I. RECURSO DE RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE PRESUMIRSE LA LEGITIMACIÓN DEL JEFE DELEGACIONAL PARA INTERPONERLO SI LA REPRESENTACIÓN DE LAS DELEGACIONES NO ESTÁ CONTEMPLADA EN ALGUNA NORMA GENERAL Y NO EXISTE EN EL EXPEDIENTE PRUEBA EN CONTRARIO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERVENIR EN ÉSTA RECONOCIDA A LAS ENTIDADES, PODERES Y ÓRGANOS EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES INSUFICIENTE PARA QUE SE ADMITA Y SE ANALICEN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, SIENDO NECESARIO, ADEMÁS, QUE ACREDITEN LA AFECTACIÓN A SU INTERÉS LEGÍTIMO (ACUERDO DE DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA PROMOVIDA POR EL JEFE DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN CONTRA DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI LA ATRIBUCIÓN QUE LA PARTE ACTORA ESTIMA TRANSGREDIDA NO SE ENCUENTRA EXPRESAMENTE ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERA NI EN EL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SU ESTUDIO ESCAPA DEL CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL MATERIA DE AQUÉLLA (ACUERDO DE DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA PROMOVIDA POR EL JEFE DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN CONTRA DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE LEGITIMACIÓN DE UNA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL PARA IMPUGNAR VIOLACIONES A LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE ESA ENTIDAD POLÍTICA (ACUERDO DE DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA PROMOVIDA POR EL JEFE DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN CONTRA DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 39/2016-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 73/2016. DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. 1 DE FEBRERO DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: MANUEL POBLETE RÍOS.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al uno de febrero de dos mil diecisiete.
V I S T O S; Y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación del recurso de reclamación. Por escrito recibido el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pablo Moctezuma Barragán en su carácter de Jefe Delegacional de Azcapotzalco, Ciudad de México, promovió recurso de reclamación en contra del acuerdo de dos de agosto de dos mil dieciséis, dentro de la Controversia Constitucional 73/2016, mediante el cual, el Ministro instructor desechó por notoriamente improcedente la controversia constitucional.
SEGUNDO. Acuerdo recurrido. El acuerdo materia de este recurso es del tenor siguiente
"Ciudad de México, a dos de agosto de dos mil dieciséis.
Visto el escrito y anexo de Pablo Moctezuma Barragán, quien se ostenta como Jefe Delegacional en Azcapotzalco, Ciudad de México, mediante el cual promueve controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo de esa entidad, en la que impugna el "[...]'Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal', publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 96 bis, de la Décima Novena Época, en fecha diecisiete de junio del año dos mil dieciséis.", es de proveerse lo siguiente.
De conformidad con el artículo 11, párrafos primero y segundo , de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1 de la ley reglamentaria de la materia, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y designando delegados.
Ahora bien, de la revisión integral de la demanda y su anexo, se arriba a la conclusión que procede desechar la controversia constitucional promovida, atento a las consideraciones que se desarrollan a continuación.
Conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor está facultado para desechar de plano un medio de control de constitucionalidad como el que ahora se analiza si advierte que en él se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que se corrobora con la jurisprudencia que se cita a continuación:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."
En relación con lo anterior, de la simple lectura de la demanda y su anexo, es posible advertir que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII , de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso i) , de la Constitución Federal, debido a que el promovente carece de interés legítimo para intentar este medio de control constitucional.
Al respecto, resulta pertinente precisar, por principio de cuentas, que la improcedencia de una controversia constitucional puede derivar de alguna disposición de la ley reglamentaria de la materia, lo cual permite considerar no sólo los supuestos que de manera específica prevé su artículo 19, sino también los que puedan derivar del conjunto de normas que la integran y de las bases constitucionales que la rigen, siendo aplicable a este respecto la tesis de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
Por su parte, conviene tener presente que el criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el interés legítimo en controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I , de la citada Norma Fundamental tengan interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados se origine, cuando menos, un principio de agravio.
En ese sentido se pronunció la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los recursos de reclamación 28/2011-CA, 30/2011-CA, y 31/2011-CA, fallados los días ocho y quince de junio de dos mil once, en tanto que la Segunda Sala de este Alto Tribunal resolvió en el mismo sentido el recurso de reclamación 51/2012-CA, en sesión de siete de noviembre de dos mil doce, y el Tribunal Pleno lo hizo al resolver el dieciséis de agosto de dos mil once, el recurso de reclamación 36/2011-CA.
De este modo, el hecho de que la Constitución Federal reconozca en su artículo 105, fracción I, la posibilidad de iniciar una controversia constitucional cuando alguna de las entidades, poderes u órganos originarios del Estado estime que se ha vulnerado su esfera de atribuciones, es insuficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis de constitucionalidad de las normas o actos impugnados desvinculado del ámbito competencial del actor.
Por tanto, si un ente legitimado promueve este medio de control constitucional contra una norma o acto que sea ajeno a su esfera de facultades reconocidas en la Norma Fundamental, con la única finalidad de preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales conferidas a otros órganos del Estado, carecerá de interés legítimo para intentarlo, pues no existirá un principio de agravio, el cual esté forzosamente vinculado con aquel.
Así, si bien es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación puede revisar la constitucionalidad de actos y normas emitidos por autoridades del Estado a través de este medio de control constitucional, para hacerlo, está siempre supeditada a que exista un principio de agravio a la esfera competencial del actor pues, de no ser así, se desnaturalizaría la función de este medio impugnativo permitiéndose la revisión de un acto que de ningún modo afectaría la esfera de atribuciones del promovente, tuteladas en la Constitución Federal.
Precisado lo anterior, debe destacarse que el promovente aduce como concepto de invalidez lo siguiente:
"ÚNICO.- EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL MODIFICAR EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ILEGALMENTE RESTRINGE LAS FACULTADES CONFERIDAS AL JEFE DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO, INCURRIENDO EN SU ACTUAR EN UNA TRANSGRESIÓN AL ORDEN CONSTITUCIONAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 122 DE NUESTRA CARTA MAGNA.
Lo anterior es así, pues tal y como queda debidamente acreditado con la respectiva publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, al Jefe Delegacional del Órgano Político Administrativo en Azcapotzalco la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le confirió la facultad legal de verificar que los requisitos de cualquier manifestación de construcción se hayan satisfecho, PREVIO a realizar el correspondiente registro.
No obstante lo anterior, mediante la publicación del 'Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal', el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, anula la facultad conferida a los Jefes Delegacionales y pretende que el registro de las manifestaciones de construcción se lleven a cabo sin verificar previo al registro que se hayan cumplido con todos los requisitos legales.
En tal sentido, en virtud de que EL TITULAR DEL EJECUTIVO LOCAL NO PUEDE ABROGAR, DEROGAR O MODIFICAR FACULTADES CONFERIDAS AL JEFE DELEGACIONAL EN UNA LEY EXPEDIDA POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, resulta inconcuso que el 'Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal' deviene en inconstitucional.
Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de manera clara y precisa establece una división de poderes, confiriendo a la Asamblea Legislativa la facultad de legislar, mientras que el Jefe de Gobierno carece de dicha atribución, por lo cual, con el multicitado decreto, el titular del Ejecutivo local transgrede atribuciones del Órgano Legislativo en completo perjuicio del Órgano Político Administrativo en Azcapotzalco."
Ahora bien, de la transcripción se advierte que el actor acude a este medio de control constitucional a solicitar la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal pues, en su concepto, el Jefe de Gobierno, al modificar el citado reglamento, ilegalmente restringe facultades que le corresponden por ley al Jefe Delegacional de Azcapotzalco, toda vez que dicha modificación se expidió transgrediendo las atribuciones conferidas a la Asamblea Legislativa en el artículo 122 de la Constitución Federal, ya que el Poder Ejecutivo local no se encuentra facultado para abrogar, derogar o modificar lo dispuesto en una ley expedida por el órgano legislativo de la entidad.
Lo dicho en el párrafo precedente pone de relieve que, en el escrito inicial respecto del cual se provee, el promovente hace valer argumentos encaminados a evidenciar la invasión de competencias que corresponden a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y, por el contrario, nada dice en torno a que la actuación del Jefe de Gobierno y el Decreto combatido afecten la esfera de atribuciones que la Constitución Federal le atribuyen a la citada delegación.
En ese sentido, los términos en los que el promovente hace valer su impugnación no arrojan un principio de agravio en relación con el ámbito competencial que la norma fundamental le atribuye y, por ende, no cuenta con interés para acudir a este Alto Tribunal a intentar este medio de control constitucional que, en todo caso, como se indicó previamente, tendría que ir encaminado a defender la regularidad constitucional en el ejercicio de sus atribuciones y no a las previstas a favor de cualquier otra autoridad.
De la impugnación hecha valer resulta evidente que el actor no demuestra una vulneración a su ámbito competencial asignado por la Constitución Federal, ya que la atribución que aduce el Jefe Delegacional que se transgrede, se encuentra prevista en el artículo 8 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es decir se trata de una atribución otorgada mediante ley.
En efecto, el actor aduce que el artículo 8 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal faculta a los Jefes Delegacionales para recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro que la manifestación de construcción cumpla con los requisitos previstos y se proponga respecto de suelo urbano; atribución que, en concepto del promovente, fue anulada con el decreto expedido por el Jefe de Gobierno.
Así las cosas, para acreditar el interés legítimo necesario para la procedencia de una controversia constitucional, se requiere que la facultad de un órgano originario del Estado esté prevista en la Constitución Federal, para que de ese modo, se pueda hacer un contraste entre la norma o acto que se aduce transgresor y la propia norma fundamental.
Si en la especie, la atribución supuestamente vulnerada, está contenida en una ley, y la norma transgresora está en un reglamento, entonces resulta inconcuso que no se actualiza el agravio requerido para acreditar una afectación en el ámbito de facultades constitucionalmente asignado al órgano actor, lo que implicaría un control de constitucionalidad, pues atendiendo a lo impugnado y los términos en que se plantea, únicamente se verificaría la regularidad del reglamento en relación con la ley, lo que implicaría en todo caso, un control de legalidad.
En consecuencia, dado que no se acredita un principio de agravio relacionado con una facultad prevista en la Constitución Federal, es evidente que la delegación carece de interés legítimo en los términos que sobre este concepto ha considerado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para que se actualizara un principio de agravio en el presente caso tendría que presentarse uno de los siguientes supuestos:
a) Que la vulneración de legalidad afectara la atribución constitucional del órgano actor, lo que no sucede en el caso ya que la atribución corresponde, en palabras del propio actor, al órgano legislativo correspondiente;
b) Que la atribución se encontrara directamente asignada al actor en la Constitución Federal, supuesto que tampoco se actualiza ya que la competencia que se alega vulnerada, se encuentra prevista en un ordenamiento legal.
En consecuencia, la presente demanda debe desecharse de plano, al ser manifiesto e indudable que no existe un principio de agravio en relación con el ámbito competencial constitucionalmente asignado al actor lo que, en la especie, actualiza el supuesto de improcedencia contenido en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con la fracción I, inciso i), del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por las razones expuestas, se acuerda:
PRIMERO. Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por Pablo Moctezuma Barragán, quien se ostenta como Jefe Delegacional en Azcapotzalco, Ciudad de México.
SEGUNDO. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando delegados.
TERCERO. Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido".
TERCERO. Agravios. En contra del desechamiento de la controversia constitucional, la recurrente adujo en síntesis los siguientes agravios.
Contrario a lo que se sostiene en el acuerdo recurrido la controversia constitucional sí es procedente, ya que las facultades de los Órganos Políticos-Administrativos en la Ciudad de México se encuentran conferidas en el artículo 122, apartado C, Base Tercera, fracción II de la Constitución Federal, así como en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno.
Resulta evidente que la facultad del Jefe Delegacional en Azcapotzalco de otorgar o revocar el registro de una manifestación a partir de la cual pueden iniciarse trabajos de construcción en un determinado predio, se encuentra conferida en el Estatuto de Gobierno y por lo tanto cualquier transgresión a dicha facultad vulnera a su vez el artículo 122 constitucional.
Por otro lado, la exigencia del Ministro Instructor en cuanto a que los titulares de los Órganos Político - Administrativos deben tener expresamente conferidas sus facultades en la Constitución Federal, resulta por demás inadecuada, pues la finalidad de la controversia constitucional es determinar si en el caso concreto existe transgresión de las facultades del jefe delegacional; resulta aplicable al respecto la tesis de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES IMPUGNADAS POR UNA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL TIENE EFECTOS RELATIVOS A LAS PARTES EN LA CONTROVERSIA".
El hecho de que se exija para admitir la controversia constitucional acreditar el interés legítimo, equivale a imponer una carga procesal al accionante que ningún ordenamiento legal establece, en este sentido, contrario a lo afirmado por el Ministro Instructor no se considera que se actualice la causal prevista en el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria en relación con el artículo 105, fracción I de la Constitución Federal.
CUARTO. Admisión del recurso de reclamación. En acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de reclamación, al que correspondió el número 39/2016-CA; asimismo, ordenó dar vista a la Procuradora General de la República para que manifestara lo que a su derecho conviniera.
QUINTO. Pedimento. La Procuradora General de la República no formuló pedimento.
SEXTO. Designación del Ministro Ponente y avocamiento. Una vez integrado el expediente, por acuerdo de veintidós de septiembre de dieciséis(1) se ordenó remitirlo para su radicación y resolución a la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que se encuentra adscrito el Ministro José Fernando Franco González Salas, designado como ponente en este asunto.
Mediante acuerdo de veintiocho de septiembre siguiente,(2) la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de reclamación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 10, fracción I y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con los puntos segundo, fracción I, contrario sensu y tercero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.(5)
SEGUNDO. Procedencia. El recurso de reclamación es procedente, conforme a lo dispuesto en los artículos 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) pues se interpuso en contra del auto de dos de agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual se acordó desechar de plano la controversia constitucional.
TERCERO. Oportunidad. El recurso de reclamación fue presentado oportunamente. El acuerdo recurrido se notificó el dieciséis de agosto de dos mi dieciséis (como consta a foja 35 del expediente), la notificación surtió efectos el miércoles diecisiete del mismo mes, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, fracción I, de la ley reglamentaria en la materia,(7) por lo que el plazo de cinco días previsto en el artículo 52 de la ley reglamentaria para interponer el recurso de reclamación transcurrió del jueves dieciocho al miércoles veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, sin tomar en cuenta los días veinte y veintiuno de agosto por ser sábado y domingo, conforme a lo dispuesto por los artículos 2 y 3, fracción II, del mismo ordenamiento,(8) en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(9)
Si el recurso de reclamación se interpuso en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis (como consta a foja 13 vuelta del expediente), debe considerarse que su presentación se realizó de manera oportuna.
CUARTO. Legitimación. El recurso de reclamación fue interpuesto por parte legitimada, toda vez que se presentó por Pablo Moctezuma Barragán, quien se ostentó como Jefe de la Delegación Azcapotzalco y acreditó ese carácter con copia certificada de la Constancia de mayoría de Jefe Delegacional, expedida por el Instituto Electoral del Distrito Federal, el once de junio de dos mil quince (foja veintiséis del expediente).
Ahora bien, del análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, se advierte que no contemplan quién tiene la representación de los órganos político-administrativos, denominados genéricamente Delegaciones.
Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia,(10) debe presumirse que quien promueve el recurso de reclamación en controversia constitucional cuenta con la capacidad para ello, al no existir en el expediente prueba en contrario.
En consecuencia, toda vez que en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia se presume que el Jefe Delegacional de la Delegación de Azcapotzalco tiene la representación de dicho ente, y tomando en consideración que, las Delegaciones están comprendidas dentro de los órganos de gobierno del Distrito Federal a que alude el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal, para intervenir en controversias constitucionales, debe concluirse que la Delegación actora está legitimada para promover en esta vía.
No pasa inadvertido que mediante decreto publicado el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de modificar la naturaleza del entonces Distrito Federal -el cual pasó a ser una entidad federativa- y de sus delegaciones, las cuales con motivo de la reforma en cita serán sustituidas por Alcaldías, derogándose el inciso k) de la fracción I del artículo 105; sin embargo, al respecto deben tomarse en cuenta los artículos Segundo y Cuarto transitorios de la reforma,(11) pues en los mismos se establece que las normas de la Constitución y los ordenamientos legales aplicables al Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del Decreto, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que los sustituyan.
En este sentido, en relación con las Alcaldías, se menciona que las normas relativas se aplicarán a partir del proceso electoral para la elección constitucional del 2018, por lo que la normativa aplicable a las Delegaciones debe entenderse vigente hasta tal momento.
QUINTO. Fondo. En sus agravios la recurrente aduce, en esencia, que:
a) Contrario a lo afirmado por el Ministro instructor la emisión del Decreto por el que se Reforman y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal afecta sus atribuciones conferidas en el artículo122, apartado C, Base Tercera, fracción II de la Constitución Federal, así como en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno.
b) Por otro lado, afirma que no se actualiza ninguna causal de improcedencia contemplada en el artículo 19 de la ley reglamentaria en la materia y que en ningún ordenamiento constitucional o legal se exige que el actor deba demostrar interés legítimo en el asunto.
c) Por último, sostiene que las reformas al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal implican la intromisión del Poder Ejecutivo en las Atribuciones de la Asamblea Legislativa.
Para dar respuesta a los agravios en cita, resulta necesario precisar que el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"ARTÍCULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
I. Contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
II. Contra normas generales o actos en materia electoral;
III. Contra normas generales o actos que sean materia de una controversia pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez;
IV. Contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otra controversia, o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez, en los casos a que se refiere el artículo 105, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto;
VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21, y
VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley.
En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio".
Como se ve, el numeral citado prevé las causales de improcedencia que pueden actualizarse en las controversias constitucionales. En sus primeras VII fracciones enuncia de manera expresa diversas causas que llevan a la improcedencia de las controversias, mientras que en la fracción VIII establece que dicho medio de control constitucional también será improcedente sí así se advierte de alguna otra disposición de la propia ley.
Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la disposición contenida en la fracción VIII del numeral en comento permite que la improcedencia del juicio resulte no solamente de alguna otra norma legal, sino también constitucional, e incluso de un conjunto de disposiciones de esos cuerpos normativos, por ser éstos los que delinean su objeto y fines; sin que sea necesario que la causa de improcedencia se encuentre expresa y específicamente consignada como tal en alguna parte de esos ordenamientos.
Ello se advierte de las tesis aislada y jurisprudencial P. LXIX/2004 y P./J. 32/2008, de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA Y SE VINCULE CON UNA DISPOSICIÓN EXPRESA Y ESPECÍFICA AL RESPECTO EN ESE ORDENAMIENTO JURÍDICO"(12) y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".(13)
En el auto aquí recurrido, el Ministro Instructor consideró que la controversia constitucional planteada era improcedente de conformidad con el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el 105, fracción I, de la Constitución Federal, porque el promovente carecía de interés legítimo.
En este contexto resulta conveniente tener presente que del precepto constitucional citado se advierte que la controversia constitucional es un medio de regularidad disponible para los Poderes, órdenes jurídicos y órganos constitucionales autónomos, el cual tiene como objetivo que dichos entes puedan combatir normas y actos por estimarlos inconstitucionales; sin embargo, atento a su teleología, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado también que no toda violación constitucional puede analizarse en esta vía, sino sólo las relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláusula federal, delimitando el universo de posibles conflictos a los que versen sobre la invasión, vulneración o simplemente afectación a las esferas competenciales trazadas desde el texto constitucional.
Ahora bien, en la aplicación del criterio referido debe considerarse que, en diversos precedentes,(14) este Alto Tribunal ha adoptado un entendimiento amplio del principio de afectación, y ha establecido que para acreditar esta última es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de agravio en perjuicio del actor, el cual puede derivar no sólo de la invasión competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las garantías institucionales previstas en su favor, o bien, de otro tipo de prerrogativas como las relativas a cuestiones presupuestales.
No obstante lo anterior, a pesar de la amplia concepción del principio de afectación, debe precisarse que dicha amplitud siempre se ha entendido en el contexto de afectaciones a los ámbitos competenciales de los órganos primarios del Estado, lo que ha dado lugar a identificar como hipótesis de improcedencia de la controversia constitucional las relativas a cuando las partes aleguen exclusivamente violaciones:
1. A cláusulas sustantivas, diversas a las competenciales; y/o,
2. De estricta legalidad, esto es, cuando no se hagan valer argumentos relacionados con violación a atribuciones establecidas en la constitución, sino en otro tipo de ordenamientos secundarios.
Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 42/2015 (10a.), titulada "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRIN
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200222-5e8cc2dd/i-recurso-de-reclamacion-en-controversia-constitucional-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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