I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI CON MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SE MODIFICA O DEROGA LA NORMA IMPUGNADA Y LA NUEVA NO SE COMBATE MEDIANTE UN ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR CESACIÓN DE EFECTOS (ARTÍCULO 109-BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 2589, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IV. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. EL DECRETO POR EL QUE SE ORDENA LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL QUE SERÁ INCORPORADO A AQUÉL, NO LE CAUSA PERJUICIO A DICHO PODER (ARTÍCULO 105 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 2589, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO). V. JUSTICIA LABORAL DEL ESTADO DE MORELOS. SI BIEN LA LEGISLACIÓN FEDERAL ESTABLECE LA PAUTA GENERAL A SEGUIR PARA SU CONFIGURACIÓN, SU CONFORMACIÓN DEBE SUJETARSE A LAS DEMÁS CONSIDERACIONES Y PARTICULARIDADES PREVISTAS POR LA LEGISLATURA LOCAL (ARTÍCULO 105 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 2589, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO). VI. JUSTICIA LABORAL DEL ESTADO DE MORELOS. EL HECHO DE QUE EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL SE HAYA ORDENADO QUE LA RESOLUCIÓN DE CIERTOS CONFLICTOS ENTRE EL CAPITAL Y EL TRABAJO CORRESPONDERÁ A UN TRIBUNAL LABORAL PERTENECIENTE A AQUÉL, NO INTERFIERE CON LA AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA DE DICHO PODER (ARTÍCULO 105 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 2589, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO). VII. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA RATIFICACIÓN DE LOS MAGISTRADOS QUE LO INTEGRAN POR PARTE DE UN ÓRGANO AJENO AL PODER JUDICIAL NO IMPLICA UNA SUBORDINACIÓN EN PERJUICIO DE AQUÉL NI UNA VULNERACIÓN A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL (ARTÍCULO 105 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 2589, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO). VIII. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. DIFERENCIAS ENTRE MAGISTRADOS NUMERARIOS Y SUPERNUMERARIOS (DECRETO NÚMERO 2589 POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). IX. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. CORRESPONDE A LOS MAGISTRADOS NUMERARIOS LA TITULARIDAD DE ESA RESPONSABILIDAD JUDICIAL Y, A LOS SUPERNUMERARIOS, SÓLO LA SUSTITUCIÓN DEL TITULAR RESPECTIVO (DECRETO NÚMERO 2589 POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). X. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. AUNQUE LOS MAGISTRADOS NUMERARIOS Y SUPERNUMERARIOS QUE LO INTEGRAN REALIZAN FUNCIONES JURISDICCIONALES, AMBOS CARGOS NO SON IGUALES DESDE EL PUNTO DE VISTA NORMATIVO (DECRETO NÚMERO 2589 POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). XI. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA DECISIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE RATIFICAR NUEVAMENTE A LOS MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS PARA CONVERTIRLOS EN NUMERARIOS ES ACORDE CON EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE NO ATENTA CONTRA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL NI CONTRA EL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD (DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA OCTAVA, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PREVIA RATIFICACIÓN QUE REALICE EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS" DEL DECRETO NÚMERO 2589 POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO). XII. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUE FIJA LOS LINEAMIENTOS QUE EL CONGRESO DEBE SEGUIR PARA LLEVAR A CABO LA RATIFICACIÓN DE MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS PARA CONVERTIRLOS EN NUMERARIOS, DEBE INTERPRETARSE ARMÓNICAMENTE CON LOS DEMÁS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA ENTIDAD QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS NUMERARIOS (DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA OCTAVA, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PREVIA RATIFICACIÓN QUE REALICE EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS" DEL DECRETO NÚMERO 2589 POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO). XIII. PODER
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 81/2018. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 23 DE JUNIO DE 2020. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: JOSÉ OMAR HERNÁNDEZ SALGADO.
México, Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de junio de dos mil veinte por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 81/2018, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra del Decreto Número 2589 por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado el quince de febrero de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad".
I. ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos promovió controversia constitucional en contra del Congreso, del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, en relación con la emisión del Decreto 2589, publicado el quince de febrero de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", "por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, suprimiendo la figura de Magistrado supernumerario, y condicionando a quienes tenían esa calidad a una nueva ratificación por el Congreso del Estado; se crea el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos, y se incorpora el Tribunal de Justicia Administrativa al Poder Judicial.". En sus conceptos de invalidez adujo que:
a. Creación del tribunal laboral del Estado de Morelos (incorporación del artículo 105 bis): El decreto transgrede el procedimiento legislativo ya que el Congreso no valoró el impacto presupuestario que la creación del tribunal tendría en la hacienda del Poder Judicial, lo que incumple los artículos 97(1) y 99(2) del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos respecto del proceso legislativo. Ello también lesiona la independencia del Poder Judicial porque interfiere con la autonomía en la gestión de sus recursos, ya que para instaurar un tribunal laboral se necesitan recursos que no se encuentran contemplados en el presupuesto aprobado para el Tribunal Superior de Justicia para el Ejercicio Fiscal 2018. Esto se traduce en el grado más grave de violación a su independencia que es la subordinación, ya que implica direccionar recursos de otro poder sin su consentimiento.
b. Incorporación del Tribunal de Justicia Administrativa al Poder Judicial (reforma al artículo 109 Bis): Esta medida lesiona la independencia del poder actor puesto que no se estableció un régimen transitorio que regule la migración de los recursos presupuestarios del Tribunal al Poder Judicial del Estado, ni se contempló en el presupuesto del tribunal o del Poder Judicial la creación de dos nuevas magistraturas ni las contrataciones que implican. El actor considera que no puede validarse el proceso legislativo, pues al omitir lo relativo a los recursos para su funcionamiento e inicio de operaciones se afectaría injustificadamente la autonomía del Poder Judicial del Estado de Morelos.
c. Transformación de Magistrados supernumerarios a numerarios (disposición décima octava transitoria del decreto impugnado). El régimen transitorio del decreto viola los principios de autonomía, independencia, integración, normal funcionamiento y operación del tribunal, así como las garantías jurisdiccionales de estabilidad e independencia judicial previstas en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal. Al suprimir la figura de Magistrado supernumerario se condiciona a quienes tenían esa calidad a ser sujetos de una nueva ratificación por el Congreso del Estado para ser nombrados Magistrados numerarios, a pesar de que éstos, para ser elegidos, deben satisfacer exactamente los mismos requisitos legales (ambos son nombrados en condiciones de estricta igualdad por un mismo periodo inicial de seis años). Además, el Congreso del Estado no expuso fundamento o motivación respecto de la "previa ratificación", misma que carece de sentido porque la reforma pretendió igualar las responsabilidades y carga de trabajo de los Magistrados supernumerarios a pesar de que actualmente ya resuelven asuntos como cualquier otro numerario y se reparten de manera equitativa las cargas de trabajo, aunque no tengan la facultad de tomar decisiones dentro del Pleno.
Actualmente los dos Magistrados supernumerarios ya ejercieron su cargo por el primer periodo de seis años para el que fueron designados y fueron ratificados por el Congreso para un segundo periodo por haber acreditado el procedimiento de evaluación, bajo los mismos criterios con que se designa a los Magistrados numerarios. Por lo anterior, la "previa ratificación" carece de fundamentación y motivación, y resulta violatoria de los principios de autonomía e independencia judicial.
En el régimen transitorio no se establecieron parámetros para realizar la respectiva evaluación, lo que implica que la ratificación de los Magistrados queda completamente a discreción del Poder Legislativo.
2. Admisión y trámite. La demanda se tuvo por presentada y se turnó al Ministro Javier Laynez Potisek.(3) Éste la admitió, tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos y le negó ese carácter a la Secretaría de Gobierno.(4)
3. Contestación. Las autoridades demandas argumentan:
a. Poder Ejecutivo: La controversia constitucional debe sobreseerse porque no existe agravio en contra del Poder actor. Primero, porque en la disposición transitoria novena del Decreto 2611, publicado el cuatro de abril de dos mil dieciocho en el Periódico de la entidad (posterior al impugnado), se dispuso que el Congreso llevaría a cabo las adecuaciones presupuestales correspondientes, de ahí que sí se llevaron a cabo las previsiones relacionadas con el impacto presupuestario para la creación del tribunal de justicia laboral. Asimismo, la disposición décima transitoria de ese decreto posterior suspendió la entrada en vigor de la reforma en materia laboral local hasta que el Congreso Federal realizara la reforma legal secundaria en la materia. De ahí que actualmente no existe afectación alguna, puesto que eventualmente el Congreso Local tendrá que hacer las adecuaciones correspondientes en materia de presupuesto para crear el tribunal laboral.
Segundo, debe sobreseerse por cesación de efectos lo relativo al Tribunal de Justicia Administrativa. El Decreto 2611 de cuatro de abril de dos mil diecinueve, reformó el artículo 109 Bis de la Constitución Local para reconocerle nuevamente plena autonomía e independencia de cualquier Poder.
Finalmente, la reforma de Magistrados numerarios no afecta la autonomía ni independencia del Poder Judicial. Se trata de una afectación de derechos a los que están en el cargo y que debe ser discutido en otro medio de control constitucional, como de juicio amparo y no en una controversia constitucional. Además, lo relativo a que no hay criterios para la evaluación y ratificación de Magistrados no es materia de la reforma constitucional, sino que deberán fijarse en las reformas secundarias que el Congreso Local debe emitir conforme al artículo tercero transitorio del decreto impugnado.(5)
b. Poder Legislativo: Con la emisión del Decreto 2611, se suspendió la entrada en vigor de lo relacionado al tribunal laboral, por lo que aún no existe agravio al Poder Judicial ni se viola su esfera competencial.
No se afecta la autonomía del Poder Judicial. La remoción de magistraturas supernumerarias ni siquiera trastoca sus finanzas y, en todo caso, la ratificación de los Magistrados es materia de discusión en otra sede constitucional (juicio de amparo) porque no afecta el sistema de competencias del Poder Judicial. Tampoco se afecta la estabilidad de los funcionarios jurisdiccionales dado que ésta no es vitalicia, sino que se concede por un plazo cierto y determinado. Además los Magistrados no adquieren propiedad en el cargo encomendado puesto que se elige al funcionario para la función, no se crea la función para el funcionario. Independientemente de que los actuales Magistrados supernumerarios tengan un nombramiento, en virtud de un juicio de amparo, con la reforma constitucional desaparecieron las Salas Auxiliares así como los nombramientos de éstos (hubo remoción automática por disposición constitucional); pensar lo contrario sería como validar la existencia de un órgano que materialmente ya no existe.(6)
4. Recurso de reclamación. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos lo interpuso contra la admisión de la controversia.(7) Sostuvo que: a) debe sobreseerse por cesación de efectos lo relativo al Tribunal de Justicia Administrativa porque hubo un nuevo decreto que modificó la norma; b) la creación del tribunal laboral atiende a una reforma a la Constitución Federal; c) no se violó el procedimiento legislativo porque en un decreto posterior se obligó al Congreso a hacer adecuaciones presupuestales necesarias; d) no se afecta al Poder Judicial porque los efectos de la reforma laboral están supeditados a que el Congreso Federal emita la legislación secundaria correspondiente; y, e) se fortalece al Poder Judicial porque iguala las condiciones de los Magistrados numerarios y supernumerarios. La Primera Sala declaró infundados los argumentos porque estaban combatiendo cuestiones de fondo(8) y confirmó el auto recurrido.(9)
5. Cierre de instrucción. Una vez que fue: i) contestada la demanda por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos; ii) resuelto el recurso de reclamación; y, iii) realizada la audiencia de ofrecimiento de pruebas y desahogo de pruebas y alegatos, en términos del artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "Ley Reglamentaria"), el expediente fue puesto en estado de resolución.(10)
II. COMPETENCIA
6. El Tribunal Pleno es competente para resolver esta controversia constitucional, en términos de los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal,(11) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos.
III. OPORTUNIDAD
7. El actor solicita se declare la invalidez del Decreto 2589 por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Al tratarse de una reforma constitucional local, se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria,(12) que establece un plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial para la presentación de la demanda. Si el decreto fue publicado en el Periódico Oficial el quince de febrero de dos mil dieciocho, dicho plazo transcurrió del dieciséis del mismo mes al cinco de abril de dos mil dieciocho.(13) Por tanto, dado que la demanda se presentó el tres de abril de dos mil dieciocho, se concluye que fue promovida oportunamente.(14)
IV. LEGITIMACIÓN
8. La parte actora y las demandadas tienen legitimación en la causa, en términos del artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal,(15) toda vez que se trata de una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial de una entidad federativa en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la misma. Partiendo de tal supuesto procederemos a analizar si cada una de las partes están debidamente representadas, en términos del artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria.(16)
9. Legitimación activa. La parte actora es el Poder Judicial del Estado de Morelos. Conforme los artículos 34(17) y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(18) en relación con la jurisprudencia P./J. 38/2003,(19) es el presidente del Tribunal Superior de Justicia quien está facultado para representar al Poder Judicial en este medio de control. La demanda fue presentada por María del Carmen Cuevas López, quien se ostentó como Magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y acreditó esa personalidad con copia certificada del acta de sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en la cual fue designada con ese cargo.(20) Por ello este tribunal estima que sí tiene legitimación.
10. Legitimación pasiva. Respecto al Poder Legislativo, de conformidad con el primer párrafo del artículo 38,(21) en relación a lo dispuesto por el numeral 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos(22) corresponde al presidente de la Mesa Directiva –y en su ausencia al vicepresidente– representar al Congreso en cualquier asunto en el que sea parte. En este caso, la contestación de la demanda fue presentada por la diputada Hortencia Figueroa Peralta en su calidad de vicepresidenta de la mesa directiva misma que acreditó con copia certificada de la audiencia en la que se le designó tal cargo,(23) por lo que este tribunal concluye que cuenta con legitimación pasiva.
11. Respecto al Poder Ejecutivo, en términos de los artículos 11, párrafo cuarto,(24) y 38, fracciones I, II y III,(25) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y 10, fracción XXI,(26) del Reglamento Interno de la Consejería Jurídica le corresponde al consejero jurídico representar al titular del Poder Ejecutivo en las acciones y controversias que refiere el artículo 105 de la Constitución Federal. En este caso, la contestación fue presentada por José Anuar González Cianci Pérez, quién se ostentó y acreditó el carácter de consejero jurídico con copia certificada de su nombramiento,(27) por lo que se concluye que sí cuenta con legitimación pasiva.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
12. El Poder Ejecutivo sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria respecto del artículo 109 Bis de la Constitución Local, porque un decreto posterior modificó su contenido en lo relativo a la incorporación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos al Poder Judicial, lo que dejó sin efectos la norma impugnada. El argumento es fundado.
13. Como parte de sus planteamientos, el actor impugna la modificación del artículo 109 Bis de la Constitución Local que prevé la incorporación del Tribunal de Justicia Administrativa al Poder Judicial porque, a su juicio, en el régimen transitorio no se contemplaron las medidas que deberán tomarse en el ámbito presupuestario para cumplir la transferencia. Sin embargo, el cuatro de abril de dos mil dieciocho se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el Decreto 2611, por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Constitución Local, entre los que se encuentra el impugnado.(28) Para evidenciar que el mismo sufrió cambios y que ellos son trascendentes, a continuación se presenta un cuadro comparativo con los contenidos del artículo impugnado en la columna izquierda y el modificado posteriormente en la columna derecha. En la izquierda se tachará el contenido eliminado y en la columna derecha se señalará el incorporado.
Ver decretos
14. Como se advierte, se modificó el artículo impugnado a efecto de "revertir" la reforma que originalmente fue impugnada. Conforme a la jurisprudencia P./J. 18/2013 (10a.) de este Tribunal Pleno, para declarar la cesación de efectos en controversia constitucional, en términos del artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria, basta con la expedición de un nuevo acto legislativo que modifique o derogue el contenido de la norma impugnada, y que el mismo no se combata mediante una ampliación de la demanda.(29) En virtud de que en el caso en concreto sí hubo una modificación al artículo impugnado y no consta ninguna ampliación de demanda por parte del actor en contra del nuevo decreto, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del artículo 109 BUis de la Constitución Local.
15. En otro orden de ideas, el Ejecutivo Local planteó que debe sobreseerse en el presente medio de control puesto que el decreto impugnado no causa perjuicio al Poder Judicial Local. Sin embargo, dado que el planteamiento está vinculado directamente con el estudio de fondo, lo procedente es desestimar la causa planteada, en términos de la tesis jurisprudencial P./J. 92/99.(30)
16. Finalmente, este Tribunal Pleno no advierte la actualización de otra causa de improcedencia, por lo que se procede al estudio de esta controversia.
VI. FIJACIÓN DE LA LITIS
17. En términos de los artículos 39(31) y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria(32) el tribunal debe fijar los actos y normas objeto de la controversia y, en caso de ser necesario, corregir los errores en la cita de preceptos. Conforme a ello se advierte que el actor impugna el Decreto 2589, publicado el quince de febrero de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", por el que se modificaron diversos artículos de la Constitución Local. Sin embargo, de la causa de pedir se advierte que en sus argumentos única y específicamente impugna: a) la modificación del artículo 109 Bis de la Constitución Local que ordena incorporar el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado al Poder Judicial Local; b) la adición del artículo 105 Bis a la Constitución Local que crea el Tribunal de Justicia Laboral en el Estado; y, c) la disposición transitoria décima octava del referido decreto, por la que se ordena al Congreso Local ratificar a los Magistrados supernumerarios que asumirán el cargo de numerarios.
18. Dado que en el apartado anterior se sobreseyó la controversia respecto del artículo 109 BIS, solamente se estudiará la constitucionalidad de las siguientes normas: a) el artículo 105 Bis, por el que se crea el Tribunal de Justicia Laboral; y, b) la disposición transitoria décima octava, en su porción normativa "previa ratificación que realice el Congreso del Estado de Morelos".
VII. ESTUDIO
19. El Poder Judicial del Estado de Morelos impugnó el Decreto 2589 porque: a) la creación del Tribunal de Justicia Laboral Local afecta el presupuesto del Poder Judicial; y, b) la ratificación de los Magistrados supernumerarios ante el Congreso Local previo a convertirse en Magistrados numerarios afecta su independencia. Al tratarse de temas o problemas distintos, se dividirá el estudio en dos partes.
a) ¿La creación del Tribunal de Justicia Laboral implica una afectación a la independencia del Poder Judicial en el ejercicio de sus recursos?
20. El actor sostiene que el decreto impugnado violó el procedimiento legislativo al ordenar la creación del tribunal laboral sin contemplar ni hacer una evaluación del impacto presupuestario que tendría en el Poder Judicial, tal como lo establecen los artículos 97 y 99 del Reglamento para el Congreso del Estado.(33) A su juicio, además, se lesiona la independencia judicial en el grado más grave de subordinación, pues se afecta su autonomía para gestionar sus recursos. El argumento es infundado.
21. Aunque el decreto impugnado efectivamente prevé la existencia de un Tribunal de Justicia Laboral que estaría incorporado al Poder Judicial, lo cierto es que actualmente no le causa perjuicio y se estima que no era el momento en el que necesariamente se debía ordenar que el Congreso realizara las adecuaciones presupuestarias correspondientes para la implementación de la reforma.
22. Según su exposición de motivos, el decreto impugnado pretendió dar cumplimiento a la reforma a la Constitución Federal en materia de trabajo de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, cuyo artículo transitorio segundo(34) ordenó a las Legislaturas Locales y al Congreso de la Unión realizar las adecuaciones legislativas necesarias dentro del año siguiente, plazo que se cumplió el veinticinco de febrero de dos mil dieciocho, esto es, diez días después de que se publicó el decreto impugnado.(35) Esa reforma constitucional transformó el modelo de justicia laboral, puesto que se buscó que los diversos conflictos entre trabajadores y patrones estén a cargo de tribunales laborales adscritos al Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas.(36)
23. Siguiendo ese esquema, mediante el decreto impugnado se ordenó en el artículo 105 Bis de la Constitución del Estado de Morelos el establecimiento de un tribunal laboral a cargo del Poder Judicial Local que resolverá los conflictos entre trabajadores y patrones de competencia estatal, así como los diversos que hasta entonces eran competencia del Tribunal de Arbitraje, en términos del artículo 40, fracción XX, inciso l), de la propia Constitución Local.(37) Asimismo, estableció: a) el procedimiento para designar y los requisitos que deben cumplir los Magistrados que lo integren; b) el tiempo que durarán en su encargo; y, c) que tales Magistrados sólo podrán ser removidos en términos de lo previsto por la propia Constitución, y que tendrán derecho a un haber de retiro al culminar su encargo. Sin embargo, en la Constitución Local no estableció ni la integración, atribuciones, ni demás particularidades del tribunal, puesto que se limitó a precisar que sería la ley la que establecerían éstos y demás aspectos relevantes:
"Artículo 105 Bis. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones de competencia estatal y los diversos que le corresponda conocer al tribunal de arbitraje que refiere el inciso L de la fracción XX del artículo 40 de esta Constitución, estará a cargo del tribunal laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos, cuyos integrantes serán designados de conformidad con los artículos 116, fracción III, de la Constitución Federal y 20, 21, 86, 87 y 88 de esta Constitución. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.
"La ley determinará la integración, atribuciones, funcionamiento y demás particularidades del tribunal laboral, misma que deberá observar lo dispuesto en la Constitución Federal y demás normativa aplicable.
"Los Magistrados integrantes del tribunal laboral deberán reunir los mismos requisitos que se requieren para ser Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo además contar con capacidad y experiencia en materia laboral.
"Serán designados por el Pleno del Congreso del Estado a propuesta del órgano político del Congreso, el cual emitirá la convocatoria pública conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.
"Durarán en su cargo catorce años, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional y sólo podrán ser removidos de sus cargos en los términos que establece esta Constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos.
"Ninguna persona que haya sido nombrada Magistrado podrá volver a ocupar el cargo o ser nombrada para un nuevo periodo.
"En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo, podrán rebasar catorce años en ejercicio del mismo. Al término de su respectivo encargo, los Magistrados tendrán derecho a un haber por retiro, en los términos establecidos para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, conforme lo establece esta Constitución y la ley de la materia. El retiro forzoso del cargo se producirá en los mismos términos que para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia."
24. La ausencia de tales elementos centrales para el funcionamiento del tribunal se entiende en virtud de que no se pensó que funcionara desde el momento mismo en que entrara en vigor el decreto impugnado. En efecto, si se atiende al régimen transitorio se advierte, por un lado, que el Decreto 2589 ahora objeto de análisis entraría en vigor cuando se emitiera la declaratoria de que fue aceptada por los Municipios del Estado. Sin embargo, en lo que respecta al tribunal laboral se precisó, primero, que "en tanto se instituye e inicia operaciones el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos", la Junta Local de Conciliación y Arbitraje continuará atendiendo las diferencias que se presenten entre el capital y el trabajo;(38) segundo, que los asuntos que se encuentren en trámite "al momento de iniciar sus funciones el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos", se resolverán conforme a las disposiciones aplicables al momento de su inicio;(39) tercero, que se respetarán los derechos de los trabajadores de la Junta(40) y, cuarto, que ésta deberá transferir los expedientes y documentos, a dicho tribunal laboral o al Centro de Conciliación, según corresponda.(41)
25. Como se aprecia, aunque es cierto que por medio del decreto impugnado se ordenó la creación y la transferencia de algunas competencias que antes realizaban otros órganos al tribunal laboral, del régimen transitorio queda claro que ese "traslado competencial" se encontraba sujeto o condicionado a algún acontecimiento que marcara el inicio del funcionamiento del tribunal. Sin duda el régimen transitorio descrito no es claro en cuanto a qué acontecimiento sería, y la exposición de motivos que antecedió al decreto tampoco resuelve tal incógnita, puesto que únicamente confirma que no se pretendió que el Poder Judicial del Estado de Morelos resolviera en automático tales conflictos en materia laboral. En efecto, tal iniciativa señala que la creación del tribunal laboral "no representa impacto presupuestal en las finanzas del año siguiente en razón de que los nuevos organismos entrarán en funciones en el último trimestre de 2018 (sic) y ejercerán el presupuesto restante que se le otorgue a la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado."(42)
26. Sobre este aspecto conviene traer a colación que el cuatro de abril de dos mil dieciocho se publicó en el Periódico Oficial de la entidad un nuevo decreto, el 2611, por el que se modificaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado de Morelos en materia de "fortalecimiento del Poder Judicial Local". En lo que ahora nos interesa, su disposición transitoria décima sirve para precisar y postergar la entrada en funciones el Tribunal Laboral del Poder Judicial de la entidad:
"Décima. Los efectos del régimen transitorio de las reformas constitucionales publicadas en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5578 de fecha 15 de febrero del presente año, dadas en cumplimiento a lo dispuesto por el transitorio segundo del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, quedan supeditados a la reforma legal secundaria que se apruebe por el Congreso de la Unión."
27. La disposición transcrita establece que todos los efectos del régimen transitorio del Decreto 2589 relacionados con la implementación del tribunal laboral quedan suspendidos en tanto se apruebe la reforma secundaria que lleve a cabo el Congreso de la Unión. Es decir, con el nuevo decreto se suspendió el régimen que ordenaba la transformación de la Junta en un Tribunal Laboral perteneciente al Poder Judicial del Estado de Morelos. Al respecto, los antecedentes legislativos del Decreto 2611 señalan que era necesario "dejar en claro en el régimen transitorio (del Decreto 2589 impugnado) que habrá que esperar hasta la definición de la legislación general en la materia que se defina localmente su conformación, así como la asunción paulatina de la justicia laboral en nuestro Estado."(43) En específico, se insiste que es indispensable "esperar como (sic) se integran y comienzan a funcionar dichos órganos jurisdiccionales a nivel federal, para definir la estructura de estos (sic) a nivel local". En otras palabras, el poder reformador de la Constitución Local suspendió el proceso de creación y configuración del tribunal laboral y la resolución de conflictos entre el capital y el trabajo por parte del Poder Judicial de la entidad hasta tanto la Federación emitiera o fijara sus propias directrices.
28. Ahora bien, el Congreso Federal reformó la Ley Federal del Trabajo mediante decreto publicado el primero de mayo de dos mil diecinueve(44) en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de esa reforma su artículo 605 dispone que los tribunales (tanto federales como locales) estarán a cargo de un Juez y contarán con los secretarios, funcionarios y empleados que se juzgue conveniente, mismos que serán determinados y designados de conformidad con las leyes orgánicas de los Poderes Judiciales Federal y Locales.(45) Es decir, si bien es cierto que la legislación federal estableció la pauta general a seguir para la configuración de la justicia laboral, en tanto que dispone que cada tribunal estará a cargo de un único Juez, también lo es que expresamente se precisó que la justicia local debería sujetarse a las demás consideraciones y particularidades para su conformación que previera cada Legislatura Local en sus leyes respectivas.
29. Lo anterior se corrobora en tanto que los artículos transitorios de la referida reforma dispuso que los Centros de Conciliación Locales y los Tribunales de los Poderes Judiciales Locales iniciarían actividades dentro de un plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del decreto "en términos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades presupuestales, conforme a lo que determinen sus Poderes Locales".(46) Es decir, el régimen transitorio reitera que son las entidades federativas, una vez que hayan definido sus arreglos legales y presupuestales, quienes determinarán la entrada en vigor de la justicia laboral local.
30. En el caso concreto, dado que al momento de emitirse el decreto impugnado el Poder Reformador local no tenía certeza de cuál sería la configuración que adoptaría para el tribunal laboral en la entidad y expresamente decidió esperar o postergar su decisión hasta tan
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30265-dfeb2964/i-controversia-constitucional-la-magistrada-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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