MAGISTRADOS NUMERARIOS Y/O SUPERNUMERARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DE LA ENTIDAD, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS TRES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 11 DE JULIO DE 2009, QUE PREVÉ QUE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO LOCAL EMITIRÁ CONVOCATORIA PÚBLICA A LA SOCIEDAD, A EFECTO DE RECIBIR PROPUESTAS PARA SU DESIGNACIÓN, SE INSERTA EN UN SISTEMA DE NOMBRAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL ESTATAL QUE ES ACORDE A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. MAGISTRADOS NUMERARIOS Y/O SUPERNUMERARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DE LA ENTIDAD, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS TRES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL El 11 DE JULIO DE 2009, QUE PREVÉ LOS ELEMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER EL ENSAYO JURÍDICO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA CITADA LEY, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DE LA ENTIDAD, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 1503 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 11 DE JULIO DE 2009, QUE PREVÉ LOS ELEMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER EL ENSAYO CIENTÍFICO JURÍDICO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA CITADA LEY, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN ENCUENTRA SUSTENTO EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES DE LA MATERIA LOCALES (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DE DIVISIÓN DE PODERES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ EMITIDA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 88/2008, POR EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 89, PÁRRAFO DÉCIMO -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE: "LIBRE Y SOBERANAMENTE"- Y 92, PÁRRAFO QUINTO -QUE PERMITÍA LA LIBRE REMOCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL, POR EL PODER QUE LOS HAYA DESIGNADO-, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, NO AFECTA EL SISTEMA QUE ÉSTA PREVÉ PARA LA DESIGNACIÓN DE AQUÉLLOS (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
MAGISTRADOS NUMERARIOS Y/O SUPERNUMERARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DE LA ENTIDAD, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 1503 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 11 DE JULIO DE 2009, QUE ESTABLECE QUE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO EMITIRÁ UNA CONVOCATORIA PÚBLICA A LA SOCIEDAD, A EFECTO DE RECIBIR PROPUESTAS PARA LA DESIGNACIÓN DE AQUÉLLOS, ES CONSTITUCIONAL (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 66/2009. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 11 DE AGOSTO DE 2011. UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIA: MARÍA DOLORES OMAÑA RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al once de agosto de dos mil once.
VISTOS, para resolver los autos de la controversia constitucional número 66/2009; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de julio de dos mil nueve ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Rosas Pérez, en su carácter de Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y del Consejo de la Judicatura Estatal, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, por los actos siguientes:
a) El Decreto Número Mil Quinientos Tres, emitido por la Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, de diez de julio de dos mil nueve, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y su reglamento. Asimismo, se impugnó la convocatoria emitida en la misma fecha a través de la Junta Política y de Gobierno de dicho Congreso, para ocupar "el puesto de Magistrado numerario o supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos."
b) Las designaciones de cuatro Magistrados numerarios y dos supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que realizó el referido Congreso Local en su sesión extraordinaria iniciada el sábado dieciocho y concluida el domingo diecinueve de julio de dos mil nueve. Dichas designaciones, efectuadas con base en el decreto y convocatorias impugnadas, se llevaron a cabo a favor de las siguientes personas: Carlos Iván Arenas Ángeles, María Idalia Franco Zavaleta, Rubén Jasso Díaz y Ángel Garduño González, como Magistrados numerarios, y Guillermina Jiménez Serafín y Norberto Calderón Ocampo, como Magistrados supernumerarios.
c) La invalidez de la totalidad del proceso de selección y designación llevado a cabo por el Congreso Local, de acuerdo a lo previsto por la convocatoria impugnada, así como todos los actos derivados de ello, como la adscripción al Tribunal Superior y el alta en nómina por parte del Consejo de la Judicatura del Estado.
d) La designación de Julio Ernesto Pérez Soria como consejero del Consejo de la Judicatura Estatal, efectuada por el Poder Legislativo conforme a la convocatoria impugnada. Igualmente, se demandaron todos los actos que se deriven de tal designación, tales como su adscripción y el alta en nómina por parte del propio Consejo de la Judicatura del Estado.
e) La promulgación y publicación del Decreto Número Mil Quinientos Tres por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, sin constarle al actor si a la fecha de presentación de la demanda de la controversia constitucional se haya realizado o no dicha publicación.
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los que se reseñan a continuación:
1. El diecisiete de junio de dos mil ocho, la Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos aprobó el Decreto 824, mediante el cual derogó, reformó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Dicho decreto fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, de dieciséis de julio de dos mil ocho.
2. El Congreso Estatal emitió el Decreto 889, mediante el que, entre otras disposiciones, se reforma y adiciona la fracción II del artículo 50 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos de veintitrés de julio de dos mil ocho.
3. Los decretos señalados, entre otras normas generales y diversos actos, fueron combatidos mediante la controversia constitucional 88/2008, misma que se resolvió en la sesión plenaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nueve de julio de dos mil nueve.
4. El diez de julio de dos mil nueve, la Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos emitió el Decreto 1503, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y su reglamento, publicado el once de julio de dos mil nueve en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos.
En la misma fecha, la Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, a través de la Junta Política y de Gobierno de dicho Congreso, emitió convocatoria para ocupar el puesto de Magistrado numerario o supernumerario del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, misma que fue publicada al día siguiente en la página de Internet del referido Congreso y en diversos medios locales de difusión.
5. En sesión extraordinaria iniciada el sábado dieciocho de julio de dos mil nueve y concluida el diecinueve del mismo mes y año, la Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado designó a cuatro Magistrados numerarios y dos supernumerarios, teniendo como sustento los decretos y convocatoria antes referidos.
En esa misma sesión, dicho Congreso designó al licenciado Julio Ernesto Pérez Soria como consejero por parte del Poder Legislativo, ante el Consejo de la Judicatura Estatal, la cual se realizó teniendo como sustento el reformado artículo 92 de la Constitución del Estado de Morelos.
6. A la fecha de presentación de esta demanda, no consta la publicación de la referida sesión extraordinaria, ni la ejecución de las designaciones cuya invalidez se demanda; así, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos no ha convocado a sesión alguna, ya sea ordinaria o extraordinaria, para resolver lo concerniente a la adscripción en Sala por parte de dicho Pleno y la consecuente toma de cargo del licenciado Julio Ernesto Pérez Soria como consejero de la Judicatura Estatal, por parte del Poder Legislativo del Estado.
TERCERO. Preceptos constitucionales violados y conceptos de invalidez. El actor estimó transgredidos los artículos 17, 49, 116, fracción III, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, en su demanda inicial y en la ampliación de sus conceptos de invalidez, respecto de las normas generales impugnadas, expresó en síntesis, lo siguiente:
1. A su juicio, el Decreto 1503, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y su reglamento, específicamente lo relativo a la reglamentación y regulación para el ingreso de Magistrados numerarios y supernumerarios al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, adolece de sustento constitucional, tanto federal como estatal, vulnerándose así los principios de supremacía constitucional, división de poderes, independencia judicial, de ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados, así como el debido establecimiento de tribunales para la expedita administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes.
2. De la segunda columna de la página 4 del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", de once de julio de dos mil nueve -dice-, se aprecia que el Poder Legislativo del Estado de Morelos consideró que el actual artículo 89 de la Constitución Local, lo faculta para emitir las bases legales bajo las que debe emitirse la convocatoria correspondiente tratándose de designación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, lo cual es un error de interpretación, ya que el referido numeral establece la forma de designación de los Magistrados, esto es, en el momento mismo en que ese particularísimo acto se realice, así como el periodo de duración en el cargo, aspectos de la evaluación de los Magistrados al final de su primer periodo de gestión, su ratificación y, entre otras cosas, la posibilidad de emitir la convocatoria para designar Magistrados, lo que debe hacerse conforme a lo establecido en la Constitución del Estado de Morelos; pero el órgano legislativo olvida que en dicha Constitución no existe regulación alguna bajo la cual deba efectuarse el proceso de selección, mejor dicho, que regulen o reglamenten el contenido de las convocatorias que se estiman para designar Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.
3. Del decreto impugnado, propiamente del reformado artículo 113 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se desprende que se debe emitir una convocatoria pública, esto es, a la sociedad, a efecto de recibir propuestas para la designación de Magistrados. En esa línea, el poder actor considera inconstitucional la convocatoria cuya invalidez se demanda, ya que ésta se realizó en lo particular, es decir, para que las personas se inscribieran para participar en el proceso de selección, lo cual no es acorde con el referido numeral.
4. Para el poder actor, los artículos 115, fracción I, 116, fracción II, 118, fracción V, 120, 121 y 122 de la reforma a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos establecen como requisito para participar y poder ser designado como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la entrega de un ensayo científico jurídico que verse sobre los temas de "administración de justicia y función jurisdiccional en el fuero común"; pero el legislador reformador olvidó señalar cómo se efectuaría la calificación de dicho ensayo, aunque sí señala que la misma se realizará por la Junta Política y de Gobierno al cierre de la convocatoria, diciendo "calificará la originalidad, calidad e integridad del ensayo". Dicho lo anterior, destaca que atendiendo el perfil de cada uno de los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, se tiene que, solamente uno de los seis diputados que la integran ha estudiado la carrera de licenciado en derecho, y los restantes diputados tienen diversas profesiones; luego entonces, no se tiene la certeza jurídica de cómo se realizó la evaluación de los noventa y dos ensayos científicos presentados.
5. El decreto no precisa los rangos de calificación, es decir, no establecen el valor mínimo de calificación para acceder a la siguiente etapa, ni la forma en que se otorgará el valor mínimo.
6. El decreto impugnado resulta inconstitucional, al no haberse realizado las reformas en términos de lo resuelto en la controversia constitucional 88/2008 y lo precisado en la Constitución de la entidad, todo acto de aplicación y sus consecuencias resultan inválidas. En esa línea, destaca que las reformas a los artículos 89 y 92 de la Constitución del Estado de Morelos deben realizarse en forma previa a todo acto de aplicación de dichos dispositivos, siguiendo para ello el procedimiento de reformas previsto en los artículos 147 y 148, relacionados con los diversos numerales 38, 42, 47 y 48, todos de la Constitución Local.
7. La promulgación y publicación del Decreto 1503, mediante el cual se reformó la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y su reglamento, vulnera los principios constitucionales de legalidad, seguridad y certeza jurídica, en razón de haber sido realizadas las etapas del procedimiento legislativo por órgano incompetente para ello, lo que trae como consecuencia su inconstitucionalidad y, por ende, su falta de vigencia.
Lo anterior, ya que el competente para publicar, conforme a la interpretación armónica de los artículos 38 y 44 de la Constitución del Estado de Morelos; 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; y 72 y tercero transitorio del reglamento de la anterior ley, es el Congreso de dicha entidad, órgano legislativo que, una vez aprobada la reforma a su ley orgánica, ordenará su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y en su gaceta legislativa; por lo que fue innecesaria la promulgación y publicación por parte del Ejecutivo de Morelos.
Aún más, a pesar de que se advierta que esa promulgación y publicación fueron realizadas por el titular del Ejecutivo del Estado de Morelos, a solicitud o por mandato del Poder Legislativo Local, ni siquiera así se pueden ni deben entender como actos de colaboración entre poderes, precisamente por razón de la excepción y reserva previstas tanto en la Constitución Local como en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.
8. Respecto del artículo tercero transitorio del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, donde se contiene la solicitud y/o mandato del Poder Legislativo para que el Poder Ejecutivo realice la publicación inmediata del Decreto 1503, se trata de una norma de tránsito y, en consecuencia, no es una norma general y abstracta, así que no requiere de especial votación para declarar su invalidez.
CUARTO. Mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil nueve, los Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Sergio A. Valls Hernández, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenaron formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la cual correspondió el número 66/2009, la admitieron y tuvieron por presentado al promovente con la personalidad con que se ostentó, y se reconoció el carácter de demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, por lo que ordenaron su emplazamiento para que formularan su respectiva contestación y, por razón de turno, se designó al Ministro Juan N. Silva Meza como instructor del procedimiento.
Por otra parte, en dicho acuerdo no se reconoció el carácter de demandado al director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Estado de Morelos, al tratarse de un órgano subordinado al Poder Ejecutivo Estatal; finalmente, en el proveído en cita determinaron dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera (fojas 127-131, tomo I, del expediente principal).
QUINTO. Mediante escritos presentados el uno y once de septiembre, trece y veintinueve de octubre de dos mil nueve y catorce de enero de dos mil diez, la parte actora amplió su demanda por segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta ocasión, respectivamente, en los cuales se impugnaron actos de aplicación del Decreto 1503, por el que se reformó la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, respecto de los cuales el representante del Poder Judicial del Estado se desistió, por ende, resulta innecesario la síntesis o reproducción de los conceptos de invalidez relativos y las contestaciones de dichas ampliaciones.
SEXTO. Mediante oficios presentados en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, depositados en la oficina de correos de la localidad el treinta y uno de agosto de dos mil nueve, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos dio contestación al escrito inicial de demanda y a la ampliación de sus conceptos de invalidez y, en cuanto al tema de constitucionalidad de las normas impugnadas, expuso, en síntesis, lo siguiente:
1. Es falso el argumento de la parte actora en donde afirma que no existe regulación o reglamentación para el ingreso de los Magistrados numerarios o supernumerarios en la Constitución del Estado de Morelos, toda vez que el artículo 89 de ésta establece de manera pormenorizada el sustento de conformación del Poder Judicial Estatal, y precisa que debe darse una convocatoria que corresponde darla el órgano político del Congreso; que la designación de Magistrados es por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, y que sólo en caso de los interinos será por la Diputación Permanente; que dichos actos estarán regulados por la Constitución Local (artículos 40, fracción XXXVII, 89 y 90) y en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, normas que han sido declaradas constitucionales por sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia 88/2008. Además, el artículo 90, en sus diversas fracciones, establece los requisitos de ingreso para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y el procedimiento respectivo está regulado por los numerales 110 a 123 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.
El actor demanda del Poder Ejecutivo del Estado, la publicación del Decreto 1503, y aunque este punto no corresponde al Poder Legislativo, debe tenerse en cuenta lo argumentado para decretarlo inoperante. Dentro del mismo punto, el actor argumenta que la designación de los citados Magistrados fue de forma libre y discrecional por el Congreso del Estado, resultando una violación al principio de división de poderes por tratarse de una imposición; sobre esto, la parte actora divaga dolosamente o desconoce totalmente el derecho ya que, como se ha probado, la designación se sustentó en la reforma constitucional local mediante Decreto 824, del Congreso del Estado de Morelos, misma de la que se demandó su invalidez total por el mismo actor, mediante la controversia constitucional 88/2008, y que por sentencia de la Suprema Corte resolvió constitucional en la gran mayoría de sus dispositivos; además, las disposiciones constitucionales federales, locales y las particulares de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado trazaron los procedimientos y formalidades a cumplirse, y que se cumplieron cabalmente, mismos que motivaron y fundamentaron la expedición del Decreto 1569, cuya validez no se puede controvertir por este medio de control constitucional, sino por el juicio de amparo.
2. El actor reitera que no existen en la Constitución Local disposiciones sobre el procedimiento para la designación de Magistrados, e introduce que existe la posibilidad de convocatoria para designar Magistrados, pero que debe estar establecido en la Constitución de la entidad. Debemos puntualizar que el actor no se atreve a señalar que en la Constitución del Estado sí existe la obligación de emitir una convocatoria por el órgano político del Congreso, lo que se lee claramente en el artículo 89, primer párrafo, de la Constitución del Estado de Morelos, así como una serie de disposiciones constitucionales locales que son obligatorias para el proceso de designación de Magistrados, lo que no debe confundirse con términos de administración pública para la evaluación del desempeño de alguien que ejerce el cargo, y no para quien va a asumirlo, en términos del artículo 42, fracción III, de la Constitución del Estado de Morelos.
En ese tenor, resulta infundado el concepto de invalidez aducido, en virtud de que la Constitución Local, en los artículos 40, 89 y 90 en particular, tiene disposiciones sobre el procedimiento de ingreso para Magistrados.
3. El actor precisa que se requiere de un rango de calificación en términos de la fracción VI del artículo 120 «de la Ley Orgánica» para el Congreso del Estado de Morelos. En primer lugar, es la fracción VIII a la que se hace referencia, ya que dispone que la Junta Política y de Gobierno está constreñida a calificar la originalidad, calidad e integridad del ensayo, y podrá investigar las fuentes utilizadas y, en su caso, requerir la presentación de las fuentes utilizadas a los sustentantes, procediendo a desechar los trabajos que presenten irregularidades o no cumplan con las disposiciones que marca la Constitución, la ley o la convocatoria. En este sentido, resulta infundado que se tenga que establecer un rango con calificación mínima para poder acceder a la siguiente etapa en el proceso de designación de Magistrados; ya que como lo indica la fracción VIII, procede una calificación que se muestra cualitativa, al tener que tomar en cuenta la originalidad (revisar que no existan trabajos publicados similares), calidad e integridad (que el ensayo cumple con todas las partes requeridas, sustentado en fuentes bibliográficas y hemerográficas de no más de 5 años, o fuentes electrónicas de solvencia científica). Por lo anterior, no corresponde a la Junta Política y de Gobierno del Congreso ser el inquisidor de los aspirantes, sino tras calificar la integridad de los ensayos, debe revisar que se cumpla con todos los elementos de forma y fondo, y esto es el factor que permite a los aspirantes pasar a la segunda etapa.
4. El actor se queja de que no existe disposición constitucional local para nombrar al consejero del Consejo de la Judicatura Estatal designado por el Poder Legislativo del Estado, lo cual resulta erróneo, ya que esta facultad sí está reglamentada en el artículo 40, fracción XXXV, de la Constitución del Estado de Morelos, y cuarto transitorio del Decreto 824, mismo que fue declarado constitucional en la sentencia de la controversia 88/2008.
5. La publicación del citado Decreto 1503, por parte del Poder Ejecutivo, no violenta el proceso legislativo, ya que es una atribución constitucional y que, en su caso, sería un agravio al Poder Legislativo y no al Tribunal Superior de Justicia.
SÉPTIMO. El gobernador y el secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, mediante escritos presentados el cinco y diecisiete de septiembre de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, dieron contestación a la demanda y a la ampliación de conceptos de invalidez y, en relación a los planteamientos de constitucionalidad, precisaron, en síntesis, lo siguiente:
1. Es infundado el primer concepto de invalidez pues, contrario a lo argumentado por el actor, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 89 de la Constitución Local, se establece el sustento de conformación del Poder Judicial Estatal, asimismo, establece que debe darse una convocatoria por el órgano político del Congreso del Estado de Morelos, y que sólo en caso de los interinos será por la Diputación Permanente, y que dichas normas estarán reguladas por la Constitución Local y en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, normas que han sido declaradas constitucionales por sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 88/2008.
Que es contradictorio que el actor señale que no está fundamentado el procedimiento y que no se cumple la disposición constitucional de que en una ley orgánica se precise el procedimiento, ya que conforme al primer párrafo del artículo 89 de la Constitución Local, es la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la que debe regular este procedimiento previsto en los artículos 110 al 123, los cuales fueron integrados por reformas a la citada Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el diez de julio de dos mil nueve, quedando promulgada ese día, publicada en la Gaceta del Congreso del Estado y, posteriormente, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 4726 del 11 de julio de dos mil nueve.
Por tanto, sobre la invalidez que se demanda del Decreto 1503, que contiene el procedimiento para la designación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, es infundado porque dicho decreto se desprende de la aplicación del artículo 116, fracción III, segundo párrafo, de la Constitución Federal y los artículos 40, fracción XXXVII, 89, párrafos primero, segundo y décimo, y 90, fracción VII, de la Constitución Local; precisando que por cuanto a los numerales 89 y 90 de la Constitución Local, fueron declarados constitucionales con salvedades apuntadas en la sentencia de la controversia constitucional 88/2008, resuelta por este Alto Tribunal.
2. Los conceptos de invalidez planteados por el actor son infundados, pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38 de la Constitución Local y 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; este último ordenamiento y su reglamento, sus reformas y adiciones no pueden ser vetados ni requieren de la promulgación expresa del Ejecutivo Estatal para tener vigencia, además, dichos ordenamientos se refieren a la estructura y funcionamiento interno de esta Asamblea Legislativa, por lo que una vez aprobados por el Pleno Legislativo, no requieren de formalidad adicional alguna para que opere el inicio de su vigencia, si así lo dispone el propio Congreso Estatal.
En el artículo primero transitorio del Decreto 1503, el Congreso del Estado de Morelos determinó que, por tratarse de reformas a su ley orgánica y a su reglamento, entrara en vigor el mismo día de su aprobación.
También se dispuso que se remitiera al Ejecutivo Estatal para que éste procediera a su publicación inmediata para su divulgación, por lo que es evidente que dichas declaraciones tengan efectos de promulgación por parte del Congreso Estatal.
Que en su artículo tercero transitorio se ordenó remitir la reforma al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, ya que en términos del artículo 70, fracción XVII, de la Constitución Política Local, de dicho Poder depende el Periódico Oficial del Estado, como órgano de difusión oficial.
OCTAVO. Mediante diversos oficios de los titulares de los Juzgados Segundo, Tercero y Cuarto de Distrito, así como de los secretarios de los Juzgados Primero y Quinto de Distrito, todos del Estado de Morelos, presentados ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés, veinticuatro y veintiséis de febrero, y uno y tres de marzo, todos de dos mil diez, mediante los cuales dieron cumplimiento al requerimiento ordenado en auto de diecisiete de febrero pasado, al informar sobre la existencia de los diversos juicios de amparo que tienen relación con la presente controversia constitucional (fojas 1204, 1205, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1215, 1216, 1217, 1230, 1233 y 1236 del tomo III del expediente principal).
NOVENO. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el diecisiete de junio de dos mil diez tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO. El asunto fue returnado al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, en virtud de que el Tribunal Pleno, en sesión del cinco de enero de dos mil once, determinó que quedaba adscrito a la ponencia que correspondía al Ministro Juan N. Silva Meza.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial del Estado de Morelos y los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la propia entidad, esto es, entre dos poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus disposiciones generales.
SEGUNDO. Oportunidad. Es oportuna la presentación de la demanda de controversia constitucional y la ampliación de sus conceptos de invalidez, conforme al plazo legal de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma que se impugna, previsto en la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, el Decreto 1503, por el que se reformó la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y su reglamen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23630-fdb01acf/magistrados-numerarios-y-o-supernumerarios-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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