO DE LEY. VALIDEZ DE SUS ACTUACIONES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/93. · Registro digital (IUS): 2
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, , Pág. 33.

CONTRADICCION DE TESIS 1/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, sustentó la siguiente tesis:

"SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ POR MINISTERIO DE LEY. VALIDEZ DE SUS ACTUACIONES.-La interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 640 al 643 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y de los artículos 65 fracción I y 136 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, en la parte relativa a la organización de los Juzgados Penales del Fuero Común, lleva a la conclusión de que éstos para su funcionamiento requieren ineludiblemente de la presencia de un Juez y un secretario como mínimo, debiendo ser este último quien por disposición expresa en la ley supla al titular del juzgado durante su ausencia; y si bien la ley orgánica citada, previene que la ausencia del Juez por más de tres meses deberá ser cubierta mediante nombramiento del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en Pleno, es claro que la falta de ese nombramiento es de la exclusiva responsabilidad de los Magistrados que integran el Pleno de ese tribunal, pero el retraso o aun la falta de ese nombramiento, de ninguna manera acarrea la nulidad de las actuaciones en las que haya intervenido el secretario después de transcurridos los tres meses de que inició la suplencia, a que se refiere el artículo 136 citado, ya que dicha sanción de nulidad no se desprende de la propia ley, y sí en cambio es ésta la que impone al secretario la obligación de actuar como Juez. Sostener lo contrario llevaría al absurdo de considerar sólo válidas aquellas actuaciones practicadas por el Juez por ministerio de ley durante el período inicial de los tres meses de suplencia, supeditándose así la validez de cualquier acto posterior a ese período, así sea la sentencia, siendo que esa formalidad señalada en la ley es claramente de naturaleza administrativa, y de ninguna manera puede afectar el procedimiento, que es de orden público y se rige por su propia ley y, que por imperativo constitucional deben acatarse en lo esencial; de donde debe concluirse que las actuaciones llevadas a cabo por los Jueces por ministerio de ley aun después de haber transcurrido el plazo de tres meses a que se refiere el artículo 136, de la ley orgánica invocada, son perfectamente válidas pues de lo contrario se incurriría en una lamentable denegación de justicia en franca violación a la garantía contenida en el artículo 17 constitucional.".

Esta tesis ha sido sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 931/92, promovido por Angel Calvo Hernández, cuyas consideraciones, en lo conducente, dicen:

"QUINTO.-Son infundados los anteriores conceptos de violación, con base en las siguientes consideraciones: En efecto, contrariamente a lo afirmado por el amparista en su concepto de violación precisado en el inciso a) del considerando anterior, en el caso que nos ocupa, del análisis de los autos se aprecia que sí se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que no se advierte alguna de las hipótesis previstas en el artículo 160 de la Ley de Amparo, ni se observa deficiencia en las formalidades que para los juicios penales establece el artículo 20 de la Constitución Política, pues basta observar que una vez que el indiciado fue puesto a disposición del Juez de la causa, se le tomó su declaración preparatoria en términos de ley, asimismo dentro del plazo constitucional fijado para tal efecto, se dictó la resolución correspondiente, que en el caso fue de formal prisión, también correctamente se abrió un período para el ofrecimiento y desahogo de las pruebas pertinentes y finalmente, una vez cerrada la instrucción previa acusación del representante social se ordenó pasaran los autos para dictar la sentencia correspondiente, la cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, también del análisis realizado tanto a la sentencia que constituye el acto reclamado así como de las diversas constancias que obran en el sumario, se advierte que la Juez responsable en forma correcta tuvo por comprobado el cuerpo del delito de despojo a que se refiere el artículo 395 fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, en términos del artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, así como la plena responsabilidad del ahora quejoso en su comisión, en términos del artículo 261 del mencionado código adjetivo de la materia en relación con la fracción I del artículo 13 del Código Penal, con base en los elementos de convicción que obran en la causa penal, los cuales fueron relacionados por la responsable en la sentencia reclamada, según se advierte de la transcripción llevada a cabo en el considerando tercero de esta ejecutoria, a los que se les dio el valor probatorio que otorgan los artículos 246, 250, 251, 253, 256, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pues de dichos elementos de convicción quedó debidamente acreditado que aproximadamente a las diecinueve treinta horas del once de septiembre de mil novecientos noventa, el ahora quejoso Angel Calvo Hernández de propia autoridad y en forma furtiva en compañía de otras personas, aplicaron varios puntos de soldadura a la puerta de entrada de la vivienda marcada con la letra 'A' ubicada en la calle de Campo Horcón número diecisiete de la Colonia Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco de esta ciudad, inmueble cuya posesión legítima detentaba Cruz Ortiz Ortiz, a través del contrato de arrendamiento celebrado con Joaquín Márquez López, prohibiéndole de esa forma la entrada a dicha vivienda, con lo cual se surtió la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 395 del Código Penal para el Distrito Federal. La anterior conclusión se encuentra debidamente apoyada con las declaraciones de los testigos Pedro Silva García, Joaquín Márquez López, Osman Castro Candelario y Abel Gutiérrez Sánchez, el primero de los cuales que refirió el día y la hora aproximada en que vio cómo unas personas entre las que se encontraba el ahora quejoso, colocaron diversos puntos de soldadura a que se ha hecho referencia (foja 31); con las manifestaciones del ofendido Cruz Ortiz Ortiz; con la inspección ocular llevada a cabo por el representante social, mediante la cual se dio fe que la puerta de su entrada al inmueble referido se encontraba soldada en su marco con varios puntos de soldadura, incluyendo su cerradura (foja 3 vuelta); con la fe ministerial de documentos relativos a un contrato de arrendamiento celebrado entre Joaquín Márquez López en su carácter de arrendador y Cruz Ortiz Ortiz como arrendatario, de fecha diez de septiembre de mil novecientos noventa, respecto del inmueble afecto a la causa (foja 3 vuelta), todo lo cual revela tal y como lo señaló la a quo, que en la especie quedó debidamente acreditado el cuerpo del delito de despojo. Por otro lado, en lo que toca a la responsabilidad penal de Angel Calvo Hernández, la a quo la tuvo como plenamente acreditada con los mismos elementos de convicción que sirvieron de base para acreditar el cuerpo del delito, esto es, principalmente con las diversas declaraciones del ofendido y de los testigos aludidos, entre las cuales destacan la de Pedro Silva García, quien identificó plenamente al ahora quejoso como la persona que daba órdenes a otras para que soldaran la puerta del inmueble aludido, probanzas todas éstas que la responsable apreció en su conjunto con las demás constancias de autos y las consideró suficientes para establecer mediante un enlace lógico y natural más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, de modo que todo este conjunto de indicios tienen el valor probatorio pleno que otorga el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Ahora bien, respecto al concepto de violación señalado con el inciso b) del considerando anterior, en el cual sustancialmente alega la quejosa que la Juez responsable indebidamente dejó de considerar las testimoniales que ofreció a efecto de demostrar que no era responsable en la comisión del delito aludido; al respecto debe decirse que si bien es cierto que la Juez responsable omitió considerar en la sentencia impugnada, las testimoniales a cargo de Margarita Celaraín Sosa, Emilio Benigno Luna y Juan Ramos Landa ofrecidas por la defensa, tal circunstancia no irroga violación alguna en las garantías del sentenciado, ya que las mismas resultan irrelevantes respecto al resultado del fallo impugnado, dado que dichas testimoniales únicamente se refieren a que el ahora quejoso habita en una vivienda diferente a la afecta a la causa, así como que conocen a Angel Calvo Hernández desde hace aproximadamente cinco y diez años respectivamente, por ser su vecino, esto es, dichas testimoniales no se refieren en parte alguna a los hechos que dieron origen a la denuncia presentada en contra del ahora quejoso, y en ningún momento se desvirtúan las pruebas existentes en su contra, además de que tal y como se ha visto, en el presente asunto se encuentran plenamente acreditados tanto el cuerpo del delito, como la plena responsabilidad del ahora quejoso en su comisión. Respecto a la imposición de las sanciones, la Juez responsable razonó en la forma en que quedó transcrita en el considerando tercero de esta resolución (fojas 9 a 11), de donde se advierte que de conformidad con el arbitrio judicial conferido en los artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal, en relación con la privativa de libertad, se impuso al ahora quejoso una pena de seis meses de prisión y multa equivalente a un día de salario mínimo vigente para el Distrito Federal en el momento de la comisión del ilícito, lo cual estuvo acorde con el grado de peligrosidad estimado entre el mínimo y el medio más cercano al primero, de acuerdo a la punibilidad contemplada en el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal aludido, el cual señala que se impondrá prisión de tres meses a cinco años y multa de cincuenta a quinientos pesos a quien cometa el delito de despojo. Por último, no pasa inadvertido para este tribunal que en el presente caso la Juez por ministerio de ley, tenía actuando con tal carácter más de tres meses, tal y como se advierte del análisis realizado a las diversas constancias que obran en autos, y que en similares casos el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, sostiene con fundamento en el artículo 136 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, el criterio de que el secretario de Acuerdos que actúa como Juez por ministerio de ley durante más de tres meses, carece de facultades para continuar encargándose del despacho y en consecuencia no tienen eficacia las actuaciones y fallos en que intervenga; sin embargo este tribunal no comparte dicho criterio, ya que llevando a cabo una interpretación armónica de lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (artículos 640 a 643) y de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal (artículos 65 fracción I y 136), en su parte relativa a la organización de los Juzgados Penales del Fuero Común, se desprende que éstos para su debido funcionamiento requieren ineludiblemente de la presencia de un Juez y un secretario como mínimo, debiendo ser este último quien por disposición expresa de la ley supla al titular del juzgado durante su ausencia, de tal manera que siempre exista una persona calificada que resuelva. Y si bien la ley orgánica citada, la cual debe vincularse al ordenamiento procesal primeramente aludido para establecer una correcta interpretación que sea congruente con el problema a resolver respecto de la ausencia del titular de un juzgado, previene que la ausencia del Juez por más de tres meses deberá ser cubierta mediante 'nombramiento' del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en Pleno, es claro que la falta de ese nombramiento es de la exclusiva responsabilidad de los Magistrados que integran el Pleno de ese tribunal, a quienes su presidente debe dar cuenta del caso específico de la ausencia prolongada de un Juez, precisamente para el efecto del nombramiento respectivo, pero el retraso o aun la falta de ese nombramiento, de ninguna manera puede acarrear la nulidad de aquellas actuaciones en las que haya intervenido el secretario después de transcurridos tres meses de que inició la suplencia del Juez, ya que dicha sanción de nulidad no se desprende de la propia ley, y sí en cambio es la misma ley la que impone al secretario la obligación de actuar como Juez, de ahí incluso la nomenclatura usualmente empleada de Juez por ministerio de ley. Como ya se dijo, lo anterior se desprende de la interpretación armónica de ambos ordenamientos, y sostener lo contrario llevaría al absurdo de considerar como válidas sólo aquellas actuaciones practicadas por el Juez por ministerio de ley durante el período inicial de los tres meses de la suplencia, supeditando así la validez de cualquier acto, por ejemplo el de una sentencia, a que sea realizada antes de cumplido dicho plazo, siendo que esta formalidad señalada en la ley es claramente para efectos de naturaleza administrativa, que de ninguna manera pueden afectar al procedimiento, el cual es de orden público y se rige por su propia ley, por ello, el Juez por ministerio de ley independientemente del tiempo que lleve actuando, con nombramiento o sin él, debe cumplir íntegramente con las normas que rigen el procedimiento, con independencia de las formalidades que por razones de otro orden, como son las administrativas para el caso que nos ocupa, se impongan; además, por encima de estas normas de carácter administrativo, están las leyes que rigen el procedimiento penal mismas que por imperativo constitucional deben acatarse en lo esencial; y, obviamente no podría cumplirse lo anterior si se condiciona la validez de las actuaciones a un acto de carácter administrativo, el cual incluso es ajeno al Juez y al procedimiento mismo; además es claro que no se está en ninguno de los casos a que alude el artículo 160 de la Ley de Amparo. De igual forma, debe decirse que los diversos numerales 17, 18, 19, 28, fracción I, 37, fracción IV, y 166 de la ley orgánica citada, contrariamente a lo que se sostiene en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, claramente se desprende que es facultad exclusiva del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el nombramiento correspondiente, y que éste debe darse con oportunidad, pero no se previene sanción alguna para el caso de incumplimiento; situación que tampoco está prevista en el ordenamiento procesal señalado, de donde debe concluirse que las actuaciones llevadas a cabo por los Jueces por ministerio de ley aun después de haber transcurrido el plazo de tres meses a que se refiere el artículo 136 de la ley orgánica invocada, son perfectamente válidas pues de lo contrario se incurriría en una lamentable denegación de justicia en franca violación a la garantía contenida en el artículo 17 constitucional. Asimismo, cabe agregar que de seguir con el criterio contenido en la tesis de referencia, no sólo estarían impedidos para actuar los Jueces por ministerio de ley ya aludidos, sino también aquellos otros que transcurrido el plazo legal de su encargo, que es de seis años, continuaran en el mismo en espera del trámite de su ratificación o ascenso. En las relacionadas condiciones, y al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, por no resultar el acto reclamado violatorio de garantías."

TERCERO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, sustentó la tesis que a letra dice:

"SECRETARIO DE ACUERDOS. CARECE DE FACULTADES PARA ENCARGARSE DEL DESPACHO Y DE RESOLVER EN AUSENCIA DEL TITULAR DEL JUZGADO EN LAPSO MAYOR DE TRES MESES.- Conforme al párrafo segundo del artículo 136 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, la ausencia del titular del juzgado que exceda de tres meses se cubrirá mediante el nombramiento respectivo, que deberá hacer el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; en base a ello, es legal que el secretario de mayor jerarquía durante el lapso citado supla al titular durante su ausencia, encargándose del despacho; sin embargo, las actuaciones en que intervenga y los fallos que pronuncie después de ese período carecen de eficacia, por no tener facultades para ello, al hacerlo en contravención a los numerales 17, 18, 19, 28 fracción I, 37, fracción IV, y 166 de la ley orgánica en comento."

Esta tesis ha sido sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado mencionado en los juicios de amparo directo números 1878/91, promovido por Teresa García González, resuelto por unanimidad de votos el catorce de febrero de mil novecientos noventa y dos; 2108/91, promovido por José Malagón Gómez, fallado por unanimidad de votos el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y dos; 368/92, promovido por Salvador González Salinas y otros, resuelto por unanimidad de votos el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y dos; 448/92, promovido por Santiago Serralde Telésforo y otros, resuelto por unanimidad de votos el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y dos; y, 632/92, promovido por José Manuel Hernández Alvarado, resuelto por unanimidad de votos el diez de abril de mil novecientos noventa y dos.

En el considerando relativo a la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 1878/91, se sostiene lo siguiente:

"SEGUNDO.-Este Tribunal Colegiado estima innecesario relatar las constancias que integran la causa penal de donde emana la sentencia que constituye el acto reclamado a la Sala ordenadora, así como los conceptos de violación que se enderezan en su contra, pues en cumplimiento al imperativo previsto en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que se violaron las leyes que norman el procedimiento en el juicio de orden penal, en términos de lo que establece el numeral 160, fracciones X y XV, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 14, segundo párrafo y 16 constitucionales. En efecto, con motivo de la denuncia formulada por los ofendidos Jesús Ernesto Monterrosa Chávez, Lázaro Estrada Martínez y José Isaac Rua Murillo ante el Ministerio Público adscrito a la fiscalía especial en el Sector Central, se inició la averiguación previa número SC/6095/90-07, en la que se practicaron las diligencias necesarias y al estimar satisfechos los requisitos señalados en el artículo 16 constitucional el Ministerio Público ejercitó acción penal, entre otros, en contra de Teresa García González por los delitos de asociación delictuosa y diversos de fraude específico, previstos y sancionados, respectivamente, en los artículos 164, 387, fracción II, y 386 fracción III, del Código Penal; el once de agosto de mil novecientos noventa el licenciado Juan José Tapia Arenas, en su calidad de Juez Vigésimo Primero Penal por ministerio de ley, dictó el respectivo auto de radicación y le tomó su declaración preparatoria a la indiciada de referencia; el catorce de ese mes y año le dictó auto de formal prisión como presunta responsable de los ilícitos de mérito, donde además declaró abierto el procedimiento ordinario a que se refiere el precepto 314 del Código de Procedimientos Penales aplicable y puso el expediente 118/90 a la vista de las partes a fin de que ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes; una vez desahogadas las pruebas ofrecidas, se declaró cerrada la instrucción, se ordenó poner la causa a la vista de las partes para que dentro del término de ley formulasen sus respectivas conclusiones, hecho lo anterior se celebró la audiencia de vista y el siete de enero de mil novecientos noventa y uno dictó la sentencia condenatoria correspondiente, la que el tribunal de alzada confirmó. Hora bien, la violación al procedimiento en mención deriva de que al licenciado Juan José Tapia Arenas como 'Juez Vigésimo Primero Penal por ministerio de ley del Distrito Federal' carecía, conforme al numeral 136 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, de facultades legales para llevar a cabo diversas diligencias y dictar la sentencia condenatoria en el proceso de mérito, en cuanto a que empezó a actuar con tal carácter, supliendo al Juez titular, el once de agosto de mil novecientos noventa (foja 144), fecha en que pronunció el auto de inicio de aquél y, a la vez, le tomó a la inculpada su declaración preparatoria; en efecto, el precepto legal indicado en su párrafo primero señala 'que los Jueces serán suplidos en sus faltas, que no excedan de tres meses, por los respectivos secretarios de acuerdos. . .'; pero el párrafo segundo refiere que 'las faltas de los Jueces, por más de tres meses, serán cubiertas mediante nombramiento que deberá hacer el Tribunal Superior de Justicia. . .'; de lo que se colige que el funcionario público en mención estaba autorizado para actuar legalmente, en suplencia del juzgador titular, hasta el once de noviembre del mismo año, por lo que al no existir en el sumario constancia alguna del nombramiento expedido a su favor en los términos señalados, o sea, como Juez titular del juzgado aludido, a partir del día siguiente a esa fecha ya no podía jurídicamente seguir actuando como Juez por ministerio de ley en el proceso de referencia y menos aún pronunciar sentencia definitiva, en términos del artículo 431, fracción V, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; por tanto, todas las actuaciones judiciales posteriores a la fecha últimamente mencionada, incluida dicha sentencia, adolecen de ineficacia, por haberse practicado y pronunciado ante y por un Juez carente de facultades legales para ello, al no satisfacerse previamente lo dispuesto por los numerales 17 a 19, 28, fracción I, 37, fracción IV, y 166 de la invocada Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal; todo lo cual trae, como consecuencia, que se hubiesen infringido las leyes que rigen el procedimiento en materia penal, afectando desde luego las defensas de la hoy quejosa, al serle seguido un proceso sin que el juzgado respectivo tuviese el Juez titular; lo que, a su vez, origina violación a las garantías de estricta legalidad y seguridad jurídica contempladas por los artículos 14 y 16 constitucionales. Luego entonces si la Sala responsable al conocer del recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, en su sentencia aquí reclamada no advirtió la violación procedimental en comento, es claro que con su proceder contravino los preceptos de la Carta Magna acabados de mencionar y por ello se debe conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Teresa García González, para el efecto de que aquélla, dejando insubsistentes las sentencias de ambas instancias, ordene la reposición del procedimiento en la causa penal número 118/90, a partir del día once de noviembre de mil novecientos noventa, a fin de que el Juez titular, o sea el juzgador que tenga las facultades normativas y no por 'Ministerio de Ley', continúe con la secuela procesal después de la fecha indicada y resuelva oportunamente lo que en derecho proceda; concesión del amparo que debe hacerse extensiva contra los actos de ejecución, en términos de la jurisprudencia número 295 y rubro: 'AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTO DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.' visible a foja 516, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1988."

Las consideraciones de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 2108/91, en la parte que interesa, son las siguientes:

"SEGUNDO.-Este Tribunal Colegiado estima innecesario relatar las constancias que integran la causa penal de donde emana la sentencia definitiva que se reclama a la autoridad judicial responsable, así como los conceptos de violación que en su contra formula el ahora quejoso, toda vez que este órgano colegiado con fundamento en el artículo 76 bis fracción II, de la Ley de Amparo, suple la deficiencia de la queja de José Malagón Gómez al advertir que en términos de lo establecido en el dispositivo 160, fracciones X y XV, de la ley secundaria invocada, en relación con los numerales 14, párrafo segundo, y 16 constitucionales, se violaron las reglas del procedimiento penal en perjuicio del amparista. En efecto, aparece de autos, que el veintidós de abril de mil novecientos noventa y uno, Arturo Flores Albor, Juez Vigésimo Séptimo Mixto de Paz del Distrito Federal, en la causa 88/91, dictó orden de aprehensión en contra del peticionario de garantías como probable responsable del delito de amenazas, previsto y sancionado por el dispositivo 282, fracción I, del Código Penal aplicable en esta ciudad capital; el veintitrés de mayo del mismo año, previa la detención del justiciable y de haber rendido su declaración preparatoria, Laura Sánchez Escobar 'Juez Vigésimo Séptimo Mixto de Paz por ministerio de ley' le dictó al amparista su formal prisión por el injusto señalado y aquélla actuando como tal, le instruyó el proceso, de tal forma que mediante proveído de veintisiete de septiembre del año próximo pasado, tuvo 'por recibidos los pliegos de acusación ofrecidos por las partes, mismos que se agregan a los autos para los efectos legales consiguientes. En consecuencia pase los autos a la vista de la C. Juez para dictar la sentencia respectiva dentro del término de ley. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la C. Juez Vigésimo Séptimo Mixto de Paz por ministerio de ley, licenciada Laura Sánchez Escobar por y ante el C. Secretario de Acuerdos con quien actúa y da fe'. Ahora bien, la sentencia reclamada, fue pronunciada el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno por 'David L. Padilla Vázquez, en ausencia de la C. Juez Vigésimo Séptimo Mixto de Paz por M. L. , Laura Sánchez Escobar, ante los testigos de asistencia que dan fe'. De las anteriores transcripciones, es evidente que existen dos violaciones al procedimiento penal que afectan las defensas del ahora quejoso: La primera de ellas, se hace consistir, en que de acuerdo al contenido del artículo 136 de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común, precepto que en su parte conducente dice: 'Los Jueces serán suplidos automáticamente en sus faltas que no excedan de tres meses, por el secretario de Acuerdos. Las faltas de los Jueces, por más de tres meses, serán cubiertas mediante nombramiento que deberá hacer el Tribunal Superior de Justicia, conforme a las disposiciones anteriores de esta ley', por lo que si Laura Sánchez Escobar, suplió al Juez titular desde el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y uno, fecha en que le dictó al acusado su formal prisión, tenía facultades legales para actuar como encargada del despacho por ministerio de ley hasta el veintitrés de agosto del mismo año, y al no aparecer en el sumario constancia alguna de nombramiento expedido por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a su favor como Juez, o autorizándola para seguir a cargo del despacho por ministerio de ley, a partir del día siguiente de la última fecha anotada, siendo así, se concluye que desde el veinticuatro de agosto, Laura Sánchez Escobar ya no podía, jurídicamente, seguir actuando como 'Juez por ministerio de ley' en el proceso de referencia, en esta virtud, todas las actuaciones judiciales posteriores a la fecha últimamente mencionada, adolecen de ineficacia, por haberse practicado ante y por un Juez carente de facultades para ello, al no satisfacerse previamente lo dispuesto por los preceptos 17 a 19, 28 fracción I, 37, fracción IV, y 136 de la invocada Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal. La segunda violación a las leyes que rigen el procedimiento penal, es que si Laura Sánchez Escobar desde el veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y uno, carecía de facultades normativas para actuar con la calidad anotada, atento a las razones expuestas en el párrafo precedente, David L. Padilla Vázquez, quien el cuatro de octubre del año indicado, pronunció el fallo reclamado 'en ausencia de la C. Juez Vigésimo Séptimo Mixto de Paz por ministerio de ley, licenciada Laura Sánchez Escobar' con mayor razón, no tenía atribuciones jurídicas para resolver en definitiva, concluyéndose entonces que el proceso instruido y la sentencia condenatoria dictada al ahora quejoso conculca sus defensas, porque el juzgado respectivo no contaba con el Juez titular, originando con ello, violación a las garantías de estricta legalidad y seguridad jurídicas, previstas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. En estas condiciones, procede entonces conceder la protección constitucional a José Malagón Gómez para el efecto de que el Juez Vigésimo Séptimo Mixto de Paz del Distrito Federal, deje insubsistente la sentencia reclamada, ordene la reposición del procedimiento en la causa penal 88/91 a partir del veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y uno, a fin de que el Juez titular o sea el juzgador que tenga las facultades legales y no por 'ministerio de ley' continúe con la instrucción después de la fecha indicada y resuelva oportunamente lo que en derecho proceda; concesión que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución al no reclamarse por vicios propio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2-e2ec7292/secretario-en-funciones-de-juez-por-ministerio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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