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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA DE LA PARTE ACTORA (INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 61/2014-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 100/2014. · Registro digital (IUS): 200100
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

RECURSO DE RECLAMACIÓN 61/2014-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 100/2014. INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 25 DE MARZO DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CONTRA DEL EMITIDO POR EL MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN SEÑALÓ QUE SE RESERVA SU DERECHO DE FORMULAR VOTO PARTICULAR. EL MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de marzo de dos mil quince.

V I S T O S para resolver los autos del recurso de reclamación 61/2014-CA, interpuesto por **********, en representación del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, en contra del auto de seis de octubre de dos mil catorce, dictado por la Ministra Instructora en la controversia constitucional 100/2014,(1) por el cual se desechó de plano, por notoria y manifiesta improcedencia la demanda presentada en vía de controversia constitucional; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Irma Nora Valencia Vargas y Leopoldo Romero Ochoa, ostentándose con el carácter de Consejeros del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, promovieron controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que se enumeran a continuación:

"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado;

El acto que se reclama, es la resolución interlocutoria que resolvió el incidente de incompetencia promovido por el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, dictado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, dictado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán el 8 ocho de julio de 2014 dos mil catorce, mismo que fue notificado a este Instituto el 29 veintinueve de mayo de 2014 dos mil catorce (sic), dentro del juicio de nulidad JA-1775/2013-I del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán."

SEGUNDO. Turno. Por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la controversia constitucional 100/2014; así como, que de conformidad con la certificación de turno que acompaña, éste se turnara al Ministro Sergio A. Valls Hernández, como instructor del procedimiento.

Mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil catorce, se determinó que ante la ausencia del Ministro Instructor Sergio A. Valls Hernández, se enviara el expediente a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, a efecto de que continuara la tramitación de este asunto, hasta en tanto el Ministro Instructor se reincorporara a sus actividades.

TERCERO. Desechamiento de la controversia constitucional. Mediante proveído de seis de octubre de dos mil catorce, la Ministra instructora desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de controversia constitucional.

CUARTO. Interposición del recurso de reclamación. Inconforme con ese acuerdo, por escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, en representación del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, interpuso el presente recurso de reclamación.

Por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo al recurso de reclamación en que se actúa, teniendo por presentado a la promovente con la personalidad que se ostenta, y en el mismo acuerdo admitió a trámite el recurso de reclamación que hace valer el recurrente.

QUINTO. Envío para radicación. Mediante proveído de once de noviembre de dos mil catorce, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte determinó el envío del expediente para su radicación y resolución a la Primera Sala de este Alto Tribunal, al haber transcurrido el plazo de cinco días hábiles concedido al Procurador General de la República, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación al recurso de reclamación interpuesto, sin que lo haya hecho.

SEXTO. Avocamiento de la Primera Sala. Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil catorce el Ministro Presidente de la Primera Sala, se AVOCÓ al conocimiento del recurso de reclamación interpuesto y además, determinó enviar los autos a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de reclamación, derivado de la controversia constitucional 100/2014 de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción V y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que se interpone en contra del auto por el que se desechó de plano por su notoria y manifiesta improcedencia la demanda presentada en vía de controversia constitucional.

SEGUNDO. Procedencia del recurso. El artículo 51, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, prevé:

"ARTÍCULO 51.- El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:

I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones;

II. Contra los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva,

III. Contra las resoluciones dictadas por el Ministro instructor al resolver cualquiera de los incidentes previstos en el artículo 12;

IV. Contra los autos del Ministro instructor en que se otorgue, niegue, modifique o revoque la suspensión;

V. Contra los autos o resoluciones del Ministro instructor que admitan o desechen pruebas;

VI. Contra los autos o resoluciones del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tengan por cumplimentadas las ejecutorias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y

VII. En los demás casos que señale la Ley."

Del análisis del referido precepto legal, se obtiene que las hipótesis de procedencia del recurso de reclamación que previó el legislador, atienden a la finalidad de dicho medio de impugnación, consistente en que las partes, ante una determinación que dicte el Ministro instructor o el Ministro Presidente de este Alto Tribunal y que pudiera trascender al propio trámite o a la sentencia definitiva que al efecto se dicte, cuenten con el medio de defensa para combatirlo, por lo que no se debe partir de una interpretación literal del mismo.

Asimismo, como se advierte del numeral transcrito, en estos juicios procederá el recurso de reclamación, entre otros supuestos, contra aquellos autos que desechen una demanda de controversia constitucional.

En la especie, debe tenerse en consideración que, mediante el auto impugnado, la Ministra Instructora, desechó de plano por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán.

Por lo anterior, el presente recurso de reclamación sí es procedente, por ubicarse en el supuesto que prevé la fracción I del aludido artículo 51, ya que se interpuso en contra del auto en el que se desechó la demanda en vía de controversia constitucional.

TERCERO. Oportunidad. El recurso de reclamación se presentó dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley Reglamentaria de la materia,(2) cabe señalar que la presentación del escrito por el que se interpone el presente recurso de reclamación se realizó a través de correo.

De acuerdo con el citado precepto, para que se tengan por presentadas en tiempo las promociones que se depositen por correo certificado o se envíen vía telegráfica, se requiere:

1) Que se depositen en las oficinas de correos mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se envíen vía telegráfica desde la oficina de telégrafos;

2) Que el depósito o envío se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes, y

3) Que el depósito o envío se realice dentro de los plazos legales.

En este orden, el primer requisito señalado queda satisfecho, porque el depósito del recurso de reclamación se efectuó por correo mediante pieza certificada con acuse de recibo.

De igual manera, se cumple con el segundo requisito señalado, porque del análisis del sobre con el que se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de reclamación, se advierten diversos sellos del Servicio Postal Mexicano, en los que se aprecia que se depositó el catorce de octubre de dos mil catorce, y que dicho depósito se llevó a cabo en el lugar de residencia del Instituto recurrente, el cual está ubicado en Morelia, Michoacán.

Por último, el tercer requisito también queda satisfecho, ya que en términos del artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia, el recurso de reclamación se debe interponer en un plazo de cinco días; por consiguiente, si el auto recurrido se notificó al recurrente el jueves nueve de octubre de dos mil catorce (foja ochenta y dos del expediente) y de conformidad con la fracción I del artículo 3º del mismo ordenamiento surtió sus efectos al día siguiente, esto es, el viernes diez de octubre de dos mil catorce, el plazo para su interposición transcurrió del lunes trece al viernes diecisiete, ambos de octubre de dos mil catorce.

Por tal virtud, si el recurso de reclamación se presentó en la Oficina de Correos en la localidad a la que pertenece el recurrente el catorce de octubre de dos mil catorce, resulta indiscutible que el mismo es oportuno.

CUARTO. Legitimación. El escrito de agravios está signado por **********, ostentándose como apoderada jurídica de los Consejeros del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán.

Al respecto, debe precisarse que del escrito mediante el cual se promovió la controversia constitucional, se advierte que ********** fue señalada como apoderada jurídica del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, sin embargo, en el acuerdo de seis de octubre de dos mil catorce recaído a ese escrito no se hizo pronunciamiento al respecto, toda vez que fue desechada la demanda presentada en vía de controversia constitucional.

No obstante a lo anterior, del segundo párrafo, del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) se desprende que en las controversias constitucionales el actor, el demandado y el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos, asimismo podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esa ley; por lo que, a efecto de favorecer la interposición del recurso de reclamación, se considera que ********** fue designada como delegada de dicho Instituto; por lo que tiene legitimación para interponer este recurso, de conformidad con el citado segundo párrafo, del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la Materia.

QUINTO. Auto impugnado. La materia del presente recurso de reclamación es el acuerdo de seis de octubre de dos mil catorce, emitido por la Ministra Instructora Margarita Beatriz Luna Ramos, no obstante que en el escrito en que se interpone el recurso de reclamación fue señalado como auto reclamado el de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, ya que de una revisión de los autos, se advierte que el proveído por el que se desechó la demanda presentada en vía de controversia constitucional es el de seis de octubre de dos mil catorce, el cual es del tenor literal siguiente:

"México, Distrito Federal, a seis de octubre de dos mil catorce. Como está ordenado en proveído de Presidencia de veintitrés de septiembre del año en curso, dictado en la presente controversia constitucional, la Ministra que suscribe proveerá lo conducente para la tramitación de este asunto, en suplencia del Ministro Instructor Sergio A. Valls Hernández. En consecuencia, visto el escrito y anexos de cuenta de Irma Nora Valencia Vargas y Leopoldo Romero Ochoa, Consejeros del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, por el que promueven controversia constitucional en contra del Tribunal de Justicia Administrativa de la citada entidad federativa, en la que impugna lo siguiente:

"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado;

El acto que se reclama, es la resolución interlocutoria que resolvió el incidente de incompetencia promovido por el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, dictado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán el 8 ocho de julio de 2014 dos mil catorce, mismo que fue notificado a este Instituto el 29 veintinueve de mayo de 2014 dos mil catorce (sic), dentro del juicio de nulidad JA-1775/2013-I del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán."

Ahora bien, con fundamento en los artículos 105, fracción I, inciso I), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del citado precepto constitucional, procede desechar de plano la demanda por su notoria y manifiesta improcedencia por falta de legitimación de la parte actora.

El primero de los artículos mencionados, señala:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

(...)

I).- Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno y de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución."

Ahora bien como la parte actora es un órgano local que impugna una interlocutoria dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, es evidente que no se actualiza el supuesto previsto en el inciso I), fracción I, del artículo 105 de la Constitución Federal, ya que en esta norma no se encuentran incluidos los órganos autónomos locales, y menos aún, los creados para la tutela del artículo 6° de la Constitución Federal.

En efecto, la legitimación que se reconoció a los órganos constitucionales autónomos, está conferida exclusivamente a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce expresamente con esa categoría, por lo que ningún otro del orden jurídico de los Estados se encuentra comprendido en esta disposición, lo cual será aplicable además en el caso del órgano garante de la transparencia a que se refiere el artículo 6° de la Norma Fundamental, pues así se encuentra previsto en forma limitativa, sin poderse incluir por tanto alguno otro con la misma finalidad a nivel local.

En estas condiciones, al no contar el Instituto estatal promovente con la legitimación requerida conforme al inciso I), fracción I, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual conlleva a que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los artículos 1° y 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia, la cual es manifiesta y notoria, en virtud de que se deduce de la simple lectura de la demanda, sin que sea posible desvirtuarla con la tramitación de este asunto.

Por lo expuesto y fundado, se acuerda:

I. Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, por conducto de sus dos Consejeros.

II. Notifíquese por lista y mediante oficio al citado Instituto en su residencia oficial.

III. Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido"

SEXTO. Agravios. En el escrito de agravios, la parte recurrente argumentó, en síntesis, lo siguiente:

I. El auto recurrido causa agravios en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deja en estado de indefensión a este Instituto, al coartarlo del medio de defensa legal suficiente para defenderse de la invasión de competencias por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, a pesar de que a la fecha en el Estado de Michoacán de Ocampo, no existe la posibilidad de interponer una controversia constitucional en el ámbito local.

Que es cierto que el artículo 105 Constitucional en su fracción I no establece de forma literal la procedencia de la controversia constitucional a cargo de un Organismo Constitucional Autónomo Estatal, sin embargo, la Corte no debe efectuar una interpretación literal de dicho precepto, puesto que resulta contrario a derecho que a pesar de la evidente invasión de competencias que se plantea, en el auto que se combate, la Corte afirma que no procede la interposición de la controversia.

Manifiesta, que la Corte ha sostenido el criterio de que los supuestos establecidos en el artículo 105 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no deben interpretarse de forma literal, sino que debe efectuarse una interpretación teleológica, por lo que debe atenderse a la finalidad que se persigue con el establecimiento de controversias constitucionales en el sistema jurídico mexicano, pues con ellas se persigue la protección del principio de división de poderes y como consecuencia la protección de la estabilidad del sistema federal.

Que la interpretación que debe otorgarse al artículo 105 Constitucional, es aquella interpretación amplia en la que se tome en consideración que los Organismos Autónomos que regulan la materia de transparencia y derecho de acceso a la información en los Estados deben recibir en el orden Constitucional igual tratamiento que el organismo que regula dichas materias en el ámbito federal.

Así también, aduce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado, al señalar que el artículo 105 de la Constitución Federal, debe interpretarse en armonía con las normas que establecen el sistema federal y el principio de división de poderes, con la finalidad de que no queden marginados otros supuestos, en el entendido de que si un organismo no cuenta con medios de defensa internos para salvaguardar su esfera de competencias, deberá interpretarse el artículo 105, fracción I, de la Constitución en un sentido amplio.

II. Causa agravio el auto combatido, toda vez que no se tomó en consideración la naturaleza de los órganos constitucionales autónomos, de acuerdo con la interpretación que la propia Corte ha efectuado, estableciendo que las características esenciales son las que concluyó en la jurisprudencia P./J. 12/2008 de la Novena Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de 2008, página 1871 de rubro: "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS, SUS CARACTERÍSTICAS".

Refiere que es posible advertir que se pasó por alto la naturaleza del órgano actor, ya que de la propia interpretación de la Corte, no podemos advertir que el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Michoacán de Ocampo se trate de un organismo que por su propia naturaleza sea derivado, sino por el contrario, se trata de un organismo que proviene directamente de la Constitución, mantiene relaciones de coordinación con otros organismos del Estado y mantiene independencia funcional y financiera. Por tanto, debe ser considerado como un órgano originario del Estado, y como consecuencia de ello se le debe reconocer legitimación.

En ese sentido cita la tesis P.LXXII/98 de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo VIII, diciembre de 1998, página 789 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO".

III. Señala la recurrente que no es dable negar legitimación a un órgano originario del Estado como lo constituyen los Institutos para la Transparencia de los Estados, máxime que hasta la fecha la Corte ha admitido diversas controversias constitucionales en las que se le ha atribuido legitimación pasiva a los Institutos para la Transparencia y Acceso a la Información de los Estados, admitiendo su calidad de parte. Como consecuencia no existe justificación alguna por la que deba negarse legitimación activa a los Institutos de este tipo, cuando se goza de las características de independencia, autonomía, máxime que se trata de órganos originarios del Estado.

Al respecto cita la tesis de jurisprudencia P./J. 5/2012 (10ª) de la Décima Época emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, página 20 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ÓRGANOS ESTATALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SALVO QUE EXISTA UN PROBLEMA DE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES"

De lo que se advierte que contrario sensu es posible que se tramite una controversia constitucional en la que sea parte un órgano de transparencia, pues de acuerdo con la tesis invocada, es posible promover controversias contra las resoluciones de los órganos estatales, siempre y cuando se reclame una invasión de competencias.

SÉPTIMO.- Estudio de fondo. El presente asunto se constriñe a analizar si con los agravios expresados, el recurrente logra demostrar que la determinación de la Ministra Instructora, consistente en desechar de plano la demanda de controversia constitucional, fue correcta o no.

La materia del presente medio impugnativo consiste únicamente en analizar la legalidad o ilegalidad del acuerdo de trámite recurrido para que, en caso de que haya existido alguna irregularidad se corrija el procedimiento, razón por la cual los agravios ajenos a dicho acuerdo deben desestimarse.

Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia número P./J. 10/2007(4) sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU MATERIA CONSISTE EN ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO RECLAMADO".

A fin de dar contestación a los agravios sintetizados en el resultando sexto de esta resolución, conviene tener presente que de conformidad con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional cuando advierta que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

Al respecto, este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; en tanto que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no sería posible obtener una convicción diversa.

Tal criterio se encuentra plasmado en la tesis de jurisprudencia P./J. 128/2001, publicada en la página ochocientos tres, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."

Así, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé lugar al desechamiento de la demanda, debe apreciarse de la simple lectura de ésta y de las pruebas que en su caso se hubieran adjuntado, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido claramente manifestados por el demandante, o bien, porque se encuentren probados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que se tenga la plena certeza de que los actos posteriores del procedimiento, como son la contestación de la demanda y la fase probatoria, no serían necesarios para configurarla ni tampoco podrían desvirtuar su contenido.

Al efecto, es aplicable el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial P./J. 9/98, visible en el Tomo VII, correspondiente a enero de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."

Además, es importante señalar que como las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse de oficio, es necesario que éstas queden probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones, ya que para efectos del desechamiento de una demanda, debe tenerse la certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable. Ello, en atención a que por sus propias características, el auto inicial, tiene el carácter de una apreciación preliminar de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos, pues en este estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, ya que el emitir un pronunciamiento de fondo traería como consecuencia que no se actualizara la hipótesis del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la materia.

Una vez precisada la facultad del Ministro instructor para desechar una demanda que en vía de controversia constitucional se hace valer, por advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se procede al análisis de lo manifestado por la parte recurrente en su escrito de agravios.

En la especie, la Ministra Instructora estimó procedente desechar de plano la demanda de controversia constitucional por considerar que se actualizaba la causa de improcedencia a que alude la fracción VIII del artículo 19(5) de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con los artículos 1°(6) y 10(7), fracción I, de la propia ley, en esencia, porque el Instituto para la Transparencia y Acceso a la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200100-6455b14d/i-controversia-constitucional-su-manifiesta-e-indudable-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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