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Modo: Corpus Pro

I. SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SU OTORGAMIENTO PODRÍA AFECTAR A LA SOCIEDAD EN MAYOR MEDIDA A LOS BENEFICIOS QUE CON ELLA PODRÍAN OBTENERSE (SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL DE UN AEROPUERTO, INCLUYENDO LAS OBRAS DE UN HOTEL Y PARQUE INDUSTRIAL, COMPRENDIDOS EN EL TÍTULO DE CONCESIÓN RESPECTIVO).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 9/2014-CA DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/2014. · Registro digital (IUS): 200019
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE APODACA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

RECURSO DE RECLAMACIÓN 9/2014-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/2014. MUNICIPIO DE APODACA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 5 DE NOVIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ (QUIEN MANIFESTÓ QUE SE RESERVA EL DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE), JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS (QUIEN MANIFESTÓ QUE SE RESERVA EL DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE) Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: MAKAWI STAINES DÍAZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cinco de noviembre de dos mil catorce.

V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO.- Interposición del recurso. Mediante escrito recibido el cinco de marzo de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, en su carácter de delegado del Municipio de Apodaca, Estado de Nuevo León, interpuso recurso de reclamación en contra del proveído de veinticuatro de febrero de dos mil catorce, dictado en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 12/2014, por el que se negó la medida cautelar.

SEGUNDO.- Auto recurrido. En la parte que interesa, es del tenor siguiente:

"México, Distrito Federal, a veinticuatro de febrero de dos mil catorce.--- (...) --- Sexto. (...) De conformidad con los antecedentes expuestos, atendiendo a las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será materia de la sentencia que en su oportunidad se dicte, en la que se determinará lo relativo a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las autorizaciones de construcción impugnadas, lo procede (sic) es negar la suspensión solicitada, por lo siguiente: --- En cuanto a los actos impugnados relativos a la actualización del Programa Maestro de Desarrollo correspondiente al periodo 2011-2025; la autorización de los proyectos ejecutivos denominados 'Construcción de una Estación de Servicio en el Aeropuerto **********, y 'Urbanización del Parque Industrial **********', autorizados dichos actos por el Director de Aeropuertos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como la construcción y operación de dicha Estación de Servicio y el funcionamiento de locales comerciales en la 'Plaza Comercial **********' del Aeropuerto Internacional '**********' en el Municipio de Apodaca, Nuevo León: no procede la suspensión por tratarse de actos consumados, lo cual deriva de los propios oficios impugnados y de los diversos oficios emitidos por el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Apodaca, Nuevo León, por los que ordenó dejar sin efectos las órdenes de inspección y medidas de seguridad implementadas, así como de las actas de ejecución de levantamiento de sellos de clausura provisional realizadas por el notificador o ejecutor de la dependencia municipal; asimismo, del informe rendido por el representante legal del '**********, Sociedad Anónima de Capital Variable', el cual refiere que la Estación de Servicio se encuentra totalmente construida y en operación, y que la plaza comercial se encuentra actualmente en operación y a la fecha no se realizan trabajos de construcción.--- En relación con lo anterior, la medida cautelar no puede tener por efecto revertir o paralizar los efectos de los actos impugnados que se concretaron con la autorización y ejecución de las obras, en virtud de que corresponde a la sentencia definitiva determinar, en su caso, la situación que deba prevalecer en caso de que se invaliden dichos actos, atendiendo al derecho litigioso y a las pretensiones de las partes; y de concederse la suspensión se prejuzgaría el fondo del asunto, en cuanto al grado de intervención que demanda el municipio, 'al no haber solicitado su opinión consultiva con el fin de autorizar el Programa Maestro de Desarrollo 2011-2025 del Aeropuerto de **********, S.A. de C.V.', dando a la medida cautelar efectos restitutorios del derecho y sus alcances que se pretenden en el juicio, por lo que resulta aplicable el criterio contenido en la tesis 2ª. LXVII/2000, de rubro: 'CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE ACTOS CONSUMADOS.' (...).--- Aunado a lo anterior, en virtud de que el cúmulo de pruebas que obran en el incidente de suspensión evidencian primordialmente que se actualizó el Programa Maestro de Desarrollo correspondiente al periodo 2011-2025, en el cual se contempló la proyección de las obras de referencia, que se autorizaron los proyectos de construcción de tales obras, las cuales en una parte ya se ejecutaron y se encuentran en operación, excepto el Hotel y un Parque Industrial, que actualmente se encuentran en etapa de ejecución o de inicio de las construcciones, de conformidad con la fe de hechos contenida en el instrumento notarial que se acompañó a la demanda, de cinco de febrero del año en curso; asimismo, se advierte que el Municipio actor, con anterioridad ya había ejercido sus atribuciones en materia de inspección o verificación respecto del cumplimiento de la obtención de licencias de uso de suelo y/o construcción de las obras de la terminal "B" del Aeropuerto Internacional de **********, puesto que obra en autos copia certificada de la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil ocho, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el amparo en revisión **********/2008 promovido por el **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la cual se confirmó el amparo concedido por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Nuevo León, conforme a las consideraciones esenciales siguientes:--- '... en términos de la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Aeropuertos, según lo explicó el Juez de Distrito, la competencia para el otorgamiento de permisos y sobre lo relativo a construcciones en los aeródromos civiles, recae en la Federación a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.--- Esto es, según la disposición constitucional, es válido que en el caso, la facultad para otorgar permisos y licencias para construcción de aeropuertos, no recaiga en el municipio en donde se ubiquen, pues en términos de las referidas leyes federales, queda reservada a la Federación.--- Luego, tal como quedó establecido en la sentencia sujeta a revisión, en el artículo 115 se establecen limitaciones a la facultad municipal de otorgar licencias y permisos para construcciones, restricciones que se traducen, en las normas que al efecto queden plasmadas en leyes federales y locales...'. --- Derivado de lo anterior y sin prejuzgar respecto del derecho que pueda tener o no el Municipio actor para exigir licencias de uso de suelo y/o construcción, respecto de obras que se realizan en el Aeropuerto Internacional, **********, ubicado en Apodaca, Nuevo León, o bien, para intervenir en aspectos que afecten la actividad urbana en términos de la Ley de Aeropuertos, cuyos aspectos atañen al fondo del asunto; en el caso, la medida cautelar no puede tener por efecto interrumpir la operación o funcionamiento de la Estación de Servicio y locales comerciales ya construidos, ni en general los efectos y consecuencias de las autorizaciones de construcción emitidas por el Director de Aeropuertos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, al tratarse de actos consumados para efectos de la suspensión.--- En este sentido, el promovente cuestiona la constitucionalidad de las autorizaciones otorgadas por la autoridad federal para realizar las construcciones de referencia, bajo la premisa de que no se le dio intervención al Municipio, 'a efecto de tomar en cuenta cuando menos su opinión sobre la factibilidad de la realización de dichas obras conforme al Plan de Desarrollo Municipal', por lo que atendiendo a ese derecho litigioso, resulta inadmisible paralizar o interrumpir los efectos o consecuencias que tienen que ver con la construcción de un hotel y un 'Parque Industrial', dado que esa medida no tendría por objeto preservar el ámbito competencial del Municipio actor, tutelado en la controversia constitucional, relativo a opinar en aspectos que afecten la actividad urbana, sino que repercutiría en derechos de terceros que no guardan relación con el problema de constitucionalidad planteado, máxime que el propio Municipio ejerció sus atribuciones para comprobar la legal edificación de construcciones, solicitando las respectivas licencias de uso de suelo y/o de construcción; y motu proprio ordenó se levantaran las medidas de seguridad que implementó, relativas a la clausura de los establecimientos, bajo el argumento de que 'al advertir diversas irregularidades que pudieron trastocar los derechos procesales e intereses fundamentales del gobernado, emitió los oficios (...) a través de los cuales dejó sin efectos las ordenes de inspección (...) y todas las diligencias y actuaciones que de ellas derivaron...', por tanto, este Alto Tribunal no puede sustituirse en la autoridad Municipal para decretar la suspensión de trabajos de construcción o interrumpir la ejecución de obras no concluidas, con el pretexto de evitar que se consienta la violación a las atribuciones constitucionales y legales del Municipio, puesto que ello constituye propiamente la materia del fondo del asunto en el que habrá de dilucidarse, en su caso, el grado de participación que corresponde y los alcances de la violación constitucional que resulte.--- Por otra parte, los artículos 45 y 48 de la Ley de Aeropuertos, en ese orden establecen que:--- 'ARTICULO 45. La operación de los aeródromos civiles comprende la prestación de los servicios mediante el aprovechamiento de la infraestructura, instalaciones y equipos. [...] ARTICULO 48. Para efectos de su regulación, los servicios en los aeródromos civiles se clasifican en: I. Servicios aeroportuarios: los que le corresponde prestar originariamente al concesionario o permisionario, de acuerdo con la clasificación del aeródromo civil, y que pueden proporcionarse directamente o a través de terceros que designe y contrate. Estos servicios incluyen los correspondientes al uso de pistas, calles de rodaje, plataformas, ayudas visuales, iluminación, edificios terminales de pasajeros y carga, abordadores mecánicos; así como los que se refieren a la seguridad y vigilancia del aeródromo civil; y a la extinción de incendios y rescate, entre otros; II. Servicios complementarios: los que pueden ser prestados por los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo, para sí mismos o para otros usuarios, o por terceros que aquéllos designen. Estos servicios incluyen, entre otros, los de rampa, tráfico, suministro de combustible a las aeronaves, avituallamiento, almacenamiento de carga y guarda, mantenimiento y reparación de aeronaves. Para la prestación de estos servicios deberá suscribirse contrato con el concesionario o permisionario del aeródromo civil de que se trate, y III. Servicios comerciales: los que se refieren a la venta de diversos productos y servicios a los usuarios del aeródromo civil y que no son esenciales para la operación del mismo, ni de las aeronaves. Estos servicios pueden ser prestados directamente por el concesionario o permisionario, o por terceros que con él contraten el arrendamiento de áreas para comercios, restaurantes, arrendamiento de vehículos, publicidad, telégrafos, correo, casas de cambio, bancos y hoteles, entre otros.'.--- Por tanto, si los servicios que comprenden la operación del aeródromo civil, incluyen la prestación de los servicios comerciales que se refieren a la venta de diversos productos y servicios a los usuarios, los cuales no son esenciales para la operación de las aeronaves, pero sí son parte del objeto de la concesión otorgada al concesionario para administrar, operar, explotar y, en su caso, llevar a cabo construcciones en el aeródromo civil, así como la prestación de dichos servicios, ya sea directamente o por conducto de terceros, conforme a las cláusulas 2.1.1., 2.1.2. y 2.4, del título de concesión otorgada al '**********, S.A. de C.V.', resulta obvio que de concederse la medida cautelar para interrumpir los trabajos de construcción de un hotel y de un 'parque industrial' dentro de la jurisdicción federal del Aeropuerto, podría afectar a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con dicha medida pudiera tener el Municipio actor, en virtud de que se afectaría el desarrollo normal de la actividad concesionada en perjuicio de los usuarios, sin que obste la circunstancia de que los servicios comerciales no sean esenciales para la operación del aeropuerto y/o de las aeronaves, ya que la ejecución de los trabajos autorizados conforme al Programa Maestro de Desarrollo, es prioritaria en beneficio de la comunidad frente al derecho de intervención que demanda el promovente para emitir su opinión respecto de la aprobación de dicho Plan y de la factibilidad de realizar dichas obras, lo cual es materia del estudio de fondo.--- En consecuencia, se actualiza la prohibición de conceder la suspensión cuando se afecte a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con dicha medida pudiera obtener el solicitante, en términos del artículo 15 de la Ley Reglamentaria de la materia, respecto de las citadas obras de construcción aún no concluidas.--- No pasa inadvertido lo manifestado por el promovente, en el sentido de que es necesaria la suspensión para evitar que quede sin materia la controversia constitucional, puesto que la ejecución en sí misma de las mencionadas obras o su eventual conclusión no impediría el análisis de fondo respecto del grado de intervención que deba tener el Municipio, en su caso, respecto de la aprobación del Programa Maestro de Desarrollo, en términos de la Ley de Aeropuertos y su reglamento. Asimismo, es inaplicable el precedente que se invoca en el capítulo de suspensión de la demanda, consistente en la resolución de la controversia constitucional '65/2005' (el número correcto es 66/2005) promovida por el Municipio de Tecámac, Estado de México, respecto de la cual el promovente aduce que el efecto de la invalidez sólo fue declarativo por no haberse solicitado la suspensión de los actos impugnados inherentes a la intervención del Municipio para autorizar la construcción de un conjunto urbano. Lo anterior es inatendible, en virtud de que las particularidades de aquel asunto y el derecho litigioso materia del juicio son diferentes, ya que en esta controversia constitucional se trata de la ejecución de obras en un aeropuerto de jurisdicción federal, cuya operación y prestación de servicios concesionados se rigen por leyes federales aplicables, mientras que en el citado precedente se analizó la intervención que debía tener el municipio actor, respecto de la autorización de un conjunto urbano por parte de la autoridad estatal.--- En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 14 a 18 de la Ley Reglamentaria, se acuerda:--- I. Se niega la suspensión solicitada por el Municipio de Apodaca, Estado de Nuevo León. (...)"

TERCERO. Agravios. El recurrente adujo que no se actualiza ninguna de las prohibiciones establecidas en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional para negar la suspensión de los actos impugnados, por lo que era procedente conceder la medida solicitada con la finalidad de preservar la materia del juicio y evitar que opere el sobreseimiento por cesación de efectos de los actos impugnados.

En su único agravio sostuvo que el acuerdo recurrido es violatorio de los artículos 14 a 18 de la Ley Reglamentaria de la materia, en atención a las siguientes consideraciones:

a) El Ministro instructor no tomó en cuenta las circunstancias y características particulares del caso al negar la suspensión solicitada, pues es posible que tal decisión tenga como consecuencia la extinción de la materia de la controversia. En este caso, podría ocurrir que la autoridad demandada se arrogue una atribución que constitucionalmente no le corresponde, en detrimento del propio orden constitucional.

b) Los actos impugnados no pueden considerarse consumados por su simple emisión, como lo plantea el auto recurrido, toda vez que de considerarlos así, jamás se podría conceder una medida cautelar, máxime si bajo una interpretación tradicional se estima que todos los actos son consumados en cuanto a su emisión.

Lo que debe considerarse como consumado para determinar la improcedencia en la concesión de la suspensión, son las consecuencias y efectos que produce el acto impugnado y no la emisión en sí misma.

Así, las consecuencias y efectos de los actos cuya invalidez demanda el Municipio, no están consumados, toda vez que estos se prolongan en el tiempo y generan el desconocimiento respecto del ámbito de competencia que tiene el Municipio actor en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano, y cuyo reconocimiento se reclama en la controversia de la que deriva el presente recurso.

c) Al estimar consumados los actos impugnados, se pasa por alto que precisamente ello es lo que constituye la materia de análisis de fondo de la sentencia, con lo que se condena al fracaso la acción intentada por el Municipio recurrente. Lo anterior, porque la negativa de suspensión permitirá a la autoridad demandada continuar las actividades bajo el amparo de tal decisión, ocasionando un detrimento del ámbito competencial. En este sentido, la controversia constitucional se tornará en un medio inefectivo para el reconocimiento del ámbito de competencias municipales.

d) La suspensión se solicitó con la finalidad de paralizar los efectos y consecuencias de la autorización emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en específico, para detener la construcción de una estación de servicio, una plaza comercial y un parque industrial.

Por su parte, el acuerdo recurrido negó la suspensión de la autorización emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para realizar las mencionadas construcciones, bajo el argumento de que se trata de actos consumados, asumiendo con dicha decisión que el informe rendido por el representante legal del **********, S.A. de C. V. es cierto, sin que para ello mediara inspección judicial alguna. No obstante lo anterior, en el proveído también se indicó que el hotel y el parque industrial se encuentran en etapa de ejecución o de inicio de las construcciones.

De acuerdo con lo expuesto, no es posible afirmar que ya se consumaron todos los actos reclamados, incluso los razonamientos del Ministro instructor conducen a concluir que respecto de la ejecución de las obras del hotel y el parque industrial es procedente otorgar la suspensión.

e) El Ministro instructor parte de la premisa de que no es posible conceder la medida cautelar en relación con el hotel y el parque industrial, porque se afectaría el desarrollo normal de la actividad concesionada en perjuicio de los usuarios, lo que es incorrecto, ya que la suspensión de las obras no priva a los usuarios el acceso a los servicios comerciales, pues los últimos no se están ofreciendo debido a que la construcción del hotel y el parque industrial se encuentra inconclusa.

En este sentido, no es posible afirmar que la suspensión de las obras podrían privar a los usuarios de un servicio que aún no se les está brindando, tampoco que los mismos se vean afectados como consecuencia de que el concesionario no realice las actividades contenidas en su título de concesión.

Por tanto, puede ser que el concesionario se vea afectado con la suspensión, sin que ello se traduzca en una afectación para los posibles usuarios de las obras por el hecho de que el título de concesión contemple la posibilidad de llevar a cabo construcciones en el aeródromo civil.

Si bien la conclusión de las obras se puede prolongar tanto tiempo como tarde en dictarse la sentencia definitiva en la presente controversia constitucional, ello en nada cambia la situación de los usuarios frente a las obras, ya que actualmente no les brindan ningún servicio.

f) Las obras no pueden considerarse consumadas irreparablemente, ya que dicho concepto no es propio de una controversia constitucional pues, por un lado, este medio por su propia naturaleza no tiene efectos ni restitutorios, ni retroactivos, sino declarativos de reconocimiento de un ámbito de competencia; y, por otro, si se considera al acto cuya invalidez se demanda como irreparable, desde la suspensión se estaría prejuzgando y condenando a la improcedencia el resultado del juicio principal.

CUARTO.- Admisión y Trámite. Mediante proveído de seis de marzo de dos mil catorce, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por admitido el presente recurso de reclamación, al que le correspondió el número 9/2014-CA; ordenó se turnara el expediente al Ministro correspondiente; y se corriera traslado a la partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

Asimismo, mediante certificación se remitió el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien por razón de turno fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo.

QUINTO.- Manifestaciones del Poder Ejecutivo Federal. El delegado del Poder Ejecutivo Federal señaló que se debe confirmar el auto impugnado y negarse la solicitud de suspensión, con base en los siguientes argumentos:

a) El Ministro instructor no señaló en el acuerdo impugnado que la autorización de construcción del hotel y el parque industrial fuesen actos consumados, y que por ello se negara la suspensión.

La negativa obedeció a que el Municipio de Apodaca impugnó las autorizaciones otorgadas por la autoridad federal para realizar las construcciones citadas, bajo la premisa de que no se le dio intervención al Municipio sobre la factibilidad de la realización de dichas obras conforme al Plan de Desarrollo Municipal, por lo que atendiendo al derecho litigioso resulta inadmisible paralizar o interrumpir los efectos o consecuencias que tienen que ver con la construcción de un hotel y un parque industrial, dado que esa medida no tendría por objeto preservar el ámbito competencial del municipio tutelado en la controversia constitucional, relativo a opinar en aspectos que afecten la actividad urbana, sino que repercutiría en derechos de terceros que no guardan relación con el problema de constitucionalidad planteado.

Asimismo, en el auto que se impugna se señaló que la Suprema Corte no puede sustituir las facultades del Municipio para suspender obras no concluidas con el pretexto de evitar que se consienta una violación a las atribuciones constitucionales y legales del municipio, máxime cuando el propio actor reconoció en la demanda que había ordenado la interrupción inmediata de trabajos y la clausura temporal total de las instalaciones, obras y/o edificaciones que al efecto se estaban realizando; sin embargo, al considerar que existían diversas irregularidades que podrían trastocar los derechos procesales e intereses fundamentales del gobernado, levantó dichas medidas.

En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 221/2004-PL sostuvo que para conceder la suspensión en controversia constitucional era procedente, de manera excepcional, valorar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.

Para apreciar dichos elementos, el juez deberá hacer una valoración provisional sobre la constitucionalidad del acto reclamado y de las circunstancias y características particulares del caso, haciendo un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, a fin de llevar a la convicción de que existe una razonable probabilidad de que las pretensiones del promovente tengan una apariencia de juridicidad; y, de ser así, se otorgue la medida cautelar para evitar la frustración de los derechos del promovente. Esto encuentra fundamento en la tesis de rubro "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE HACER UNA APRECIACIÓN ANTICIPADA DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO (APARIENCIA DE BUEN DERECHO Y PELIGRO EN LA DEMORA)."

En el caso, los oficios impugnados fueron emitidos por autoridad competente, en uso de las atribuciones que al efecto le establece la Ley de Aeropuertos en los artículos 1, 10, 17, 37 y 41.

En consecuencia, es claro que de la valoración provisional y de las circunstancias y características particulares del caso, se puede llegar a la convicción de que no existe una razonable probabilidad de que las pretensiones del promovente tengan una apariencia de juridicidad, por lo que debe negarse la suspensión solicitada.

Confirma lo anterior que, como se señaló, el municipio haya dejado sin efectos las medidas de seguridad consistentes en la interrupción inmediata de trabajos y la clausura temporal total de las instalaciones, obras y/o edificaciones que al efecto se estaban realizando, en virtud de la promoción de un amparo por el **********, S.A. de C.V.

b) Por otra parte, la suspensión de la autorización de construcción del hotel y del parque industrial afectaría a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con dicha medida pudiera obtener el Municipio actor. Es decir, existiría un perjuicio mayor para la sociedad, al privarla de dichos servicios comerciales, que el beneficio para el Municipio de ser tomado en cuenta para la construcción de los servicios en el aeropuerto.

De concederse la suspensión, se afectaría la satisfacción de las necesidades de los usuarios, pues incide en los servicios que presta el Aeropuerto ********** a su población flotante que asciende a más de seis millones de pasajeros al año y sus trescientos vuelos diarios, con lo que se afectaría mayormente a la sociedad contrario a los beneficios que pudiera obtener el Municipio actor.

Del marco jurídico en materia aeroportuaria (ley y reglamento), no se desprende que se requiera de la autorización municipal o estatal para la construcción dentro de una zona de jurisdicción federal. Solamente se advierte la posibilidad de que los municipios participen en comisiones consultivas cuyas recomendaciones no son vinculantes ni para el aeropuerto y mucho menos para la autoridad federal, con lo que cobra relevancia el principio de apariencia del buen derecho para negar la suspensión.

c) Finalmente, por lo que hace al agravio de que no existe una afectación en el desarrollo normal de la actividad concesionada en perjuicio de los usuarios, el Municipio parte de una premisa falsa, ya que de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Aeropuertos, la concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene como finalidad la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos, pudiendo prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales en términos del artículo 48 de la propia ley.

De allí que los servicios prestados por el concesionario de un aeródromo civil impacte en los usuarios y afecte el desarrollo normal de la actividad concesionada, por lo que no puede desasociarse la prestación de los servicios que se prestan en un aeropuerto con los destinatarios, aun y cuando los servicios comerciales no sean esenciales para la operación del mismo.

Estima aplicable por analogía la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DEBE NEGARSE CUANDO SE AFECTA LA FACULTAD DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DE PERSEGUIR LOS DELITOS Y VIGILAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE SIGAN CON TODA REGULARIDAD, PORQUE SE AFECTARÍA GRAVEMENTE A LA SOCIEDAD."

SEXTO.- Opinión de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República no se pronunció en relación con el presente recurso de reclamación, no obstante que mediante el acuerdo de admisión de dicho recurso se le corrió traslado para que manifestara lo correspondiente.

SÉPTIMO.- Remisión a la Sala. Una vez integrado el expediente, se ordenó remitirlo al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para que formulara el proyecto de resolución, así como a la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su radicación y resolución.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO.- Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de reclamación derivado de la controversia constitucional 12/2014, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en los puntos Segundo, fracción I, a contrario sensu, y Tercero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de un recurso de reclamación en controversia constitucional en el que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.- Procedencia. El presente recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de la materia(1), ya que se interpuso en contra del auto que negó la suspensión en el incidente derivado de la controversia constitucional 12/2014.

TERCERO.- Oportunidad. El recurso fue interpuesto de manera oportuna, puesto que ello se hizo el cinco de marzo de dos mil catorce(2), por lo que al haber sido notificado el Municipio, del auto que negó la suspensión solicitada, el veintiséis de febrero del mismo año,(3) el plazo transcurrió del viernes veintiocho de febrero de dos m

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200019-e1cf747a/i-suspension-de-los-actos-impugnados-en-controversia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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