Corpus
Modo: Corpus Pro

MULTA, EL CRITERIO PARA IMPONERLA ES LA PERCEPCION NETA DIARIA DEL SENTENCIADO, SU DICHO TIENE VALOR DE PRUEBA PLENA, SI NADA LO DESVIRTUA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/95. · Registro digital (IUS): 3584
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, , Pág. 132.

CONTRADICCION DE TESIS 7/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Por ser un aspecto de estudio preferente, procede analizar si existe o no, contradicción entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Resulta pertinente destacar el sentido de los criterios sustentados por ambos Tribunales Colegiados en los juicios de amparo directo correspondientes; por lo que es de tomar en consideración, lo siguiente:

A). En fecha tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, al resolver el juicio de amparo directo número 698/94 promovido por Francisco Soto Silva, el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito con residencia en Hermosillo, Sonora, por un lado sobreseyó y por el otro concedió el amparo y Protección Constitucional solicitados "para los efectos precisados en el considerando séptimo"; resolución que se apoyó en los razonamientos que, en lo conducente, a continuación se reproducen:

"SEPTIMO. Por último, por lo que hace al diverso capítulo relativo a la individualización de la pena que le fue definitivamente impuesta al titular de la acción constitucional y en la que, en principio y correctamente, la ad quem confirmó la aplicación de la sanción mínima de tres meses de prisión ordinaria decretada por el Juez natural conforme a la fracción I del artículo 104 del Código Fiscal de la Federación, concediendo el beneficio jurídico de la substitución de la pena de prisión por multa, este órgano de control constitucional advierte, en suplencia de la queja deficiente que en favor del amparista autoriza la fracción II del numeral 76 bis de la Ley de Amparo por ser la parte reo, que en tal determinación de la multa aludida el tribunal ad quem sí conculcó garantías individuales en perjuicio del inconforme al precisar que: `...la pena privativa de libertad impuesta fue sustituida por multa, por la cantidad de ocho mil seiscientos nuevos pesos, en atención al salario mínimo que dijo percibía el encausado de mérito.'- Efectivamente, el tribunal de alzada tomó en consideración para la multa descrita, el salario mínimo que dijo percibir el procesado, apoyándose en lo expuesto por el Juez del proceso, quien multiplicó ochenta y seis días pendientes de compurgar por el sentenciado, por el salario diario que éste manifestó en su declaración preparatoria, de conformidad con el artículo 70, fracción III del código punitivo federal vigente en la época de los hechos; sin embargo, no obra en la instrucción elemento convictivo alguno que corrobore lo declarado por el amparista, respecto de sus ingresos pecuniarios. Entonces, si no se encuentra plenamente acreditada en autos la `percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos', exigida por el segundo párrafo del numeral 29 de la codificación en consulta, ello obliga a considerar lo establecido en el tercer párrafo de dicho precepto legal, en el sentido de que: `Para los efectos de este Código, el límite inferior del día multa será el equivalente al salario mínimo diario vigente en el lugar donde se consumó el delito.'- En mérito de lo expuesto, procede conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Segundo Tribunal Unitario responsable deje insubsistente la resolución de alzada reclamada, únicamente respecto del considerando cuarto relativo al capítulo de individualización de la penalidad y, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, realice fijación correcta de la multa respectiva que a aquél corresponda cubrir."

B). Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo número 1733/91 interpuesto por Aurelio Meneses Lara y José Luis Meneses Zamudio, en fecha diez de diciembre de mil novecientos noventa y uno, resolvió por un lado, negar el amparo y protección de la Justicia Federal y por el otro, concederlo "para el único efecto precisado en el último párrafo del considerando cuarto y contra el acto que reclama del Juez Vigésimo Quinto Mixto de Paz del Distrito Federal"; sentencia que se apoyó en las consideraciones que en su parte interesante, establecen:

"En otro orden de ideas, en el considerando cuarto de la sentencia reclamada, el Juez Vigésimo Quinto Mixto de Paz del Distrito Federal, en relación a las penas correspondientes a los ahora quejosos, virtió textualmente las siguientes consideraciones: `IV. Para efectos de la penalidad, debemos estar a lo que marcan los artículos 247 y 370, párrafo primero del Código Penal, toda vez que nos encontramos ante la presencia de los delitos de falsedad en declaración dada a una autoridad distinta de la judicial y daño en propiedad ajena y tomando en consideración que los hechos sucedieron en noviembre de 1989 y enero de 1990, épocas en las que prevalecía un salario mínimo de $9,158.40 nueve mil ciento cincuenta y ocho pesos con cuarenta centavos y $10,080.00 diez mil ochenta pesos, así como las circunstancias concurrentes al evento y peculiaridades de los sentenciados y haciendo uso del arbitrio judicial a que hacen mención los artículos 51 y 54 del Código Penal y tomando en cuenta que Aurelio Meneses Lara presenta una edad de 71 años, con instrucción de tercer año de primaria y de ocupación mozo y ser primodelincuente; así como José Luis Meneses Zamudio, quien presenta una edad de 26 años, con instrucción de segundo año de secundaria, de ocupación chofer y ser primodelincuente; por lo que en consideración del suscrito, ambos observan una peligrosidad ligeramente superior a la mínima, por lo que a Aurelio Meneses Lara por el delito de falsedad en declaración dada a una autoridad distinta de la judicial, se le impone a sufrir una pena privativa de libertad de tres meses de prisión más una día multa (sic), que equivale a la cantidad de diez mil ochenta pesos, multa que en caso de no poder pagar se le sustituye por una jornada de trabajo en favor de la comunidad y en cuanto hace a José Luis Meneses Zamudio por el delito de daño en propiedad ajena, se le impone a sufrir una pena privativa de libertad de quince días de prisión más diez días multa, que equivale a la cantidad de noventa y un mil quinientos ochenta y cuatro pesos, multa que en caso de no poder pagar se sustituye por diez jornadas en favor de la comunidad. La pena privativa de libertad comenzará a contar a partir de su ingreso a prisión y la compurgarán en el lugar que para tal efecto determine la autoridad ejecutora. `Tales argumentos, en lo relativo a las penas privativa de libertad y pecuniaria, por ajustarse a lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del Código Penal aplicable, al haber tomado en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución de los delitos cometidos y las características personales de Aurelio Meneses Lara y José Luis Meneses Zamudio, estimándolos de peligrosidad social ligeramente superior a la mínima y congruentemente con ello, dentro de los extremos del artículo 247, fracción I del código sustantivo aludido, imponerle las penas de tres meses de prisión y un día multa equivalente a diez mil ochenta pesos, sustituible en caso de insolvencia por una jornada de trabajo no remunerada en favor de la comunidad, al primero de los nombrados; y al otro acusado, sancionarlo dentro de los extremos del precepto 370, párrafo primero del ordenamiento sustantivo de que se trata, con las penas de quince días de prisión y diez días multa, equivalentes a noventa y un mil quinientos ochenta y cuatro pesos sustituibles en caso de impago, por diez jornadas de trabajo no remunerado en favor de la comunidad, no causan perjuicio a los promoventes del amparo y por lo mismo, deben quedar intocadas. Este Tribunal Colegiado advierte el criterio incorrecto del Juez señalado como responsable de ignorar lo que dispone el artículo tercero transitorio de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres que modificó diversas disposiciones del Código Penal, que para la imposición de multas bajo el sistema a que se refiere el artículo 29 del Código Penal, cuando la sanción pecuniaria se imponga en pesos, la conversión respectiva se hará tomando el máximo de la fijada en la ley y cuando exceda de quinientos pero no de diez mil pesos, equivaldrá entre dos y veinte días multa, pero como la consideración equivocada del Juez del proceso no causa perjuicio al quejoso Aurelio Meneses Lara, debe dejarse intocada, debiendo en lo sucesivo dicho órgano jurisdiccional, en casos como el que se estudia, emitir sus resoluciones apegadas a las disposiciones legales del caso. Igualmente, se aprecia que el Juez del proceso, para imponer la sanción pecuniaria correspondiente al acusado José Luis Meneses Zamudio, tomó en cuenta como salario mínimo vigente en la época de los hechos, una suma inferior a la que realmente correspondía a aquel que era de nueve mil ciento setenta nuevos pesos, por lo que dicho aspecto de la sentencia, por resultar benéfico al ahora quejoso, debe prevalecer. También se advierte que el Juez de instancia incorrectamente sustituyó al sentenciado Aurelio Meneses Lara la pena de tres meses de prisión que le impuso, por una multa de doscientos mil pesos, dicha sustitución a razón de un día multa por un día de prisión; sin embargo, como ésta resulta benéfica al quejoso, debe subsistir. Finalmente, resulta violatoria de garantías en perjuicio de José Luis Meneses Zamudio, la multa que por doscientos mil pesos le fijó el Juez del proceso para que se acogiera a la sustitución de la pena de prisión, ya que atendiendo al salario mínimo vigente en la época de los hechos, tal cantidad no es el equivalente a razón de un día multa por un día de prisión, por lo que resulta procedente conceder el amparo a dicho quejoso para que el Juez de instancia, dejando intocados los demás aspectos que comprende la sentencia reclamada, imponga la cantidad de ciento treinta y siete mil trescientos setenta y seis pesos como multa en lugar de la que ilegalmente impuso, para que éste pueda acogerse a la sustitución de la pena de prisión con que se le sancionó, previa la reparación del daño."

C). En la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y dos en el juicio de amparo directo 1376/92 promovido por María Esther Gaxiola Cinco, el órgano colegiado de referencia, negó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando, en su parte fundamental:

"Por lo que respecta a la individualización de la pena, el ad quem consideró lo siguiente: `SEXTO. Por lo que respecta a la individualización de las penas, tomando debidamente en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución del ilícito y las particularidades de la acusada, mismas que se encuentran debidamente señaladas en el considerando quinto de la sentencia que se revisa y que se tienen por reproducidas en este apartado en obvio de innecesarias repeticiones, se advierte que el Juez instructor situó la peligrosidad de Luisa Tacher Rivas y María Esther Gaxiola Cinco en la mínima y les impuso, a la primera, siete años de prisión y multa de cien días y por lo que respecta a la segunda, diez años de prisión y cien días multa, con lo que este Tribunal Unitario expresa su conformidad exceptuando el equivalente que para la sanción pecuniaria les impuso de diez millones y cinco millones respectivamente, por lo que se suple la deficiencia de oficio respecto a que no está debidamente demostrada ni acreditada la percepción neta diaria de las acusadas y estando a lo más favorable para ellas, se les fija en el límite inferior del día multa que será el equivalente al salario mínimo diario vigente en el lugar donde se consumó el delito y no en las categorías económicas de las sentenciadas que no están legalmente precisadas ni verificadas; por lo que procede modificar la sentencia recurrida a ese respecto y conforme a la recta aplicación de las reglas de las sanciones, este Tribunal Unitario, con plenitud de jurisdicción al respecto y siendo que en la época de los hechos a estudio, el salario mínimo general vigente era del orden de once mil novecientos pesos, se fija correctamente el equivalente de cien días multa en un total de un millón ciento noventa mil pesos para cada una de las acusadas, sanción pecuniaria sustituible en caso de impago o insolvencia económica por cien días de jornadas de trabajo no remuneradas en favor de la comunidad, en los términos establecidos por los artículos 27 y 29 del código sustantivo de la materia y 66 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que con ello se acatan y respetan los principios jurídicos reguladores del arbitrio judicial, conforme a los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, por lo que procede modificar la sentencia recurrida únicamente respecto del equivalente de los cien días multa en un millón ciento noventa mil pesos.'- Como puede advertirse, el ad quem correctamente se apoyó en los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, ya que son precisamente dichos preceptos los que enuncian los lineamientos para una correcta individualización de las sanciones. En efecto, el ad quem consideró a la inculpada una peligrosidad mínima y aplicando correctamente el artículo 197, párrafo inicial, en relación con las fracciones I y V del Código Penal Federal, que señala como pena aplicable de diez a veinticinco años de prisión y de cien a quinientos días multa, le impuso diez años de pena privativa de libertad y cien días multa a razón de once mil novecientos pesos por día, que era el salario mínimo vigente al momento de los hechos (cinco de febrero de mil novecientos noventa y uno) equivalente a un millón ciento noventa mil pesos; tomando como base el salario mínimo de referencia, en virtud de que no se demostró la percepción neta diaria de la inculpada; sustituible la pecuniaria por cien jornadas de trabajo no remunerado en favor de la comunidad, decretando el decomiso del estupefaciente afecto a la causa y dejando a la inculpada a disposición de la autoridad sanitaria para el tratamiento de su toxicomanía; por ende, las penas impuestas son acordes con la peligrosidad estimada a la quejosa, así como también es correcto el decomiso del estupefaciente afecto a la causa y la orden de poner a disposición de la autoridad sanitaria a la inculpada para el tratamiento de su toxicomanía, pues ello va de acuerdo con lo establecido por los artículos 194, fracción IV y 199 del Código Penal Federal. No pasa desapercibido para este resolutor, la circunstancia de que el ad quem, al imponer la pena pecuniaria tuvo como base el salario mínimo vigente en la época de los hechos, aduciendo que no se acreditó que la inculpada percibía el salario manifestado (de cincuenta a setenta mil pesos diarios); al respecto, cabe decir, en términos genéricos, que para la correcta imposición de la multa, el juzgador debe fundarse en el dicho del inculpado en cuanto al monto de su ingreso diario, el cual debe estimarse suficiente para la acreditación de dicha percepción; sin embargo, en el caso concreto, como la pecuniaria impuesta a la quejosa la beneficia, no es susceptible de cambio. En las anteriores condiciones, lo procedente es negar a la quejosa la protección solicitada."

D). Similares razones expuso el cuerpo jurisdiccional de mérito en fecha nueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, al resolver el juicio de amparo directo 1363/92 promovido por Juan Manuel Adán Huerta y Benigno Pedro Morán Rivera, en el que sobreseyó en cuanto a los actos que se reclamaron del Juez Segundo de Distrito en el Distrito Federal en Materia Penal y negó la protección solicitada, en base a los razonamientos que en lo toral, a continuación se transcriben:

"...Finalmente, la autoridad sentenciadora, para imponer las penas que estimó justas, razonó textualmente lo siguiente: `SEXTO. En lo que respecta a la individualización de las penas impuestas, tomando debidamente en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución del ilícito y las particulares de los delincuentes, mismas que se encuentran señaladas en el considerando segundo de la sentencia que se revisa y que se tienen por reproducidas en este apartado en obvio de innecesarias repeticiones, se advierte que el Juez de Distrito debidamente situó la peligrosidad de Juan Manuel Huerta y Benigno Pedro Morán Rivera en media y les impuso a cada uno 3 años de prisión e indebidamente le impuso a Juan Manuel $400,000.00 cuatrocientos mil pesos multa y a Benigno Pedro $320,000.00 trescientos veinte mil pesos multa, con lo que este Magistrado no está de acuerdo en virtud de que no aparece demostrada eficientemente la capacidad económica de los acusados, es justo y equitativo, conforme al párrafo segundo del artículo 29 del Código Penal, que se fije la multa conforme al salario mínimo general vigente y siendo que en el momento de consumarse los delitos a estudio correspondía a $11,900.00 once mil novecientos pesos diarios; ahora bien, siendo la sanción pecuniaria de 12 doce días equivalentes a $142,800.00 ciento cuarenta y dos mil ochocientos pesos multa a cada uno y consecuentemente, la sustitución de ésta se ratifica en 12 doce jornadas de trabajo no remuneradas en favor de la comunidad, en caso de impago o insolvencia económica, en los términos establecidos por los artículos 27 y 29 del código sustantivo de la materia y 66 de la Ley Federal del Trabajo, con lo cual se acatan y respetan los principios reguladores de su arbitrio, conforme a los artículos 51 y 52 del Código Penal; por otra parte, procede confirmar el fallo que se revisa en relación a los beneficios a que se refieren los artículos 70, fracción III reformados y 90 del Código Penal, de la sustitución de la pena por multa de $2'000,000.00 dos millones de pesos en billete de depósito y el de la condena condicional mediante garantía de $4'000,000.00 cuatro millones de pesos a cada uno de los acusados, en los términos otorgados por el a quo en el considerando cuarto.'- De la anterior transcripción se advierte que el Magistrado responsable, al ocuparse de la individualización de las penas privativa de libertad y pecuniaria, impuestas a los aquí quejosos, no vulneró en su perjuicio garantías individuales, toda vez que, aplicando correctamente el contenido de los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal y siguiendo los lineamientos del a quo, en forma correcta determinó a los acusados una peligrosidad social media, por lo que las penas de 3 tres años de prisión y 12 doce días multa, sustituibles en caso de insolvencia acreditada por 12 doce jornadas de trabajo no remuneradas en favor de la comunidad, están ajustadas a la legalidad, ya que la fracción II del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, dispone en forma textual: `Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: II. Con prisión de 1 uno a 5 cinco años y de 5 cinco a 20 veinte días multa cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley.'- No obstante lo anterior, este Tribunal Colegiado advierte que, contrariamente a lo sostenido por el Magistrado responsable, sí está determinada la capacidad económica de los sentenciados, ya que Juan Manuel Adán Huerta, al rendir su declaración preparatoria manifestó que ganaba $1'000,000.00 un millón de pesos mensuales en la época en que sucedieron los hechos denunciados, en tanto que Benigno Pedro Morán Rivera afirmó ganar $800,000.00 ochocientos mil pesos al mes, por lo que, al hacer la equivalencia de los 12 doce días multa impuestos en pesos, dicha autoridad responsable erróneamente señaló que correspondía a $142,800.00 ciento cuarenta y dos mil pesos ochocientos pesos (sic), incurriendo en desacato a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 29 del código represivo del ramo, en el que se establece que el día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos, siendo evidente que la multa impuesta debió ser mayor de $142,800.00 ciento cuarenta y dos mil ochocientos pesos para ambos; empero, como no es dable agravar la situación jurídica de los sentenciados atendiendo a los principios reguladores del juicio de amparo, este aspecto debe quedar intocado. Es criterio de este órgano colegiado, que es suficiente el dicho del sentenciado para acreditar su percepción económica, cuando no existe prueba en contrario, con la finalidad de imponerle la sanción pecuniaria correspondiente, ya que desestimarlo sin causa justificada sería restarle valor probatorio de manera arbitraria sin que pueda exigírsele que exhiba pruebas para que sean tomadas en cuenta en la determinación de la multa respectiva, cuando los ingresos manifestados por él sean superiores al salario mínimo. El mismo criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver, el día 31 treinta y uno de agosto de 1992 mil novecientos noventa y dos, por unanimidad de votos, el amparo directo penal 1376/92, promovido por María Esther Gaxiola Cinco, plasmado en la tesis identificada con el rubro: `SANCION PECUNIARIA. COMPROBACION DE LA PERCEPCION NETA DIARIA DEL SENTENCIADO PARA EFECTOS DE LA IMPOSICION DE LA.'"

E). De la misma manera, en el juicio de amparo directo 1730/92 promovido por Jesús González Avena, en fecha doce de febrero de mil novecientos noventa y tres se resolvió negar la Protección Constitucional con apoyo en las consideraciones que en lo conducente, señalan:

"Finalmente, para imponer las penas el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, razonó lo siguiente: `En lo relativo a la individualización de sanciones hecha por el a quo, al considerar en el acusado Jesús González Avena un grado de peligrosidad ligeramente superior a la mínima, imponiéndole en términos del artículo 197 del Código Penal Federal en base a la modalidad de suministro de mariguana del delito contra la salud, por contemplar una pena mayor que la de posesión, las penas de diez años seis meses de prisión y multa de siete millones trescientos treinta y tres mil doscientos sesenta pesos, equivalentes a ciento diez días multa, tomando en consideración que el sentenciado dijo percibir un sueldo de dos millones de pesos mensuales, esto es, una percepción neta diaria de setenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos al momento de cometer el delito por el que se le sanciona; este tribunal está de acuerdo con el grado de peligrosidad, la pena de prisión impuesta y los días multa señalados como sanción pecuniaria, sin embargo, respecto a este último concepto, cabe señalar que resulta incorrecto el criterio del a quo al convertir en pesos los días de multa, pues en primer lugar no se demostró plenamente que el ahora acusado efectivamente percibiera dos millones de pesos mensuales para poder estimar que su salario era de sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos; por otra parte, el artículo 29 del Código Penal Federal, en su segundo párrafo, claramente establecer (sic) que el límite inferior del día multa será el equivalente al salario mínimo diario vigente en el lugar donde se consumó el delito; luego entonces, debe estarse a lo establecido por este precepto al no haberse demostrado, como ya se dijo, el dicho del acusado, por tanto, en suplencia de la deficiencia de la queja, como lo dispone el numeral 364 del Código Federal de Procedimientos Penales, se procede a establecer adecuadamente la multa a que se hace acreedor el sentenciado de que se trata, en base a los días que por tal concepto ya quedaron señalados, por lo que tomando en cuenta que el salario mínimo vigente en el mes de mayo de mil novecientos noventa, época de los hechos, era de diez mil ochenta nuevos pesos, resulta un equivalente de un millón ciento ocho mil ochocientos pesos, sanción esta que en caso de impago o insolvencia económica, se sustituye por ciento diez jornadas de trabajo no remuneradas y en favor de la comunidad, mismas que se compurgarán en el lugar que designe el Ejecutivo Federal en condiciones que no excedan de la jornada extraordinaria que determine la ley laboral en períodos distintos al horario de las labores que representen la fuente de ingreso para la subsistencia del sujeto y de su familia y por ningún concepto, el trabajo se desarrollará en forma que resulte degradante o humillante para el condenado, esto en base a lo dispuesto por los artículos 27 y 29 del Código Penal Federal en relación con el 66 de la Ley Federal del Trabajo; por ende, procede modificar el punto resolutivo segundo del fallo revisado.'- Como puede verse de la anterior transcripción, el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito señalado como autoridad responsable ordenadora, aplicó legalmente las sanciones de acuerdo con la peligrosidad ligeramente superior a la mínima que estimó en el inculpado, confirmando lo que al respecto estimó el a quo en cuanto al grado de peligrosidad, la pena de prisión impuesta y los días multa señalados como sanción pecuniaria; sin embargo, debe decirse que no es incorrecto el criterio del Juez de Distrito al aplicar el artículo 29 del Código Penal, en la parte que establece que: `El día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos', si el sentenciado dijo percibir dos millones de pesos mensuales resulta arbitrario y sin fundamento legal exigir que demuestre sus ingresos con algún medio probatorio para reducir caprichosamente la sanción pecuniaria que el legislador dispone sea proporcional con la capacidad económica de cada sentenciado. Concretamente, debe hacerse notar que el Magistrado Unitario incurrió en grave error de apreciación, al expresar que el acusado no demostró el monto de sus ingresos que dijo percibir, pues no es posible exigirle pruebas que deban tomarse en cuenta para efectos de la cuantificación de la pena; además, debe decirse que en este aspecto el dicho del acusado tiene valor de prueba plena si no existe en autos, como en el caso, elemento de convicción que desvirtúe tal afirmación, siendo evidente que el legislador creó el precepto antes aludido para imponer la pena de multa conforme a la justicia y equidad que antes se menciona, es por ello grave desacato de lo que dispone el aludido artículo 29, párrafo segundo del Código Penal al reducir el Magistrado Unitario, sin fundamento legal, la sanción pecuniaria que justa y legalmente impuso el Juez de Distrito, pero como ello benefició notoriamente al acusado, no es posible modificar la sentencia en tal aspecto, porque el juicio de amparo no puede perjudicar a quien lo solicita; por todo lo cual, debe concluirse que, no siendo aplicables al caso las tesis de jurisprudencia que cita el quejoso y en atención a que la sentencia reclamada no viola garantías, procede negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita."

F). En relación con el juicio de amparo directo número 2322/92, interpuesto por Adolfo Hernández Olvera, el cual fue resuelto el día doce de febrero de mil novecientos noventa y tres por el multimencionado Tribunal Colegiado, concediendo el amparo solicitado; en su parte considerativa, substancialmente se indicó:

"El análisis de las anteriores consideraciones, permite concluir que el Juez responsable, al individualizar las penas, contrariamente a lo afirmado en los conceptos de violación, hizo un uso prudente y adecuado del arbitrio judicial que le conceden los artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal, ya que tomó en cuenta las circunstancias exteriores de comisión del delito y las condiciones particulares del sentenciado, tales como la naturaleza del ilícito cometido, la extensión del daño causado, el peligro corrido, el hecho de que se cometió con motivo de un vínculo de índole laboral, la edad del sentenciado, estado civil, grado de instrucción, capacidad económica y el hecho de que no tiene antecedentes penales; por lo que legalmente se le consideró con una peligrosidad social ligeramente superior a la mínima y es el caso que a ese grado de temibilidad corresponden las penas de cuatro años de prisión y multa por la cantidad de un millón doscientos veinticinco mil setecientos pesos, equivalente a ciento tres días de salario mínimo general vigente en la fecha de comisión del delito, por lo que en ese aspecto, la sentencia reclamada no viola garantías. Al margen de lo expuesto, este tribunal advierte que el Juez sentenciador, a pesar de que admite que el día multa, para los efectos de la pena de multa, conforme al párrafo segundo del artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, incluyendo todos sus ingresos y que en la especie dijo percibir cien mil pesos semanales, es decir, catorce mil doscientos ochenta y cinco pesos diarios, consideró que como no había otro elemento probatorio que demostrara que realmente ese era el ingreso del sentenciado, tomaría en cuenta el salario mínimo para los efectos de la determinación del día multa. Tal aseveración es incorrecta, pues los ingresos, para los efectos de que se trata, deben declararse demostrados con la sola declaración del inculpado. Desestimarla sin causa justificada es tanto como restarle valor probatorio de manera arbitraria, cuanto más que en materia procesal penal también rige el principio jurídico de que quien afirma está obligado a probar los hechos constitutivos de su afirmación; de tal suerte que, conforme al criterio del Juez sentenciador, al inculpado le correspondería probar durante la instrucción, que percibe los ingresos manifestados en su declaración preparatoria, cuando éstos sean superiores al salario mínimo, lo cual es absurdo si se toma en cuenta que en una etapa procesal en la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3584-f34c06c5/multa-el-criterio-para-imponerla-es-la-percepcion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.