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RECURSO DE RECLAMACIÓN 76/2016-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 89/2016. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 2 DE MAYO DE 2017. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dos de mayo de dos mil diecisiete.
VISTOS para resolver los autos del recurso de reclamación 76/2016-CA derivado de la controversia constitucional 89/2016, interpuesto por Leonel Luna Estrada, en su carácter de Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en contra del auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por la Ministra instructora,(1) en el que se desecha de plano por notoria y manifiesta improcedencia la demanda de controversia constitucional presentada por el citado órgano parlamentario; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Leonel Luna Estrada, en su carácter de Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, promovió demanda de controversia constitucional en representación del citado órgano, alegando violación a los artículos 14, 16, 41, 109, 116, 122 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(2)
El promovente señaló como autoridad demandada al Instituto Electoral del Distrito Federal, e impugnó lo siguiente:
"Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueban modificaciones a la estructura orgánica funcional del Instituto Electoral del Distrito Federal, en acatamiento a lo previsto en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa, identificado como ACU-42-16, aprobado el 28 de junio de 2016 y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 20 de julio del año en curso".
SEGUNDO. Turno. Por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la controversia constitucional 89/2016, y determinó que se turnara a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para que fungiera como instructora del procedimiento.(3)
TERCERO. Desechamiento. Mediante auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, la Ministra instructora advirtió la existencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debido a que el promovente carece de legitimación procesal activa, por lo que procedió a desechar de plano la controversia constitucional.(4)
CUARTO. Auto impugnado. La materia del presente recurso de reclamación es el acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciséis, emitido por la Ministra instructora Norma Lucía Piña Hernández, el cual, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:
"(...) Pues bien, en el caso, se advierte que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a desechar de plano la presente controversia constitucional, debido a que el promovente carece de legitimación procesal activa para promover el presente medio de impugnación.
En principio, de los artículos 19, fracción VIII y 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que:
• Si el ministro instructor encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la controversia constitucional, entonces, deberá desecharla.
• En el artículo 19 del ordenamiento invocado, se enlistan de manera enunciativa, más no limitativa, algunos supuestos de improcedencia de la acción y, específicamente, en la fracción VIII de ese numeral, se estipula que además de esas hipótesis, también se surten las causales de improcedencia que puedan derivar de algún supuesto previsto en la propia ley.
Al efecto, se destaca que esta Suprema Corte definió que las causas de improcedencia no sólo derivan de alguna disposición de la propia ley reglamentaria, sino también de la Norma Fundamental, por ser ésta la que delinea su objeto y fines.
Resultan ilustrativas para el caso las jurisprudencias que se invocan enseguida:-- "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". (Se transcribe).--- "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". (Se transcribe).
Aplicadas las premisas anteriores al caso que nos ocupa, tenemos que la presente controversia constitucional es improcedente y debe desecharse, porque no encuadra en alguno de los supuestos de procedencia previstos en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone literalmente que:---...
Del numeral trascrito se obtiene que los entes, poderes u órganos respecto de los cuales se puede entablar una contienda en materia de controversia constitucional son: entre la Federación y un Estado o Municipio [incisos a y b]; los distintos poderes que conforman la Unión o los que conforman un Estado [incisos c y h]; una entidad federativa y otra [inciso d]; dos municipios de distinto Estado [inciso h]; un Estado y uno de sus municipios o un municipio de otra entidad federativa o demarcación territorial de la Ciudad de México [incisos i y j]; e incluso respecto de las contiendas surgidas entre dos órganos constitucionalmente autónomos o, entre uno de éstos y los poderes Ejecutivo y/o Legislativo federales [inciso l].
Por ende, en ninguna de las hipótesis de procedencia de la fracción I del artículo 105 constitucional encuadra una controversia constitucional entablada entre un poder estatal y un órgano público autónomo del mismo orden jurídico, como sucede en la especie, pues quien acude a la presente controversia es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -por conducto del Presidente de la Comisión de Gobierno- contra el Instituto Electoral del Distrito Federal, organismo público local con personalidad jurídica propia y autonomía e independencia en sus funciones y decisiones, en términos de lo previsto en el artículo 41, fracción V, apartado C y 116, inciso c), primer numeral, de la Constitución Federal y 98, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Lo anterior, sin que pase inadvertido que el inciso l) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la procedencia de las controversias constitucionales suscitada entre dos órganos constitucionales autónomos y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Congreso de la Unión; sin embargo, esa porción normativa no es aplicable al caso, porque implícitamente excluye la procedencia de las controversias interpuestas entre un poder estatal (ejecutivo, legislativo o judicial) y un organismo público autónomo de la misma entidad federativa, ya que acota las disputas entre órganos constitucionales autónomos y poderes de carácter federal y no estatal.
Sobre esas bases, aun cuando la controversia constitucional es un medio de regularidad disponible para los poderes, órdenes jurídicos y órganos constitucionales autónomos a nivel federal para combatir normas y actos por estimarlos inconstitucionales, lo cierto es que no toda violación constitucional es apta de analizarse en esta vía, sino sólo aquellas que guarden relación con los principios de división de poderes o con la cláusula federal, delimitando el universo posible de conflictos a aquellos que versen sobre la invasión, vulneración o, simplemente, afectación a las esferas competenciales trazadas desde el texto constitucional, en relación con los sujetos respecto de los cuales podrían surgir tales conflictos, los cuales se fijaron, expresa y específicamente, en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal.
En estas condiciones, es claro que la autoridad promovente carece de la legitimación requerida conforme a los supuestos previstos en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia.
Por lo expuesto y fundado, se acuerda:
I. Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través del Presidente de la Comisión de Gobierno.
II. Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido. (...)".
En síntesis, la Ministra instructora concluye que la parte actora no está legitimada para promover la demanda de controversia constitucional, pues no encuadra en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 105 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no forma parte de los poderes de la Unión, tampoco constituye una entidad federativa o municipio, ni forma parte del Poder Judicial de la entidad, ni se trata de un órgano constitucionalmente autónomo a los que se refiere el inciso l) de la citada fracción I, del referido precepto constitucional.
QUINTO. Interposición del recurso de reclamación. Inconforme con ese acuerdo, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, Leonel Luna Estrada, en su carácter de Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, interpuso el presente recurso de reclamación.(5)
SEXTO. Agravios. En su escrito de reclamación, la parte actora expuso en síntesis los siguientes agravios:
1. El órgano recurrente considera incorrecta la determinación alcanzada por la Ministra instructora, de desechar la controversia constitucional, por carecer de legitimación procesal activa, al no encuadrar en ninguno de los supuestos de procedencia previstos en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues a su juicio, existen dos hipótesis entre las dispuestas por el aludido numeral de la Carta Magna, en las cuales, se puede deducir la legitimación para promover la controversia constitucional.
La primera de ellas, encuentra su fundamento en lo previsto en el inciso h) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como el Instituto Electoral del Distrito Federal, deben de ser considerados Poderes de la Ciudad de México.
Que el órgano legislativo actor establece que el Instituto Electoral del Distrito Federal, es un órgano autónomo de la hoy Ciudad de México, por lo que, cuenta con legitimación para ser parte en juicios de controversia constitucional, lo que infiere de la tesis de jurisprudencia P./J. 19/2007, de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. AL SER UN ÓRGANO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL".
Por lo tanto, la invasión a la esfera de competencias por parte del Instituto Electoral del Distrito Federal, en detrimento de las atribuciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá ser materia de estudio del fondo de la controversia constitucional.
De modo que, no admitir la controversia entablada, implicaría considerar que la reforma constitucional de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, tiene un carácter regresivo.
2. Por otro lado, el segundo supuesto en el cual, según el Poder actor, encuadra la controversia constitucional intentada, es el previsto en el inciso l) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si el constituyente permanente previó la posibilidad de que dicho medio de control constitucional sea entablado entre un órgano constitucional autónomo y el Congreso de la Unión, ello significa que también deben ser procedentes aquellas suscitadas entre un órgano autónomo local y el poder legislativo de una entidad federativa, como lo son el Instituto Electoral y la Asamblea Legislativa, ambos órganos del Distrito Federal.
En caso de no existir un supuesto que permita interponer una controversia constitucional, entre un poder legislativo local y un órgano autónomo de la misma índole, significaría la ausencia de un recurso efectivo judicial, violentando con ello el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Además, al no existir un recurso judicial efectivo se estaría ante una "laguna jurídica" o un "vacío legislativo", ocasionado por la reforma constitucional de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, pues el constituyente permanente omitió supuestos que vulneran las prerrogativas de los Poderes de la Ciudad de México.
3. Finalmente, indica que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita se inobserven las disposiciones actuales, y en su lugar se aplique el inciso k) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previo a su derogación, en tanto los nuevos órganos que integren a la Ciudad de México, y que se contemplen en su nueva Constitución, sustituyan a los órganos de gobierno que hoy siguen teniendo vigencia, como es el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo anterior encuentra sustento en el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional señalada, que es del tenor siguiente: "ARTÍCULO SEGUNDO.- Las normas de esta Constitución y los ordenamientos legales aplicables al Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que lo sustituyan".
Por ende, solicita que este Alto Tribunal, aplique como vigente el supuesto contenido en el inciso h) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para evitar el perjuicio que se pudiera producir de la limitación del derecho a acceder a los mecanismos de control constitucional.
SÉPTIMO. Admisión, trámite y avocamiento del recurso de reclamación en la Primera Sala. Por acuerdo de tres de octubre de dos mil dieciséis, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso y le asignó el número de expediente 76/2016-CA; además, ordenó correr traslado al Procurador General de la República, para que dentro del plazo de cinco días manifestara lo que a su derecho conviniera, y turnó el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.(6)
Una vez transcurrido el plazo de cinco días hábiles, otorgado a la representación social para que realizara sus manifestaciones, sin que así lo hiciera, por acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, el Presidente de este Alto Tribunal, determinó que se enviara el asunto para su radicación y resolución a la Primera Sala, a la que se encuentra adscrito el Ministro ponente.(7)
Consecuentemente, por acuerdo de tres de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente de la Primera Sala señaló que la misma se avocaba al conocimiento del asunto, y envío los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.(8)
OCTAVO. Turno al Tribunal Pleno. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de ocho de febrero de dos mil diecisiete, acordó que este asunto se enviara al Tribunal Pleno; y, mediante proveído de trece de febrero de dos mil diecisiete, el Presidente de este Alto Tribunal, ordenó se radicara el recurso de reclamación y se devolvieran los autos del expediente, al Ministro ponente a efecto de que elaborara el proyecto de resolución con el que se daría cuenta al Tribunal Pleno.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente recurso de reclamación 76/2016-CA, derivado de la controversia constitucional 89/2016, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 fracción XII, y 11 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece.
SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de reclamación se presentó dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia,(9) de conformidad con lo siguiente:
I. El acuerdo que desechó de plano la controversia constitucional intentada, fue notificado por oficio a la parte recurrente el jueves veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.(10)
II. La notificación surtió efectos el día hábil siguiente, esto es, el viernes veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.
III. El plazo de cinco días señalado por el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para interponer el recurso de reclamación transcurrió del lunes veintiséis al viernes treinta de septiembre de dos mil dieciséis.
IV. El escrito de reclamación fue presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el viernes treinta de septiembre de dos mil dieciséis; consecuentemente su presentación resulta oportuna.
TERCERO. Procedencia. El presente recurso de reclamación, es procedente conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 51 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se interpuso en contra del auto por el que la Ministra instructora desechó por notoriamente improcedente la demanda presentada en vía de controversia constitucional.
CUARTO. Legitimación. Del segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(11) se desprende que, en las controversias constitucionales, el actor, el demandado y el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos, asimismo podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esa ley.
Al respecto, debe precisarse que del escrito que obra en autos, se advierte que Leonel Luna Estrada, compareció a promover el recurso de reclamación que nos ocupa, en su carácter de Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Ahora bien, el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establece las atribuciones del Presidente de su Comisión de Gobierno; específicamente, en la fracción II, se dispone lo siguiente:
"ARTÍCULO 42.- La Comisión de Gobierno elegirá de entre sus miembros un Presidente y un Secretario.
Corresponderá al Presidente de la Comisión de Gobierno:
(...)
II.- Ostentar la representación de la Asamblea durante los recesos de la misma, ante toda clase de autoridades administrativas, jurisdiccionales y militares, ante el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los partidos políticos registrados y las organizaciones vecinales del Distrito Federal;
(...)".
De lo antes transcrito, se desprende que, la representación del órgano legislativo de la Ciudad de México, le corresponde al Presidente de la Comisión de Gobierno, únicamente durante los periodos de receso. En ese contexto, conviene reproducir el artículo 96 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:
"Artículo 96.- La Asamblea se reunirá a partir del 17 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, el cual podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre del mismo año.
El segundo periodo de sesiones ordinarias se iniciará a partir del 15 de marzo de cada año y podrá prolongarse hasta el 30 de abril del mismo año.
(...)".
Dicho numeral establece, que la Asamblea se reunirá a partir del diecisiete de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, el cual podrá prolongarse hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año; el segundo periodo de sesiones ordinarias, se iniciará a partir del quince de marzo de cada año, y podrá prolongarse hasta el treinta de abril del mismo año, por lo que, contrario sensu, implica que fuera de dichas etapas, se considerará periodo de receso.
Así, se advierte que cuando se presentó el recurso de reclamación (treinta de septiembre de dos mil dieciséis), la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se encontraba en el primer periodo ordinario de sesiones. Por lo que, quien debió ostentar la representación del órgano actor debió de ser el Presidente de su Mesa Directiva, y no así el Presidente de la Comisión de Gobierno, tal y como lo dispone la fracción XVI del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:
"ARTÍCULO 36.- Corresponde al Presidente de la Mesa Directiva:
(...)
XVI.- Representar a la Asamblea ante toda clase de autoridades administrativas, jurisdiccionales y militares, ante el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los partidos políticos registrados y las organizaciones vecinales del Distrito Federal; asimismo, podrá otorgar y revocar poderes para pleitos y cobranzas a los servidores públicos de las unidades administrativas que por las características de sus funciones estén acordes con la naturaleza de dicho poder;
(...)".
No obstante lo anterior, es hecho notorio para este Alto Tribunal, que el funcionario que ostenta la representación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su carácter de Presidente de la Comisión de Gobierno, a la fecha de la presentación del recurso, contaba al mismo tiempo con el carácter de Presidente de la Mesa Directiva del citado órgano legislativo de la Ciudad de México.
Lo anterior se advierte, de la consulta a la versión estenográfica de la sesión previa, celebrada por la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el catorce de septiembre de dos mil dieciséis,(12) fecha en la que se eligió a quien presidiría la mesa directiva del órgano actor, del diecisiete al treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Para mayor claridad, se reproduce lo siguiente:
Ver reproducción
En conclusión, el recurso de reclamación materia de la presente resolución, se hizo valer por Leonel Luna Estrada, quien al momento de la interposición del medio de impugnación, contaba con el carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por lo tanto, se afirma que dicho funcionario cuenta con legitimación para interponer el presente recurso, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia.
QUINTO. Estudio de fondo. La materia del presente medio de impugnación, consiste únicamente en examinar la legalidad o ilegalidad del acuerdo de trámite recurrido, para que, en caso de que haya existido alguna irregularidad, se corrija el procedimiento, razón por la cual, los agravios ajenos a dicho acuerdo deben desestimarse.
Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 10/2007(13) sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU MATERIA CONSISTE EN ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO RECLAMADO".
A fin de dar contestación a los agravios sintetizados en el resultando sexto de esta resolución, conviene tener presente que de conformidad con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el Ministro instructor, podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional, cuando advierta que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido que, por manifiesto debe entenderse, todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; en tanto que, lo indudable se configura, cuando se tiene la certeza y plena convicción, que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no sería posible obtener una convicción diversa.
Tal criterio se encuentra plasmado en la tesis de jurisprudencia P./J. 128/2001, publicada en la página ochocientos tres, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa".
Así, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que permita el desechamiento de la demanda, debe apreciarse de la simple lectura de ésta y de las pruebas que en su caso se hubieran adjuntado, ya sea porque los hechos en que se apoya, hayan sido claramente manifestados por el demandante, o bien, porque se encuentren probados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que se tenga la plena certeza de que los actos posteriores del procedimiento, como son la contestación de la demanda y la fase probatoria, no serían necesarios para configurarla, ni tampoco podrían desvirtuar su contenido.
Al efecto, es aplicable el criterio sustentado por este Tribunal Pleno en la tesis jurisprudencial P./J. 9/98, visible en el Tomo VII, correspondiente a enero de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido".
Además, es importante señalar, que como las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse de oficio, es necesario que éstas queden probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones, ya que para efectos del desechamiento de una demanda, debe tenerse la certeza, de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable. Ello, en atención a que por sus propias características, el auto inicial, tiene el carácter de una apreciación preliminar de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos, pues en este estado procesal, tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, ya que, el emitir un pronunciamiento de fondo, traería como consecuencia que no se actualizara la hipótesis del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la materia.
En la especie, la Ministra instructora, estimó procedente desechar de plano la demanda de controversia constitucional, por considerar que se actualizaba la causa de improcedencia a que alude la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, pues en ninguna de las hipótesis de procedencia de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, encuadra una controversia constitucional entablada entre un poder estatal y un órgano público autónomo, del mismo orden jurídico, como sucede en la especie, dado que, quien acude a la controversia es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contra el Instituto Electoral del Distrito Federal, organismo público local, con personalidad jurídica propia y autonomía e independencia en sus funciones y decisiones.
En el acuerdo recurrido, la Ministra instructora precisó que no pasaba inadvertido, que el inciso l) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80211-b93b5113/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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