I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CORRESPONDE POR REGLA GENERAL AL SÍNDICO MUNICIPAL (ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE OAXACA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA DE LA PARTE ACTORA (PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, CENTRO DEL ESTADO DE OAXACA).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 20/2015-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 37/2015. MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, CENTRO, ESTADO DE OAXACA. 4 DE NOVIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día cuatro de noviembre del dos mil quince emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve el recurso de reclamación 20/2015-CA, interpuesto por Galdino Huerta Escudero, quien se ostenta como Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro del Estado de Oaxaca, en contra del auto de veinticinco de junio de dos mil quince, dictado por el ministro instructor(1) en la controversia constitucional 37/2015, por el que desechó de plano la demanda de controversia constitucional promovida por el municipio.
I. ANTECEDENTES
1. Narrativa de los hechos que anteceden el caso. Los hechos que constituyen los antecedentes de este recurso son los siguientes:
2. Demanda de controversia constitucional. Galdino Huerta Escudero, quien se ostentó como Presidente Municipal del Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, del Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la misma entidad federativa, impugnando la invalidez de lo siguiente:(2)
a. La omisión por parte del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de entregar al Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, del Estado de Oaxaca, las participaciones y aportaciones federales por conducto del Estado de Oaxaca, íntegramente dentro de los plazos legales que marcan los artículos 6, 7, 25 y 48 último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, durante los ejercicios fiscales de dos mil ocho al mes de mayo de dos mil catorce.
b. La omisión por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y de la Secretaría de Finanzas de dicho poder de entregar al Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, del Estado de Oaxaca, las participaciones y aportaciones federales por conducto del Estado de Oaxaca, íntegramente dentro de los plazos legales que marcan los artículos 6, 7, 25 y 48 último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, durante los ejercicios fiscales de dos mil ocho al mes de mayo de dos mil catorce.
c. La omisión por parte del Poder Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de aplicar correctamente las fórmulas que para las aportaciones y participaciones federales determina la Ley de Coordinación Fiscal, en favor del Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, del Estado de Oaxaca, durante los ejercicios fiscales de dos mil ocho al mes de mayo de dos mil catorce.
d. La omisión por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y de la Secretaría de Finanzas de dicho poder de aplicar correctamente las fórmulas que para las aportaciones y participaciones federales determina la Ley de Coordinación Fiscal, en favor del Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, del Estado de Oaxaca, durante los ejercicios fiscales de dos mil ocho al mes de mayo de dos mil catorce.
e. Como consecuencia de tales omisiones, el pago de las cantidades adeudadas e intereses debidos, respecto de las participaciones y aportaciones pagadas de manera incompleta y/o pagadas fuera de los plazos legales en términos del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.
3. Radicación, turno y desechamiento de la controversia constitucional. El Ministro Decano Juan N. Silva Meza, Presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la controversia constitucional 37/2015(3) y que se turnara a la ponencia a su cargo, en tanto que mediante proveído de cinco de enero de dos mil quince, fue designado instructor en la diversa controversia constitucional 72/2014, en la que se combatieron actos de contenido similar, por lo que se decretó la conexidad entre las controversias.
4. El ministro instructor, por auto de veinticinco de junio de dos mil quince desechó de plano la demanda de controversia por notoria y manifiesta improcedencia, al considerar actualizada la causa prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con el artículo 11, párrafos primero y segundo, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, ya que señaló que el presidente municipal promovente no contaba con la legitimación procesal activa para interponer la controversia constitucional a nombre del Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, del Estado de Oaxaca, y que por tanto, no se surtía el requisito previsto en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, pues el presidente municipal no cuenta con la representación legal del municipio actor, ya que conforme al artículo 71, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca, los síndicos son los representantes jurídicos de los municipios de la entidad en los litigios en que fueren parte. Si bien en el auto se hizo referencia a los criterios de este Alto Tribunal en el sentido de que excepcionalmente podría reconocerse la legitimación procesal activa al presidente municipal para la promoción de una controversia constitucional a nombre y en defensa de los intereses de ese órgano de gobierno, para lo cual es necesario que se cumplan al menos dos condiciones: a) que de autos se advierta que existe un conflicto entre el síndico y algún funcionario del ayuntamiento y, b) que el propio órgano colegiado acordó encomendar al presidente municipal la defensa del municipio; en el caso, el ministro instructor concluyó que no se había cumplido con el primero de los requisitos señalados.
5. En contra de tal determinación Galdino Huerta Escudero, quien se ostenta como Presidente Municipal del Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, del Estado de Oaxaca, interpuso el presente recurso de reclamación.
II. TRÁMITE DEL RECURSO
6. Presentación del recurso. Galdino Huerta Escudero promovió el presente recurso de reclamación en contra del desechamiento aludido.(4)
7. Acuerdo de radicación, turno y admisión del recurso. El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó admitir a trámite dicho recurso al que correspondió el número 20/2015-CA; ordenó correr traslado al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su derecho conviniera y turnar el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz. Asimismo, acordó enviar el asunto al citado ministro una vez concluido el trámite del recurso para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.
8. Una vez radicado el expediente en la Primera Sala se devolvió al ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.(5)
9. Auto impugnado. El auto recurrido por el que se desechó la demanda de controversia constitucional es del tenor siguiente:
"México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de dos mil quince.
Vistos el escrito y anexo, mediante los cuales quien se ostenta como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, promueve la presente controversia constitucional, es de concluirse que ha lugar a desechar el medio impugnativo intentado, atento a las consideraciones que se desarrollan a continuación.
En términos del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en la tesis 'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.', el Ministro instructor de un medio de control constitucional como el que ahora se analiza puede válidamente desecharlo de plano cuando advierta la existencia de alguna causa de improcedencia que sea manifiesta e indudable.
En el caso, de la simple lectura del escrito inicial, así como de las constancias que obran en autos, es posible advertir que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII en relación con el artículo 11, párrafos primero y segundo, ambos de la invocada Ley Reglamentaria, conforme a las consideraciones que se desarrollan a continuación.
El artículo 19 antes citado, en la fracción aludida, dispone que la improcedencia de una controversia constitucional puede resultar de alguna disposición de la Ley Reglamentaria de la materia, lo que permite considerar, al efecto, no sólo los supuestos que de manera específica prevé el dispositivo jurídico aludido, sino también los que puedan derivar del conjunto de normas que la integran, lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia que se cita a continuación:
'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (SE TRANSCRIBE).'
Por su parte, el artículo 11 de la normativa reglamentaria aludida establece que el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos, sin que sea posible admitir alguna forma distinta a la apuntada para satisfacer el requisito procesal en comento.
En relación con lo apuntado, es importante destacar que el artículo 71, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca dispone que los Síndicos son los representantes jurídicos de los municipios de la entidad, entre otros supuestos, en los litigios en que fueren parte.
En esta lógica, si el presente medio de control constitucional es intentado por el Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, resulta inconcuso que, conforme a lo indicado, tendría que acudir al presente asunto por conducto del funcionario aludido previamente.
No obstante lo anterior, en el caso, mediante escrito de dieciocho de junio de dos mil quince y recibido en este Alto Tribunal el mismo día, Galdino Huerta Escudero, ostentándose como Presidente del Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, promovió la presente controversia constitucional contra:
'a) La omisión por parte del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de entregar al Municipio que representamos las Participaciones y Aportaciones Federales por conducto del Estado de Oaxaca, íntegramente y dentro de los plazos legales que marcan los artículos 6, 7, 25, 48 último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, durante los ejercicios fiscales 2008 al mes de mayo 2014.
b) La omisión por parte del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca y de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, de entregar al Municipio que representamos las Participaciones y Aportaciones Federales íntegramente y dentro de los plazos legales que marcan los artículos 6, 7, 25, 48 último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, durante los ejercicios fiscales 2008 al mes de mayo 2014.
c) La omisión por parte del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de aplicar correctamente las fórmulas que para las Aportaciones y Participaciones Federales determina la Ley de Coordinación Fiscal, en favor de Municipio que representamos, durante los ejercicios fiscales 2008 al mes de mayo 2014.
d) La omisión por parte del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca y de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, de aplicar correctamente las fórmulas que para las Aportaciones y Participaciones Federales determina la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, en favor del Municipio que representamos, durante los ejercicios fiscales 2008 al mes de mayo 2014.
e) Como consecuencia de tales omisiones reclamamos el pago de las cantidades adeudadas e intereses debidos, respecto de las participaciones y aportaciones incompletamente pagadas y/o pagadas fuera de los plazos legales en términos del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal por lo que a las participaciones federales se refiere y en relación a las aportaciones federales se deberá aplicar por analogía'.
Sobre el particular, es importante tener presente que este Alto Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que aun en los casos en que la legislación local aplicable establezca que el síndico ostenta la representación de un municipio, excepcionalmente podría reconocerse la legitimación procesal activa del Presidente municipal para que sea este funcionario el que intente o promueva una controversia constitucional a nombre y en defensa de los intereses de ese órgano de gobierno.
Sin embargo, precisamente porque se trata de una situación excepcional, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que opere el supuesto antes indicado, es necesario que se cumplan, cuando menos, dos condiciones a saber, que:
- De autos se advierta que el conflicto que dio origen a los actos cuya validez constitucional se cuestiona en la controversia constitucional es un conflicto entre el síndico y algún funcionario del Ayuntamiento, y
- El propio órgano colegiado acordó encomendar al Presidente municipal la defensa del municipio.
Las consideraciones anteriores pueden corroborarse con la jurisprudencia que se transcribe a continuación:
'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI CONFORME A LA LEGISLACIÓN LOCAL APLICABLE EL SÍNDICO MUNICIPAL OSTENTA LA REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, PERO DE AUTOS SE ADVIERTE QUE LOS ACTOS IMPUGNADOS TUVIERON SU ORIGEN EN UN CONFLICTO ENTRE ÉSTE Y UN FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO, EXCEPCIONALMENTE PROCEDE RECONOCER LA LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. (SE TRANSCRIBE)'.
En el caso, no se cumple con el primero de los requisitos señalados con antelación y, por ende, no ha lugar a reconocerle legitimación al promovente para interponer este medio de control constitucional a nombre del Municipio de Santa Lucia del Camino, Centro, Oaxaca.
En efecto, dentro del proemio de su escrito inicial, el accionante afirma que en sesión de cabildo de veintisiete de mayo de dos mil quince se le concedieron facultades de representación legal del municipio, y dentro de la copia certificada del acta respectiva, que acompañó a su demanda, es posible advertir que, en lo que ahora interesa destacar, al desahogar el punto número cinco del orden del día correspondiente, el Presidente Municipal se pronunció en el sentido literal siguiente:
'...Como es de todos ustedes conocido, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, en forma reiterada y sin motivo, nos viene reteniendo las participaciones y aportaciones federales, lo cual nos retrasa en el cumplimiento de las obligaciones que tenemos con la función pública, por otro lado nos falta gestionar en el Gobierno Federal, Estatal y otras instancias, recursos económicos de los diferentes programas y apoyos que existen y a los cuales puede tener acceso nuestro Municipio, por tanto solicito se me concedan amplias facultades para gestionar y promover todo lo relativo a la defensa de los intereses del Municipio...'
Como se advierte del texto transcrito, el funcionario referido indicó, de manera medular, que la Secretaría de Finanzas de Oaxaca había retenido, reiteradamente y sin motivo, las participaciones y aportaciones federales correspondientes al municipio, con lo que se retrasaba el cumplimiento de las obligaciones que éste tenía encomendadas, a lo que agregó que les faltaba gestionar recursos económicos a los que podría tener acceso el municipio.
En virtud de lo anterior, solicitó amplias facultades para gestionar y promover todo lo relativo a la defensa de los intereses del municipio en relación con los temas apuntados, petición que, según se hace constar en el documento en cita, fue consultada a los concejales presentes, quienes lo aprobaron por mayoría.
Lo señalado indica que, de acuerdo con la documentación aportada por el propio promovente, el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, concedió autorización a quien en este asunto se ostenta como Presidente Municipal, para gestionar y promover todo lo necesario en relación con la retención de las participaciones y aportaciones federales que le correspondían, así como con los programas y apoyos a los que podía tener acceso el municipio.
Por el contrario, en ningún momento se mencionó que existiera un conflicto entre el Síndico y otro funcionario del Ayuntamiento, y menos aún que éste fuera el que dio origen a los actos reclamados en esta controversia constitucional, los cuales, como se indicó previamente en este proveído, se encuentran relacionados, precisamente, con la omisión y/o incorrecta entrega de las participaciones y aportaciones federales correspondientes al municipio, actos que son atribuidos a los poderes ejecutivos Federal y de Oaxaca, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.
De hecho, en relación con lo hasta aquí apuntado, resulta conveniente destacar que, sin prejuzgar sobre la idoneidad de su carácter, dentro de la referida copia certificada del acta de la sesión extraordinaria de veintisiete de mayo de dos mil quince, se hace constar que en ella estuvo presente el "Síndico procurador" del Ayuntamiento, a quien se le pasó lista de asistencia, certificándose su presencia, y cuya supuesta rúbrica incluso se hace constar al calce del documento en cita.
En este orden de ideas, se insiste, no se actualiza una de las condiciones establecidas por este Alto Tribunal a efecto de que sea dable reconocer, de manera excepcional, la legitimación procesal del promovente para acudir a este medio de control constitucional y, por tanto, resulta evidente que, en la especie, no se satisface el requisito previsto en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia en tanto que, como se ha razonado, no cuenta con la representación legal del municipio actor.
Por ende, es de concluirse que el promovente carece de legitimación procesal activa para iniciar esta controversia constitucional, lo que constituye una causa de improcedencia, conforme a lo establecido en la tesis que se cita a continuación:
'CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA PARTE ACTORA CONSTITUYE CAUSA DE IMPROCEDENCIA. (SE TRANSCRIBE)'.
Por los motivos expuestos, como se adelantó, lo conducente es desechar la demanda de esta controversia constitucional, conclusión que encuentra apoyo en la tesis que a continuación se señala:
'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO. (SE TRANSCRIBE)'.
Por tanto, por lo expuesto y fundado, se
ACUERDA
ÚNICO. Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda de la presente controversia constitucional".
10. Opinión de la Procuradora General de la República. La Procuradora General de la República se abstuvo de emitir su opinión respecto del presente recurso, no obstante que fue debidamente notificada del auto de admisión.(6)
III. COMPETENCIA
11. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación 20/2015-CA derivado de la controversia constitucional 37/2015, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Punto Tercero, en relación con el Punto Segundo, fracción I, ambos del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Tribunal Pleno el trece de mayo de dos mil trece.
IV. PROCEDENCIA
12. El presente recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 51 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) debido a que se interpuso en contra del auto de veinticinco de junio de dos mil quince por el que se desechó la demanda de controversia constitucional promovida por Galdino Huerta Escudero, quien se ostenta como Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, del Estado de Oaxaca.
V. OPORTUNIDAD
13. En términos del artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia, el recurso debe interponerse en un plazo de cinco días. (8)
14. El auto recurrido de veinticinco de junio de dos mil quince se notificó al autorizado del municipio recurrente por comparecencia en las oficinas de este Alto Tribunal el primero de julio siguiente,(9) por lo que el plazo respectivo transcurrió del tres al nueve de julio. En este sentido si el escrito de agravios se presentó ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el siete de julio de dos mil quince, como se advierte del sello plasmado al reverso de la foja once del expediente, es indudable que se presentó oportunamente.
VI. LEGITIMACIÓN
15. El escrito de agravios está signado por Galdino Huerta Escudero, quien se ostenta como Presidente Municipal del Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, del Estado de Oaxaca y es el promovente de la controversia constitucional 37/2015(10) de la cual deriva el presente recurso de reclamación, por lo que debe concluirse que tiene legitimación para interponer este recurso.
VII. AGRAVIOS
16. El recurrente elaboró tres agravios en los que, en síntesis, manifestó que:
a) El acuerdo recurrido le causa agravio ya que el ministro instructor concluyó que Galdino Huerta Escudero, en su calidad de Presidente Municipal del municipio actor, carece de legitimación procesal activa para iniciar la controversia constitucional.
b) La tesis de rubro "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA PARTE ACTORA CONSTITUYE CAUSA DE IMPROCEDENCIA" citada en el auto recurrido no es aplicable ya que en el caso, el Presidente Municipal que signó la demanda, cuenta con "legitimación a la causa y al proceso" porque mediante acta de sesión de cabildo de veintisiete de mayo de dos mil quince, el ayuntamiento le otorgó la facultad de representante legal, por lo que cuenta con la representación y capacidad legal para hacerlo.
c) Además, no había lugar a desechar de plano la demanda de controversia constitucional por notoria y manifiesta improcedencia, ya que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquél que está plenamente demostrado o probado y que se puede advertir en forma patente y clara de la lectura de la demanda, siendo que en el caso no existe tal motivo.(11)
d) El ministro instructor debió admitir la demanda de controversia constitucional toda vez que, si bien es cierto que conforme al artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, el síndico municipal es el representante jurídico del municipio, también lo es que conforme al artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, en su calidad de Presidente Municipal del Municipio de Santa Lucía del Camino Centro del Estado de Oaxaca, cuenta plenamente con la representación y capacidad legal para comparecer a juicio e interponer la controversia constitucional ya que mediante acta de sesión de cabildo de veintisiete de mayo de dos mil quince, le fue concedida y se le delegó la facultad de representante legal del municipio.(12)
e) De la lectura de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca no se advierte la existencia de precepto legal alguno que restrinja de forma expresa, que el presidente municipal no pueda tener la representación legal del municipio, además de que dicha representación le fue otorgada mediante acta de sesión de cabildo de veintisiete de mayo de dos mil quince, acta que cuenta con plena validez y que no deja lugar a dudas respecto de la voluntad de los concejales del ayuntamiento en el sentido de otorgar al presidente municipal amplias facultades para gestionar y promover todo lo relativo a la defensa de los intereses del municipio.
f) Además, no sólo los integrantes del ayuntamiento le otorgaron al presidente municipal las facultades de representante legal del municipio, sino que el propio síndico municipal consintió de forma expresa en dicha acta de cabildo, que le fuera otorgada la representación del municipio, con amplias facultades para gestionar y promover todo lo relativo a la defensa de los intereses del municipio.(13)
g) Finalmente indica que le causa agravio lo señalado en el auto recurrido en cuanto al pronunciamiento de este Alto Tribunal sobre los casos en que excepcionalmente podría reconocerse la legitimación procesal activa al presidente municipal, pues la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, en ningún precepto legal invoca o señala que sólo en ciertos casos se pueda otorgar la legitimación o representación al presidente municipal o que necesariamente deba existir un conflicto entre el síndico y algún funcionario del ayuntamiento, sino que basta que el ayuntamiento con aprobación del síndico municipal, otorguen o deleguen dicho poder o facultad, y en el caso dicha representación se delegó al presidente municipal mediante acta de sesión de cabildo de veintisiete de mayo de dos mil quince.
VIII. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
17. Este asunto se constriñe a analizar si, el municipio recurrente logra desvirtuar, con sus agravios, la determinación del ministro instructor relativa al desechamiento de plano de la demanda de controversia constitucional que presentó.
18. En sus agravios, el municipio recurrente alega fundamentalmente, que fue incorrecto que el ministro instructor desechara la demanda de controversia constitucional planteada por considerar que el Presidente Municipal del Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, del Estado de Oaxaca, no cuenta con la representación legal del municipio ya que en términos del artículo 71, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, los síndicos son los representantes jurídicos de los municipios de la entidad, en los litigios en que fueren parte. Indica que fue el propio cabildo quien le otorgó, en su calidad de presidente municipal, la representación y capacidad legal para comparecer a juicio e interponer la controversia constitucional, pues mediante acta de sesión de cabildo de veintisiete de mayo de dos mil quince, le fue concedida y se le delegó la facultad de representante legal del municipio.
19. Pues bien, para dar respuesta a los agravios del recurrente, es pertinente tener presente la facultad que tiene el ministro instructor para acordar lo relativo a la admisión o, en su caso, desechamiento de la demanda de controversia constitucional, cuando a su juicio se actualice un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de conformidad con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la materia.(14)
20. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; en tanto que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la substanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.
21. Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA".(15)
22. Así entonces, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar al desechamiento de la demanda, debe apreciarse de la simple lectura de ésta y las pruebas que en su caso se hubieran adjuntado, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido claramente manifestados por el demandante, o bien, porque se encuentren probados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que se tenga la plena certeza de que los actos posteriores del procedimiento, como son la contestación a la demanda y la fase probatoria, no serían necesarios para configurarla ni tampoco podrían desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo al efecto la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE."(16)
23. Además, es importante señalar que como las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse de oficio, es necesario que éstas queden probadas de manera fehaciente y no se infieran con base en presunciones, ya que para efectos del desechamiento de una demanda debe tenerse la certeza de que se actualizan los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable. Ello, en atención a que por sus propias características, el auto inicial tiene el carácter de una apreciación preliminar de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos, pues en este estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, ya que emitir un pronunciamiento de fondo traería como consecuencia que no se actualizara la hipótesis del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la materia.(17)
24. De este modo, en el caso concreto, la materia del presente recu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200046-9f3290fa/i-controversia-constitucional-la-legitimacion-procesal-activa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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