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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE PROPONEN DIVERSOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ CONTRA UNA MISMA NORMA Y EL ESTUDIO DE UNO DE ELLOS NO ALCANZA LA VOTACIÓN SUFICIENTE PARA DECLARAR SU INCONSTITUCIONALIDAD, DEBE DESESTIMARSE LA ACCIÓN ÚNICAMENTE RESPECTO DE ESE PLANTEAMIENTO. INICIATIVA DE REFORMAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MORELOS. NO ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL LOCAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 88/2008. · Registro digital (IUS): 21760
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, , Pág. 2313.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 88/2008. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: MARIO CÉSAR FLORES MUÑOZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día nueve de julio de dos mil nueve.

VISTOS, para resolver los autos de la controversia constitucional número 88/2008; y, RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de julio de dos mil ocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Rosas Pérez, en su carácter de Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, promovió demanda de controversia constitucional en contra del Poder Legislativo del Estado de Morelos y señaló como norma general impugnada la siguiente:

"El Decreto Número ochocientos veinticuatro emitido por la Quincuagésima Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Morelos, en su sesión ordinaria de fecha diecisiete de junio de dos mil ocho mediante el cual se reforma, adiciona y deroga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los que se reseñan a continuación:

1. El nueve de junio de dos mil ocho, se firmó el dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, mismo que fue sometido a la consideración de la H. Asamblea Legislativa de la Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.

2. Con fecha trece de junio de dos mil ocho la Quincuagésima Legislatura dio primera lectura al dictamen con proyecto de decreto.

3. El diecisiete de junio siguiente la Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos aprobó el decreto cuya invalidez se reclama.

4. En el artículo transitorio primero del decreto impugnado se dispuso que, aprobado que fuese por mayoría de los Ayuntamientos que integran el Estado de Morelos, se remitiera al titular del Poder Ejecutivo para los efectos de su promulgación y publicación correspondiente.

5. En el transitorio segundo se dispuso como inicio de vigencia del decreto el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".

6. En fecha primero de julio de dos mil ocho la asamblea plenaria del Congreso del Estado, con apoyo en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tomó acuerdo mediante el cual dispuso que por razón de haberse logrado la aprobación del decreto en términos del artículo 147 de la invocada Constitución Local, se remitiera el mismo al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en términos de lo ordenado en el transitorio primero de dicho decreto.

7. El dieciséis de julio de dos mil ocho se publicó el decreto impugnado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 4627, 6a. Época.

TERCERO. El actor estimó violados los artículos 1o., 14, 16, 17, 49, 116, fracción III, 123, apartado "B" y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo expresó como conceptos de invalidez, en síntesis, los siguientes:

1. Que con la reforma a los artículos 40 y 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como con lo dispuesto en los artículos transitorios cuarto y quinto del decreto impugnado, se violenta el principio de división de poderes previsto por el artículo 49 de la Constitución Federal, en la medida que cambia la integración del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, autorizando la intromisión en la toma de decisiones de ese órgano a un representante del Poder Ejecutivo y uno del Poder Legislativo (que hasta antes no estaba previsto), circunstancia que trastoca los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial.

Así, no puede hablarse de una auténtica división de poderes máxime cuando, como en el caso, la reforma constitucional local no hace la aclaración con respecto a cargo de cuál de los poderes serán pagados o cubiertos los salarios de tales representaciones y no es válido que el Tribunal Superior de Justicia soporte las percepciones de los consejeros asimilados en representación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

2. Que la reforma a los artículos 40, fracción XXXV, y 92, párrafo segundo, parte final, párrafos quinto y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos al igual que los transitorios cuarto y quinto del decreto combatido vulneran los principios de supremacía constitucional, de división de poderes y autonomía e independencia judicial.

Ello obedece a que con el establecimiento de un representante del Poder Legislativo y uno del Poder Ejecutivo en la integración del Consejo de la Judicatura Local, se afectan las facultades de nombramiento, promoción y remoción de los miembros del Poder Judicial, al incidir las determinaciones de aquéllos en la toma de decisiones del citado consejo, lo que coloca a éste en una situación de supeditación o dependencia a aquellos poderes.

Que existe violación a la garantía jurisdiccional de autonomía e independencia consagrada en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, dado que con las reformas impugnadas, el Poder Legislativo del Estado de Morelos absorbe al Poder Judicial por cuanto hace a las funciones de la competencia exclusiva del Consejo de la Judicatura Estatal y, como consecuencia se reúnen dos poderes en uno solo.

3. Que el actuar del Poder Legislativo es descuidado ya que en el artículo 40 de la Constitución Local se establece como facultad del Congreso del Estado la de designar al representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura y dicha facultad también se otorga al órgano político del Congreso tal como se advierte en el artículo 92 de la Constitución Local, donde en la parte que interesa dice: "... y un representante del Poder Legislativo del Estado designado por el órgano político del Congreso ..." sin haberse establecido o aclarado en qué casos procede la particular designación por parte del Congreso del Estado, y en qué casos procede por parte del órgano político del propio Congreso del Estado.

4. Que la designación de representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial no puede considerarse como un acto de colaboración entre poderes, toda vez que aquellas representaciones constituyen una interferencia grave y decisiva en el funcionamiento y decisión del Consejo de la Judicatura al incidir en la toma de decisiones sobre el nombramiento, promoción o indebida remoción de los miembros del Poder Judicial, la inmutabilidad salarial, la carrera judicial o la autonomía en la gestión presupuestal así como en todas aquellas tareas que tiene encomendadas por disposición constitucional y legal el Consejo de la Judicatura contenidas en los artículos 92-A de la Constitución Local y 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Que si se equipara esta cuestión con la integración del Consejo de la Judicatura Federal, la intromisión es por demás evidente, puesto que si en el artículo 100 de la Constitución Federal se estableció la integración del citado consejo con dos consejeros designados por el Senado de la República, y un consejero designado por el presidente de México, se debe advertir que el Constituyente Permanente no incluyó en su integración a ningún representante de la Cámara de Diputados de la Federación la que en todo caso, sería el equivalente al Congreso del Estado de Morelos, de modo tal que no debe aceptarse que dicho Congreso nombre un representante suyo en el Consejo de la Judicatura Local.

Si el Constituyente Permanente hubiese tenido la intención de que en las entidades federativas el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo designaran representantes ante el Poder Judicial, por medio del Consejo de la Judicatura, así lo habría legislado en la fracción III del artículo 116 del Pacto Federal, cosa que no hizo y, por consiguiente, debe considerarse que el Constituyente no tuvo esa intención. Razón por la que deben declararse inválidas las modificaciones efectuadas en la fracción XXXV del artículo 40, así como las reformas a la parte final del párrafo segundo, las reformas del párrafo quinto del artículo 92 de la Constitución Política del Estado de Morelos, así como los artículos transitorios primero, segundo, cuarto y quinto.

5. Que el artículo transitorio quinto del decreto impugnado, al establecer que los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado continuarán en el cargo hasta completar un periodo de seis años contados a partir de su primera designación y que por esta única ocasión, el Consejo de la Judicatura estará integrado por seis miembros, hasta en tanto el representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cumpla con el periodo a que se refiere este artículo, quien dejará en ese momento de formar parte del Consejo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 92 de la reforma; denota que el Poder Legislativo ejerce atribuciones que son competencia del Consejo de la Judicatura ya que se altera el contenido del artículo 92 de la Constitución Local al modificar la integración del Consejo de la Judicatura Estatal para funcionar con seis miembros en lugar de cinco.

No es válido que, agrega, mediante el artículo quinto transitorio se modifique la integración del Consejo de la Judicatura pues aun cuando el cambio sea temporal, surgen consecuencias estructurales y de funcionamiento, máxime que con el funcionamiento temporal de un miembro más del Consejo, se afecta también el presupuesto de dicho órgano, aunado a los problemas de votación que implica su conformación con un número par de elementos, como lo es seis.

6. Que con la nueva integración del Consejo de la Judicatura prevista en el decreto impugnado se afecta de manera retroactiva la independencia y autonomía del Poder Judicial, sobre todo si se toma en cuenta que del título séptimo de la Constitución Política del Estado de Morelos se advierte que en ninguna de sus partes se encuentra previsto que puedan ser removidos los consejeros integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal en los tiempos y forma como pretende el Poder Legislativo, por lo que la forma en que se dispone la nueva conformación del consejo transgrede incluso derechos adquiridos de los actuales consejeros.

Ello es así, en atención a que durante la vigencia de los artículos 90, 92 y 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos así como de los artículos 26, 33, 113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, con anterioridad a la emisión del decreto combatido, se designó como consejeros a Ricardo Rosas Pérez, Virginia Popoca González, Joaquín Magdaleno González y J. Jesús Valencia Valencia por una segunda y última vez con duración de cinco años, el señalado en primer lugar por dos años como consecuencia de su designación como presidente del Tribunal Superior de Justicia actualizándose de manera inmediata y como consecuencia de sus respectivas designaciones perjuicios derivados de la existencia de leyes retroactivas.

7. Que los artículos transitorios sexto y séptimo del decreto impugnado, en que se prevé que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Tribunal de lo Contencioso Administrativo que hayan sido designados para un nuevo periodo, continuarán en su cargo hasta completar ocho años, contados a partir de la fecha en que fueron designados por segunda vez, al término de los cuales les será aplicable lo establecido en el artículo 89, párrafos segundo, sexto y séptimo, sin que en ningún caso puedan ocupar el cargo por más de catorce años, caso en el cual se aplicará el retiro forzoso previsto en el último párrafo del mismo artículo; y que por esta única ocasión los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que hayan cumplido más de catorce años en el cargo, permanecerán en funciones hasta cumplir quince años, contados a partir de la fecha de su primera designación y se les aplicará el retiro forzoso previsto en el artículo 89 de la Constitución Local, debiéndose prever el haber por retiro forzoso en el presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Morelos; afecta el funcionamiento e integración del Tribunal Superior de Justicia que es depositario del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Lo anterior es así, dado que la remoción de los Magistrados numerarios no puede darse en la forma que se pretende, ya que se generan efectos retroactivos perniciosos al privar de derechos adquiridos consagrados en la norma antes de su reforma.

Antes de la entrada en vigor de las reformas reclamadas los Magistrados numerarios ya habían adquirido la inamovilidad de su empleo, pues se les otorgó el nombramiento por el término de seis años, al término del mismo los ratificaron en dicho nombramiento, por lo que es incuestionable que adquirieron la inamovilidad en el cargo de Magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos con el único límite de separarse del cargo encomendado al cumplir setenta años de edad, circunstancia que al momento no se presenta para ninguno de los Magistrados ratificados e inamovibles.

La inamovilidad significa que sólo se puede ser removido por causa expresa fijada en ley y puede ser por una causa de responsabilidad o por alguna condición administrativa en la que ya no se pueda ser relevado del cargo sino sólo mediante un proceso de responsabilidad en el que se pruebe dolo, culpa u omisión grave en los deberes del cargo.

En lo que se refiere a la estabilidad en el cargo, ésta se refiere a la seguridad jurídica para el servidor público jurisdiccional, Magistrado o Juez de que no será separado del cargo dentro del lapso para el que fue designado salvo por ciertas causas.

Las normas combatidas se consideran inconstitucionales no en lo que respecta a la objetividad o falta de la misma en lo que se refiere a los lapsos de catorce o quince años sino en lo que atañe a su ámbito temporal y personal de validez, ya que se vulnera la garantía de independencia judicial en su manifestación de estabilidad en el cargo al comprender en su hipótesis normativa a los sujetos que a la fecha de su inicio de vigencia contaban con nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y tenían menos de catorce o quince años.

8. Que el Magistrado numerario presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia así como del Consejo de la Judicatura Estatal asumió la inamovilidad en el cargo de Magistrado numerario por razón del cumplimiento de una ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, por lo que dicha inamovilidad tiene la calidad de cosa juzgada por lo que sólo se le puede remover del cargo con base en el título séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y no con las reformas y adiciones ni con los transitorios del decreto impugnado, como lo quiere hacer valer el Poder Legislativo demandado.

9. Que la diferencia que se hace con respecto a la separación del cargo de los Magistrados numerarios en cuanto a que, para unos, será al cumplir catorce años en el ejercicio del mismo, y para otros al cumplimiento de quince años, vulnera el principio de igualdad ya que, en ambos casos se tiene la misma calidad de Magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

10. Que los artículos 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos así como el transitorio séptimo del decreto impugnado representan un acto legislativo a través del cual se restringe el periodo de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado además de que se acorta el periodo de la presidencia del Consejo de la Judicatura Estatal, sin la intervención del Pleno de dicho tribunal, cuando que el régimen constitucional local establece que la presidencia del tribunal es un aspecto de incumbencia exclusiva del órgano jurisdiccional designando a uno de sus miembros como presidente del mismo en los términos de la Ley Orgánica, tal y como lo establece el artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Morelos.

La decisión de que exista restricción al periodo de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia así como la derogación de la posibilidad de reelegirse en ese cargo, sin la aprobación del Pleno del tribunal, además de ser retroactivo trae consigo una invasión de poderes por parte del Congreso del Estado afectando la autonomía e independencia para organizarse y funcionar operativamente, lo cual es inconstitucional por transgredir los principios de supremacía constitucional, división de poderes, y autonomía e independencia del Poder Judicial Local.

Asimismo, el contenido del artículo séptimo transitorio del decreto impugnado vulnera el principio constitucional de irretroactividad de la ley al impedir que el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos culmine el periodo de dos años para el que fue electo como presidente del tribunal además de que, con el artículo 89 del decreto impugnado se impide la reelección por más de una vez de cualquier Magistrado numerario que funja como presidente, lo que violenta los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial por invadir la organización y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia.

La exposición de motivos del Poder Legislativo realizada con respecto a las reformas combatidas no se considera obstáculo para las consideraciones que han sido señaladas, a pesar de que en ella se señale que se protege un interés social en el sentido de que debe haber alternancia tanto en el cargo de Magistrado así como en el ejercicio de la presidencia del tribunal respecto a su temporalidad. Los derechos adquiridos por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos con motivo de su elección para ocupar ese cargo fueron dos, la de permanecer en el cargo durante el periodo respectivo, es decir, por dos años, del diecisiete de mayo de dos mil ocho al dieciséis de mayo de dos mil diez, y la posibilidad de que fuera reelecto a la conclusión del periodo señalado.

11. El régimen establecido en las normas vigentes al momento de la designación de los Magistrados numerarios, es decir, previo a las reformas de diecisiete de junio de dos mil ocho, no puede ser modificado en perjuicio de quienes a esa fecha ejercían la función de Magistrados locales, de tal forma que, las reformas que se reclaman como inválidas atentan contra la independencia judicial.

Las normas impugnadas al tener como efecto modificar los derechos adquiridos por Magistrados numerarios por el solo hecho de su designación, se consideran inválidas. El régimen jurídico creado con las reformas impugnadas no puede aplicarse retroactivamente por lo que los Magistrados numerarios deben conservar los derechos adquiridos de ser evaluados al final del periodo de seis años correspondiente a su primer nombramiento, además de que, como resultado de tal evaluación sean ratificados o no en el cargo y en caso de que se les ratifique adquieran inamovilidad.

12. El Poder Legislativo demandado, con las reformas, adiciones y derogación que aprobó en el decreto que se impugna asume una posición totalitaria en la integración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos al reservarse como de su exclusiva competencia la integración de ternas para la designación de los Magistrados de dicho tribunal, el nombramiento de éstos, su evaluación y ratificación excluyendo de estas actividades cualquier participación del Poder Judicial Local en posición de subordinación al Poder Legislativo dependiente de éste en su integración.

Con las modificaciones, adiciones y transitorios que se combaten el Poder Legislativo despoja al Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos de la facultad de integrar ternas de las que en todos los casos el Congreso Estatal nombra a los Magistrados numerarios, supernumerarios e interinos del Tribunal Superior de Justicia, por lo que asume facultades reservadas al Consejo Estatal de organizar estructuralmente el Poder Judicial.

Anterior a las reformas y adiciones que se combaten, la integración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos tenía un sistema "mixto" en el que intervenían los Poderes Legislativo y Judicial en el llamado "acto de colaboración de poderes" y al asumir el Congreso del Estado de manera totalitaria la integración del citado tribunal deja de existir dicho acto de colaboración. Es incuestionable que el Congreso Estatal está ejerciendo su facultad legislativa sin límite alguno vulnerando con ello el principio de división de poderes.

Aunque las normas constitucionales establecen los supuestos de que a cada poder le son otorgadas todas las atribuciones necesarias para ejercer sus funciones, ello no significa que la distribución de aquéllas siga un patrón rígido que sólo atienda a la lógica formal de cada poder.

La división de poderes exige un adecuado equilibrio de fuerzas entre los poderes lo cual se traduce en un régimen de cooperación y coordinación entre ellos a través de un control recíproco lo que evita el abuso en el ejercicio del poder público y garantiza la unidad del Estado para establecer y preservar el Estado de derecho. En el Estado de Morelos el principio de división de poderes opera bajo el sistema de colaboración y coordinación entre los poderes y dicha colaboración no puede llegar al extremo de que un poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en el funcionamiento o decisión del poder con el cual colabora de tal forma que esa interferencia anule, o haga desaparecer el principio de división de poderes.

13. Con los alcances de las reformas y adiciones impugnadas se obliga a que concluya la carrera judicial, desde el punto de vista de la posibilidad de obtener una pensión acorde con el último salario que se obtenía al momento de retirarse por jubilación para quienes hayan desempeñado el cargo de Magistrado; además, se termina con el derecho a la jubilación de que gozaban las personas que han sido servidores del Tribunal Superior de Justicia y al final de su servicio hayan ocupado el cargo de Magistrados.

La decisión a que se constriñe a los Magistrados locales de optar al momento de su retiro entre una pensión de jubilación y un haber de retiro, ni siquiera se puede aplicar a los Magistrados que estuviesen ocupando el cargo después de la vigencia de las normas impugnadas simplemente porque se trata de un derecho constitucional irrenunciable para quienes en su momento reúnan las condiciones exigidas para ello por la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos.

14. Anterior a la emisión de las reformas y adiciones combatidas, así como de los transitorios, se tiene que, el nuevo régimen jurídico previsto para la jubilación o el otorgamiento de un haber de retiro para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, nombrados con anterioridad a la vigencia del nuevo régimen jurídico, no tiene aplicación puesto que, de acuerdo a la teoría de los componentes de la norma, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia nombrados en el cargo con anterioridad a esa vigencia, adquirieron el derecho a jubilarse en los términos previstos por la vigente Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, máxime que la jubilación es un derecho constitucional irrenunciable conforme al artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal.

La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos es de observancia general y obligatoria para el Tribunal Superior de Justicia y los trabajadores a su servicio y los casos no previstos en dicha normatividad se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal.

15. El artículo 8o. de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece que: "Esta ley regirá las relaciones laborales entre los Poderes del Estado o los Municipios con sus trabajadores de base. Los empleados de confianza y los eventuales sólo tendrán los derechos que les sean aplicables de acuerdo con esta ley y la costumbre."

De lo anterior se tiene que, la costumbre ha sido elevada a fuente del derecho por lo que se equipara al principio jurídico de identidad de razón o al contrato de ley en materia laboral que, finalmente tiene la misma génesis por razón de que se trata de la prestación de servicios al Estado por parte de los funcionarios que laboran o han trabajado para el Estado de Morelos.

Así, en el Poder Judicial se otorga la pensión por jubilación la cual tiene el carácter de obligatoria y por tanto no puede ni debe ser modificada por ningún acto legislativo lo que trae como consecuencia que se declare la invalidez de las normas combatidas incluyendo el artículo transitorio octavo.

16. El artículo transitorio octavo del decreto impugnado constituye una invasión de esferas al imponer al Tribunal Superior de Justicia el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación o un haber de retiro reconociendo a los Magistrados los servicios que hayan prestado a diversos poderes o Municipios, lo que se traduce en una afectación del presupuesto de dicho tribunal respecto de las relaciones de trabajo que no se han prestado al Poder Judicial Local, entrometiéndose con ello en la aplicación que debe hacerse al presupuesto del referido tribunal imponiéndole cargas respecto de las que no tiene obligación o responsabilidad.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos tendrá la obligación de reconocer y pagar por los servicios que le hayan prestado, aun cuando ello se traduzca en el pago de una pensión por jubilación pero no por servicios que no se han prestado.

17. Los artículos transitorios primero, segundo y tercero del decreto impugnado obligan al Tribunal Superior de Justicia a aplicar disposiciones que son inconstitucionales imponiéndole el deber de presentar la iniciativa de ley para adecuar la legislación conducente al decreto impugnado, lo cual es inconstitucional de acuerdo con los artículos 17, 49, 116, fracción III y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los artículos transitorios señalados regulan la promulgación y publicación del decreto impugnado así como el inicio de su vigencia teniendo especial importancia que constriñe al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos a la realización de un determinado acto en el plazo de treinta días hábiles, es decir, dentro del ámbito de facultades exclusivas de tal tribunal lo que implica una invasión de esferas competenciales por parte del Poder Legislativo demandado, lo que deja de ser un acto de colaboración para convertirse en un acto mediante el cual el Congreso Estatal subordina al Tribunal Superior imponiéndole una carga legislativa a voluntad del Congreso Estatal y respecto de una materia que no se encuentra dentro del cúmulo de facultades del Poder Legislativo.

Con la imposición de cumplir con la carga legislativa de iniciar leyes o decretos dentro del plazo de treinta días hábiles se somete al Tribunal Superior de Justicia, ya que no participó en el inconstitucional acto de reformas, adiciones y derogación de diversas disposiciones de la Constitución Local, además de que no existe artículo o disposición que obligue en tales términos ni en ese plazo al tribunal como pretende el Congreso Local.

18. El Poder Legislativo está excediendo la esfera de atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en lo que respecta al derecho de iniciar leyes en asuntos relacionados con la organización y funcionamiento de la administración de justicia, lo que se encuentra regulado en el artículo 42 de la Constitución Local, en términos de los principios jurídicos de especialización y distinción de la ley.

La iniciativa de leyes en asuntos relacionados con la organización y funcionamiento de la administración de justicia es facultad exclusiva del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos tal y como lo dispone la fracción III del artículo 42 de la Constitución Local, cuestiones que se ven afectadas e invadidas por el Congreso Estatal demandado con el decreto impugnado. Así, con el decreto que se impugna el Congreso Estatal invade la esfera jurisdiccional constitucional del Tribunal Superior de Justicia.

Al haberse presentado la iniciativa que culminó con el decreto de reformas a la Constitución Local, en la forma en que se hizo y sin la intervención del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, resulta inválido por la pretendida subordinación y sometimiento que han sido señalados.

19. Los diferentes actos que integran el procedimiento legislativo para la creación o modificación de leyes o decretos para el régimen interior del Estado de Morelos como son la iniciativa, discusión y aprobación, en su caso el veto suspensivo, promulgación y publicación se encuentran regulados por las disposiciones contenidas en los artículos 40, 42, 47, 48, 49, 50, 70, 147 y 148 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos.

La función legislativa está encomendada principalmente al Congreso, no es exclusiva de ese poder sino que se ve complementada con actuaciones de los Ayuntamientos y del Ejecutivo en tanto que a este último corresponde entre otras cosas, la promulgación y publicación de las leyes o decretos que expida la legislatura para que surtan sus efectos.

La publicación del decreto impugnado realizada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 4627 de dieciséis de julio de dos mil ocho, se hizo por mandato y firma del Congreso del Estado arrogándose con ello facult

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21760-0fc87fbc/controversia-constitucional-cuando-se-proponen-diversos-conceptos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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