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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PARTE ACTORA, CUANDO NO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES (ACUERDO DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL QUE SE RESUELVE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE UNA MAGISTRADA SUPERNUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE ESA ENTIDAD).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 47/2015. · Registro digital (IUS): 200162
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 47/2015. PODER JUDICIAL DE MORELOS. 29 DE MARZO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ; EL MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA HIZO SUYO EL ASUNTO. AUSENTE Y PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de marzo de dos mil diecisiete.

V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nadia Luz María Lara Chávez, en su carácter de Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación del Poder Judicial Estatal, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por el órgano que a continuación se menciona:

Entidad, poder u órgano demandado:

Congreso del Estado de Morelos.

Norma general o acto cuya invalidez se demanda:

"(...) A) La invalidez e inconstitucionalidad del acuerdo dictado por el Congreso del Estado de Morelos en el que se resuelve la situación jurídica de la Magistrada Supernumeraria con licencia indefinida GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, determinando que no es procedente iniciar el Procedimiento de Evaluación. De fecha catorce de julio del año en curso y publicado el día cinco de agosto del año dos mil quince. --- B) LA DELIBERADA OMISIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO EVALUATORIO A LA LICENCIADA GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, bajo el argumento de que es ocioso pues el funcionario no se encontraba en funciones y que consideró que no tenía la intención de regresar al cargo. --- C) Se demanda la omisión de iniciar el procedimiento EVALUATORIO A LA MAGISTRADA SUPERNUMERARIA GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, BAJO EL ARGUMENTO de ser ocioso, toda vez que la funcionaria no se encontraba ocupando el cargo por el cual fue designada y además no existe una solicitud expresa por parte de la Magistrada con licencia. --- D) Como consecuencia de lo anterior, se demanda la DELIBERADA CONVOCATORIA emitida por el Congreso del Estado de Morelos, PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADO SUPERNUMERARIO, POR RAZÓN DE LA OMISIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO EVALUATORIO A LA LICENCIADA GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS. --- E) Los actos de ejecución y consecuentes que se deriven de la norma general y actos impugnados, así como los efectos jurídicos, administrativos y presupuestales que se deriven de la aplicación y que generan perjuicios al Poder Judicial del Estado de Morelos".

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

• En el Decreto número 1579 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el veintinueve de julio de dos mil nueve, se designó como magistrada supernumeraria a Guillermina Jiménez Serafín, por el período comprendido del diecinueve de julio de dos mil nueve al dieciocho de julio de dos mil quince.

• El dos de julio de dos mil catorce, la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos, otorgó licencia por tiempo indefinido a Guillermina Jiménez Serafín para que asumiera el cargo de representante del Poder Ejecutivo del Estado ante el Consejo de la Judicatura de la entidad, con la precisión en que sería hasta el dieciocho de julio de dos mil quince cuando terminaría la vigencia del Decreto número 1579.

• El tres de noviembre de dos mil catorce, Nadia Luz María Lara Chávez, ante la fe de la Magistrada Presidenta y Secretaria del Consejo de la Judicatura del Estado, convocó a los integrantes del Pleno de dicho consejo a sesión extraordinaria a celebrarse el cuatro siguiente, en cuyo punto del orden del día se dispuso el inicio del proceso de evaluación como magistrada supernumeraria del Tribunal Superior del Estado de Guillermina Jiménez Serafín, y se ordenó la formación del expediente administrativo CJE/PE/06/2014, requiriendo el expediente personal de dicha magistrada.

• Una vez desahogado el procedimiento de evaluación correspondiente, el veinte de febrero de dos mil quince, se dictó resolución al tenor de los puntos siguientes:

"PRIMERO.- Por las razones técnico-jurídicas señaladas en la presente resolución, no es procedente emitir dictamen proponiendo la ratificación de la maestra en derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, Magistrada Supernumeraria adscrita a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. --- SEGUNDO.- Para los efectos indicados en la presente resolución, remítase la misma con todas las constancias procesales al H. Congreso del Estado de Morelos. --- TERCERO.- Notifíquese personalmente".

• Mediante oficio número CJE/1338/2015, se remitió el dictamen técnico emitido por el Consejo de la Judicatura de la entidad, junto con las constancias correspondientes, al Congreso de Morelos, para que proveyera lo que en derecho procediera.

• El diecisiete de marzo de dos mil quince, en la vigésima segunda sesión ordinaria, el Secretario Técnico de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos dio cuenta, entre otros, del oficio CJE/1338/2015, acordando tener por recibido el mismo y teniendo al Consejo de la Judicatura del Estado dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 89, párrafo octavo, de la Constitución local, por lo que se ordenó registrar el expediente de evaluación correspondiente.

• El seis de abril de dos mil quince, se llevó a cabo la vigésima cuarta sesión ordinaria de la Junta Política y de Gobierno en la cual se determinó que respecto al expediente CJE/PE/06/2014 de la magistrada supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia, Guillermina Jiménez Serafín, con licencia indefinida concedida por el Pleno del Congreso del Estado mediante Decreto número 1475, una vez que se analizara su situación jurídica, se determinaría, en su caso, la viabilidad de aprobar y emitir el acuerdo conducente.

• El catorce de julio de dos mil quince, la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos emitió el acuerdo combatido, el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado el cinco de agosto siguiente, sin que se haya realizado la evaluación correspondiente, conforme a lo siguiente:

"PRIMERO.- Por las razones técnico jurídicas señaladas en el presente documento, no es procedente iniciar el procedimiento de Evaluación de la Maestra en Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, quien cuenta con licencia indefinida en el cargo de Magistrada Supernumeraria adscrita a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para ser ratificada. --- SEGUNDO.- Para los efectos indicados en el presente documento, devuélvanse al Consejo de la Judicatura los autos y constancias procesales remitidos a este órgano de gobierno y notifíquese el resultado de la presente resolución. --- TERCERO.- Notifíquese a la Magistrada Supernumeraria con licencia indefinida Maestra en Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, para los efectos legales a que haya lugar".

TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió, en síntesis, los argumentos siguientes:

1. La expedición del "Acuerdo por el que se resuelve la situación jurídica de la magistrada supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia con licencia indefinida Guillermina Jiménez Serafín" de catorce de julio de dos mil quince, y publicado el cinco de agosto siguiente en el Periódico Oficial de Morelos, viola en perjuicio del Poder Judicial de la entidad el proceso de evaluación establecido a favor de los magistrados integrantes de dicho tribunal, así como las garantías de legalidad y de debida fundamentación y motivación consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el numeral 89, párrafos tercero, quinto y octavo, de la Constitución de Morelos, establece que la designación para un período más de los magistrados del Poder Judicial sólo procederá de los resultados que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo, a través del órgano político, mediante los criterios, procedimientos e indicadores de gestión, que para dicha evaluación establezca la Constitución y las leyes de la materia; que el funcionamiento de dicho poder se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y rendición de cuentas sin hacer distinción entre magistrados numerarios o supernumerarios; y que dicho procedimiento inicia a través del Consejo de la Judicatura de la entidad, quien elabora un dictamen técnico en el que analiza y emite una opinión sobre su actuación y desempeño, entendiéndose que el citado dictamen es emitido aún y cuando se trate de un magistrado supernumerario.

Conforme a lo anterior, aduce que la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos, emitió el acuerdo combatido sin que se haya cumplido con lo dispuesto en el citado artículo 89 de la Constitución de Morelos, pues no se inició el procedimiento de evaluación correspondiente, sino se determinó la situación jurídica de la magistrada supernumeraria, siendo que de tal numeral se desprende la obligación de llevar a dicha evaluación sin hacer distinción de numerarios y supernumerarios, por lo que el acto adolece de sustento constitucional tanto federal como estatal.

Que por tanto, la Junta Política y de Gobierno, irrogándose atribuciones que no le competen, emitió el acuerdo impugnado en el que, sin especificar en qué disposición encuentra sustento su modo de proceder, estableció diversa forma de concluir el cargo que le fue encomendado, omitiendo la evaluación correspondiente, pues si bien ese órgano tiene la facultad de instituir los mencionados criterios, ello no la releva de la obligación de sujetarse a lo que establezcan la propia Constitución local o la ley, de modo que si en estos ordenamientos no se ha establecido la normatividad que regule el procedimiento de evaluación, resulta que aunque la referida junta establezca los criterios que le corresponden, se verá impedida para aplicarlos, pues no existen los términos en que podrá desenvolver su actuación.

Aunado a ello, que si se atiende a que los magistrados supernumerarios no son una figura temporal o eventual, sino que forman parte del Tribunal Superior de Justicia al ser substitutos del numerario en caso de excusa, recusación, suplencia en faltas temporales, o bien, para conocer casos de la Sala Auxiliar, y deben cumplir los mismos requisitos y proceso de designación para numerarios que prevén los artículos 90, 110 a 123 de la Constitución de Morelos; debe otorgárseles el derecho de ser evaluados conforme a los mismos preceptos que les fueron aplicados para su nombramiento, conforme a su actuación y en base a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y rendición de cuentas, ya que con ello se privilegia el derecho contenido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República.

De esta forma, señala que la negativa por parte del Legislativo local para evaluar a la magistrada supernumeraria Guillermina Jiménez Serafín se traduce en perjuicio de los intereses públicos, pues ante la representatividad colectiva, el interés de la ciudadanía se ve involucrado perjudicando la imagen de todas aquellas personas a quienes representa, así como al propio Estado.

De ahí, aduce que es necesaria la evaluación de dicha funcionaria, así como de todos los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia de la entidad una vez concluido el periodo respectivo, el cual deberá apoyarse con pruebas que permitan constatar la correcta evaluación de su desempeño en la carrera judicial, lo cual significa que dicho procedimiento concluya con la ratificación o separación, ante el interés de la sociedad de conocer la actuación ética y profesional de los funcionarios judiciales relativos.

Concluye en que no es constitucional que las formas de evaluar a los integrantes de los poderes judiciales estatales queden, por cualquier razón, al arbitrio de otros órganos del poder local, en detrimento de la independencia y autonomía judicial.

2. Que de acuerdo con los criterios contenidos en las diversas controversias constitucionales 9/2004, 4/2005 y 81/2010, referentes a la estabilidad e inamovilidad de los magistrados, a la independencia y autonomía de los poderes judiciales de las entidades federativas y a los elementos que deben tomarse en cuenta para salvaguardar tales, considera que la evaluación de un magistrado forma parte integrante de las garantías constitucionales de la función judicial, en particular, del principio de estabilidad en el empleo e inamovilidad y, por ende, de la autonomía e independencia judicial; por lo que el tiempo de duración de un magistrado debe ser evaluado por el órgano competente.

Argumenta que la estabilidad e inamovilidad son garantías de independencia en el ejercicio de la magistratura, porque es necesario que los titulares tengan asegurada una condición de previsibilidad en términos de su permanencia en el cargo, de modo que no exista amenaza de ser separado o afectado en sus funciones de manera arbitraria o como represalia por sus decisiones jurisdiccionales.

Que conforme a la controversia constitucional 32/2007 fue considerado constitucionalmente válido que las Constituciones y leyes locales establezcan y modifiquen la temporalidad de la titularidad de los magistrados una vez ratificados, a través de la previsión de plazo fijo y la edad de retiro forzoso, entre otras cosas, la evaluación, por lo que es posible concluir que la inamovilidad y la estabilidad de los magistrados, previa evaluación correspondiente, son parte de las garantías contenidas en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal.

Así, siendo la redacción del artículo 89 de la Constitución de Morelos acorde con los parámetros que han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acuerdo impugnado resulta violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17, 116, fracción III, y 133 de la Constitución Federal; punto once de los "principios básicos relativos a la independencia de la judicatura", adoptados por el séptimo congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; "Principios relativos a la remuneración de los jueces y no discrecionalidad", adoptados por la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, ya que el Pleno de la Suprema Corte ha establecido que uno de los elementos indispensables y exigibles para garantizar la independencia y autonomía de los poderes judiciales de las entidades federativas es la estabilidad en el cargo, que consiste en la determinación del período de duración y la posible ratificación para alcanzar, previa evaluación, la inamovilidad.

Reitera que el Acuerdo por el que se resuelve la situación jurídica de la magistrada supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia con licencia indefinida Guillermina Jiménez Serafín, vulnera en perjuicio del Poder Judicial local el contenido del artículo 16 de la Constitución General de la República, pues todo acto de autoridad debe estar fundamentado y motivado.

3. Que el multicitado acuerdo resulta violatorio del numeral 89 de la Constitución de Morelos y, en consecuencia, de las garantías de legalidad y debida fundamentación y motivación, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en virtud de que dicho acto es contrario al espíritu e intención plasmadas por el constituyente permanente de la entidad en el Decreto número 824 de dieciséis de julio de dos mil ocho, que modificó, entre otros aspectos, los períodos que duran en su encargo los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, estableciendo una duración máxima de catorce años, previa evaluación de su función.

Finalmente, señala que no debe desestimarse que el numeral 122 de la Constitución Federal, puede transgredirse si se afecta el ejercicio de las competencias que tenga atribuidas a su favor cualquiera de los órganos o poderes a los que les compete.

CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. Los preceptos que la parte actora estima violados son 1, 14, 16, 17, 116, fracción III, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, señala los diversos 89, 91, 92 y 93 de la Constitución de Morelos; 1, 23, punto uno, inciso c), y 24 de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos; 2.1, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil quince, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 47/2015, y determinó turnarlo al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.

Luego, en el proveído de veintisiete siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, en la que se tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Morelos, ordenándose emplazarlo para que formularan su contestación, así como formar el cuaderno relativo con motivo del incidente de suspensión solicitado por la parte actora, y se dio vista a la Procuradora General de la República para que emitiera la opinión que le corresponde.

SEXTO. Contestación de la demanda. Mediante oficio depositado en la oficina de correos de la localidad el catorce de octubre de dos mil quince, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno siguiente, el Poder Legislativo del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda señalando, en síntesis, lo siguiente:

La controversia constitucional es improcedente en términos del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción I, inciso h) del propio numeral constitucional en cita, ya que el acto que se impugna no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial de Morelos, por lo que la actora carece de interés legítimo para promover este medio de control de constitucionalidad.

Así, concluye que el acuerdo dictado por el Congreso del Estado en el que resuelve la situación jurídica de la magistrada supernumeraria con licencia indefinida Guillermina Jiménez Serafín incide directamente en derechos individuales que de ningún modo vulneran la autonomía del Poder Judicial de la entidad.

En cuanto al primer concepto de invalidez, aduce que la Junta Política y de Gobierno del Congreso local al emitir el acuerdo reclamado lo hizo en ejercicio de los artículos 89 de la Constitución de Morelos, y 50, fracción III, inciso g), de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, ajustándose a los numerales 40 y 116, fracción III, de la Constitución Federal.

Al respecto, señaló que a través del Decreto número 1475 se otorgó licencia por tiempo indefinido a la magistrada supernumeraria Guillermina Jiménez Serafín, para ocupar el cargo representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura Estatal, y el nombramiento por seis años feneció el dieciocho de julio de dos mil quince, siendo que el acuerdo se llevó a cabo en sesión ordinaria de catorce de julio y su artículo Primero Transitorio estableció su entrada en vigor a partir del diecinueve del mismo mes y año, por lo que se respetó el derecho a concluir el período para el cual fue nombrada.

Arguye que de la lectura del artículo 89 de la Constitución de Morelos, se advierte que a la quejosa no le corresponde el derecho de ser ratificada y, en su caso, la inamovilidad en el puesto, toda vez que tales corresponden a los magistrados numerarios, máxime que su párrafo séptimo prevé claramente que el cargo de magistrado supernumerario no cuenta con la característica de ser ratificado o reelegible y mucho menos que le corresponda la inamovilidad judicial, aunado a que fue la propia Guillermina Jiménez Serafín quien, por así convenir a sus intereses, decidió pedir licencia indefinida para separarse del cargo.

En relación al segundo concepto de invalidez, señala que si bien es cierto el artículo 17 de la Ley Fundamental consagra el imperativo de que las leyes tanto federales como locales establecerán los medios necesarios para que se garanticen la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, lo cierto es que el Máximo Tribunal del país al resolver el amparo en revisión 2639/96 y la controversia constitucional 9/2004, estableció, respectivamente, que el Constituyente Federal dejó al local la facultad de determinar los órganos encargados de la impartición de justicia en las correspondientes entidades federativas, así como regular su integración y funcionamiento siguiendo ciertos imperativos, definiendo los parámetros con los que se garantiza el principio de estabilidad e inamovilidad de los magistrados, de lo que no puede concebirse el razonamiento del poder actor referente a que una magistrada supernumeraria, aun gozando de licencia indefinida, pueda o deba ser evaluada y ratificada para un período más, cuando es un hecho notorio que se encuentra desempeñando el cargo de representante del Ejecutivo local ante el Consejo de la Judicatura estatal.

Adujo que del numeral 91 de la Constitución local, también se advierte el tratamiento diferenciado de los magistrados supernumerarios, ya que no pueden integrar el Pleno del Tribunal Superior, lo que restringe sus facultades administrativas y jurisdiccionales; se les faculta para cubrir determinadas faltas temporales de los magistrados numerarios e integran una Sala Auxiliar, la cual es de carácter temporal, por lo que el nombramiento de magistrado supernumerario si bien se otorga por seis años, lo cierto es que su función es temporal por cuanto está sujeto a ejercerla conforme a las determinaciones del Pleno del citado tribunal.

Asimismo, que los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos, establecen que los magistrados numerarios sí tienen garantía de ratificación e inamovilidad, y los supernumerarios no, lo cual obedece a su carácter auxiliar y, por ende, temporal, respetándose así los numerales 89 de la Constitución del Estado y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la organización y funcionamiento del Estado debe ser con autodeterminación.

Por cuanto al tercer concepto de invalidez, sostuvo que las apreciaciones del actor son incorrectas, ya que la magistrada supernumeraria Guillermina Jiménez Serafín no puede ser ratificada, dado que por disposición expresa de la ley no le corresponde el beneficio de inamovilidad, pues tal beneficio jurisdiccional corresponde a los magistrados numerarios, sirviendo como sustento el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito al resolver el recurso de revisión 150/2002.

Menciona que derivado de la designación como magistrado supernumerario hecha mediante Decreto número 1148, publicado en el Periódico Oficial del Estado el nueve de agosto de dos mil seis, Samuel Sotelo Salgado interpuso juicio de amparo que se radicó en el Juzgado Cuarto de Distrito, mencionando que la designación realizada le daba beneficio de inamovilidad judicial en su cargo, sin embargo, el veintisiete de noviembre de dos mil seis se dictó resolución donde se le negó el amparo, y el doce de abril de dos mil siete, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito confirmó la sentencia recurrida.

En ese orden de ideas, hace alusión a que no obstante que los magistrados supernumerarios Rodolfo de Jesús Cuevas Salazar y Samuel Sotelo Salgado fueron designados para un nuevo período de seis años con tal cargo, ello se debió a que el Consejo de la Judicatura de la entidad envió al Congreso local, conforme al sistema de designación que en ese momento se encontraba vigente, las ternas en las cuales se les incluyó y, una vez que el órgano político de dicho congreso los valoró y evaluó, presentó el dictamen respectivo al Pleno, lo cual de ninguna manera fue una ratificación o reelección, sino una nueva designación, dado que por la propia naturaleza jurídica del cargo no podrían haber sido ratificados, máxime que en el caso particular no puede aplicarse a Guillermina Jiménez Serafín, en razón de que solicitó licencia para separarse del cargo como consta en el Decreto número 1475.

Atento a lo anterior, consideró que del citado decreto se aprecia que la licencia sería hasta el veintiocho de julio de dos mil quince, por lo que si ésta causaba perjuicio alguno debió hacer valer lo que a su derecho correspondiera y, al no hacerlo, consintió tal situación, razón por la que no se puede alegar violación a algún derecho ni pretenderse que estando de licencia por tiempo indefinido se evalué por un período incumplido, aunado a que la naturaleza del cargo no lo permite.

Explica que la magistrada supernumeraria Guillermina Jiménez Serafín adquirió inamovilidad en el cargo desde el momento que fue designada, ya que es un principio sostenido en la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal, pero propiamente se duele que no se declare en su favor una reelección o ratificación, siendo que para estos magistrados aplica otra hipótesis.

Así, consideró que inamovilidad no significa perpetuidad, o que la garantía de estabilidad de los magistrados en el ejercicio de sus funciones sea absoluta o de carácter vitalicio, sino que encuentra un plazo cierto y determinado que inicia con el nombramiento y concluye por haber expirado el plazo fijado por la ley para el ejercicio de la función, reiterando que es dable que la Constitución de Morelos existan diversas calidades jurídicas de magistrados locales, cada una con características específicas que las hacen diferentes entre sí, pues de no entenderse de esa forma resultaría ocioso que la Constitución Federal reservara a los Estados la facultad de establecer diversas denominaciones de sus tribunales.

Finalmente, concluye que Guillermina Jiménez Serafín no puede ser ratificada, toda vez que por disposición expresa de la ley no le corresponde el beneficio de la inamovilidad dada la naturaleza jurídica de su nombramiento, ya que tal circunstancia la inhibe para obtener la ratificación en su carácter de magistrada supernumeraria de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues tal beneficio jurisdiccional sólo puede obtenerlo cuando sea nombrada magistrada numeraria.

SÉPTIMO. Trámite. Mediante escritos presentados el once de noviembre de dos mil quince y el cinco de febrero de dos mil dieciséis, la parte actora amplió su demanda por primera y segunda ocasión, respectivamente, las cuales se desecharon por improcedentes, por lo que resulta innecesario la síntesis y reproducción de los conceptos de invalidez relativos.

OCTAVO. Opinión de la Procuraduría General de la República. La entonces Procuradora General de la República no formuló opinión en el presente asunto.

NOVENO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29(1) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34(2) del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por desahogadas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por formulados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por el Ministro Presidente de la Primera Sala, se AVOCÓ al conocimiento del asunto y además, determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia de la adscripción del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.

DÉCIMO PRIMERO. Desistimiento. Por escrito ratificado ante notario, presentado el veintidós de marzo de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Verónica Cuevas, actuando como Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en nombre y representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentó desistimiento de la presente controversia constitucional; lo anterior, en cumplimiento al acuerdo dictado en sesión de Pleno Ordinario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, celebrada el diecisiete de marzo de la misma anualidad.

Por auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, el Ministro Instructor tuvo por presentado dicho escrito y ordenó que se agregara al expediente. Asimismo, se indicó que el desistimiento sería motivo de estudio en la sentencia definitiva.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h),(3) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I(4) y 11, fracción V,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Fed

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200162-ffa55a08/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-desistimiento-expreso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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