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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE COMPARECENCIA. DEBE ESTUDIARSE SU CONSTITUCIONALIDAD AUN CUANDO EL QUEJOSO LA DESIGNE ERRONEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSION.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/95. · Registro digital (IUS): 3438
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, , Pág. 196.

CONTRADICCION DE TESIS 37/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la revisión penal número 97/95, promovida por Héctor Zavala Solórzano Suzán, por unanimidad de votos, sustentó el criterio siguiente:

"ORDEN DE COMPARECENCIA. DEBE ESTUDIARSE AUN CUANDO EL PETICIONARIO DE GARANTIAS LA DESIGNE ERRONEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSION.- No obstante que las órdenes de aprehensión, presentación y comparecencia son actos jurídicamente diferentes, en esencia, todos son actos de molestia para el gobernado que se dictan como consecuencia de la comisión de un delito, y por ende, deben ser estudiados en amparo cuando aparezcan demostrados, y el quejoso los esté impugnando. Por lo que si de la lectura de la demanda de garantías interpuesta, se observa que lo que reclama el peticionario de garantías es el cumplimiento de la orden para privarlo de su libertad con el fin de que emita su declaración en relación a los hechos que se estiman ilícitos y éstos se sancionan con pena alternativa, es evidente que el juez instructor no emitió una orden de aprehensión, sino una de comparecencia y es ésta la que se está combatiendo a través del juicio de amparo, aunque equivocadamente el quejoso la señale como orden de aprehensión; sin embargo, es claro que el acto que reclama sí existe y por lo mismo debe ser materia de análisis en el juicio de garantías."

La parte conducente del fallo señala:

"QUINTO.- Resulta fundado el agravio expresado por el peticionario de garantías, consistente en que el juez de Distrito indebidamente sobreseyó en el juicio y con ello omitió entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, lo que debió hacer en atención a que una orden de comparecencia, al igual que orden de aprehensión (sic), también es restrictiva de la libertad y el hecho de que el hoy quejoso hubiese señalado erróneamente en su demanda que se trataba de una orden de aprehensión, si el juez responsable al rendir su informe acepta como cierto el haber librado no una orden de aprehensión sino de comparecencia, tal circunstancia lo que viene a confirmar es que verdaderamente existe un acto de autoridad que aunque no exactamente de naturaleza y efectos idénticos al de una orden de aprehensión, lo evidente es que existe ese acto de autoridad que ordena su comparecencia ante la autoridad judicial, que sólo puede darse una vez comprobados la existencia de un delito y su presunta responsabilidad, lo cual es precisamente la materia del acto reclamado y por ende la substancia sobre la cual habrá de analizarse su constitucionalidad a través de este juicio de amparo.- En tales circunstancias, como correctamente lo sostiene el inconforme, el juez federal debió haber hecho el estudio que menciona; por tal motivo, no debió haber sobreseído el juicio de amparo, puesto que no obstante que este tribunal estima que la orden de aprehensión, la orden de presentación y la orden de comparecencia son actos jurídicamente diferentes, en esencia todos son actos de molestia para el gobernado que aunque se dictan como consecuencia de la comisión de un delito, deben ser estudiados en amparo cuando aparezcan demostrados, y el quejoso los esté impugnando. En tal virtud, del estudio de la resolución recurrida y de las constancias del juicio de amparo, se advierte que contrariamente a lo sostenido por el juez de amparo, en el presente caso no se actualizó la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la tesis aislada citada por dicha autoridad federal, pues tomando en consideración que la demanda de garantías es un todo, de su lectura integral se observa sin lugar a dudas que lo que reclama el peticionario de garantías es el cumplimiento de la orden para privarlo de su libertad a fin de que emita su declaración en relación a los hechos ilícitos constitutivos del delito de lesiones por estimarlo presunto responsable en su comisión; de donde se desprende que si dicho delito se sanciona con pena alternativa, técnicamente el juez instructor se encuentra imposibilitado para dictar una orden de aprehensión, y por lo mismo, también el quejoso estrictamente no reclamó una orden de aprehensión, sino que por el contrario, se llega a la conclusión que sí combate a través del juicio de amparo, la orden de comparecencia emitida el ocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, por el juez Trigésimo Segundo de Paz Penal del Distrito Federal, solicitada por el Ministerio Público quien ejercitó la acción penal en su contra por la comisión de hechos constitutivos del delito de lesiones, pues es a través de esa orden que se le pretende privar al quejoso de su libertad, aunque dicha restricción sólo tiene un límite precario, pues sólo dura en tanto emita su declaración ante la autoridad que lo requiere; de ahí, que si bien es cierto que en el caso no existe orden de aprehensión, lo cierto es que el acto que reclama el quejoso sí existe y por lo mismo, debe ser materia de análisis a través del presente juicio de garantías, y al no considerarlo así el juez de Distrito emitió una resolución contraria a las disposiciones de la Ley de Amparo.- En consecuencia, resulta improcedente la causal de sobreseimiento expuesta por el juez de Distrito, por lo que con fundamento en el artículo 91, fracción III de la Ley de Amparo, debe revocarse la resolución recurrida y entrar al fondo del estudio del acto reclamado."

TERCERO.- Por su parte el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión número 174/93, promovido por Carlos Hernández Sánchez, por unanimidad de votos sostuvo el siguiente criterio:

"ORDEN DE APREHENSION. ES CORRECTO EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO POR EL JUEZ DE DISTRITO, SI DE LAS CONSTANCIAS SE ADVIERTE QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE UNA ORDEN DE COMPARECENCIA Y NO LA.- Aun cuando la autoridad responsable admita que es cierto el acto reclamado y para acreditarlo exhiba copias certificadas de todas y cada una de las constancias que integran la causa penal de donde se dice emanó éste, es correcto el sobreseimiento decretado por el juez a quo, porque debe estimarse que técnicamente no es cierto el mismo, si de la lectura de la demanda se advierte que se reclamó concretamente la orden de aprehensión girada en contra del impetrante de la acción constitucional y lo que aparece demostrado en las constancias de autos es la existencia de una orden de comparecencia dictada en contra del recurrente, por ello, se trata de un acto de autoridad distinto al que se reclamó en el juicio constitucional, sin que sea óbice para llegar a esta conclusión, la circunstancia de que se trate de un asunto penal, toda vez que, la suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, no permite llegar hasta el extremo de ocuparse de actos que no son materia de la reclamación constitucional."

La parte que interesa del fallo dice:

"CUARTO.- Los agravios expresados por el quejoso resultan infundados.- En efecto, carece de consistencia jurídica lo alegado por el recurrente en el sentido de que al no haber remitido la autoridad responsable las constancias que integran el expediente de donde surge la orden de aprehensión reclamada, el juez de Distrito debió requerirlas para poder realizar su estudio; al respecto debe decirse, que contrariamente a lo aducido por el peticionario de garantías en su escrito de expresión de agravios, de la minuciosa lectura de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto, ahora en revisión, se advierte que obra agregada al expediente principal copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran la causa penal de donde se dice emanó el acto reclamado; sin embargo, el sobreseimiento decretado en el juicio de garantías que nos ocupa es correcto, toda vez que aun cuando las autoridades responsables al rendir sus informes justificados respectivos manifestaron que sí es cierto el acto reclamado, debe estimarse que técnicamente no es cierto el mismo, ya que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que se reclamó concretamente la orden de aprehensión girada en contra del impetrante de la acción constitucional, y lo que aparece demostrado en las constancias de autos es la existencia de una orden de comparecencia dictada en contra del hoy recurrente, lo que permite determinar que se trata de un acto de autoridad distinto al que se reclamó en el juicio constitucional; no es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que se trate de un asunto penal, toda vez que este Tribunal Colegiado se encuentra imposibilitado para analizar y resolver respecto de dicha orden de comparecencia, supuesto que la suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis, fracción II de la Ley de Amparo, no permite llegar hasta el extremo de ocuparse de actos que no son materia de la reclamación constitucional.- Por consiguiente, y al no existir queja deficiente que suplir, lo procedente es confirmar el fallo sujeto a revisión."

CUARTO.- En el caso existe contradicción de tesis en la medida en que al resolver el amparo en revisión 97/95, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; y el amparo en revisión 174/93, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adoptaron criterios discrepantes en las consideraciones jurídicas de las sentencias respectivas.

En efecto, la oposición de criterios se origina, esencialmente, a propósito de la promoción de un juicio de amparo contra una orden de aprehensión y de los informes rendidos por las responsables resulta que se trata de una orden de comparecencia.

Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, sostiene en su ejecutoria que la orden de comparecencia debe estudiarse aun cuando el quejoso la designe erróneamente como orden de aprehensión.

En contradicción con lo anterior, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al fallar el amparo en revisión 174/93, consideró que debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado -artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo- si el quejoso reclamó concretamente la orden de aprehensión girada en su contra y lo que aparece demostrado es la existencia de una orden de comparecencia, acto distinto al impugnado.

En esa tesitura, cabe concluir que sí existe contradicción entre lo sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, respecto de un mismo problema jurídico; por ende, esta Primera Sala debe determinar qué criterio debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A, en relación con el diverso 192, ambos de la Ley de Amparo.

QUINTO.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que debe subsistir el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

En efecto, entre los requisitos esenciales que debe contener la demanda de amparo, se encuentra el de "señalar el acto que de cada autoridad se reclame" -artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo-.

El acto reclamado constituye el hecho que el accionante del juicio de amparo atribuye a la autoridad responsable tildándolo violatorio de las garantías individuales. Tal imputación contiene una afirmación de hecho y otra de derecho. La primera consiste en el acto que se reclama a la autoridad, el cual, de ser negado, corresponde al quejoso demostrar su existencia. La segunda son los razonamientos lógico jurídicos en los que se sostiene que el acto reclamado es violatorio de la Carta Magna.

Respecto del acto imputado, la autoridad responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, deberá rendir su informe con justificación, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad o la improcedencia del juicio.

El artículo 79 de la Ley de Amparo faculta al juzgador, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, a examinar en su conjunto conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes.

Los preceptos transcritos armonizan con la garantía constitucional prevista en el artículo 17 de la Carta Magna, pues con el propósito de otorgar una recta administración de justicia, facultan al juzgador para examinar en su conjunto la demanda de amparo a fin de atender preferentemente a lo que en ella se quiso decir.

Ahora bien, en los juicios de amparo materia de la contradicción se señaló en el apartado relativo de la demanda como acto reclamado la orden de aprehensión y, al emitir la autoridad responsable su informe justificado se demostró la existencia de una orden de comparecencia.

Lo anterior no es obstáculo para examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello en atención de que aun cuando la orden de aprehensión y la de comparecencia técnicamente tienen sus diferencias, de hecho son actos de idéntico contenido sustancial, si se tiene en cuenta que: a).- Ambas son solicitadas por el Ministerio Público, b).- Las dos son libradas por un juez, c).- Para su emisión es necesario que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, d).- Tienen como objetivo hacer comparecer al acusado ante la autoridad judicial a fin de que le sea tomada su declaración preparatoria; y si bien en la orden de aprehensión existe una total privación de la libertad y en la de comparecencia tan sólo cierta limitación, no menos cierto es que en menor o mayor grado, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado.

En esa virtud, independientemente de la denominación que por error o ignorancia el peticionario de garantías le dé al acto con el cual se le pretenda molestar en su libertad, el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para así obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo -que ni la lógica ni el derecho pueden autorizar, pues sería contrario a los más elementales principios de éstos- de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda.

Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado; sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías.

Por las consideraciones anteriores, se estima que en el caso debe prevalecer el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis que sostiene, empero adecuada con las consideraciones de esta ejecutoria, por lo que debe quedar en los siguientes términos:

- El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado como acto reclamado una orden de aprehensión y del informe justificado se desprenda la existencia de una orden de comparecencia, no es obstáculo para examinar la constitucionalidad de esta última bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso, ello en atención de que aun cuando la orden de aprehensión y la de comparecencia técnicamente tienen sus diferencias, de hecho son actos de idéntico contenido sustancial si se tiene en cuenta que: a).- Ambas son solicitadas por el Ministerio Público, b).- Las dos son libradas por un juez, c).- Para su emisión es necesario que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, d).- Tienen como objetivo hacer comparecer al acusado ante la autoridad judicial a fin de que le sea tomada su declaración preparatoria; y si bien en la orden de aprehensión existe una total privación de la libertad y en la de comparecencia tan sólo cierta limitación, no menos cierto es que en menor o mayor grado, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir a error en la denominación exacta del acto reclamado. Por ello, el juzgador, debe analizar todos los datos que se desprendan del juicio de amparo y que sirvan para obtener una completa interpretación de la voluntad del quejoso y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior en modo alguno significa suplir la deficiencia de la queja o integrar la acción que intente el gobernado; sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

Dado que en el presente asunto se sostiene que aun cuando el quejoso señale erróneamente a la orden de comparecencia como de aprehensión, debe examinarse la constitucionalidad de aquélla, la actual integración de esta Primera Sala tiene por superado el criterio sostenido en la jurisprudencia 2/92, publicada en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 54, correspondiente al mes de junio de 1992, cuyo tenor literal dice:

"COMPARECENCIA. ORDEN DE, PARA SU IMPUGNACION CONSTITUCIONAL DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS.- El principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. Así encontramos que respecto de los actos de tribunales dicho principio se encuentra contenido en el artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo que establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de algún tribunal sin haber agotado previamente el recurso o medio de defensa ordinario que proceda; de lo anterior se desprende que si las leyes procesales establecen recursos ordinarios o medios ordinarios de defensa que pudieran proceder en contra de las órdenes de comparecencia libradas para el efecto de que el procesado concurra ante la presencia judicial a fin de que rinda su declaración preparatoria tratándose de delitos que no están sancionados con pena corporal, o bien para los que se prevé pena alternativa, aquellos deben ser agotados antes de acudir al juicio constitucional. En cuanto a la posibilidad de que tales órdenes de comparecencia se guarden en sigilo, de tal suerte que al no ser notificadas se impida a su destinatario que se defienda en contra de ellas, simplemente es una apreciación subjetiva, ya que de conformidad con la técnica procesal adecuada el juez debe ordenar la comparecencia del inculpado y hacérsela saber personalmente con la debida anticipación, para que en la fecha y hora señaladas acuda ante él a rendir su declaración preparatoria y solamente en caso de desobediencia podrá ordenarse a la policía judicial que haga acatar la determinación de dicho juez. En las relacionadas condiciones no puede afirmarse que las órdenes de comparecencia a las que se refieren las ejecutorias de los Tribunales Colegiados sean actos que necesaria e inexorablemente afecten la libertad de los gobernados; por otra parte, el principio de definitividad sólo puede eximirse en su cumplimiento cuando expresamente la Constitución Política, la Ley de Amparo o la jurisprudencia así lo permitan, y si bien es cierto que tratándose de actos que necesariamente concluirán con la privación de la libertad de los particulares, como lo es la orden de aprehensión, la jurisprudencia ha permitido que proceda de inmediato el juicio de garantías sin el previo agotamiento de los recursos ordinarios, la hipótesis analizada es diferente ya que se trata precisamente de casos en los cuales no opera la prisión preventiva por lo cual lo único que se pretende es atender a una diligencia fundamental del procedimiento penal como lo es la declaración preparatoria, garantizándose que el procesado no será afectado en su libertad dada la penalidad del delito que se le atribuye."

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.- Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito al fallar los juicios de amparo en revisión 97/95 y 174/93, respectivamente.

SEGUNDO.- Se declara que debe prevalecer el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en los términos precisados en esta resolución.

TERCERO.- Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta al Semanario Judicial de la Federación para su publicación, así como al Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el artículo 195 de la Ley de Amparo.

Notifíquese y cúmplase.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro (ponente), Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan Silva Meza y Olga María Sánchez Cordero de García Villegas.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3438-9fd1dd17/orden-de-comparecencia-debe-estudiarse-su-constitucionalidad-aun · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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