I. RECURSO DE RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. QUEDA SIN MATERIA AL RESOLVERSE LO PLANTEADO EN ÉL EN UNO DIVERSO (ACUERDO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL CUAL SE ADMITIÓ LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2017).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 49/2017-CA, RELACIONADO CON EL RECURSO DE RECLAMACIÓN 57/2017-CA, AMBOS DERIVADOS DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2017. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 10 DE MAYO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de mayo de dos mil diecisiete.
VISTOS, para resolver el expediente relativo al recurso de reclamación derivado de la controversia constitucional identificado al rubro, y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Controversia constitucional. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pablo Escudero Morales, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, promovió controversia constitucional en contra del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el que reclamó la invalidez de los artículos 8, apartado B, inciso 7; 9, apartado D, párrafo 7; 10, apartado B; 11, apartado I, inciso I, segundo párrafo; 18, apartado A, numeral 3; 35, apartado D, numeral 3, inciso a); 41, numeral 1; 42, apartado C, numeral 3; 44, apartado A, numeral 3; 45, apartado A, numeral 1 y 2 y aparatado B, numerales 1 a 6 y quinto transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, contenida en el Decreto publicado el cinco de febrero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Trámite de la controversia. El Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 97/2017.
El veintidós de marzo de dos mil diecisiete, el Ministro Javier Laynez Potisek, Instructor en la controversia referida, admitió la demanda, tuvo como autoridades demandadas al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, (en su denominación correcta), el primero por haber promulgado la norma general impugnada, al segundo estimó pertinente reconocerle tal carácter dadas las particularidades del caso y a fin de salvaguardar los principios de equidad procesal y adecuada defensa; por otra parte determinó que resulta jurídica y materialmente imposible reconocerle el carácter de demandada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
TERCERO. Recurso de reclamación. En contra del acuerdo que antecede, Luis Gerardo Quijano Morales, en su carácter de representante legal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, interpuso recurso de reclamación por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CUARTO. Trámite del recurso. Mediante auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por interpuesto el recurso de reclamación, al que correspondió el número 97/2017; ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República y turnó el expediente al Ministro Alberto Pérez Dayán.
Posteriormente, por acuerdo de veinte de abril de dos mil diecisiete, envió el asunto para su radicación y resolución a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, a la que se encuentra adscrito el Ministro designado como Ponente.
Mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, dictado por el Ministro Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que ésta se avocara al conocimiento del presente recurso y ordenó remitir los autos a su Ponencia para su resolución.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, 11, fracción V y 21 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y el tercero del Acuerdo General Plenario número 5/2013, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno en el presente asunto.
SEGUNDO. Procedencia y Legitimación. El recurso de reclamación es procedente con apoyo en lo dispuesto en el artículo 51, fracción II de la citada Ley Reglamentaria,(1) ya que se interpuso en contra del auto de admisión, en cuanto tuvo como demandada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y negó tal carácter a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Por otra lado, el acuerdo recurrido se notificó a la parte demandada, mediante oficio el veintidós de marzo de dos mil diecisiete,(2) por lo que el plazo de cinco días que establece el artículo 52 de la propia normatividad de la materia, para interponer el medio de impugnación de que se trata, transcurrió del veinticuatro al treinta de marzo de dos mil diecisiete, descontando los días veinticinco y veintiséis del mismo mes y año, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 2 y 3 de ese ordenamiento, en relación con el diverso 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luego, si el recurso de reclamación se presentó el día veintiocho del mes y año indicados, se hizo oportunamente.
Por lo que toca a la legitimación, debe decirse que el recurso fue suscrito por Luis Gerardo Quijano Morales, como Presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, quien al efecto exhibió copia certificada de la sesión de esa Asamblea en que fue designado con tal carácter(3) en términos del artículo 36, fracción XVI y XXI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,(4) de conformidad con el artículo 11, párrafo primero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(5) por lo cual, el compareciente se encuentra legalmente facultado al efecto.
TERCERO. Antecedentes. A fin de resolver lo correspondiente, se precisa que de la lectura a los autos del presente recurso, se advierten los siguientes antecedentes:
1. El veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México"; en ese Decreto se reformaron diversas disposiciones y de ellas, importa lo dispuesto en el artículo 122 que reconoce a la Ciudad de México como una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, así como que su gobierno está a cargo de sus poderes locales en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.(6)
De igual forma, de ese Decreto es necesario tener presente lo dispuesto en su artículo séptimo transitorio(7) que se refiere a la creación, composición y trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Así, ordena que ésta se compondrá de cien diputados constituyentes, sesenta elegidos por el principio de representación proporcional; catorce senadores designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara; catorce diputados federales designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara; seis designados por el Presidente de la República y otros seis por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Asimismo, en la fracción VII de ese séptimo transitorio se ordenó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitiera la convocatoria para la elección de los diputados constituyentes a más tardar dentro de los siguientes quince días a partir de la publicación del Decreto y que la elección para la conformación de la Asamblea Constituyente se realizara el primer domingo de junio de dos mil dieciséis.
De igual forma consignó como facultad exclusiva del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la de elaborar y remitir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, para ser discutido, en su caso modificado, adicionado y votado por la Asamblea Constituyente, supuesto en el cual se ordenó al propio Jefe remitir el proyecto respectivo a más tardar el día en que la Asamblea celebrara su sesión de instalación.
2. En cumplimiento a lo anterior, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de cinco de febrero de dos mil dieciséis, la Convocatoria para la elección de los diputados constituyentes, la de aquellos que se ordenó elegir bajo el principio de representación proporcional, elección que tuvo lugar el cinco de junio de dos mil dieciséis.
3. Posteriormente, elegidos y designados los diputados constituyentes, el quince de septiembre de dos mil dieciséis se declaró legalmente establecida la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, mediante acta de esa fecha publicada en la Gaceta Parlamentaria el veinte siguiente.
4. Por su parte el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México remitió el proyecto de Constitución a la Asamblea Constituyente.
5. La Asamblea Constituyente llevó a cabo los trabajos legislativos correspondientes, por lo que en sesión solemne de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México, que fue expedida mediante Decreto publicado el cinco de febrero siguiente, en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
6. En contra del Decreto que contiene la Constitución Política de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión promovió la controversia constitucional 97/2017, en la cual el Ministro instructor dictó acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, del siguiente tenor:
"(...).
Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil diecisiete.
Visto el escrito de demanda y anexos de quien se ostenta como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en representación de dicha Cámara, se acuerda lo siguiente:
El accionante promueve controversia constitucional contra la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno, todos de la Ciudad de México (sic), en la que impugna:
(...).
Ahora, a efecto de proveer respecto del señalamiento de autoridades demandadas, debe tenerse en cuenta que el artículo 10, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia prevé que en las controversias constitucionales que se promuevan en contra de normas generales, tendrán ese carácter las entidades, poderes u órganos que las hubieren emitido y promulgado. En el caso, el Senado de la República solicita se tenga como autoridad demandada, entre otras, a la denominada Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, por ser el órgano que tuvo a su cargo la emisión de la norma general impugnada en este asunto. Al efecto, debe resaltarse que el artículo Octavo Transitorio, párrafo último, del Decreto de reformas a la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, prevé que dicha Asamblea Constituyente local culminaría sus funciones en la fecha de publicación de la Constitución de la Ciudad de México, lo cual ocurrió el cinco de febrero del año en curso; de ahí que válidamente puede decirse que a la fecha de emisión de este proveído, dicho órgano había dejado de existir por haber concluido las funciones específicas para las cuales fue creado directamente en la Constitución Federal, por lo que resulta jurídica y materialmente imposible reconocerle el carácter de demandado en este procedimiento, ya que no se encontrará en aptitud de sostener la constitucionalidad de sus actuaciones. Por tanto, no ha lugar a reconocer el carácter de demandado en esta controversia constitucional a la entonces denominada Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
En relación con la solicitud de tener como autoridad demandada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se deben tener en cuenta las circunstancias particulares que guarda el presente asunto de las que derivan: a) que a dicha autoridad no le fue encomendada por la Constitución Federal la emisión de la norma impugnada; b) que el órgano encargado de ello ya cesó en sus funciones, y c) que conforme al Artículo Primero Transitorio del Decreto de expedición de la propia norma impugnada ésta iniciará su vigencia -con las excepciones ahí señaladas- hasta el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, con la instalación de su Congreso local. No obstante esas condiciones, no pasa inadvertido que en términos del artículo 122 de la Constitución Federal, la función legislativa permanente de la Ciudad de México en la actualidad está a cargo de la citada Asamblea Legislativa hasta en tanto entre en vigor la norma impugnada, por lo que, a fin de salvaguardar los principios de equidad procesal y adecuada defensa, se estima pertinente reconocer a la todavía denominada Asamblea Legislativa del Distrito Federal el carácter de autoridad demandada en este procedimiento.
De igual manera, también se reconoce el carácter de autoridad demandada en este asunto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por haber promulgado la norma general impugnada.
(...)."
7. El acuerdo arriba transcrito fue impugnado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal mediante el recurso de reclamación que nos ocupa.
CUARTO. Agravios. La recurrente expresó en su único agravio lo que a continuación se resume.
El acuerdo recurrido viola los artículos 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, el numeral 10, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia, al reconocer carácter de demandada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y estimar que tiene "la función legislativa permanente" ya que no existe disposición constitucional expresa que faculte a ese órgano para suplir al constituyente originario y hacer las veces de constituyente permanente; con independencia de que la reforma política de la Ciudad de México, le confirió facultades para emitir las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y competencias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad.
No tuvo participación en la emisión de la Constitución Política de la Ciudad de México, y mucho menos la tiene para actuar respecto de sus adiciones o reformas.
Del contenido integral del artículo 122 de la Constitución General y de los transitorios tercero, cuarto, séptimo y octavo del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, se desprende que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, es quien emitió su Constitución y a quien le corresponde el carácter de demandada en la controversia constitucional de origen, como solicitó la actora. Lo cual, además, es una cuestión que en todo caso, debe analizarse al resolver el fondo del asunto.
Además está impedida para defender el acto impugnado por no contar con las razones o fundamentos jurídicos pertinentes para sostener su validez, ya que ignora los hechos al no serle propios.
Así, se violan los principios de equidad procesal y adecuada defensa, al no emplazar a la autoridad que sí emitió la norma impugnada, quien sí puede defender adecuadamente su constitucionalidad y no la aquí recurrente.
Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está sujeta a las disposiciones constitucionales y legales vigentes antes de la reforma política de la Ciudad de México, entre las que no se encuentra reformar la Constitución de la Ciudad de México, de manera que, en el supuesto de que esta Superioridad, al resolver el fondo de la controversia determine invalidar uno o varios de los preceptos impugnados, se encontrará jurídicamente imposibilitada para dar cumplimiento a la ejecutoria.
QUINTO. Estudio. Los agravios expuestos por la parte recurrente, no se analizarán, toda vez que a juicio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe declarar sin materia el presente recurso de reclamación.
En efecto, el recurso de reclamación a que se contrae este toca se interpone en contra del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictado por el Ministro Instructor en la controversia constitucional 97/2017, por cuanto determinó jurídica y materialmente imposible tener como parte demandada en la controversia a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, porque dejó de existir al haber concluido sus funciones; asimismo, en cuanto reconoció tal carácter a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como actual encargada de la función legislativa permanente en la Ciudad de México.
Como se hizo referencia en los datos citados al rubro, el que aquí se resuelve se encuentra relacionado con el diverso recurso de reclamación 57/2017-CA, promovido por el Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, ambos derivados de la controversia constitucional 97/2017, contra el proveído que admitió la misma, en cuanto tuvo como demandada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y negó tal carácter a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, de suerte que el problema planteado en los dos recursos de reclamación es el mismo.
Ahora bien, ese medio de impugnación relacionado, ha sido fallado por esta Segunda Sala en la propia sesión en que se resuelve el presente, en el sentido de modificar el acuerdo recurrido de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de reconocer como parte demandada, además del Jefe de Gobierno, a la Asamblea Constituyente, ambos de la Ciudad de México; y, el carácter de tercero interesado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
De ahí, que la problemática a que se contrae el recurso que nos ocupa ha dejado de existir por virtud de que ya se ha pronunciado esta Superioridad al efecto, bajo los razonamientos siguientes:
"(...).
Al respecto, esta Segunda Sala determina que la norma de tránsito en el segmento referido, no puede interpretarse en el sentido de que la Asamblea Constituyente dejó de existir como consecuencia de la expedición de la Constitución de la Ciudad de México, pues lo que concluyó fue la encomienda constitucional de aprobar y expedir ese ordenamiento, lo que no equivale a que ese órgano haya perdido el carácter de autoridad responsable de su emisión.
Por ello, si la Asamblea Constituyente fue quien aprobó y expidió la Constitución combatida, tiene el deber de responder de los actos que llevó a cabo, al ser motivo de impugnación en el medio de control constitucional de que se trata; y como se está ante un juicio constitucional tiene el consecuente derecho a ser oída y defender el ordenamiento que emitió en uso de las atribuciones que le otorgó el Poder Reformador.
En relación con lo anterior, es importante resaltar lo que la recurrente expresa en su agravio en el sentido de que el artículo 122 de la Constitución Federal producto de la reforma constitucional de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, es claro en establecer en su fracción II, párrafo quinto, que corresponde a la legislatura de la Ciudad de México aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad; sin embargo, mientras no haya sido elegida esa legislatura se entiende que no se cuenta con un Constituyente permanente. Esto es importante porque demuestra que la Asamblea Constituyente subsiste para contestar la demanda de controversia constitucional.
Teniendo como base los elementos jurídicos y dogmáticos referidos con antelación, es válido considerar que mediante la reforma de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, el Poder Reformador Federal instituyó un esquema de transición para la integración de la Ciudad de México como entidad política que conforma el Estado Federal, incluyendo un proceso constituyente institucionalizado mediante una democracia participativa, es decir, reglas del orden superior preestablecidas para la emisión de la Constitución Local, a través de un órgano expresamente creado para ello.
Dichas bases de democracia constitucional, incluyen las de validez formal, que prevén: a) al órgano con facultades para la emisión de la Norma fundante local, esto es, la Asamblea Constituyente; b) reconocimiento a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como órgano legislativo anterior, operador de la transición secundaria; c) participación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para la presentación de la iniciativa de Constitución; y d) el órgano o poder facultado para reformar o modificar la Constitución Local en lo futuro.
De ahí, que ante la ausencia de disposición expresa que defina al sujeto legitimado para comparecer en una controversia constitucional durante el proceso de transición relativo a la integración de la Ciudad de México como entidad política de la Federación, es posible concluir que precisamente la instancia creadora de la norma y no uno de los poderes constituidos con anterioridad, es quien debe tener participación en la contienda constitucional, no sólo porque la cuestionada norma es propia de su atribución, sino porque de ella emanaron sus disposiciones conforme a la voluntad mayoritaria de su composición y es quien está en condiciones de articular su defensa. En conclusión, cesó su actividad legislativa y ello implica que ya no podrá reunirse para crear norma alguna, sino sólo para defender la emitida. Lo que se determina sin prejuzgar sobre el fondo.
En otro aspecto, el recurrente expresa en su agravio que no puede considerarse al Jefe de Gobierno como responsable de los actos de esa Asamblea Constituyente reforma constitucional de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, y que no se le puede tener con el carácter de autoridad demandada.
Contrariamente a lo así argüido, esta Superioridad considera que esa autoridad sí tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional, habida cuenta que, por un lado, le correspondió la elaboración del proyecto de Constitución, acto que llevó a cabo por el mandato constitucional contenido en el artículo séptimo transitorio del Decreto de reforma constitucional de veintinueve de enero de dos mil dieciséis.
Es decir, esa norma de tránsito involucró al Jefe de Gobierno dentro del procedimiento legislativo, al establecer como regla de validez formal preexistente para el proceso de producción normativo la facultad exclusiva de éste para elaborar y remitir el proyecto de Constitución a la Asamblea Constituyente, lo que implica que la validez del proceso legislativo que culminó con el ordenamiento ahora reclamado, requería precisamente del ejercicio de esa facultad exclusiva, lo que es suficiente para reconocerle el carácter de autoridad demandada.
Por otro lado, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera Espinosa, expidió el Acuerdo por el que instruyó al Consejero Jurídico y de Servicios Legales, para que realizara la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, aun cuando en el artículo octavo transitorio de la reforma a la Constitución Federal en materia de la reforma política de la Ciudad de México se estableció que aprobada y expedida la norma impugnada sería remitida para que sin más trámite se publicara en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ante la participación material de esa autoridad en el procedimiento de creación legislativa inédito, debe respetarse su derecho de audiencia como parte demandada, en defensa de tales actuaciones.
En cambio, asiste la razón a la recurrente en cuanto sostiene que a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no le reviste carácter de parte demandada.
Se afirma así, pues de la lectura a los preceptos transitorios de la reforma a la Constitución Federal no se desprende que le haya correspondido la realización de acto alguno propio del procedimiento de creación constitucional, aun y cuando sea a su cargo la función legislativa de la Ciudad de México.
Sin embargo, es factible tenerla como tercero interesada, en virtud de que la fracción III del artículo 10 de la Ley de la materia identifica como tales a las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse.
En efecto, acorde a los elementos normativos y dogmáticos antedichos, el órgano legislativo del Distrito Federal, preexistente a la publicación de la Constitución de la Ciudad de México, subsiste legalmente en sus funciones con posterioridad a ello, habida cuenta que durante el periodo transicional, además de lo relativo a la materia electoral, le corresponde expedir las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y competencias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, así como de las alcaldías, necesarias para que ejerzan las facultades establecidas en la Constitución Federal y la local.
Mediante la reforma constitucional relativa a la reforma política de la Ciudad de México, no se previó un órgano legislativo con facultades de poder legislativo constituido respecto de la producción normativa del Constituyente local, durante la etapa de transición de la Ciudad, no obstante, las facultades concedidas a la Asamblea del Distrito Federal durante ese periodo, en vías del puntual funcionamiento de los poderes de la Ciudad de México del siguiente periodo de gobierno, pudiera llevar a pensar que le asista alguna responsabilidad legislativa.
Asimismo, la controversia constitucional de origen pudiera derivar en la invalidez de uno o varios preceptos del mandato fundamental impugnado, por lo cual, sin prejuzgar al respecto, esta Segunda Sala considera justificado conceder carácter de tercero interesada a la Asamblea de la Ciudad de México, debido a que con motivo de sus funciones legislativas durante la etapa de transición de la Ciudad de México, a saber, entre la publicación de la constitución y la entrada en funciones del poder constituyente local, pudiera verse involucrada en el cumplimiento de alguna obligación derivada del resultado de la controversia, que estimara contraventora de sus funciones o facultades constitucionales.
Se insiste, debido a que una vez publicada la Constitución de la Ciudad de México, le correspondió la expedición de las normas relativas a la materia electoral y las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y competencias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial locales, así como de las alcaldías, necesarias para que ejerzan sus facultades establecidas en la Constitución Federal y la local.
En consecuencia, se determina que tanto la Asamblea Constituyente, como el Jefe de Gobierno, ambos de la Ciudad de México, tienen el carácter de parte demandada en la controversia constitucional de que se trata. Y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el de tercero interesado en ese proceso.
En ese contexto, al resultar parcialmente fundados los agravios sujetos a examen, procede modificar el auto recurrido para el efecto de que el Ministro instructor provea lo conducente a fin de que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, sea emplazada con el carácter de parte demandada en la controversia constitucional de origen, a través del Presidente de su Mesa Directiva, quien de acuerdo con el artículo 12 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México , tiene su representación legal; además de que el diverso 13 que describe sus atribuciones, prevé en su inciso m) que tendrá todas aquellas que sean inherentes a su cargo, en los términos precisados en esta resolución.
Sin que sea el caso de mayor proveído por cuanto ve a la parte tercero interesada, habida cuenta que si bien el artículo 26 de la Ley de la materia, dispone darle vista para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del plazo de treinta días, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le fue concedido dicho plazo en el procedimiento y a la postre realizó las manifestaciones que estimó convenientes mediante su escrito de contestación a la demanda.
Lo anterior se dispone así en aras de un adecuado equilibrio procesal y respeto a la garantía de administración de justicia expedita, así como a los principios procesales de economía y celeridad previstos en el artículo 17 constitucional.
(...)."
En consecuencia, esta Segunda Sala determina que ha quedado sin materia el presente recurso de reclamación.
En cuanto informa, se cita el criterio sostenido en la tesis aislada 2a. CXIV/2008, de título y subtítulo: "RECLAMACIÓN EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUEDA SIN MATERIA EL RECURSO, SI DURANTE SU TRAMITACIÓN EL AUTO RECURRIDO ES REVOCADO MEDIANTE UNO DIVERSO."(8)
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO. Se declara sin materia el presente recurso de reclamación.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segund
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200169-c5a69627/i-recurso-de-reclamacion-en-controversia-constitucional-queda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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