AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCION DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VIA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS. AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES A QUIENES SE ATRIBUYA LA EJECUCION, EN VIA DE CONSECUENCIA, DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO RECLAMADO.
CONTRADICCION DE TESIS 2/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, AMBOS DEL SEPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la formuló un Magistrado integrante de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
TERCERO. El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 489/94, en la parte que interesa, consideró: "II. En virtud de que las causas de improcedencia deben ser estudiadas en forma preferente atento a lo que dispone la tesis de jurisprudencia del más alto tribunal del país número 940 y epígrafe `IMPROCEDENCIA', visible en la página mil quinientos treinta y ocho de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos ochenta y nueve, este órgano pasa al análisis de la hecha valer por el Juez Mixto de Primera Instancia de Pánuco, Veracruz, mediante oficio 2928, de siete de octubre último, en el sentido de que respecto a él se actualiza en el caso a estudio la causal de improcedencia a la que se contrae la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la tesis de jurisprudencia número 2 emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito bajo el epígrafe `ACTOS DE EJECUCION, NO PROCEDE EL AMPARO DIRECTO CONTRA LOS.' consultable en las páginas doscientos setenta y uno y siguiente de la Tercera Parte del Informe de Labores rendido por el presidente de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de mil novecientos ochenta, que a la letra dice: `Respecto de los actos de ejecución que la parte quejosa reclama en su demanda de garantías del presidente y actuario de la Junta responsable, debe decirse que de conformidad con los artículos 107, fracciones V y VI de la Constitución Federal y 158 de la ley reglamentaria del juicio de amparo y con las disposiciones relativas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el juicio de amparo directo, promovido en única instancia ante los Tribunales Colegiados de Circuito, sólo procede contra sentencias definitivas dictadas por tribunales judiciales o administrativos o contra laudos pronunciados por tribunales del trabajo, por violaciones a las leyes del procedimiento cometidas durante la secuela del mismo, siempre que afecten a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias o laudos; por lo que dichos colegiados no pueden conocer, en juicio de amparo directo, de los actos de ejecución, que son ajenos a los enunciados y no otorgarles jurisdicción para ello las disposiciones legales aludidas, ni ninguna otra de las que forman el Título Tercero de la ley reglamentaria mencionada, denominado `De los juicios de amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito'. Consecuentemente, la materia de las sentencias que se dicten en esos juicios por los Tribunales Colegiados de Circuito debe limitarse al acto reclamado respecto del que esos tribunales tienen jurisdicción para pronunciar resolución. De ahí que al resultar, por disposición de la ley, improcedente el juicio de amparo directo contra los actos de ejecución reclamados, sean aplicables, para decretar el sobreseimiento en lo relativo a ellos, los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor.'
"Ahora bien, este órgano colegiado no comparte el criterio antes citado atento a que si bien es cierto que el primer párrafo del artículo 158 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones, también lo es que los artículos 5o., fracción II, de la Ley en cita, y 11 ibidem, estatuyen en su orden que son parte en el juicio de amparo la autoridad o autoridades responsables y que tienen este carácter las que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, por lo que si a lo anterior se aúna el hecho de que el más alto tribunal del país ha sostenido en la tesis de jurisprudencia número 301 y rubro `AUTORIDADES RESPONSABLES DEL ACTO OBJETO DE AMPARO.', consultable en la página quinientos veinte de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos ochenta y nueve, que las autoridades responsables del acto objeto de amparo lo son no solamente la autoridad superior que ordena el acto sino también las subalternas que lo ejecuten o traten de ejecutarlo, y contra cualquiera de ellas procede el amparo, debe convenirse que no puede acogerse la pretensión del Juez natural a la que se alude al inicio de este apartado."
De la ejecutoria anterior derivó la tesis visible en la página 123, Tomo XV, correspondiente al mes de febrero de 1995, de la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se reproduce:
"ACTOS DE EJECUCION. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LOS. Si bien es cierto que el primer párrafo del artículo 158 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones, también lo es que los artículos 5o., fracción II de la Ley en cita y 11 ibidem estatuyen en su orden que son partes en el juicio de amparo la autoridad o autoridades responsables y que tienen este carácter las que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, por lo que si a lo anterior se aúna el hecho de que el más alto tribunal del país ha sostenido en la tesis de jurisprudencia número 301 y rubro `AUTORIDADES RESPONSABLES DEL ACTO OBJETO DE AMPARO.', consultable en la página quinientos veinte de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos ochenta y nueve, que las autoridades responsables del acto objeto de amparo lo son no solamente la autoridad superior que ordena el acto sino también las subalternas que lo ejecuten o traten de ejecutarlo, y contra cualquiera de ellas procede el amparo, debe convenirse que el juicio de amparo directo sí es procedente contra los actos de ejecución."
CUARTO. El Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 66/93, en la parte conducente, determinó:
"CUARTO. En virtud de que aparecen señalados como autoridades responsables la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como el presidente de la misma, y este último no reviste tal carácter de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio únicamente con respecto a esta autoridad, con fundamento además en la fracción XVIII del artículo 73 de la ley de la materia, en relación con la fracción III del artículo 74 ibidem."
Asimismo, el referido Tribunal Colegiado, al resolver el juicio de amparo directo 59/93, en la parte que interesa, consideró:
"IV. En virtud de que las causas de improcedencia son de orden público y por tal motivo deben de estudiarse preferentemente, y de oficio en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 940 y epígrafe `IMPROCEDENCIA.' es visible en la página mil quinientos treinta y ocho de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos ochenta y ocho, se pasa a analizar la que se surte en la especie.
"En efecto, de la demanda de garantías se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable ordenadora a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, y a su presidente, como autoridad ejecutora.
"Ahora bien, toda vez que el aludido presidente, en términos del artículo 158 de la ley de la materia, que señala como tal sólo a la que dicta el acto reclamado, no guarda el carácter de autoridad responsable, debe concluirse que se actualiza, por cuanto a los actos que se combaten de aquél, la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII ibidem, en relación con el precepto antes indicado, lo que obliga a sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el diverso artículo 74, fracción III de la Ley en comento."
De las ejecutorias anteriores derivó la tesis publicada en la página 143 del Tomo XII, correspondiente al mes de julio de 1993, de la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes:
"AMPARO DIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL, TRATANDOSE DE ACTOS DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA. En virtud de que en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo sólo procede contra las autoridades que dictaron el acto reclamado, es inconcuso que si el quejoso señaló como responsable a otra autoridad, en su calidad de ejecutora, se actualiza por cuanto hace a ésta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII ibidem, en relación con el precepto antes indicado, lo que obliga a sobreseer en el juicio de garantías."
QUINTO. Del análisis de las partes transcritas de las ejecutorias anteriores, se llega a la conclusión de que en el conflicto de tesis planteado se reúnen los requisitos exigidos para la determinanción de la existencia de tal contradicción, establecidos en la tesis de jurisprudencia de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este Tribunal Pleno hace suya, publicada en las páginas 22 y 23, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 58, correspondiente a octubre de 1992, que dice:
"CONTRADICCION DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal, y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a). Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b). Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c). Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Con el propósito de decidir si en la contradicción de tesis denunciada se surten los requisitos establecidos en la anterior jurisprudencia, es conveniente tomar en cuenta que el juicio de amparo directo 489/94, resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, fue promovido por Jesús Reséndiz Zúñiga, en contra de la sentencia definitiva dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, emanada del procedimiento penal seguido en contra del quejoso por considerarlo responsable en la comisión del delito de homicidio. Consta igualmente de la copia certificada de la sentencia de amparo relativa que en ese juicio el quejoso también reclamó los actos de ejecución de dicha sentencia, que atribuyó al Juez Mixto de Primera Instancia de Pánuco, Veracruz, pero cuya inconstitucionalidad no la reclamó por vicios propios, sino como consecuencia de derivar de la sentencia definitiva reclamada, lo que se considera así porque los conceptos de violación expresados en la demanda relativa el quejoso los enderezó exclusivamente para combatir los razonamientos de esa sentencia, y no respecto de los actos de ejecución de la misma.
Por otra parte, en el juicio de amparo directo 66/93, resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo Circuito, destaca que fue promovido por Angel Ramírez Cázarez, en representación de Ezequiel Domínguez Camilo, contra el laudo emitido por la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, en el juicio laboral seguido por el propio quejoso en contra de la empresa Operadora de Líquidos Pesados, Sociedad Anónima. Asimismo, se señaló como autoridad ejecutora al presidente de la citada Junta, sin que en contra de los actos de ejecución relativos se expresara concepto de violación alguno, sino únicamente se hicieron valer en contra de lo considerado por la Junta responsable en el laudo referido, lo cual conduce a estimar que los actos de ejecución no se combatieron por vicios propios, sino como consecuencia de la inconstitucionalidad atribuida a dicho laudo.
En relación con el juicio de amparo directo 59/93, resuelto por el citado Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, aparece que aquél se promovió por Rolando R. Rivera Ochoa, en representación de Refacciones Industriales de Córdoba, Sociedad Anónima, y de Martha Félix Díaz González, contra el laudo pronunciado por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, en el juicio laboral promovido por Carmen Rodríguez Aguilar, en contra de los quejosos mencionados. El promovente señaló como autoridad ejecutora al presidente de la aludida Junta, sin embargo, no expresó ningún razonamiento lógico-jurídico tendiente a combatir los actos de ejecución respectivos, pues en los conceptos de violación formulados el quejoso sólo impugnó las consideraciones expuestas por la Junta responsable al dictar el laudo reclamado, lo cual permite concluir que, igual que en los dos asuntos anteriores, la inconstitucionalidad de los actos de ejecución se hizo depender de la que resultara de la resolución principal, esto es, del laudo reclamado.
Así, del examen de los asuntos relacionados en los considerandos tercero y cuarto se aprecia que los requisitos previstos en la jurisprudencia supratranscrita se encuentran satisfechos, en virtud de que el Tribunal Colegiado en Materia Penal y el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, al resolver los respectivos juicios de amparo directo se pronunciaron en torno a un idéntico problema jurídico, relativo a si el juicio de amparo directo, promovido por quien fue parte y tuvo intervención como tal en el juicio de que derivan los actos reclamados, es procedente contra los actos de autoridades ejecutoras, aspecto que comprende asimismo el conflicto jurídico de si el amparo directo es procedente para impugnar los actos de ejecución de la sentencia definitiva o laudo reclamado, cuando esos actos de ejecución no se reclamen por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se aduzca por vía de consecuencia de la que pudiera resultar de la sentencia definitiva o laudo reclamado.
Además, se advierte que ambos tribunales llegaron a conclusiones opuestas, pues mientras que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito considera que sí es procedente el amparo directo, el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo Circuito sostiene lo contrario, es decir, que es improcedente el juicio de amparo directo contra ese tipo de actos, al establecer que el amparo promovido en esta vía sólo procede en contra de la autoridad responsable que dictó el acto reclamado (laudo emitido por tribunales del trabajo).
En las relacionadas condiciones queda configurada la presente contradicción de tesis.
SEXTO. Debe prevalecer, en esencia, con el carácter de jurisprudencia la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
Para tal efecto, es conveniente considerar lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, V y VI de la Constitución Federal, y 158 de la Ley de Amparo, que respecto a la procedencia del juicio de amparo directo establecen:
"Art. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:...
"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia;
"b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y
"c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio;(...)
"V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:
"a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.
"b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal.
"c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.
"En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y
"d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado.
"La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del procurador general de la República, podrá conocer de los amparos directos que por sus características especiales así lo ameriten...
"VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus respectivas resoluciones;..."
"Art. 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.
"Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.
"Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio."
Como se observa de la lectura de los preceptos transcritos, la procedencia del amparo directo expresamente está limitada, salvo la hipótesis de resoluciones que ponen fin al juicio y que es ajena a la litis de contradicción, a la reclamación de sentencias definitivas, laudos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues la existencia de alguna de esas resoluciones, según el caso, constituye el presupuesto legal en que se finca la procedencia de esta vía.
Asimismo, los preceptos legal y constitucional citados igualmente precisan las violaciones de garantías susceptibles de invocarse en el juicio de amparo directo, comprendiendo en este sentido a las violaciones cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, así como a las que se lleven a cabo durante el procedimiento, cuando afecten las defensas del quejoso y trasciendan al sentido de la resolución definitiva correspondiente.
Lo anterior permite considerar, en principio, que el legislador, al exigir la emisión de una resolución definitiva dentro de un proceso judicial (penal, civil o mercantil) o jurisdiccional (administrativo o del trabajo), dictada por el tribunal respectivo, como acto rector que determina la procedencia en su contra del juicio de amparo directo, y al admitir la posibilidad de que en esta vía de amparo directo puedan plantearse las violaciones de garantías verificadas durante el procedimiento, que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al sentido de la sentencia definitiva o laudo reclamado, actos respecto de los cuales se circunscribe la contradicción de tesis denunciada, así como las violaciones cometidas en estas propias resoluciones, podría dar pauta para considerar, dentro de un contexto meramente gramatical, que en el juicio de amparo directo únicamente es posible reclamar las violaciones de garantías procesales y de fondo que puedan jurídicamente influir en el sentido de la sentencia definitiva o laudo de que se trate, y que no serían susceptibles de reclamarse en esta vía los actos de ejecución, por ser ajenos a los enunciados expresamente en los artículos 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 158 de la Ley de Amparo.
Sin embargo, no es la interpretación gramatical el camino adecuado para resolver el conflicto de criterios que se estudia, sino que debe emprenderse un análisis sistemático de las disposiciones citadas acerca de la procedencia del juiciode amparo directo y de los principios lógicos que lo rigen.
Sobre la base anterior, debe considerarse que el juicio de amparo directo es la vía constitucional de que dispone el gobernado que con el carácter de parte intervino dentro un juicio seguido ante un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, para impugnar la sentencia definitiva o laudo que en el momento procesal correspondiente esos órganos jurisdiccionales pronuncien.
Es indudable que el ejercicio de la acción de amparo en la vía directa permite al quejoso plantear al órgano de control constitucional (Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, Suprema Corte de Justicia de la Nación) las violaciones de garantías cometidas durante el procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al agraviado y que trasciendan al resultado de la sentencia definitiva o laudo reclamado, así como las que se llevaron a cabo en la resolución definitiva respectiva.
Sin embargo, no es posible admitir como correcto el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, en el sentido de que el juicio de amparo directo resulte improcedente contra los actos de las autoridades ejecutoras y, en esa medida, contra los actos de ejecución de la sentencia definitiva o laudo reclamado, cuando la ejecución no se combate por vicios propios, sino sólo por ser consecuencia lógica y jurídica de la sentencia definitiva o laudo que el quejoso estima inconstitucional.
Lo anterior es así, pues es inconcuso que la procedencia del amparo directo contra una sentencia definitiva o laudo igualmente acarrea la procedencia del amparo en esa vía para combatir los actos mediante los cuales se pretenden ejecutar aquellas resoluciones, cuando la ejecución no se impugna por vicios propios, pues si la inconstitucionalidad de los actos de ejecución se plantea por el quejoso exclusivamente en vía de consecuencia de la inconstitucionalidad que pueda resultar de la sentencia definitiva o laudo reclamado, la vinculación de causalidad jurídica tan estrecha que existe entre ambos actos, la resolución y su ejecución, exige que los resuelva el mismo órgano de control constitucional, atendiendo a que el resultado al que se llegue respecto de dicha resolución igualmente comprenderá el de su ejecución.
Para determinar lo anterior, es indispensable considerar en primer término que las disposiciones relativas de la Ley de Amparo manifiestan un claro espíritu en el sentido de respetar la indivisibilidad de la demanda de amparo, que tiene aplicación estricta cuando los actos reclamados se encuentran fuertemente ligados entre sí, formando una unidad que no es posible ni conveniente jurídicamente desmembrar, ya que, de proceder así, ocasionaría que se dividiera la continencia de la causa, con notorios perjuicios para la pronta, integral y oportuna administración de justicia, en detrimento de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución General de la República.
En congruencia con lo expuesto, resulta lógico establecer que la competencia expresa otorgada en la Constitución y en la Ley de Amparo para que los Tribunales Colegiados de Circuito, y en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando decida ejercer la facultad de atracción para conocer un asunto de esa naturaleza, mediante el juicio de amparo directo resuelvan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una sentencia definitiva o laudo, igualmente los faculta para conocer y resolver en el juicio de garantías directo por lo que toca a los actos de ejecución respectivos, que no se impugnan por vicios propios, debido a que si entre la sentencia definitiva o laudo y su ejecución, con las características descritas, existe una vinculación tal que lo resuelto respecto de la sentencia definitiva o laudo reclamado indudablemente alcanza a los actos de ejecución, como consecuencia que son de aquellos actos principales, no hay razón lógica para que el propio tribunal que conoce del amparo directo no pueda conocer también de los mencionados actos de ejecución.
De esa manera, la unidad indivisible habida entre la sentencia o laudo y su ejecución, impugnada como mero efecto de aquéllos, obliga a reconocer que la vía procedente para impugnar tal ejecución es la del amparo directo, a pesar de que literalmente no esté determinado en esos términos en los artículos 107, fracción III, inciso a) de la Ley Fundamental, y 158 de la ley de la materia, que regulan la procedencia del juicio de garantías directo, porque no necesariamente tendría que haber quedado plasmado de esa manera en los ordenamientos citados para que el Tribunal Colegiado de Circuito, o en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conociera de los actos de ejecución en el amparo directo, si el reconocimiento de esa competencia resulta por mero efecto lógico de atribuir a los actos de ejecución el carácter de una consecuencia lógica y jurídica que no puede ser ignorada por el juzgador de amparo, so pretexto de interpretar de una manera letrista lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, y 158 de la Ley de Amparo.
Además, atendiendo también al contenido de los principios de concentración, de expeditez o celeridad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3729-2dd8066b/amparo-directo-es-procedente-contra-los-actos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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