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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN LA PROMOVIDA CONTRA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBE RECONOCERSE A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EL CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA (ACUERDO DE DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL CUAL SE ADMITIÓ LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 83/2017). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN LA PROMOVIDA CONTRA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA ASAMBLEA LEGISLATIVA NO REVISTE EL CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA, PERO SÍ EL DE TERCERO INTERESADA (ACUERDO DE DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL CUAL SE ADMITIÓ LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 83/2017).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 51/2017-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 83/2017. · Registro digital (IUS): 200172
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

RECURSO DE RECLAMACIÓN 51/2017-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 83/2017. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 10 DE MAYO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN (PONENTE), JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y PRESIDENTE EDUARDO MEDINA MORA I. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. AUSENTE LA MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de mayo de dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver el expediente relativo al recurso de reclamación derivado de la controversia constitucional identificado al rubro, y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Controversia constitucional. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, en su carácter de Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República, promovió controversia constitucional en contra del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a través de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el que reclamó la invalidez de los artículos 8, apartado B, inciso 7; 9, inciso f, numeral 3, apartado D, párrafo 7; 10, aparatado B; 11, aparatado i, inciso I, segundo párrafo; 18, apartado A, numeral 3; 35, inciso c; 36, apartado b, numeral 3, inciso a) al g), y apartado C, numeral 2, inciso c); 41, numeral 1; 42, apartado C, numeral 3; 44, inciso a), numeral 3; 45, apartado b, numerales 1 a 7; y, Quinto Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, contenida en el Decreto publicado el cinco de febrero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Trámite de la controversia. El Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de trece de marzo de dos mil diecisiete, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 83/2017.

El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, el Ministro Javier Laynez Potisek instructor en la controversia referida, admitió la demanda, tuvo como autoridades demandadas al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el primero por haber promulgado la norma general impugnada, al segundo estimó pertinente reconocerle tal carácter dadas las particularidades del caso y a fin de salvaguardar los principios de equidad procesal y adecuada defensa; por otra parte, determinó que resulta jurídica y materialmente imposible reconocerle el carácter de demandado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

TERCERO. Recurso de reclamación. En contra del acuerdo que antecede, Luis Gerardo Quijano Morales, en su carácter de representante legal de la demandada Asamblea Legislativa del Distrito Federal, interpuso recurso de reclamación por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CUARTO. Trámite del recurso de reclamación. Mediante auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por interpuesto el recurso de reclamación, al que correspondió el número 51/2017-CA; ordenó dar vista a las partes y turnó el expediente al Ministro Alberto Pérez Dayán.

Posteriormente, por acuerdo de veinte de abril de dos mil diecisiete, envió el asunto para su radicación y resolución a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, a la que se encuentra adscrito el Ministro designado como Ponente.

Mediante acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, dictado por el Ministro Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que ésta se avocara al conocimiento del presente recurso y ordenó remitir los autos a la ponencia del Ministro Ponente para su resolución.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, 11, fracción V y 21 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y el tercero del Acuerdo General Plenario número 5/2013, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno en el presente asunto.

SEGUNDO. Procedencia y Legitimación. El recurso de reclamación es procedente con apoyo en lo dispuesto en el artículo 51, fracción II de la Ley Reglamentaria,(1) ya que se interpuso en contra del auto de admisión, en cuanto tuvo como demandada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y negó tal carácter a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Por otro lado, el proveído recurrido se notificó a la parte demandada mediante oficio el jueves dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, por lo que el plazo de cinco días que establece el artículo 52 de la Ley Reglamentaria para interponer el medio de impugnación de que se trata, transcurrió del miércoles veintidós al martes veintiocho del mismo mes y año.(2) Luego, si el recurso de reclamación se presentó el último día en cita, se hizo oportunamente.

Por lo que toca a la legitimación, debe decirse que el recurso fue suscrito por Luis Gerardo Quijano Morales, como Presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, quien al efecto exhibió copia certificada de la sesión de esa Asamblea en que fue designado con tal carácter(3) en términos del artículo 36, fracción XVI y XXI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,(4) de conformidad con el artículo 11, párrafo primero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(5) por lo cual, el compareciente se encuentra legalmente facultado al efecto.

TERCERO. Antecedentes. A fin de abordar el estudio correspondiente, se precisa que de la lectura a los autos del presente recurso, se advierten los siguientes antecedentes:

1. El veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México"; en ese Decreto se reformaron diversas disposiciones y de ellas, importa lo dispuesto en el artículo 122 que reconoce a la Ciudad de México como una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, así como que su gobierno está a cargo de sus poderes locales en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.(6)

De igual forma, de ese Decreto es necesario tener presente lo dispuesto en su artículo séptimo transitorio(7) que se refiere a la creación, composición y trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Así, ordena que ésta se compondrá de cien diputados constituyentes, sesenta elegidos por el principio de representación proporcional; catorce senadores designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara; catorce diputados federales designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara; seis designados por el Presidente de la República y otros seis por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Asimismo, en la fracción VII de ese séptimo transitorio se ordenó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitiera la convocatoria para la elección de los diputados constituyentes a más tardar dentro de los siguientes quince días a partir de la publicación del Decreto y que la elección para la conformación de la Asamblea Constituyente se realizara el primer domingo de junio de dos mil dieciséis.

De igual forma consignó como facultad exclusiva del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la de elaborar y remitir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, para ser discutido, en su caso modificado, adicionado y votado por la Asamblea Constituyente, supuesto en el cual se ordenó al propio Jefe remitir el proyecto respectivo a más tardar el día en que la Asamblea celebrara su sesión de instalación.

2. En cumplimiento a lo anterior, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de cinco de febrero de dos mil dieciséis, la Convocatoria para la elección de los diputados constituyentes, la de aquellos que se ordenó elegir bajo el principio de representación proporcional, elección que tuvo lugar el cinco de junio de dos mil dieciséis.

3. Posteriormente, elegidos y designados los diputados constituyentes, el quince de septiembre de dos mil dieciséis se declaró legalmente establecida la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, mediante acta de esa fecha publicada en la Gaceta Parlamentaria el veinte siguiente.

4. Por su parte el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México remitió el proyecto de Constitución a la Asamblea Constituyente.

5. La Asamblea Constituyente llevó a cabo los trabajos legislativos correspondientes, por lo que en sesión solemne de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México, que fue expedida mediante Decreto publicado el cinco de febrero siguiente, en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

6. En contra del Decreto que contiene la Constitución Política de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional 83/2017, a la que recayó acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, del siguiente tenor:

"(...).

Ciudad de México, a dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

Visto el oficio de demanda y anexos del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, en representación del Presidente la República, se acuerda lo siguiente:

El accionante promueve controversia constitucional contra el Jefe de Gobierno y la Asamblea Constituyente, a través de la Asamblea Legislativa, todos de la Ciudad de México, en la que impugna el:

(...).

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 105, fracción I, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 11, párrafo tercero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del citado precepto constitucional, se tiene por presentado al promovente con la personalidad que ostenta , en representación del titular del Poder Ejecutivo Federal y se admite a trámite la demanda de controversia constitucional que hace valer en nombre de la Federación.

En este orden, con apoyo en los numerales 11, párrafo segundo y 32, párrafo primero , de la ley reglamentaria de la materia, así como 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 1 de la citada normativa, se tiene al Poder Ejecutivo Federal designando delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y ofreciendo como pruebas la instrumental de actuaciones, la presuncional, en su doble aspecto legal y humana, así como las documentales que acompaña, las cuales se relacionarán en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

En cuanto a la solicitud de copias simples de la opinión que rinda la Procuraduría General de la República, de los alegatos que en su oportunidad rindan las partes, así como del acta de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos que en su momento se celebre, dígase al promovente que una vez que obren en autos las constancias respectivas, se acordará lo que en derecho proceda.

Ahora, a efecto de proveer respecto al señalamiento de autoridades demandadas, debe tenerse en cuenta que el artículo 10, fracción II , de la ley reglamentaria de la materia prevé que en las controversias constitucionales que se promuevan en contra de normas generales, tendrán ese carácter las entidades, poderes u órganos que las hubieren emitido y promulgado. En el caso, el Poder Ejecutivo Federal, solicita se tenga como autoridad demandada a la denominada Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a través de la Asamblea Legislativa de la entidad por ser el órgano que tuvo a su cargo la emisión de la norma general impugnada en este asunto. Al efecto, debe resaltarse que el artículo Octavo Transitorio, párrafo último, del Decreto de reformas a la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis , prevé que dicha Asamblea Constituyente local culminaría sus funciones en la fecha de publicación de la Constitución de la Ciudad de México, lo cual ocurrió el cinco de febrero del año en curso; de ahí que válidamente puede decirse que a la fecha de emisión de este proveído, dicho órgano ha dejado de existir por haber concluido las funciones específicas para las cuales fue creado directamente en la Constitución Federal, por lo que resulta jurídica y materialmente imposible reconocerle el carácter de demandado en este procedimiento, ya que no se encontrará en aptitud de sostener la constitucionalidad de sus actuaciones. Por tanto, no ha lugar a reconocer el carácter de demandado en esta controversia constitucional a la entonces denominada Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

No obstante lo anterior, en cuanto al señalamiento como autoridad demandada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por ser el depositario de la función legislativa en la Ciudad de México, se deben tener en cuenta las circunstancias particulares que guarda el presente asunto de las que derivan: a) que a dicha autoridad no le fue encomendada por la Constitución Federal la emisión de la norma impugnada; b) que el órgano encargado de ello ya cesó en sus funciones; y, c) que conforme al Artículo Primero Transitorio del Decreto de expedición de la propia norma impugnada ésta iniciará su vigencia -con las excepciones ahí señaladas- hasta el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, con la instalación de su Congreso local. No obstante esas condiciones, no pasa inadvertido que en términos del artículo 122 de la Constitución Federal, la función legislativa permanente de la Ciudad de México en la actualidad está a cargo de la citada Asamblea Legislativa hasta en tanto entre en vigor la norma impugnada, por lo que, a fin de salvaguardar los principios de equidad procesal y adecuada defensa, se estima pertinente reconocer a la todavía denominada Asamblea Legislativa del Distrito Federal el carácter de autoridad demandada en este procedimiento.

De igual manera, también se reconoce el carácter de autoridad demandada en este asunto, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por haber promulgado la norma general impugnada en este asunto.

En consecuencia, con apoyo en el artículo 26, párrafo primero , de la ley reglamentaria de la materia, se ordena emplazar a las autoridades demandadas con copias simples de la demanda para que presenten su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, en la inteligencia de que los anexos exhibidos por el actor quedan a su disposición para su consulta, en la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

En otro aspecto, como lo solicita el promovente, con apoyo en el artículo 10, fracción III de la mencionada Ley Reglamentaria, se reconoce el carácter de tercero interesado en este procedimiento al Congreso de la Unión, por conducto de sus Cámaras de Diputados y de Senadores. Por tanto, con fundamento en el ya citado artículo 26 de la ley de la materia, con copia del oficio de demanda, dése vista a dichas autoridades para que dentro del plazo de treinta días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifiesten lo que a su derecho convenga.

Con apoyo en los artículos 10, fracción IV y 26 de la Ley Reglamentaria de la materia, dése vista al Procurador General de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifieste lo que a su representación corresponda.

Hágase del conocimiento de las partes que ante este Alto Tribunal, se está tramitando la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, en las que también se solicitó la declaración de invalidez de diversos preceptos de la Constitución de la Ciudad de México, expediente en el cual mediante proveído de diez de marzo del año en curso, se requirió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que remitiera o bien, indicara quién tiene a su disposición, copia certificada de la totalidad de los trabajos legislativos desarrollados por la entonces denominada Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para la expedición de la norma impugnada; de ahí que, por economía procesal, al momento de emitirse la resolución correspondiente a este asunto, se tendrán a la vista dichas constancias. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, el criterio del Tribunal Pleno contenido en la tesis P./J. 43/2009 de rubro: 'ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR ELLOS EN EL TRIBUNAL EN PLENO EN ESE PROCEDIMIENTO.'

Finalmente, de conformidad con el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase la certificación de los días en que transcurre el plazo otorgado a las autoridades mencionadas en este proveído. (...)."

7. El acuerdo arriba transcrito fue impugnado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal mediante el recurso de reclamación que nos ocupa.

CUARTO. Agravios. La recurrente expresó en su único agravio lo que a continuación se resume.

El acuerdo recurrido viola los artículos 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, el numeral 10, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia, al reconocer carácter de demandada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y estimar que tiene "la función legislativa permanente" ya que no existe disposición constitucional expresa que faculte a ese órgano para suplir al constituyente originario y hacer las veces de constituyente permanente; con independencia de que la reforma política de la Ciudad de México, le confirió facultades para emitir las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y competencias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad.

No tuvo participación en la emisión de la Constitución Política de la Ciudad de México, y mucho menos la tiene para actuar respecto de sus adiciones o reformas.

Del contenido integral del artículo 122 de la Constitución General y de los transitorios tercero, cuarto, séptimo y octavo del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, se desprende que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, es quien emitió su Constitución y a quien le corresponde el carácter de demandada en la controversia constitucional de origen, como solicitó la actora. Lo cual, además, es una cuestión que en todo caso, debe analizarse al resolver el fondo del asunto.

Además está impedida para defender el acto impugnado por no contar con las razones o fundamentos jurídicos pertinentes para sostener su validez, ya que ignora los hechos al no serle propios.

Así, se violan los principios de equidad procesal y adecuada defensa, al no emplazar a la autoridad que sí emitió la norma impugnada, quien sí puede defender adecuadamente su constitucionalidad y no la aquí recurrente.

Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está sujeta a las disposiciones constitucionales y legales vigentes antes de la reforma política de la Ciudad de México, entre las que no se encuentra reformar la Constitución de la Ciudad de México, de manera que, en el supuesto de que esta Superioridad, al resolver el fondo de la controversia determine invalidar uno o varios de los preceptos impugnados, se encontrará jurídicamente imposibilitada para dar cumplimiento a la ejecutoria.

QUINTO. Planteamiento del problema. Lo anteriormente expuesto pone de relieve que la cuestión a dilucidar en este recurso se circunscribe a determinar los siguientes aspectos:

1. Si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene legitimación pasiva en la controversia constitucional de la que deriva el presente asunto.

2. Si es correcta la determinación del Ministro Presidente de no tener como demandada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

SEXTO. Estudio. El agravio hecho valer es parcialmente fundado, de acuerdo con los razonamientos que a continuación se expresan.

La recurrente Asamblea del Distrito Federal argumenta sustancialmente, según el artículo 10, fracción II de la Ley Reglamentaria, no debió atribuirse a ese órgano el carácter de demandada en la controversia constitucional, sino a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, por ser quien emitió la Constitución motivo del juicio.

Al respecto, el artículo 105 fracción I de la Constitución Federal, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales que se susciten entre la Federación y una entidad federativa; la Federación y un municipio; el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente; una entidad federativa y otra; dos municipios de diversos Estados; dos Poderes de una misma entidad federativa; un Estado y uno de sus municipios; una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México; y dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión.

De acuerdo con ese precepto constitucional, se trata entonces de un medio de control constitucional por el cual se impugnan normas generales o actos concretos que atentan contra la esfera de competencia de los niveles gubernamentales referidos, de ahí que este Tribunal Constitucional haya establecido que se trata de un proceso que se instaura para plantear una invasión de las esferas competenciales establecidas en la Constitución. Así como que por su naturaleza, constituye un verdadero juicio entre los poderes, entes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional.(8)

En efecto, la controversia constitucional es un verdadero juicio que, como tal, tiene una litis o conflicto de intereses que versa sobre la invasión a la esfera de competencia o atribuciones entre poderes, entes u órganos; que en tanto litigio, tiene, en principio, como elementos a dos sujetos, el que demanda y aquél al que se atribuye el acto impugnado, así como el tercero interesado, los cuales reciben el nombre de parte, y se refiere a la posición que guardan dentro del proceso.

De esos conceptos, el de parte exige nuestra atención, pues se trata precisamente de los sujetos en contienda, cuyos intereses jurídicos en conflicto se controvierten dentro de este medio de control constitucional. Esto explica que el artículo 10 de la Ley Reglamentaria(9) establezca que tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales los siguientes:

A. Como actor: la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;

B. Como demandado: la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;

C. Como tercero o terceros interesados: las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse; y

D. El Procurador General de la República.

También es importante señalar que el concepto de parte en un proceso involucra una serie de cargas procesales pero sobre todo de derechos por medio de los cuales se respeta el derecho fundamental de audiencia y dentro de éste, las llamadas formalidades esenciales del procedimiento, las cuales garantizan la adecuada y oportuna defensa de aquel involucrado en un proceso.(10)

Con relación a lo últimamente apuntado, es dable referir que la intervención del tercero interesado en el proceso constitucional, si bien formalmente es como parte, en el aspecto material se ve limitada a la alegación y defensa de sus intereses que le permita una actividad en el proceso dirigida a precaver un resultado adverso a sus intereses que pudieran verse afectados incluso de manera refleja.

La incorporación del tercero al proceso puede justificarse si el tribunal estima necesaria su presencia, en aquellos casos en que considere que sus derechos y obligaciones pudieran influir en el resultado de la controversia, también cuando puedan ser graves las consecuencias de la sentencia o desventajosas para sus intereses.

Ahora bien, en la controversia constitucional de origen, la parte actora impugnó la constitucionalidad de diversos preceptos de la Constitución Política de la Ciudad de México, y señaló como autoridades demandadas al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En el auto recurrido el Ministro instructor determinó, por una parte, que de acuerdo con el artículo octavo transitorio del Decreto de reforma constitucional de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, había dejado de existir por haber concluido las funciones específicas para las cuales fue creada, por lo que estimó jurídica y materialmente imposible reconocerle el carácter de parte demandada; y por otro lado, tuvo como tal a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en cuanto actual encargada de la función legislativa permanente en la Ciudad de México.

En este sentido, el tema objeto del presente recurso de reclamación, sobre el carácter que corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, constituye una circunstancia singular no prevista de manera expresa en la institucionalización de la democracia constitucional y, por ello, debe resolverse conforme a los principios generales derivados, ya del texto Supremo, ya del orden secundario, mediante la ponderación de valores procesales sobre los propósitos de la norma.

Ahora bien, en el recurso de reclamación 57/2017-CA,(11) esta Sala consideró que la emisión de la Constitución Política de la Ciudad de México se ordenó por disposición del Poder Revisor Federal, mediante un proceso constituyente originario regido por reglas preestablecidas, que inició con la elaboración del proyecto de Constitución, por parte del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien lo remitió a la Asamblea Constituyente.

Sobre esa base, a fin de dilucidar la problemática de marras, reprodujo los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo, noveno y décimo cuarto del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, del tenor siguiente:

"Artículo Segundo. Las normas de esta Constitución y los ordenamientos legales aplicables al Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que lo sustituyan".

"Artículo Tercero. Las normas relativas a la elección de los poderes locales de la Ciudad de México se aplicarán a partir del proceso electoral para la elección constitucional del año 2018. Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez publicada la Constitución Política de la Ciudad de México, expida las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y competencias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, necesarias para que ejerzan las facultades que establezcan esta Constitución y la de la Ciudad de México, a partir del inicio de sus funciones. Dichas leyes entrarán en vigor una vez que lo haga la Constitución Política de la Ciudad de México.

Lo dispuesto en el párrafo tercero de la Base II del Apartado A del artículo 122 constitucional contenido en el presente Decreto, no será aplicable a los diputados integrantes de la VII Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

(...)".

"Artículo Cuarto. Las normas relativas a la elección de las Alcaldías se aplicarán a partir del proceso electoral para la elección constitucional del año 2018.

(...).

Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez publicada la Constitución Política de la Ciudad de México, expida las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y competencias necesarias para que las Alcaldías, a partir del inicio de sus funciones en 2018, ejerzan las facultades a que se refiere esta Constitución y la de la Ciudad de México. Dichas leyes entrarán en vigor una vez que lo haga la Constitución Política de la Ciudad de México".

"Artículo Quinto. Los órganos de gobierno electos en los años 2012 y 2015 permanecerán en funciones hasta la terminación

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200172-63ec21d4/i-controversia-constitucional-en-la-promovida-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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