CONFESIÓN. LA OMISIÓN DE HACER SABER LA PROBABLE REDUCCIÓN DE LA PENA, POR CONFESAR LOS HECHOS, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDA AL RESULTADO DEL FALLO Y AMERITE CONCEDER EL AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del acuerdo plenario 1/1995 de siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en virtud de que las ejecutorias en cuestión se refieren a la materia penal.
SEGUNDO. El fallo emitido en el juicio de amparo directo número 1126/94, que dio origen a la tesis pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, en lo conducente, es del tenor literal siguiente:
"... Y por lo que respecta a la individualización de la pena, cabe señalar que la imposición de dieciséis años de prisión y multa de mil días de salario, no causa ningún perjuicio a la parte quejosa porque para ello se tomó en consideración su grado de peligrosidad, determinado entre la media y la máxima, con inclinación a la primera, tomando en consideración para ello las circunstancias personales del inculpado y los objetivos de la consumación del ilícito, conforme a lo establecido por el artículo 59 del Código Penal, destacando para ello la situación del sujeto activo del delito que, teniendo una ocupación lícita por las mañanas, se dedicó por las tardes a reunirse con otros individuos a cotorrear, donde surgen los proyectos de atentar contra los bienes de otras personas, es decir, sin tener necesidades económicas urgentes, sino solamente porque necesitaba acción; tomándose en consideración además el grave daño causado con la pérdida de la vida de tres individuos, por el solo hecho de haberse opuesto al robo uno de ellos, y a los otros sin motivo alguno habérseles dado muerte; todo lo cual denota que la Sala, tomando en consideración los móviles de los delitos y circunstancias de ejecución, determinó la peligrosidad entre la media y la máxima e impuso una pena de dieciséis años de prisión y mil días de salario mínimo, la cual resulta ser menor a la media aritmética correspondiente a los ilícitos contemplados en los artículos 246 y 300 del Código Penal, lo cual, lejos de perjudicar al quejoso lo favorece, por lo que ningún agravio le puede ocasionar tal hecho.
"Además, es inexacto que en la primer sentencia se hubiese considerado al quejoso como de mínima peligrosidad y que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se aumente esa peligrosidad, pues lo cierto es que la sentencia de primer grado estimó una peligrosidad entre la media y la máxima, con tendencia a media, y la Sala en su primer sentencia confirmó ese grado de peligrosidad pero redujo la pena a menos de la media, imponiéndole dieciséis años de prisión cuando que la media aritmética de ambos ilícitos es de veinticuatro años seis meses y, por último, en la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo reiteró el grado de peligrosidad y la penalidad en dieciséis años de prisión.
"No pasa inadvertido a este tribunal que al rendir su declaración preparatoria, al quejoso no se le hizo saber expresamente que si confesaba espontáneamente los hechos o ratificaba la emitida en indagatoria o confesaba hasta antes de la audiencia, era factible disminuir la pena hasta un tercio al tenor del artículo 60 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, sin embargo, tal omisión no constituye una violación al procedimiento prevista en las diversas fracciones del artículo 160 de la Ley de Amparo ni aun por analogía a la fracción VIII que considera una violación al procedimiento el que no se suministren los datos que necesite el quejoso para su defensa.
"En efecto, el conocimiento de la ley es una presunción jure et de jure que deriva de su publicación en el Periódico Oficial al tenor del artículo 3o. del Código Civil del Estado de México, de donde el quejoso tiene conocimiento de tal disposición. Además, es elemento esencial del procesado, que al rendir su declaración preparatoria, esté asistido de un abogado, el cual por doble razón conoce el contenido de las leyes y podrá asesorar a su defenso para que sepa que si confiesa, ello redundará en una reducción de la pena hasta en un tercio.
"Más aún, en la declaración preparatoria se invita al procesado a conducirse con verdad. Todo lo cual implica que el procesado sabe que si confiesa ello le será benéfico en razón del monto de la pena.
"En consecuencia, la omisión en comento no implica que se le prive de datos necesarios para su defensa, dado que éstos se refieren a los elementos probatorios que obran en autos y de los que se desprende quién le hace la imputación respecto de qué hechos y con qué pruebas pretenden acreditarse esos hechos.
"La analogía con la fracción IV del artículo 160 de la Ley de Amparo, que considera violación procesal al hecho de que se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley, podría darse en un aspecto formal. Sin embargo, las violaciones al procedimiento susceptibles de impugnarse en amparo directo son aquellas que afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, y es el caso que el no haberse expresado formalmente a un indiciado que si confiesa le será reducida la pena hasta en un tercio, no afecta sus defensas cuando tal indiciado sostiene no haber cometido los hechos delictuosos y se le han suministrado todos los datos necesarios para su defensa con el asesoramiento de abogado. Por ende, con tal violación al procedimiento y sin ella no trasciende al resultado del fallo en lo referente al acreditamiento del cuerpo del delito y su responsabilidad.
"De esta manera, si a la omisión relatada se le quiere dar el tratamiento y efectos de una violación al procedimiento fundada, resultarían dos hipótesis. En la primera habría que estimar la violación precisamente en la diligencia en que se tomó la declaración preparatoria y entonces el amparo se otorgaría para que la Sala dejara insubsistente su sentencia y dictara otra en la que revocara la de primer grado y ordenara reponer el procedimiento hasta la declaración preparatoria. Esta hipótesis traerá aparejada una mayor violación al procedimiento al dejar sin efecto el auto de formal prisión y todo lo actuado con posterioridad, lo que resulta contrario al artículo 19 constitucional que exige que ninguna detención podrá exceder del término de tres días sin que se justifique con auto de formal prisión.
"En efecto, si se repone el procedimiento hasta la declaración preparatoria, entonces la detención de una persona ya no tendrá sustento en un auto de formal prisión, lo que denota que pretendiéndose subsanar una violación meramente formal al procedimiento, se incurriría en una violación procedimental de mayor entidad.
"En la segunda hipótesis podrá estimarse que el procesado tuvo oportunidad de confesar hasta antes de la audiencia final del juicio, y que por ello bastaría otorgarle el amparo para que la Sala dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara otra en la que revocara la sentencia de primer grado hasta antes de la audiencia final del juicio y ahí se le hiciera saber el derecho de confesar y que le sea reducida la pena hasta un tercio.
"Conforme a esta hipótesis, se alteraría la violación procesal pues ésta consiste en no haberse hecho saber al indiciado tal beneficio previamente al declarar en preparatoria, pero además propicia dos efectos negativos. Primero, la dilación al proceso penal que estará dictando la sentencia de primer grado después del término que establece el artículo 20 constitucional en su fracción VI (sic). En segundo lugar, resultará que si la pena que se iba a imponer a un procesado fue de poca duración, tendrá que cumplir la máxima mientras dure el proceso, cuando que la sentencia que se dictare podrá ser absolutoria o en su caso condenatoria con mínima peligrosidad, lo que daría una pena menor de la que se le obliga a cumplir con el argumento de estársele ayudando a que se cumpla una formalidad intrascendente.
"Por último, debe señalarse que el auto de formal prisión fue dictado en fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y dos, o sea, con anterioridad a las reformas del artículo 19 constitucional, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el tres y seis de septiembre de mil novecientos noventa y tres, por lo que en la especie no son aplicables tales disposiciones de actos procedimentales; sólo es aplicable la ley que rige en el momento en que se dicte el auto, pues no es posible lógica ni jurídicamente la aplicación de una ley que aún no se ha aprobado ni publicado.
"Habiendo resultado infundados los agravios invocados por el quejoso y no advirtiendo este tribunal deficiencia alguna que suplir, en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado en contra de los actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México, haciéndose extensiva tal declaratoria respecto del director de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación señalada como autoridad ejecutora y reclamarse vicios propios de ejecución."
TERCERO. Las resoluciones que originaron la tesis que sustenta el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, son las siguientes:
a) Amparo directo penal número 343/94, interpuesto por Eduardo Jiménez Reyes, resuelto el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, cuya resolución, en lo que interesa, es del texto siguiente:
"SEXTO. El peticionario de garantías aduce en su escrito de demanda de amparo, recibido por la responsable el ocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no se hizo un estudio pormenorizado de las constancias procesales, ya que no se tomaron en cuenta las pruebas aportadas, en especial la retractación que en preparatoria hizo de su declaración ministerial, dado que ésta le fue arrancada con violencia física y moral; así como la retractación de la denunciante María de Jesús Cortés Arriaga a quien igualmente obligaron a manifestar hechos que no son ciertos. "Que por otra parte, no se tomó en cuenta que el menor occiso José Valentín Cortés Guzmán padecía asma; que el testigo Gabriel Alberto Reyes Carmona manifestó que el quejoso nunca golpeó al ofendido antes mencionado; mientras que con la testimonial de Ramón Reyes Paredes, persona con la que estuvo ingiriendo bebidas embriagantes, se acreditó que el impetrante se quedó dormido. Lo cual hace que exista duda respecto de la responsabilidad penal del quejoso (fojas 7 a 10).
"En diverso escrito de fecha nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, el peticionario de garantías amplió los conceptos de violación y manifestó que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se transgrede el último precepto constitucional, en relación con los numerales 60, segundo párrafo y 182, fracción II (sic) del Código de Procedimientos Penales, en razón de que al rendir su declaración preparatoria no se le hizo saber el beneficio que concede la ley a aquellos que confiesan espontáneamente los hechos imputados, lo cual transgrede sus garantías individuales al haberse practicado una diligencia en forma distinta a la prevista en el artículo 182, fracción II (sic) del citado Código de Procedimientos Penales y obliga a reponer el procedimiento en los términos del artículo 160, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"Por razón de método, este Tribunal Colegiado de Circuito procederá al estudio de los conceptos de violación expresados en el escrito de nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, en virtud de que resultan preferentes por esgrimirse en ellos violaciones al procedimiento que, en caso de ser fundadas, harían innecesario el estudio del resto de los conceptos de violación.
"El artículo 60 del Código Penal, en su segundo párrafo establece: 'Si el inculpado al rendir su declaración preparatoria confiesa espontáneamente los hechos que se le imputan, o en ese mismo acto ratifica la rendida en indagatoria, o la formula con posterioridad hasta antes de la celebración de la audiencia final de juicio, el Juez podrá reducir hasta en un tercio la pena que le correspondería conforme a este código.'.
"El artículo 182, fracción III, del Código de Procedimientos Penales, establece: '... El Juez tendrá la obligación de hacer saber al detenido, en ese acto: «El beneficio que le concede el párrafo segundo del artículo 60 del Código Penal en el sentido de que si confiesa espontáneamente los hechos que se le imputan o ratifica la confesión en indagatoria o la formula con posterioridad hasta antes de la celebración de la audiencia final de juicio, se le podrá reducir hasta en un tercio la pena que le correspondería conforme al citado código; y ...».'
"Ahora bien, en la diligencia desahogada el quince de noviembre de mil novecientos noventa y dos, el Juez de la causa hizo saber al impetrante la causa de su detención, nombre del acusador, naturaleza de los delitos imputados, las penas con las cuales se castigan y que el Ministerio Público ejercitó acción penal, así como el derecho a obtener la libertad provisional bajo fianza y a nombrar defensor o defenderse por sí mismo; sin embargo, dicha autoridad no observó lo ordenado en el artículo 182, fracción III, del Código de Procedimientos Penales, al no haberse hecho del conocimiento del peticionario de garantías el beneficio contenido en el numeral 60, párrafo segundo, del Código Penal, consistente en que si ratificaba su confesión inicial o la vertía espontáneamente hasta antes de la celebración de la audiencia final de juicio, el Juez podría reducir hasta en un tercio la pena que le corresponda conforme al citado código.
"En las relacionadas condiciones, es incuestionable que, como lo aduce el impetrante, al no haberse hecho de su conocimiento el derecho que el artículo 182, fracción III, en relación al numeral 60, segundo párrafo, del Código Penal, le concede, se le coartó un beneficio que la ley le concede, lo que en términos del artículo 160, fracción V, de la Ley de Amparo se traduce en una violación a las leyes del procedimiento penal, afectando a las defensas del quejoso.
"En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo para que, atendiendo a lo expresado, la Sala responsable ordene reponer el procedimiento a partir de la declaración preparatoria de fecha quince de noviembre de mil novecientos noventa y dos, se deje nulo todo lo actuado con posterioridad y en una nueva declaración preparatoria, se haga del conocimiento del quejoso lo dispuesto en el artículo 182, fracción III, del Código de Procedimientos Penales y obre en consecuencia.
"Similar criterio sustentó el entonces Primer Tribunal Colegiado de Circuito en las ejecutorias emitidas en los amparos directos 248/93, promovido por Guillermo Cruz Rojas, en sesión de 6 de mayo de 1993; 278/93, promovido por Raymundo Vera Hernández, en sesión de 6 de mayo del mismo año y 989/93, promovido por Arturo Silva Durán, en sesión de 2 de febrero de 1993."
b) Amparo directo penal número 925/94, promovido por Miguel Ángel Calleja Rebollo, fallado el veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, que en lo conducente dice: "... CUARTO. Este Tribunal Colegiado estima innecesario transcribir el auto reclamado, los conceptos de violación, reseñar las pruebas del sumario y entrar al estudio del fondo del asunto, por advertir una violación manifiesta al procedimiento, la que no obstante no haber sido alegada por las partes, debe hacerse valer de oficio y es de estudio preferente por tratarse de una diligencia que deja sin defensa al aquí quejoso.
"En efecto, el artículo 182 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, señala en su fracción III, que al momento de la declaración preparatoria, el Juez hará saber al detenido el beneficio que le concede el párrafo segundo del artículo 60 del Código Penal del Estado, en el sentido de que si confiesa espontáneamente los hechos que se le imputan o ratifica la confesión en indagatoria, o la formula con posterioridad hasta antes de la celebración de la audiencia final del juicio, se le podrá reducir hasta en un tercio la pena que le correspondería conforme al citado código; ahora bien, del estudio detallado de la declaración preparatoria que emitió el sentenciado Miguel Ángel Calleja Rebollo ante el órgano jurisdiccional, visible a foja dieciséis del sumario, se advierte que el juzgador del conocimiento no cumplió con lo dispuesto por el numeral antes invocado, es decir, no le hizo saber al enjuiciado el beneficio que le confiere el artículo 60, párrafo segundo, en mención, ni tampoco lo hizo durante la secuela del procedimiento.
"En mérito de lo anterior, es inconcuso que el Juez de origen practicó una diligencia en forma distinta de la prevenida por la ley, es decir, omitiendo lo preceptuado por el artículo 182, fracción III, del código procesal penal estatal, con lo que coartó al quejoso de la posibilidad del beneficio que le confiere el diverso numeral 60, párrafo segundo, ibidem; lo que se traduce en una violación manifiesta a las leyes del procedimiento penal, de acuerdo con el precepto 160, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo; advirtiéndose del toca penal, que la autoridad responsable no se pronunció al respecto, como debía hacerlo, en atención a lo preceptuado por el artículo 321 de la ley adjetiva de la materia, respecto a que si el tribunal de apelación encuentra que hubo una violación manifiesta al procedimiento, que haya dejado sin defensa al procesado, y que sólo por torpeza o negligencia de su defensor no fue combatida debidamente, podrá suplir la deficiencia y ordenar que se reponga dicho procedimiento.
"En estas condiciones, para resarcir la violación cometida, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el fallo impugnado y en su lugar pronuncie otro, en el que sin entrar al estudio del fondo de la sentencia de primera instancia, revoque la misma y ordene reponer el procedimiento a partir de la declaración preparatoria del veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y tres, se deje nulo todo lo actuado con posterioridad y en una nueva declaración preparatoria, se haga saber al quejoso lo dispuesto por el artículo 182 del Código de Procedimientos Penales para el Estado."
c) Juicio de amparo directo penal número 888/94, instaurado por Eduardo Peñaloza Contreras, resuelto el veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, cuya resolución, en lo conducente, dice:
"... CUARTO. Este Tribunal Colegiado estima innecesario realizar la transcripción del auto reclamado, de los conceptos de violación, reseñar las pruebas del sumario y entrar al estudio del fondo del asunto, por advertir una violación manifiesta al procedimiento, la que no obstante no haber sido alegada por las partes, debe hacerse valer de oficio y es de estudio preferente, por tratarse de una diligencia que deja sin defensa al aquí quejoso.
"En efecto, el artículo 182 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, señala en su fracción III, que al momento de la declaración preparatoria, el Juez hará saber al detenido el beneficio que le concede el párrafo segundo del artículo 60 del Código Penal, en el sentido de que si confiesa espontáneamente los hechos que se le imputan o ratifica la confesión en indagatoria o la formula con posterioridad hasta antes de la celebración de la audiencia final de juicio, se le podrá reducir hasta un tercio la pena que le correspondería conforme al citado código; ahora bien, del estudio detallado de la declaración preparatoria que emitió el sentenciado Eduardo Peñaloza Contreras ante el órgano jurisdiccional, visible a foja catorce, se advierte que el juzgador del conocimiento no cumplió con lo dispuesto por el numeral antes invocado, es decir, no le hizo saber al enjuiciado el beneficio que le confiere el artículo 60, párrafo segundo, ni tampoco lo hizo durante la secuela procesal, ello sin que la Sala responsable atendiera lo previsto por el artículo 321 del código adjetivo en mención y se pronunciara con relación a esa omisión.
"En mérito de lo anterior, es inconcuso que el Juez de origen practicó una diligencia en forma distinta de la prevenida por la ley, es decir, omitiendo lo preceptuado por el artículo 182, fracción III, del código procesal penal del estado, con lo que coartó al quejoso de la posibilidad del beneficio que le confiere el numeral 60 ibidem; lo que se traduce en una violación manifiesta a las leyes del procedimiento penal, de conformidad con el precepto 160, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo.
"En esas condiciones, para resarcir la violación cometida, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el fallo impugnado y en su lugar pronuncie otro, en el que sin entrar al estudio del fondo de la sentencia de primera instancia, revoque la misma y ordene reponer el procedimiento a partir de la declaración preparatoria de cuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres, se deje nulo todo lo actuado con posterioridad y en una nueva declaración preparatoria, se haga saber al quejoso lo dispuesto por el artículo 182 del Código de Procedimientos Penales para el Estado; concesión que se hace extensiva respecto al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Lerma de Villada, México, toda vez que siendo inconstitucional el acto reclamado a la ordenadora, su ejecución es también violatoria de garantías."
d) Amparo directo penal número 856/94, promovido por Eduardo González Mendiola, resuelto el veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, cuya sentencia en lo conducente dice:
"... 4. Este Tribunal Colegiado estima innecesario transcribir el acto reclamado, los conceptos de violación, reseñar las pruebas del sumario y entrar al estudio del fondo del asunto, por advertir una violación manifiesta al procedimiento, la que no obstante no haber sido alegada por las partes, debe hacerse valer de oficio y es de estudio preferente, por tratarse de una diligencia que deja sin defensa al aquí quejoso.
"En efecto, el artículo 182 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México señala en su fracción III, que al momento de la declaración preparatoria, el Juez hará saber al detenido el beneficio que le concede el párrafo segundo del artículo 60 del Código Penal del Estado, en el sentido de que si confiesa espontáneamente los hechos que se le imputan o ratifica la confesión en indagatoria o la formula con posterioridad hasta antes de la celebración de la audiencia final del juicio, se le podrá reducir hasta en un tercio la pena que le correspondería conforme al citado código; ahora bien, del estudio detallado de la declaración preparatoria que emitió el sentenciado Eduardo González Mendiola ante el órgano jurisdiccional, visible a foja sesenta y cuatro del sumario, se advierte que el Juez del conocimiento no cumplió con lo dispuesto por el numeral antes invocado, es decir, no le hizo saber al enjuiciado el beneficio que le confiere el artículo 60, párrafo segundo, en mención, ni tampoco lo hizo durante la secuela del procedimiento.
"En mérito de lo anterior, es inconcuso que el Juez de origen practicó una diligencia en forma distinta de la prevenida por la ley, es decir, omitiendo lo preceptuado por el artículo 182, fracción III, del código procesal estatal, con lo que coartó al quejoso de la posibilidad del beneficio que le confiere el diverso numeral 60, párrafo segundo, ibidem; lo que se traduce en una violación manifiesta a las leyes del procedimiento penal, conforme a lo señalado en el artículo 160, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, advirtiéndose del toca penal, que la autoridad responsable no se pronunció al respecto, como debía hacerlo, en atención a lo preceptuado por el artículo 321 de la ley adjetiva de la materia, en cuanto a que si el tribunal de apelación encuentra que hubo una violación manifiesta al procedimiento, que haya dejado sin defensa al procesado y no fue combatida debidamente, podrá suplir la deficiencia y ordenar que se reponga dicho procedimiento.
"En esas condiciones, para resarcir la violación cometida, procede concederel amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el fallo impugnado y, en su lugar pronuncie otro, en el que sin entrar al estudio del fondo de la sentencia de primera instancia, revoque la misma y ordene reponer el procedimiento a partir de la declaración preparatoria de Eduardo González Mendiola, vertida el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y dos, se deje nulo todo lo actuado con posterioridad y en una nueva declaración preparatoria, se haga saber al quejoso lo dispuesto por el artículo 182 del Código de Procedimientos Penales para el Estado."
e) Amparo directo penal número 668/94, fallado el veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, cuya ejecutoria en lo conducente señala:
"... TERCERO. Este tribunal considera innecesario transcribir y entrar al estudio total tanto de la sentencia reclamada, así como de los conceptos de violación expresados, en atención a que del análisis de las constancias que integran el sumario se advierte la concurrencia de una violación manifiesta del procedimiento, la que no obstante de que no haya sido alegada por las partes, debe hacerse valer de oficio y es de estudio preferente, por tratarse de una diligencia que dejó sin defensa al aquí quejoso y que debió de abocarse a su conocimiento la Sala responsable, de acuerdo a lo previsto por el artículo 321 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, ya que la misma trae como consecuencia, el que sin entrar al fondo del asunto, procedía la revocación de la sentencia recurrida en apelación y ordenar la reposición del procedimiento a partir del momento en que se surtió dicha violación, lo que no se hizo.
"Sobre este particular, es de señalarse en primer término, lo que disponen:
"El artículo 321 del Código de Procedimientos Penales para este Estado, el que prevé '... si el tribunal de apelación encuentra que hubo violación manifiesta del procedimiento, que haya dejado sin defensa al procesado, y que sólo por torpeza o negligencia de su defensor no fue combatido debidamente, podrá suplir la deficiencia y ordenar que se reponga dicho procedimiento.'.
"El artículo 182, fracción III, del capítulo II, del invocado código procedimental, en relación a la declaración preparatoria del inculpado, establece: 'El Juez tendrá la obligación de hacer saber al detenido, en ese acto: ... El beneficio que le concede el párrafo segundo del artículo 60 del Código Penal en el sentido de que si confiesa espontáneamente los hechos que se le imputan o ratifica la confesión en indagatoria o la formula con posterioridad hasta antes de la celebración de la audiencia final de juicio, se le podrá reducir hasta en un tercio la pena que le correspondería conforme al citado código.'
"El artículo 60 del Código Penal para el Estado de México, en su segundo párrafo establece que, si el inculpado al rendir su declaración preparatoria confiesa espontáneamente los hechos que se le imputan, o en ese mismo acto ratifica la rendida en indagatoria, o la formula con posterioridad hasta antes de la celebración de la audiencia final de juicio, el Juez podrá reducir hasta en un tercio la pena que le correspondería conforme a este código.
"Por otro lado, se tiene que conforme al artículo 160 de la Ley de Amparo, en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecta a las defensas del quejoso, fracción IV. '... cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley'; y fracción V. '... cuando se le coarten en ella los derechos que la ley le otorga ...', refiriéndose a la diligencia.
"Ahora bien, en las diligencias que obran a fojas 96 y 99 respectivamente, de la causa penal 514/92, referentes a la declaración preparatoria que rindieron Vicente López Rocha y José Carlos Moreno Jiménez, aquí quejosos, desahogadas el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y dos, el Juez Sexto Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México, hizo saber a los impetrantes el motivo y la causa de su detención, nombre del acusador, la naturaleza del delito imputado, la pena con que se castiga, que fue el Ministerio Público el que ejerció acción penal en su contra, así como que no tenían derecho a obtener su libertad provisional bajo fianza, que tenían derecho a obtener su libertad provisional bajo fianza (sic), que tenían derecho a defenderse por sí mismos o a nombrar defensor; sin embargo, dicha autoridad no acató lo ordenado en el artículo 182, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para el Estado, al no habérseles hecho del conocimiento a los aquí quejosos del beneficio contenido en el numeral 60, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de México, consistente en que si ratificaban su confesión inicial o la vertían espontáneamente hasta antes de la celebración de la audiencia final de juicio, el Juez podría reducir hasta en un tercio la pena que les correspondiera conforme al citado código; en consecuencia, tales diligencias
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4249-831565fd/confesion-la-omision-de-hacer-saber-la-probable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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