I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN LA PROMOVIDA CONTRA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBE RECONOCERSE A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EL CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA (ACUERDO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL CUAL SE ADMITIÓ LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2017). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN LA PROMOVIDA CONTRA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBE RECONOCERSE AL JEFE DE GOBIERNO EL CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA (ACUERDO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL CUAL SE ADMITIÓ LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2017). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN LA PROMOVIDA CONTRA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA ASAMBLEA LEGISLATIVA NO REVISTE EL CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA, PERO SÍ DE TERCERO INTERESADA (ACUERDO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL CUAL SE ADMITIÓ LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2017).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 57/2017-CA, RELACIONADO CON EL RECURSO DE RECLAMACIÓN 49/2017-CA, AMBOS DERIVADOS DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2017. ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 10 DE MAYO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de mayo de dos mil diecisiete.
VISTOS, para resolver el expediente relativo al recurso de reclamación derivado de la controversia constitucional identificado al rubro, y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Controversia constitucional. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pablo Escudero Morales, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, promovió controversia constitucional en contra del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el que reclamó la invalidez de los artículos 8, apartado B, inciso 7; 9, apartado D, párrafo 7; 10, apartado B; 11, apartado I, inciso I, segundo párrafo; 18, apartado A, numeral 3; 35, apartado D, numeral 3, inciso a); 41, numeral 1; 42, apartado C, numeral 3; 44, apartado A, numeral 3; 45, apartado A, numeral 1 y 2 y aparatado B, numerales 1 a 6 y Quinto Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, contenida en el Decreto publicado el cinco de febrero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Trámite de la controversia. El Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 97/2017.
El veintidós de marzo de dos mil diecisiete, el Ministro Javier Laynez Potisek, Instructor en la controversia referida, admitió la demanda, tuvo como autoridades demandadas al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el primero por haber promulgado la norma general impugnada y, a esta última, dadas las particularidades del caso y a fin de salvaguardar los principios de equidad procesal y adecuada defensa. Por otra parte, determinó la imposibilidad jurídica y material para reconocer el carácter de demandada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
TERCERO. Recurso de reclamación. En contra del acuerdo que antecede, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y representante legal de la misma, interpuso recurso de reclamación por escrito presentado el siete de abril de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CUARTO. Trámite del recurso. Mediante auto de diez de abril de dos mil diecisiete, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de reclamación, al que correspondió el número 57/2017-CA relacionado con el recurso de reclamación 49/2017-CA; ordenó correr traslado a las partes y turnó el expediente al Ministro Alberto Pérez Dayán.
Posteriormente, por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, envió el asunto para su radicación y resolución a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, a la que se encuentra adscrito el Ministro designado como Ponente.
Mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictado por el Ministro Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que ésta se avocara al conocimiento del presente recurso y ordenó remitir los autos a su Ponencia para su resolución.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, 11, fracción V y 21 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y el tercero del Acuerdo General Plenario número 5/2013, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno en el presente asunto.
SEGUNDO. Procedencia y Legitimación. El recurso de reclamación es procedente con apoyo en lo dispuesto en el artículo 51, fracción II de la Ley Reglamentaria,(1) ya que se interpuso en contra del auto que tuvo como autoridades demandadas al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no así a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Lo antedicho permite considerar que el recurso de reclamación se presentó oportunamente, en virtud de que al no haberse tenido como parte a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, no se ordenó su emplazamiento y la correspondiente notificación practicada mediante lista se dirige específicamente a las partes de la controversia, de conformidad con el sentido del artículo 4 de la Ley reglamentaria de la materia.(2) De ahí que deba tenerse como fecha de conocimiento del auto recurrido la de presentación del escrito de reclamación.
Por lo que toca a la legitimación, debe decirse que está acreditada porque el recurso fue suscrito por Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, como Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, quien acreditó esa calidad con la copia certificada del acta de sesión en que fue designado con tal carácter(3) en términos del artículo 12 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México,(4) y de conformidad con el diverso 11, párrafo primero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(5)
TERCERO. Antecedentes. A fin de abordar el estudio de los agravios respectivos, se precisa que de la lectura a los autos del presente recurso, se advierten los siguientes antecedentes:
1. El veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México"; en ese Decreto se reformaron diversas disposiciones y de ellas, importa lo dispuesto en el artículo 122 que reconoce a la Ciudad de México como una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, así como que su gobierno está a cargo de sus poderes locales en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.(6)
De igual forma, de ese Decreto es necesario tener presente lo dispuesto en su artículo séptimo transitorio(7) que se refiere a la creación, composición y trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Así, ordena que ésta se compondrá de cien diputados constituyentes, sesenta elegidos por el principio de representación proporcional; catorce senadores designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara; catorce diputados federales designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara; seis designados por el Presidente de la República y otros seis por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Asimismo, en la fracción VII de ese séptimo transitorio se ordenó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitiera la convocatoria para la elección de los diputados constituyentes a más tardar dentro de los siguientes quince días a partir de la publicación del Decreto y que la elección para la conformación de la Asamblea Constituyente se realizara el primer domingo de junio de dos mil dieciséis.
De igual forma consignó como facultad exclusiva del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la de elaborar y remitir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, para ser discutido, en su caso modificado, adicionado y votado por la Asamblea Constituyente, supuesto en el cual se ordenó al propio Jefe remitir el proyecto respectivo a más tardar el día en que la Asamblea celebrara su sesión de instalación.
2. En cumplimiento a lo anterior, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de cinco de febrero de dos mil dieciséis, la Convocatoria para la elección de los diputados constituyentes, la de aquellos que se ordenó elegir bajo el principio de representación proporcional, elección que tuvo lugar el cinco de junio de dos mil dieciséis.
3. Posteriormente, elegidos y designados los diputados constituyentes, el quince de septiembre de dos mil dieciséis se declaró legalmente establecida la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, mediante acta de esa fecha publicada en la Gaceta Parlamentaria el veinte siguiente.
4. Por su parte el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México remitió el proyecto de Constitución a la Asamblea Constituyente.
5. La Asamblea Constituyente llevó a cabo los trabajos legislativos correspondientes, por lo que en sesión solemne de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México, que fue expedida mediante Decreto publicado el cinco de febrero siguiente, en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
6. En contra del Decreto que contiene la Constitución Política de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión promovió la controversia constitucional 97/2017, en la cual el Ministro instructor dictó acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, del siguiente tenor:
"(...).
Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil diecisiete.
Visto el escrito de demanda y anexos de quien se ostenta como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en representación de dicha Cámara, se acuerda lo siguiente:
El accionante promueve controversia constitucional contra la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno, todos de la Ciudad de México (sic), en la que impugna:
(...).
Ahora, a efecto de proveer respecto del señalamiento de autoridades demandadas, debe tenerse en cuenta que el artículo 10, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia prevé que en las controversias constitucionales que se promuevan en contra de normas generales, tendrán ese carácter las entidades, poderes u órganos que las hubieren emitido y promulgado. En el caso, el Senado de la República solicita se tenga como autoridad demandada, entre otras, a la denominada Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, por ser el órgano que tuvo a su cargo la emisión de la norma general impugnada en este asunto. Al efecto, debe resaltarse que el artículo Octavo Transitorio, párrafo último, del Decreto de reformas a la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, prevé que dicha Asamblea Constituyente local culminaría sus funciones en la fecha de publicación de la Constitución de la Ciudad de México, lo cual ocurrió el cinco de febrero del año en curso; de ahí que válidamente puede decirse que a la fecha de emisión de este proveído, dicho órgano había dejado de existir por haber concluido las funciones específicas para las cuales fue creado directamente en la Constitución Federal, por lo que resulta jurídica y materialmente imposible reconocerle el carácter de demandado en este procedimiento, ya que no se encontrará en aptitud de sostener la constitucionalidad de sus actuaciones. Por tanto, no ha lugar a reconocer el carácter de demandado en esta controversia constitucional a la entonces denominada Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
En relación con la solicitud de tener como autoridad demandada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se deben tener en cuenta las circunstancias particulares que guarda el presente asunto de las que derivan: a) que a dicha autoridad no le fue encomendada por la Constitución Federal la emisión de la norma impugnada; b) que el órgano encargado de ello ya cesó en sus funciones, y c) que conforme al Artículo Primero Transitorio del Decreto de expedición de la propia norma impugnada ésta iniciará su vigencia -con las excepciones ahí señaladas- hasta el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, con la instalación de su Congreso local. No obstante esas condiciones, no pasa inadvertido que en términos del artículo 122 de la Constitución Federal, la función legislativa permanente de la Ciudad de México en la actualidad está a cargo de la citada Asamblea Legislativa hasta en tanto entre en vigor la norma impugnada, por lo que, a fin de salvaguardar los principios de equidad procesal y adecuada defensa, se estima pertinente reconocer a la todavía denominada Asamblea Legislativa del Distrito Federal el carácter de autoridad demandada en este procedimiento.
De igual manera, también se reconoce el carácter de autoridad demandada en este asunto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por haber promulgado la norma general impugnada.
(...)."
7. El acuerdo arriba transcrito fue impugnado por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, mediante el recurso de reclamación que nos ocupa.
CUARTO. Agravios. La recurrente expresó en su único agravio lo que a continuación se resume.
Se desconoce a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México como parte demandada, en su carácter de entidad, poder u órgano emisor de la norma general objeto de la controversia, lo cual viola el artículo 10, fracción II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Ministro instructor incurre en un error, al establecer una transmisión del interés jurídico del órgano emisor, en un tercero ajeno a la litis, generando una confusión sustancial de los intereses en conflicto.
El carácter "sui generis" del órgano y el proceso mediante el cual se emitió la Constitución Política de la Ciudad de México, entraña una interpretación constitucional profunda por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determine la personalidad de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Se debe cuestionar si está impedida de ejercer la función legislativa que le fue conferida con límites claramente establecidos y si, subsiste o no la personalidad jurídica de la Asamblea Constituyente de la Ciudad, particularmente para efectos de representación, defensa y rendición de cuentas. Que contrariamente a lo señalado por el Ministro Instructor, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no extingue o disuelve al Poder Constituyente de la Ciudad de México, sino que se limita a disponer el cese de sus funciones como constituyente originario.
La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México como poder público de una Entidad Federativa, actuó con responsabilidad jurídica propia y diversa a la de cualquier otro órgano o poder el Distrito Federal o los que surjan con el nuevo carácter de la Ciudad de México. Por tanto, la Asamblea, como Poder Constituyente, lo es de una Entidad Federativa denominada Ciudad de México, y no del Distrito Federal, cuyos poderes públicos se extinguirán en los términos de la Constitución Política de la Ciudad de México, y de conformidad con el artículo quinto transitorio del Decreto de reforma relativo a la reforma política de la Ciudad de México.
Que tiene personalidad jurídica propia, por tanto sus actos constituyen una cuestión ajena y externa a cualquier otro poder, en tanto no podrán considerarse al Jefe de Gobierno o a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como responsables de sus actos o representantes por suplencia. Pues dichos poderes son del Distrito Federal y no de la Ciudad de México, por lo que carecen de facultad expresa o implícita para representar a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la cual está reservada exclusivamente al Presidente de su Mesa Directiva, por disposición expresa del Reglamento para el Gobierno Interior de la propia Asamblea Constituyente. Incluso, salvo la facultad del Jefe de Gobierno de presentar el proyecto de Constitución a la Asamblea Constituyente, ningún poder público puede influir en el contenido de la Constitución Política de la Ciudad. Así lo indica la parte inicial del segundo párrafo del artículo séptimo transitorio del Decreto de reforma política aludido.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no puede representar o sustituir a la Asamblea Constituyente de la Ciudad, ya que ello implicaría una transgresión al principio de división de poderes, pues aunque con naturaleza similar (creación de normas) la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no cuenta con la capacidad de emitir o modificar normas de rango constitucional, por lo que no existiría una efectiva representación y, mucho menos, el respeto a la garantía de audiencia de un poder establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad es también el representante legal de dicha entidad o poder, de conformidad con el artículo 12, numeral 1 del Reglamento para su Gobierno Interior, y lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia.
Expresamente señaló: "(...) considerando que no es posible dejar a un poder público en estado de indefensión en un juicio constitucional, es dable interpretar que el cese de funciones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se limita a las de carácter legislativo y no a las demás."
Esto no significa la extinción de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, pues la propia Constitución Federal no lo dispone así, sino que establece que las reformas y adiciones a la Constitución Política de la Ciudad de México se realizarán de conformidad con lo que la misma establezca, lo que refuerza la noción de que las funciones referidas son las de creación normativa.
Lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece es que la propia Constitución local será la norma que defina el destino de la Asamblea Constituyente, dando paso a la instauración de un Constituyente permanente. Así, durante la "vacatio legis" y respecto de la función legislativa, no cabe duda que la Constitución Política de la Ciudad de México no podrá ser modificada por la propia Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Pero por lo que hace al resto de sus funciones no legislativas, es la Asamblea Constituyente la que puede y debe ejercerlas.
Debe interpretarse que la personalidad jurídica de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México subsiste hasta en tanto se cuente con un Constituyente permanente, pues la cesación de aquéllas no genera su inexistencia y, por ende, la extinción de su personalidad jurídica.
Debe tenerse en cuenta la literalidad del último párrafo del artículo octavo transitorio del referido Decreto, en el que no se dice que la Asamblea Constituyente culminaría sus funciones en la fecha de publicación. Tampoco se dice que las funciones específicas hubiesen de concluir y mucho menos que por tal circunstancia el órgano hubiese dejado de existir. Una cosa es que hubiesen cesado las funciones del órgano y otra, muy diferente, es que hubiese dejado de existir. Efectivamente el órgano fue creado para el desempeño de ciertas funciones específicas, de carácter legislativo, más no exclusivamente ésas.
Para el desempeño de sus funciones legislativas, una vez legalmente constituida y nombrada su mesa directiva, se asignó a la Asamblea Constituyente, como órgano jurídico-político de naturaleza colectiva (cien diputados), un considerable presupuesto pecuniario que fue necesario recibir, administrar y utilizar adecuadamente y respecto del cual habrían de rendirse las cuentas pendientes. Recibió en comodato y en arrendamiento determinados bienes inmuebles, se le asignaron los servicios de funcionarios y empleados de todo tipo y bienes y enseres de diversa naturaleza. En una palabra, contó y cuenta con un patrimonio íntegro, material y moral, a cuyo efecto asumió derechos y contrajo obligaciones. La Asamblea Constituyente asumió por imposición directa de disposiciones constitucionales de orden federal, el derecho y el deber de hacer la Constitución local de la nueva entidad federativa Ciudad de México. Este derecho y este deber no son de orden pecuniario, pero sí de naturaleza patrimonial. Pertenecen a la Asamblea Constituyente, que sólo ella puede ejercer y cumplir.
Junto con esas consecuencias jurídicas derivadas a su favor y a su cargo del acto jurídico-político de su creación, recibió también y asumió el derecho inmaterial, no pecuniario, de defender ante cualquier autoridad, especialmente ante la más alta autoridad judicial, la validez plena de la obra legislativa fundacional encomendada. Nadie más puede hacer esa defensa. Nadie más hizo ni pudo hacer la Constitución. Si se pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare que uno o varios de sus preceptos no se corresponden o se ajustan o no son conformes con la Constitución Federal, tiene que oírse a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Nadie puede suplirla. Si no es ella la parte demandada, no habrá proceso ni juicio válido. La Corte no podrá pronunciarse en forma alguna.
No puede tenerse al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México como parte demandada en esta controversia, con el argumento de haber sido la autoridad que promulgó la Constitución Política de la Ciudad, por la simple y sencilla razón de que en el caso concreto no fue necesaria promulgación alguna. El propio artículo octavo transitorio del Decreto de la Reforma Política del Distrito Federal, en su primer párrafo, establece que 'aprobada y expedida la Constitución Política de la Ciudad de México, no podrá ser vetada por ninguna autoridad y será remitida de inmediato para que, sin más trámite, se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal'.
QUINTO. Planteamiento del problema. Lo anteriormente expuesto pone de relieve que el problema a dilucidar en este recurso se circunscribe a determinar los siguientes aspectos:
1. Si la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tiene legitimación pasiva en la controversia constitucional de la que deriva el presente asunto.
2. Si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México también la tienen.
SEXTO. Estudio. El agravio hecho valer es parcialmente fundado, de acuerdo con los razonamientos que a continuación se expresan.
En efecto, la parte recurrente argumenta sustancialmente, que en el acuerdo recurrido se le debió reconocer el carácter de parte demandada en la controversia constitucional, en términos del artículo 10, fracción II de la Ley Reglamentaria, en virtud de que es el órgano emisor del ordenamiento materia de impugnación, es decir, de la Constitución Política de la Ciudad de México, la que si bien ha sido expedida, ello no significa que hayan cesado las funciones de esa Asamblea como constituyente originario y, por tanto, no puede considerarse al Jefe de Gobierno o a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como responsables de sus actos o representantes por suplencia.
Al respecto, el artículo 105, fracción I de la Constitución Federal, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales que se susciten entre la Federación y una entidad federativa; la Federación y un municipio; el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente; una entidad federativa y otra; dos municipios de diversos Estados; dos Poderes de una misma entidad federativa; un Estado y uno de sus municipios; una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México; y dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión.
De acuerdo con ese precepto constitucional se trata entonces, de un medio de control constitucional por el cual se impugnan normas generales o actos concretos que atentan contra la esfera de competencia de los niveles gubernamentales referidos, de ahí que este Tribunal Constitucional haya establecido que se trata de un proceso que se instaura para plantear una invasión de las esferas competenciales establecidas en la Constitución. Así como que por su naturaleza, constituye un verdadero juicio entre los poderes, entes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional.(8)
Como se indicó, la controversia constitucional es un verdadero juicio que, como tal, tiene una litis o conflicto de intereses que versa sobre la invasión a la esfera de competencia o atribuciones entre poderes, entes u órganos; y como litigio, en principio, tiene como elementos a dos sujetos, el que demanda y aquél al que se atribuye el acto impugnado, los cuales reciben el nombre de parte, que se refiere a la posición que guardan dentro del proceso.
De esos conceptos, el de parte exige nuestra atención, pues se trata precisamente de los sujetos en contienda, cuyos intereses jurídicos en conflicto se controvierten dentro de este medio de control constitucional; así como en su caso el tercero interesado. Esto explica que el artículo 10 de la Ley Reglamentaria(9) establezca que tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales los siguientes:
A. Como actor: la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;
B. Como demandado: la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;
C. Como tercero o terceros interesados: las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse; y
D. El Procurador General de la República.
También es importante señalar que el concepto de parte en un proceso involucra una serie de cargas procesales pero sobre todo de derechos por medio de los cuales se respeta el derecho fundamental de audiencia y dentro de éste, las llamadas formalidades esenciales del procedimiento, las cuales garantizan la adecuada y oportuna defensa de aquel involucrado en un proceso.(10)
Con relación a lo últimamente apuntado, es menester señalar que la intervención del tercero interesado en el proceso constitucional, si bien formalmente es como de parte, en el aspecto material se ve limitada a la alegación y defensa de sus intereses que le permita una actividad dirigida a precaver un resultado adverso a sus intereses, que pudieran verse afectados incluso de manera refleja.
La incorporación del tercero al proceso se justifica, si el tribunal estima necesaria su presencia, en aquellos casos en que se considere que sus derechos y obligaciones pudieran influir en el resultado de la controversia, o bien, cuando puedan ser graves las consecuencias de la sentencia o desventajosas para sus intereses.
Ahora bien, en la controversia constitucional 97/2017, la parte actora Cámara de Senadores del Congreso de la Unión impugnó la constitucionalidad de diversos preceptos de la Constitución Política de la Ciudad de México, y señaló como autoridades demandadas al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En el auto recurrido el Ministro instructor determinó jurídica y materialmente imposible reconocer el carácter de parte demandada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, porque había dejado de existir al haber concluido las funciones específicas para las cuales fue creada de acuerdo con el artículo octavo transitorio del Decreto de reforma constitucional de veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Por otro lado, reconoció como demandadas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la primera en cuanto actual encargada de la función legislativa permanente en la Ciudad de México y al segundo por haber promulgado la norma general impugnada.
En este sentido, el tema del órgano que cuenta con legitimación pasiva en la controversia constitucional de que deriva el presente recurso de reclamación, constituye una circunstancia singular no prevista de manera expresa en la institucionalización de la democracia constitucional y, por ello, debe resolverse conforme a los principios generales derivados, ya del texto Supremo, ya del orden secundario, mediante la ponderación de valores procesales sobre los propósitos de la norma.
Por ello, debe recordarse que la emisión de la Constitución Política de la Ciudad de México se ordenó por disposición del Poder Revisor Federal, mediante un proceso constituyente originario regido por reglas preestablecidas, en el cual, según se describió, participó el Jefe de Gobierno del Distrito Federal mediante la elaboración del proyecto de Constitución, pues se le otorgó la facultad exclusiva de realizar ese acto, el cual remitió a la Asamblea Constituyente.
Asimismo, quedó asentado que esa Asamblea
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200173-587b335d/i-controversia-constitucional-en-la-promovida-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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