I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN IMPUGNADA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL LESIONAR SU INDEPENDENCIA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 316/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 27 DE JUNIO DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, EMITIÓ SU VOTO EN CONTRA DE CONSIDERACIONES. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de junio de dos mil dieciocho.
VISTOS, para resolver el expediente de la controversia constitucional identificada al rubro; y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Demanda. Por escrito recibido el once de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, en representación del Poder Judicial de dicha entidad federativa, promovió controversia constitucional en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del Secretario de Gobierno, todos de ese mismo Estado, de quienes demandó la invalidez del Decreto número dos mil doscientos treinta y dos publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5544, el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a ********** con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos.
SEGUNDO. Antecedentes. Los narrados en la demanda son los siguientes:
1. El aspecto financiero y presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos, no ha sido modificado de manera progresiva a fin de ser acorde con las necesidades reales, sino que el contraste del presupuesto partiendo desde el año dos mil trece en que se asignaron recursos del orden de $451,559,000.00 (cuatrocientos cincuenta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.M.), con los recursos otorgados para el ejercicio en curso de $451,559,000.00 (cuatrocientos cincuenta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.M.) lo que corrobora que el monto del presupuesto de egresos ha sido igual para el ejercicio de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, más no así el número de pensiones concedidas, que éstas sí han ido en considerable aumento.
2. Mediante oficio número CJE/2675/2016 de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se solicitó a la Legislatura del Estado de Morelos, se autorizara una ampliación presupuestal por la cantidad de $56,000,000.00 (cincuenta y seis millones de pesos 00/100 m.n.) a la partida de jubilaciones y pensiones, en virtud de que desde el ejercicio dos mil trece a dos mil diecisiete, no se habían autorizado de manera exponencial las jubilaciones con cargo al Poder Judicial. Sin embargo, hasta la presente fecha la legislatura local ha sido omisa en dar respuesta a dicha petición.
3. Durante los ejercicios de dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, no existió incremento presupuestal al Poder Judicial, lo cual se demuestra con los ejemplares del Periódico Oficial Tierra y Libertad correspondientes, siendo pertinente resaltar que incluso para los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis hubo una reducción al presupuesto de este Poder por parte del Congreso del Estado de Morelos.
4. Mediante oficio números CJE/5510/2015 y CJE/MMCVCL/2154/2016 de fechas uno de septiembre de dos mil quince y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, suscritos los dos primeros por la otrora Presidenta del Poder Judicial del Estado de Morelos y el último por la suscrita, donde se envió a la Legislatura del Estado de Morelos, los anteproyectos de presupuestos de los años dos mil catorce, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, se solicitó se autorizara un incremento presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que tal Poder Legislativo hubiera autorizado los mismos.
5. A través del oficio CJEM/MCVCL/2194/2016, se remitió el anteproyecto de presupuestos de egresos y programa operativo anual del Tribunal Superior de Justicia para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. El monto solicitado ascendió a la cantidad de $763,835,357.00 (setecientos sesenta y tres millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta y siete pesos 00/100 m.n.), requerido para hacer frente a las necesidades de operación y obligaciones de pago.
6. El presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado de Morelos, aun cuando esta autoridad consideró el incremento en el rubro de las pensiones jubilatorias, no fue autorizado ni asignado conforme se solicitó y la diversa autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, al emitir los decretos en los cuales aprueba las pensiones, se ciñe a decir que son con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin asignar el erario correspondiente, que permita hacer frente a las crecientes pensiones y a los incrementos de las mismas. De ahí que, el Poder Legislativo se entromete en las finanzas de este Poder, al señalar que debe darse el aumento a la pensión en función del salario mínimo, cuando en esa proporción no se aumentó el presupuesto; ello impone una carga de erogar un gasto respecto del cual no ha recibido el ingreso del recurso.
7. Primer decreto.
El tres de mayo de dos mil diecisiete se publicó el decreto mil setecientos cuarenta y uno, en el periódico oficial de la entidad número 5494, en que el Poder Legislativo local determinó otorgar una pensión por jubilación a ********** a razón del 60% de su último salario con cargo al presupuesto del Poder Judicial de la entidad.
8. Medios de impugnación promovidos en contra del primer decreto.
Inconformes, el Poder Judicial y trabajador impugnaron el citado decreto mediante controversia constitucional y amparo indirecto, respectivamente. Para estar en aptitud de resolver la materia de esta controversia conviene traer a cuenta algunos aspectos procesales de tales asuntos.
8.1. Amparo indirecto.
La demanda se presentó el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, que se registró con número de expediente ********** del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, admitió a trámite la demanda y solicitó rendir informe justificado a las que tuvo como autoridades responsables:
• Congreso del Estado del Estado Libre y Soberano de Morelos.
• Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos.
• Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.
• Secretario de Gobierno del Estado de Morelos.
• Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".
Por sentencia emitida el veintiséis de junio de dos mil diecisiete concedió el amparo para efecto de que el Congreso del Estado de Morelos: a) dejara sin efectos el decreto impugnado; b) en su lugar, emitiera otro en el que equipara el porcentaje del monto de la pensión de jubilación del trabajador quejoso al que recibiría una mujer (70%), por los mismos años de servicio.
Apuntó "[no es óbice a lo anterior, que] (...) tal ordenamiento no se trat[e] de un acuerdo de interés general o de una disposición legislativa de observancia general, ya que únicamente establece derechos a favor del aquí quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado por [la] sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus derechos violados (...)."
En proveído de catorce de julio de dos mil diecisiete la sentencia causó ejecutoria; y solicitó su cumplimentación al Poder Legislativo. Lo cual se notificó al Congreso del Estado el tres de agosto de dos mil diecisiete.
En cumplimiento a esa ejecutoria el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, fue publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5544 el decreto número dos mil doscientos treinta y dos a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a **********, a razón del 70% de su último salario con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos. Acto cuya invalidez de impugna en el asunto que nos ocupa.
8.2. Controversia constitucional anterior.
Paralelamente, el Poder Judicial del Estado de Morelos presentó demanda de controversia constitucional en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de junio de dos mil diecisiete. Posteriormente, se registró con el número **********; se admitió a trámite y tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, les requirió contestar a la demanda y, a los dos primeros, exhibir documentos relacionadas con el decreto impugnado.
Consecutivamente, se tuvo a las autoridades demandadas dando contestación a la demanda y desahogando el requerimiento formulado; previa notificación, se tuvo al Procurador absteniéndose de emitir opinión; y, substanciado el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución en la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Finalmente, el asunto se resolvió por la Primera Sala, bajo la ponencia del Ministro Cossío Díaz, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete; en el sentido de declarar la invalidez del decreto impugnado, ya que el Poder Legislativo determinó conceder una pensión por jubilación, con cargo al presupuesto del Poder Judicial, lo que resulta contrario al artículo 116 de la Constitución Federal que establece la facultad del Poder Judicial de administrar, manejar y aplicar su presupuesto.
La invalidez decretada surtió efectos una vez notificados los puntos resolutivos al Poder Legislativo del Estado de Morelos y dejó a salvo los derechos del trabajador para reclamar el pago de la pensión ante la autoridad y en la vía que correspondiera.
Se exhortó tanto al Congreso local como al Poder Judicial actor, para que en el marco de sus respectivas competencias y a la brevedad, realicen acciones tendentes a determinar el pago de la pensión correspondiente por jubilación solicitada por el trabajador; y al Congreso local a revisar su sistema legal de pago de pensiones a efecto de que establezca uno que no resulte transgresor de la autonomía de otros poderes o de otros órdenes normativos.
TERCERO. Preceptos constitucionales señalados como violados y conceptos de invalidez. El actor señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; asimismo, planteó los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.
CUARTO. Trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de once de diciembre de dos mil diecisiete,(1) el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 316/2017; asimismo, designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.
Posteriormente, en proveído de doce del propio mes y año,(2) el Ministro Instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados y ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como al Secretario de Gobierno de la citada entidad; y finalmente ordenó dar vista al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
QUINTO. Contestación a la demanda del Poder Legislativo. Por escrito recibido el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos(3) formuló la contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo del Estado.
En el escrito de contestación expuso argumentos para sostener la validez del decreto impugnado, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo. Así mismo, manifestó la imposibilidad material para cumplir con el requerimiento solicitado.
Con la contestación se exhibieron copias certificadas de diversas documentales públicas y se ofreció la presuncional e instrumental de actuaciones.
SEXTO. Contestación a la demanda. Poder Ejecutivo y del Secretario de Gobierno. Por escritos recibidos el uno de marzo de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) el Secretario de Gobierno del Estado de Morelos por sí mismo, así como el Consejero Jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo, dieron contestación a la demanda.
En ellas, sostuvieron esencialmente iguales argumentos en relación con la validez del decreto impugnado, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.
Con las contestaciones, se exhibieron diversas pruebas documentales públicas, y ofrecieron también la presuncional y la instrumental de actuaciones.
SÉPTIMO. Por contestada la demanda y señalamiento de fecha para la celebración de audiencia. Por autos de uno y cinco de marzo de dos mil dieciocho, el Ministro Instructor tuvo por recibidos los oficios y anexos presentados por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, contestada la demanda, señalado el elemento para mejor proveer y la imposibilidad material para desahogar el requerimiento previamente formulado; por cuanto a los correspondientes al Encargado de Despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador y del Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, y el de este último por sí mismo, por acreditada la personería para actuar en el presente asunto; por contestada la demanda, y además, por designados sus respectivos delegados; por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Al Poder Ejecutivo desahogando el requerimiento al exhibir el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado donde se publicó el decreto impugnado; por ofrecidas las pruebas que acompañó a su escrito; se dio vista al actor y al Procurador General de la República, señalándose lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
OCTAVO. Opinión del Procurador General de la República. El Procurador General de la República no formuló opinión en el presente asunto.
NOVENO. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veintiséis de abril de dos mil dieciocho se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos de los artículos 32 y 34 de la propia ley, se hizo relación de constancias, se tuvieron por exhibidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO. Returno del expediente y avocamiento en la Segunda Sala. Previo el dictamen de mérito, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.
Consecuente con ello, el tres de mayo de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, así como que el expediente se remitiera al ponente para el dictado del proyecto correspondiente.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Ejecutivo(5) y Legislativo del Estado de Morelos, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Precisión de la litis. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) se precisa que en el presente caso se demandó la invalidez de:
El decreto número dos mil doscientos treinta y dos publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad número 5544 de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo indirecto ********** del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, el Poder Legislativo de Morelos determina abrogar el diverso decreto mil setecientos cuarenta y uno; y, otorgar pensión por jubilación a **********, al 70% de su último salario con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos.
TERCERO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente.
El artículo 21, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia(7) señala que el plazo para promover controversias constitucionales en contra de actos será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos, mientras que para impugnar normas generales el plazo será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada, o del día siguiente al en que se produzca su primer acto de aplicación.
• Oportunidad respecto del decreto dos mil doscientos treinta y dos.
En relación con el Decreto mencionado se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", esto es, el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha diversa.
En este orden de ideas, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del jueves veintiséis de octubre de dos mil diecisiete al martes doce de diciembre siguiente.
Ello en el entendido que de conformidad con los artículos 2 y 3, fracción II de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional,(8) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(9) y con el punto primero, incisos a), b), h), y n), del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(10) en el cómputo citado deben descontarse los siguientes días inhábiles: veintiocho y veintinueve de octubre de dos mil diecisiete; uno, dos, tres, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre; asimismo el dos, tres, nueve y diez de diciembre siguiente.
En estas condiciones, si la demanda se presentó el once de diciembre de dos mil diecisiete, su presentación resulta oportuna.
CUARTO. Legitimación activa. María del Carmen Verónica Cuevas López, en su carácter de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal del Estado de Morelos,(11) se presume que está legitimada para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, primer párrafo de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional,(12) y 34 y 35, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(13) así como en términos de la jurisprudencia P./J. 38/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL".(14)
Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales, y en lo que atañe en específico al Poder Judicial de Morelos, corresponde al Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todas las controversias o litigios en que dicho ente público sea parte.
QUINTO. Legitimación pasiva. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del Decreto impugnado; así como de las disposiciones cuya constitucionalidad se cuestiona.
Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero de la Ley reglamentaria, de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandado la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
A nombre del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece la diputada Beatriz Vicera Alatriste, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva, quien acreditó su personalidad con la copia certificada del acta de sesión ordinaria de doce de octubre de dos mil dieciséis,(15) y cuyas atribuciones para representar en juicio a dicho órgano legislativo están previstas en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(16)
En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acudió al juicio el Encargado de Despacho de la Consejería Jurídica, representante del Gobernador de la entidad, quien acreditó su personalidad con copia certificada del Periódico Oficial del Estado de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, en el que se publicó su nombramiento,(17) cuyas atribuciones para representar al Poder Ejecutivo de la entidad se prevén en el artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(18) en relación con los numerales 74 de la Constitución Política, 15 de la citada ley orgánica y 24 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica, todos del Estado de Morelos, así como con el "Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos", publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 11 de junio de 2015.
La Secretaría de Gobierno local fue representada por su titular, Ángel Colín López, quien justificó tal carácter con un ejemplar del Periódico Oficial del Estado de tres de enero de dos mil dieciocho, en el que se publicó su nombramiento.(19)
Al respecto cabe destacar que los artículos 76 de la Constitución Política del Estado de Morelos(20) y 21, fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado(21) facultan al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos para refrendar y publicar las leyes o decretos que promulgue el Ejecutivo del Estado.
Conforme a lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les imputan los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes y órganos.
SEXTO. Causales de improcedencia. Enseguida se analizarán las causas de improcedencia y/o de sobreseimiento hechas valer por las partes y las que se adviertan de oficio, al ser de estudio preferente.
Las autoridades demandadas adujeron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de la materia,(22) porque el Poder Judicial actor carece de interés legítimo para impugnar el Decreto de otorgamiento de pensión en cuestión, ya que a su parecer, éste no provoca afectación alguna en su esfera de competencia.
Debe desestimarse dicha causa de improcedencia porque la determinación de la afectación que genera a la parte actora la expedición del Decreto por el cual se otorga una pensión a favor de un trabajador, es una cuestión que involucra el estudio del fondo del asunto, por lo que no puede ser motivo de análisis en este considerando.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 92/99,(23) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE".
Por otra parte, las autoridades demandadas hicieron valer como causa de improcedencia que el acto impugnado se emitió por un órgano jurisdiccional y en cumplimiento de una resolución jurisdiccional, lo cual a su parecer constituye un motivo manifiesto de inejercitabilidad.
A fin de estudiar el planteamiento de improcedencia es pertinente traer a contexto lo establecido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P.J. 77/98 y la tesis LXX/2004, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR ACTOS DERIVADOS DE RESOLUCIONES DICTADAS EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO."(24) y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS ACTOS REALIZADOS EN SU EJECUCIÓN."(25)
De ahí que se está en el caso de actos relativos a una resolución jurisdiccional, o bien, si se trata de algún supuesto de excepción a la regla.
a) Si aquel cuya invalidez se demanda se dictó por autoridad jurisdiccional.
b) Si le es atribuible.
c) Si se emitió en su cumplimiento.
Lo anterior admite excepciones en los supuestos siguientes:
a) Si la determinación cuya invalidez se impugna, materia de la controversia, se emitió en libertad de jurisdicción, en pretendido, ejercicio de facultades propias.
b) En el cumplimiento el órgano accionante advierte datos de invasión a la esfera competencial que defiende en aras de preservar su ámbito de facultades.
Partiendo de ello, para el caso que nos ocupa, se tiene como hecho notorio que el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos,(26) dictó sentencia en el juicio de amparo indirecto **********, en la que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso **********, para que el Poder Legislativo del Estado de Morelos dejara sin efectos el decreto mil setecientos cuarenta y uno; y, en su lugar emitiera otro en el que equiparara el porcentaje del monto de la pensión de jubilación del trabajador al que recibiría una mujer (70%), por los mismos años de servicio.
Derivado de lo anterior, la Legislatura local emitió el nuevo acto legislativo consistente en el Decreto dos mil doscientos treinta y dos, mediante el cual abrogó el anterior decreto y entró al estudio de la solicitud de pensión, para resolver que el trabajador quejoso tiene derecho a una pensión de jubilación equiparada al porcentaje del monto que recibiría una mujer (70%), por los mismos años de servicio; otorgó pensión por jubilación al trabajador, disponiendo que fuera cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a su partida presupuestal destinada para pensiones. Decreto que constituye el acto tildado de inválido en la presente controversia.
Así que, en principio, dicho acto impugnado no fue emitido por una autoridad jurisdiccional, por tanto, no es una resolución jurisdiccional. Por otro lado, como consecuencia de la ejecutoria de amparo **********, se dejó insubsistente el decreto anterior, y se dispuso el derecho del trabajador, a que la pensión de jubilación se equipara al porcentaje del monto que recibiría una mujer (70%), por los mismos años de servicio; por su parte, el órgano legislativo, con libertad ejercicio dispuso el otorgamiento de la pensión, y su pago a cargo de la partida presupuestal del Poder Judicial de la entidad, sin que ello fuese materia de la concesión y por ende tampoco del cumplimiento de la ejecutoria.
Tal determinación, de pensión y su fuente de pago que constituyen el acto cuya invalidez se reclama en la especie; sobre lo cual, debe decirse que se trata de un nuevo acto legislativo, al haberse abrogado el anterior decreto en que se había concedido pensión al solicitante por el 60% de su último salario.
Por tanto, esta Sala considera que en el caso concreto se actualiza la hipótesis de excepción que hace procedente la controversia constitucional, por presunta invasión de esferas competenciales del Poder Judicial del Estado y que hace valer en su demanda, bajo la perspectiva de que se está disponiendo de su presupuesto.
En el contexto apuntado, no obsta lo manifestado por las autoridades demandadas sobre la diversa controversia constitucional **********, en que la Primera Sala de este Alto Tribunal en sesión de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, declaró la invalidez total del decreto mil setecientos cuarent
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200299-3e3b2d3d/i-controversia-constitucional-autonomia-del-poder-judicial-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN Q (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN Q (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN Q (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN Q (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS. EL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN LXIV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE DICHA ENTIDAD, AL DETERMINAR QUE CORRESPONDE AL MUNICI (XVIII.C.2 L (10a.))
- INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO O DE LA (2a./J. 149/2017 (10a.))
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN PENSIONADO CONTRA EL MONTO DE LAS AMORTIZACIONES Y LA NEGATIVA A CONCEDERLE UNA PRÓRROGA PARA EL PAGO DE UN (III.7o.A.27 A (10a.))
- PRÉSTAMOS PERSONALES OTORGADOS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA ACCIÓN PROMOVIDA POR ÉSTE CONTRA EL ACREDITADO PARA OBTENER SU (V.3o.C.T.14 C (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis