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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO EN CONTRA DE SU EXCLUSIÓN EN LA FORMULACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO REGIONAL Y CONTRA EL DESTINO DE UN PORCENTAJE DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA PARA EL PAGO DE PASIVOS REVELAN UNA AFECTACIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA LA MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA DE AQUÉLLA (ACUERDO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, POR EL CUAL SE ADMITIÓ LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 85/2016). II. RECURSO DE RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS RELATIVOS A LAS CONSECUENCIAS DE UNA POSIBLE SENTENCIA FAVORABLE AL MUNICIPIO ACTOR Y QUE NO ESTÉN DIRIGIDOS A CONTROVERTIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA. (ACUERDO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, POR EL CUAL SE ADMITIÓ LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 85/2016).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 57/2016-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 85/2016. · Registro digital (IUS): 200181
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

RECURSO DE RECLAMACIÓN 57/2016-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 85/2016. 25 DE ENERO DE 2017. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ AUSENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de enero de dos mil diecisiete.

VISTOS para resolver los autos del recurso de reclamación 57/2016-CA, interpuesto por el Gobernador del Estado de Veracruz, en contra del auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el Ministro Instructor en la controversia constitucional 85/2016,(1) el cual admitió a trámite la controversia constitucional intentada; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis,(2) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lorenzo Pozos Itza y Hugo Alberto Tepo Anteo, ostentándose con el carácter de Presidente Municipal y Síndico, respectivamente, del Ayuntamiento de Xico, en el Estado de Veracruz, promovieron controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que se enumeran a continuación:

Autoridades demandadas:

• Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Secretario de Gobierno y Director de la Gaceta Oficial, todos del Estado de Veracruz.

Actos cuya invalidez se reclama:

"(...) Decreto número 899 por el cual se afecta el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal al pago del pasivo circulante proveniente de los adeudos que reconoce el Gobierno del Estado en favor de proveedores y contratistas y que sienta las bases para la creación de dos fideicomisos irrevocables para el cumplimiento de este objeto, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número extraordinario 290, el jueves 21 de julio de 2016, (...)"

SEGUNDO. Turno. Por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la controversia constitucional 85/2016, y que éste se turnara al Ministro Javier Laynez Potisek.(3)

TERCERO. Admisión de la controversia constitucional. Visto el escrito y los anexos de la demanda de controversia constitucional, mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro instructor la admitió a trámite;(4) asimismo tuvo como autoridades demandadas únicamente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, toda vez que el Secretario General de Gobierno y el Director de la Gaceta Oficial de la entidad, son titulares de órganos subordinados al Poder Ejecutivo local; finalmente, dio vista a la Procuradora General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

CUARTO. Acuerdo recurrido. El auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, que textualmente establece:

"Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis.---Con el escrito y anexos de Lorenzo Pozos Itza y Hugo Alberto Tepo Anteo, quienes se ostentan como Presidente y Síndico del Municipio de Xico, Estado de Veracruz, respectivamente, se acuerda lo siguiente:---Los accionantes promueven controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, Secretario de Gobierno y Director de la Gaceta Oficial, todos del Estado de Veracruz, en la que impugnan:---"(...) Decreto número 899 por el cual se afecta el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal al pago del pasivo circulante proveniente de los adeudos que reconoce el Gobierno del Estado en favor de proveedores y contratistas y que sienta las bases para la creación de dos fideicomisos irrevocables para el cumplimiento de este objeto, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número extraordinario 290, el jueves 21 de julio de 2016."---Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, se tiene por presentado únicamente al Síndico del Municipio de Xico, Veracruz, con la personalidad que ostenta, no así al Presidente Municipal, en virtud de que la representación legal de dicho Municipio recae sólo en el Síndico.---Al no advertirse de la lectura integral de la demanda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se admite a trámite, sin perjuicio de los motivos que puedan advertirse en forma fehaciente al momento de dictar sentencia.---Con fundamento en los artículos 4, tercer párrafo, 11, párrafo segundo, 31 y 32, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, se tiene al Municipio actor designando delegados y autorizados, y ofreciendo como pruebas la presuncional, en su doble aspecto legal y humana, la instrumental de actuaciones, así como las documentales que acompaña a su escrito que se relacionarán en la audiencia de ley, con las cuales deberá formarse el cuaderno de pruebas respectivo.---Por otra parte, no ha lugar a tener como domicilio el que indica en el Municipio de Xico, Estado de Veracruz, por virtud de que las partes en estos procedimientos constitucionales están obligadas a designar domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar en donde tiene su sede este Alto Tribunal; en consecuencia, se requiere al Síndico promovente para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale uno en esta ciudad, apercibido que si no cumple con lo anterior, las subsecuentes se le harán por lista, hasta en tanto atienda lo indicado.---Lo anterior, de conformidad con los artículos 297, fracción II, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 1 de la citada ley, así como en la tesis de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS PARTES ESTÁN OBLIGADAS A SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL LUGAR EN QUE TIENE SU SEDE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 305 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA)".---Por otra parte, con fundamento en el artículo 10, fracción II, de la invocada ley reglamentaria, se reconoce el carácter de demandados en este procedimiento constitucional únicamente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, no así al Secretario General de Gobierno y al Director de la Gaceta Oficial de la entidad, ya que se trata de órganos subordinados al Poder Ejecutivo local el cual debe comparecer a juicio por conducto de su representante legal y en su caso, será el obligado a dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de la resolución que se emita en este asunto. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia con rubro: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS.".---En consecuencia, con apoyo en el artículo 26, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, emplácese a las autoridades demandadas con copia simple de la demanda, para que presenten su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído y, al hacerlo, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que, si no lo hacen, las subsecuentes se les harán por lista, hasta en tanto cumplan con lo indicado; en la inteligencia que dado lo voluminoso de los anexos presentados por el Municipio actor, estos quedan a su disposición para su consulta en la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.---En otro orden, con fundamento en los artículos 10, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia, dese vista a la Procuradora General de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifieste lo que a su representación corresponda.---Por otra parte, tomando en cuenta que al existir conexidad entre la presente controversia constitucional y la diversa 83/2016, en tanto que en ambas se solicita la invalidez del mismo Decreto, por economía procesal, se estima innecesario requerir en este asunto las documentales relacionadas con los antecedentes del Decreto legislativo impugnado, por virtud de que ya fueron solicitadas en el expediente señalado, las que se tendrán a la vista al momento de emitir la resolución que corresponda a este asunto.---Respecto de la solicitud formulada por el Municipio actor de que se requiera a la Legislatura local para que atienda la que le formuló mediante oficio sin número de dieciocho de agosto del presente año, relacionada con la expedición de documentación derivada del proceso legislativo del Decreto impugnado; dígasele que deberá estarse a lo acordado en el párrafo precedente, sin perjuicio de que si el Ministro instructor lo estimare pertinente, solicite mayores elementos de prueba a la legislatura local.---En cuanto a la solicitud de suspensión, fórmese el cuaderno incidental respectivo con copia certificada del escrito de demanda y las constancias necesarias para ello.---Finalmente, con fundamento en el artículo 287 del referido Código Federal, hágase la certificación de los días en que transcurren los plazos otorgados a las autoridades mencionadas en este proveído.---Notifíquese---Lo proveyó y firma el Ministro instructor Javier Laynez Potisek, quien actúa con Rubén Jesús Lara Patrón, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe."

QUINTO. Interposición y admisión del recurso de reclamación. Inconforme con ese acuerdo, mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil dieciséis,(5) Javier Duarte Ochoa, con el carácter de Gobernador del Estado de Veracruz, interpuso el presente recurso de reclamación.

Mediante proveído de seis de septiembre de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el presente medio de impugnación, otorgándole a las partes el plazo de cinco días para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.(6)

SEXTO. Agravios. En su escrito de reclamación, el titular del Poder Ejecutivo recurrente expuso, en síntesis, los siguientes agravios:

1. Que el Ministro instructor es omiso en advertir que la controversia constitucional promovida por el Municipio de Xico, Veracruz, no se ajusta a las hipótesis de procedencia contenidas en la ley de la materia.

2. Que la demanda de controversia constitucional que promueve el Municipio actor resulta notoriamente improcedente, en virtud de que el Decreto impugnado de ninguna forma incide sobre las atribuciones que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los Municipios.

3. Que en caso de resultar fundada la controversia constitucional intentada, la hacienda pública del Estado de Veracruz sufriría un daño irreparable, ya que se restringiría la aplicación de una norma particularizada, la cual tiene como finalidad destinar la recaudación de un impuesto para el pago de pasivos adquiridos por la administración pública estatal, derivados del gasto público.

4. Que el Municipio actor no acredita la afectación o invasión a su esfera de competencias, que derive del Decreto impugnado; máxime que no explica si la aludida vulneración se genera a partir de la sola entrada en vigor, aplicación o ejecución de la norma reclamada.

5. Que la parte actora no manifiesta expresamente cómo es que la aplicación del Decreto controvertido se traduce en una afectación, y por lo tanto, la accionante únicamente cuenta con interés simple, el cual resulta insuficiente para acudir a la controversia constitucional; precisando que el Decreto impugnado es una norma heteroaplicativa y que por ende no le afecta con su sola entrada en vigor.

6. Que el recurso por concepto del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, no ingresa de manera directa a las arcas del Municipio actor, sino a un fideicomiso creado para tal situación, por lo que su destinación al pago de pasivos adquiridos por la administración pública estatal, no puede considerarse como una afectación de índole presupuestal; más aún, si dicha disposición no incide directamente en la prestación de los servicios públicos municipales.

7. Que mediante diverso Decreto número 596, publicado el veinte de octubre de dos mil quince, el Congreso del Estado de Veracruz reformó el artículo 105 del Código Financiero de dicha entidad, respecto al impuesto que ha sido señalado, para quedar establecido de la siguiente forma:

"Artículo 105. La recaudación total, proveniente del impuesto a que se refiere este capítulo, se destinará:

a) Como base de garantía líquida en el otorgamiento de créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas;

b) Para el financiamiento de obra pública;

c) Para inversión de capital en materia de protección civil;

d) Para el pago de deuda pública; y

e) Para saneamiento financiero."

Por lo tanto, si el propio accionante no realizó ninguna impugnación respecto del aludido Decreto, en el cual se reconoció que la legislatura estatal está facultada para fijar el destino del recurso recaudado por concepto del referido impuesto, se reconoce también que no existe una afectación real y concreta a la esfera del ayuntamiento impetrante, por lo que la presente controversia debe carecer de litis, y debe declararse el sobreseimiento.

8. Que es prerrogativa del legislativo local, establecer las bases para reconocer y mandar pagar los adeudos contraídos por el ejecutivo local, así como señalar los fondos con que deberán pagarse.

Por lo tanto, es el Congreso del Estado de Veracruz el órgano que deberá establecer el monto de los impuestos y su finalidad, facultades que no le corresponden a los Municipios de la entidad.

Apoya lo anterior en las siguientes tesis de jurisprudencia: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN"; "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA DISPOSICIONES GENERALES QUE CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE HABITEN EN SU TERRITORIO, SI NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ESFERA DE ATRIBUCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS LES CONFIERE"; "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE"; "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO"; "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ÓRGANOS ESTATALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR MOTIVOS DE MERA LEGALIDAD Y NO POR UN PROBLEMA DE INVASIÓN DE ESFERAS, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE LLEVA A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA"; y, "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE ACTOS DIRIGIDOS A UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SÓLO SI AFECTAN SU ESFERA DE ATRIBUCIONES".

SÉPTIMO. Radicación en la Primera Sala. Una vez transcurrido el plazo legal otorgado a las partes a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el presente asunto, únicamente se recibió, en tiempo y forma, el escrito de manifestaciones por parte del delegado del Congreso del Estado de Veracruz, quien se limitó a adherirse a las consideraciones vertidas en vía de agravios por el recurrente.(7)

Así, por auto de catorce de octubre de dos mil dieciséis, el Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó que ésta se avocara al conocimiento del presente asunto, así como su devolución al Ministro Ponente para la elaboración del proyecto correspondiente.(8)

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción V y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Segundo, fracción I y Tercero, del Acuerdo General Plenario 5/2013, toda vez que se interpone en contra de un auto por el que se admitió a trámite la controversia constitucional 85/2016, siendo innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de reclamación se presentó dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia,(9) de conformidad con lo siguiente:

I. El acuerdo de admisión de la controversia constitucional, que constituye el objeto de la presente reclamación, fue notificado por oficio a la parte recurrente el viernes veintiséis de agosto de dos mil dieciséis.(10)

II. La notificación surtió efectos el día hábil siguiente, esto fue el lunes veintinueve de agosto de dos mil dieciséis.

III. El plazo de cinco días señalado por el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para interponer el recurso de reclamación transcurrió del martes treinta de agosto, al lunes cinco de septiembre de dos mil dieciséis, excluyendo del cómputo los días tres y cuatro de septiembre de dos mil dieciséis, por tratarse de sábados y domingos, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° fracción II de la Ley de la materia.

IV. El escrito de reclamación fue presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el lunes cinco de septiembre de dos mil dieciséis; consecuentemente su presentación resulta oportuna.

TERCERO. Legitimación. Quien interpuso el recurso de reclamación se encuentra legitimado para ello, en términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional, toda vez que se trata del Gobernador del Estado de Veracruz, autoridad demandada en la controversia constitucional 85/2016, de la cual deriva el presente recurso de reclamación.

Asimismo, en términos del artículo 49 fracción XVIII, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,(11) es atribución del Gobernador representar al Estado para efectos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal.

CUARTO. Procedencia. El artículo 51 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(12) establece las hipótesis de procedencia del recurso de reclamación, mismas que atienden a la finalidad de dicho medio de impugnación, consistente en que las partes, ante una determinación que dicte el Ministro instructor o el Ministro Presidente de este Alto Tribunal, y que pudiera trascender al propio trámite, o a la sentencia definitiva que al efecto se dicte, cuenten con el medio de defensa para combatirlo. Destacando que el aludido numeral, establece que en estos juicios procederá el recurso de reclamación, entre otros supuestos, contra aquellos autos que admitan una demanda de controversia constitucional.

En la especie, debe tenerse en consideración que, mediante el auto impugnado, el Ministro instructor admitió la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Municipio de Xico, Veracruz.

Por lo anterior, el presente recurso de reclamación es procedente, al ubicarse en el supuesto que prevé la fracción I del aludido artículo 51, ya que se interpuso en contra del auto en el que se admite la demanda en vía de controversia constitucional.

QUINTO. Estudio de fondo. Acto continuo, procede analizar los agravios planteados por la recurrente, para lo cual, al ser tendientes a demostrar la improcedencia de la demanda que en vía de controversia constitucional admitió el Ministro instructor, debe atenderse primeramente a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(13) que dispone que el Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.

De dicho numeral se advierte que el Ministro instructor podrá desechar la demanda de controversia constitucional por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que además se reafirma en la tesis de jurisprudencia P./J.9/98 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE".(14)

Debiéndose entender por manifiesto lo que se advierte en forma clara y patente de la lectura de la demanda y sus anexos, así como de los escritos aclaratorios; y, por indudable, que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, sin que se requiera de otros elementos de juicio que lleven a concluir diversa convicción, de modo tal que la fase probatoria se haga innecesaria.

Lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial plenaria P./J.128/2001, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA".(15)

Además es importante señalar que, como las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse de oficio, es necesario que éstas queden probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones, ya que para efectos del desechamiento de una demanda, debe tenerse la certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable.

Esto, en atención a que por sus propias características, el auto inicial, tiene el carácter de una apreciación preliminar de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos, pues en este Estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, ya que el emitir un pronunciamiento de fondo traería como consecuencia que no se actualizara la hipótesis del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la materia.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 42/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN EL ACUERDO QUE ADMITE O DESECHA LA DEMANDA, POR SER DE MERO TRÁMITE, NO ES POSIBLE DETERMINAR CUESTIONES RELATIVAS AL FONDO DEL ASUNTO".(16)

Una vez establecida la facultad del Ministro instructor para admitir o desechar una demanda que en vía de controversia constitucional se hace valer, por advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se procede al análisis de lo manifestado por la parte actora en su escrito de agravios.

En principio, el recurrente considera que es incorrecta la determinación del Ministro instructor, en tanto que el Municipio actor no tiene interés legítimo para impugnar a través de la controversia constitucional los actos reclamados, ya que con ellos no se configura una afectación o invasión a su esfera de competencias, pues es facultad exclusiva de los congresos locales fijar los gastos públicos y decretar las contribuciones con que deban ser cubiertos, además de aprobar el presupuesto de egresos.

Respecto al interés legítimo para promover una controversia constitucional, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que necesariamente implica una afectación que las entidades, poderes u órganos referidos en la fracción I del artículo 105 constitucional, resienten en su esfera de atribuciones en razón de su especial situación frente al acto que consideran lesivo.(17) Así, el interés legítimo se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada es susceptible de causar un perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve, en razón de la situación de hecho en que se encuentra, la cual necesariamente debe estar tutelada legalmente para que pueda demandarse su estricta observancia, ello en términos de la jurisprudencia número P./J. 83/2001(18) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA".

Adicionalmente, este Alto Tribunal ha explicado que cuando la norma impugnada no afecta en modo alguno el ámbito de atribuciones de la entidad actora, la vía es claramente improcedente; sin embargo, si la decisión sobre la afectación de la norma está o puede estar relacionada con el estudio de fondo de la controversia constitucional, ésta puede ser procedente.(19) Lo anterior tiene como base la tesis de jurisprudencia número P./J. 50/2004,(20) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE ACREDITARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN".

Así, el criterio de interés legítimo en controversia constitucional que actualmente sostiene esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, parte del reconocimiento de que este medio de control constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal; por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105 fracción I, de la citada Norma Fundamental cuenten con interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de afectación.

De este modo, para que pueda considerarse como causa de improcedencia manifiesta e indudable la falta de interés legítimo, es menester que del análisis de la demanda y sus anexos se advierta en forma clara y patente que la norma o el acto cuya invalidez se demande no sea susceptible de generar un principio de afectación directa o indirecta en la esfera de competencia y atribuciones del ente, poder u órgano actor.

Es decir, la falta de interés legítimo como causa de desechamiento de una demanda no debe dejar duda en cuanto a la improcedencia de la vía, lo que acontece cuando la inviabilidad de la acción resulta evidente porque la norma impugnada no afecta en modo alguno el ámbito de atribuciones de la entidad actora, sin que haya necesidad de estudiar el fondo del asunto.

Ahora bien, en la especie no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé lugar al desechamiento de la controversia constitucional de origen, pues se advierte un principio de afectación de las atribuciones del Municipio actor.

El Municipio accionante reclama la invalidez del "Decreto número 899 por el cual se afecta el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal al pago del pasivo circulante proveniente de los adeudos que reconoce el Gobierno del Estado en favor de proveedores y contratistas y que sienta las bases para la creación de dos fideicomisos irrevocables para el cumplimiento de este objeto", publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número extraordinario 290, el jueves veintiuno de julio de dos mil dieciséis.

En los argumentos que sustentan su demanda de controversia constitucional, de los cuales se desprende el principio de afectación, el Municipio actor estima, en síntesis, que el acto cuya invalidez se demanda resulta violatorio de los principios contenidos en los artículos 14, 25, 31 fracción IV, 115 fracción V, 116 fracción II, 117 fracción VIII y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que:

a) Invade la competencia prevista en materia de desarrollo regional, pues se le excluye del órgano que toma las decisiones sobre el destino y aplicación de la recaudación del impuesto previsto, sin haber sido consultado, por lo que se le priva de la garantía de audiencia.

b) Afecta su esfera de intereses, en razón de que desde la creación del impuesto sobre nómina, los ayuntamientos de la entidad, además de contribuyentes, tienen el carácter de beneficiarios, por lo que al destinar un porcentaje del impuesto que la municipalidad actora entera, para el pago de pasivos circulantes provenientes de los adeudos con proveedores y contratistas que el Gobierno del Estado ha contraído, se ven lesionadas sus finanzas.

c) Obstaculiza el destino de recursos para la ejecución de obra pública, toda vez que no existe una cláusula que limite la extensión temporal de la destinación del porcentaje de los recursos recaudados por concepto de impuesto a la nómina. Esto es, el Decreto impugnado únicamente prevé que se destinarán los aludidos recursos, al menos, hasta el año dos mil veinte, lo cual permitiría que los montos de recaudación incrementen y se prolonguen, extendiendo la afectación al capital del Municipio actor.

En ese orden de ideas, en el caso se advierte un principio de afectación en la esfera de competencia y atribuciones del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200181-896ec5c9/i-controversia-constitucional-la-promovida-por-un-municipio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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