I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. II. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO 1728, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO 1728, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO Y AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA QUE DETERMINEN EL PAGO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO 1728, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE REVISE SU SISTEMA LEGAL DE PAGO DE PENSIONES Y ESTABLEZCA UNO QUE NO TRANSGREDA LA AUTONOMÍA DE OTROS PODERES U ÓRDENES NORMATIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO 1728, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 193/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 22 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 193/2017 y, resultando que por oficio presentado el quince de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien se ostentó con el carácter de presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en la que demandó:
"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. Tienen el carácter de demandados.
"a) El Congreso del Estado de Morelos. Con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Legislativo, ubicado en la calle Mariano Matamoros, de la colonia Centro en el Municipio de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos.
"b) El titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.
"c) El secretario de Gobierno del mismo Poder Ejecutivo de Morelos.
"Las autoridades señaladas en los incisos b) y c), tienen sus respectivos domicilios en la sede del Poder Ejecutivo denominado ‘Casa Morelos’, en la calla de Galeana, de la colonia Centro, en el Municipio de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos.
"...
"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como el medio oficial en que se hubieran publicado
"1. Se reclama la invalidez por sí y por vicios propios del decreto número mil setecientos veintiocho publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5494, de fecha 3 de mayo de 2017, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación al C. Cristóbal Ortiz García con cargo a la inexistente partida presupuestal destinada para pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos.
"V. Los preceptos constitucionales que se estimen violados:
"Los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos."
I. Antecedentes
1. Mediante oficio CJE/2675/2016, de nueve de mayo de dos mil dieciséis el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos solicitó al Poder Legislativo Local autorizara la ampliación presupuestal por $56'000,000.00 (cincuenta y seis millones de pesos 00/100 M.N.) a la partida de jubilaciones y pensiones, en virtud de que desde el ejercicio dos mil trece y hasta el de dos mil dieciséis no había sido autorizado incremento alguno en este rubro, pese al incremento de jubilaciones con cargo al Poder Judicial del Estado.
2. En términos de los oficios CJE/5510/2015 y CJE/MMCVCL/2154/2016, de uno de septiembre de dos mil quince, y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, suscritos por la otrora y actual presidentas del Poder Judicial del Estado de Morelos, respectivamente, en los que se envió a la Legislatura del Estado de Morelos los anteproyectos de presupuesto de los años 2016 y 2017, en los que se solicitó un incremento presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que dicho Poder Legislativo los hubiera autorizado.
3. El tres de mayo de dos mil diecisiete, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5494 el Decreto 1728 ("el decreto"), a través del cual el Poder Legislativo Estatal determinó otorgar pensión por jubilación a Cristóbal Ortiz García con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos y de su hacienda pública en los términos siguientes:
"Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ‘Tierra y Libertad’.—La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.—Poder Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos a sus habitantes sabed: Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente: La Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
"CONSIDERACIONES
"I. En fecha 04 de octubre del 2016, el C. Cristóbal Ortiz García, por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso i), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos.
"II. Que al tenor del artículo 56, de la Ley del Servicio Civil vigente en la entidad, la pensión por Jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.
"III. Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. Cristóbal Ortiz García, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 22 años, 27 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: auxiliar de intendencia supernumerario, adscrito al Juzgado Menor Demarcación Seis, con residencia en Amacuzac, Morelos, del 15 de abril de 1994, al 22 de febrero de 1995; auxiliar de intendencia base, adscrito al Juzgado Menor Demarcación Seis, con residencia en Amacuzac, Morelos, del 23 de febrero de 1995, al 15 de enero de 1998; auxiliar de intendencia base, adscrito al Juzgado Mixto de Puente de Ixtla, Morelos, del 16 de enero de 1998, al 31 de enero de 1999 y del 01 de agosto de 1999, al 17 de noviembre de 2010; temporal e interinamente auxiliar de intendencia, adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, del 10 de diciembre de 2010, al 08 de junio de 2011; temporal e interinamente auxiliar de intendencia, adscrito al Juzgado Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado, del 09 de junio de 2011, al 18 de abril de 2013; temporal e interinamente auxiliar de intendencia, adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado, con sede en Puente de Ixtla, Morelos, del 19 de abril de 2013, al 31 de mayo de 2015; auxiliar de intendencia, adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Judicial, con sede en Puente de Ixtla, Morelos, del 01 de junio de 2015, al 05 de diciembre de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado.
"Por lo anteriormente expuesto, esta LIII Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: Decreto Número Mil Setecientos Veintiocho por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Cristóbal Ortiz García.
"‘Artículo 1o. Se concede pensión por Jubilación al C. Cristóbal Ortiz García, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: auxiliar de intendencia, adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Judicial, con sede en Puente de Ixtla, Morelos.’. ‘Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 60% del último salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.’
"Artículo 3o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.’
"Disposiciones transitorias
"‘Primera. Remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 y 70, fracciones XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.’
"‘Segunda. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial «Tierra y Libertad», órgano de difusión del Gobierno del Estado.’
"Recinto legislativo, en sesión ordinaria a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.
"Atentamente. Los CC. Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Beatriz Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. Edwin Brito Brito. Secretario. Rúbricas. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil diecisiete.
"‘Sufragio efectivo. No reelección’ Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, secretario de Gobierno M.C. Matías Quiroz Medina rúbricas."
II. Conceptos de invalidez
4. La parte actora esgrimió tres conceptos de invalidez, a través de los cuales manifestó las consideraciones que se sintetizan a continuación.
Primer concepto de invalidez
a) Se vulneran los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, porque con el decreto, el Poder Legislativo Local transgrede los principios de fundamentación y motivación en el caso de relaciones interinstitucionales en las que la actuación o determinación de una autoridad se basa en una norma legal que le otorgue facultades y que la conducta de ésta acredite la existencia de los antecedentes fácticos y circunstancias de hecho que permitan colegir que se actuó en determinado sentido.
También transgrede la prohibición de que se reúnan dos o más Poderes de los Estados de la Federación en una sola persona o corporación y obliga a los destinatarios al respeto del principio de división de poderes, de modo que ninguno pueda ejercer todo el Poder Estatal en su propio interés e, igualmente, viola el principio de congruencia presupuestal al que se encuentran sujetos los Poderes Judiciales, correspondiendo de forma exclusiva a éste la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos sin injerencia externa, en términos del numeral 92-A, fracción VI, de la Constitución Local.
Asimismo, se viola el principio de autonomía de la gestión presupuestal, que constituye una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia y, por ende, regir las relaciones laborales con sus trabajadores con base en las leyes locales, determinando que los trabajadores burocráticos, como son aquéllos al servicio de los Poderes del Estado de Morelos, tienen derecho a que el patrón les reconozca y otorgue como parte de sus prestaciones la pensión o jubilación, siempre que se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, siempre que esté comprendido en el presupuesto respectivo.
b) El Decreto 1728, es inconstitucional en tanto otorga una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial Local sin proveer la ampliación del presupuesto en la medida de lo necesario para cubrir la pensión por jubilación, en términos del decreto en mención, resultando con tal decreto afectado el presupuesto del Poder Judicial y, por ende, vulnerados los principios de división de poderes, autonomía e independencia.
c) El decreto transgrede el principio de división de poderes y de autonomía de la gestión presupuestal que tutelan los artículos 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el ente de gobierno califica y se entromete en las relaciones laborales del Poder Judicial y sus trabajadores, al determinar que debía otorgarse la pensión por jubilación a Cristóbal Ortiz García con cargo a su presupuesto y sin verificar la suficiencia de los recursos presupuestales ni el impacto en las arcas del Poder Judicial, con lo que el Poder Legislativo dispone de forma anárquica y arbitraria de la hacienda del Poder Judicial al imponerle, fuera de toda previsión o planificación gubernamental y sin su autorización e intervención, el pago de la pensión referida una vez que la trabajadora, se separara de sus labores y erigiéndose como resolutor cuando el trabajador goce de dos o más pensiones.
d) La emisión del decreto violenta lo previsto en el numeral 16 constitucional, en términos de las jurisprudencias P./J. 50/2000 y P./J. 109/2005, de rubros: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO PUEDEN ALEGAR INFRACCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN E IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.", la fundamentación se satisface con la existencia de una norma legal que atribuya a determinada autoridad facultades para actuar en un sentido determinado, cuya actuación deberá ceñirse estrictamente a las directrices establecidas en ley, mientras que la motivación se colma cuando se refiere a la existencia comprobada de hechos que permitan establecer que es procedente la aplicación de una norma, para justificar la actuación de la autoridad.
e) La actuación del Congreso del Estado de Morelos, se aparta del principio de autonomía de la gestión presupuestal, pues corresponde al Poder Judicial Local evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos para que un trabajador de dicho poder se beneficie con alguna de las pensiones que menciona la ley con cargo a su hacienda pública, en tanto implica el deber de erogar un recurso no previsto y que no prevé el decreto impugnado.
f) La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 35/2000, determinó que la autonomía de gestión presupuestal viene a ser una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia y sin la cual se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores, por ser una circunstancia que condiciona la independencia judicial, la autonomía de la gestión presupuestal debe sumarse a la remuneración adecuada y que no podrá ser disminuida, carrera judicial e inamovilidad de los juzgadores, como principios fundamentales.
g) Por otra parte, los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos facultan al Congreso del Estado de Morelos para determinar los casos en que procede otorgar la pensión a los servidores judiciales e, incluso, determinar su cuantía; sin embargo, si bien corresponde a las Legislaturas Locales emitir las leyes necesarias para regular las relaciones de trabajo entre los poderes y sus trabajadores en términos de los artículos 116 y 123 constitucionales, sin que de ello se deduzca que también corresponderá a los Congresos Estatales otorgarlas, pues con ello dicho poder estaría invadiendo la esfera competencial del Poder Judicial que es a quien corresponde otorgar la pensión por tratarse de sus trabajadores. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 101/2000, de rubro: "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Segundo concepto de invalidez
a) El decreto impugnado y los artículos 24, fracción XV, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 al 68 de ese mismo ordenamiento por extensión, son inconstitucionales al facultar al Poder Legislativo Local a expedir un decreto en el que se concede una pensión por jubilación y obliga al Poder Judicial Local a pagar las prestaciones laborales a que tiene derecho la trabajadora y el pago de la pensión jubilatoria con cargo al actual presupuesto, sin que tal Legislatura haya dotado de recursos adicionales al poder actor para enfrentar los pagos correspondientes, lo que viola el principio de división de poderes.
b) En términos del artículo 49 constitucional, está prohibida la reunión de dos o más poderes de los Estados en una sola persona o corporación; es decir, obliga a los destinatarios a respetar el principio de división de poderes, de modo tal que ninguno pueda ejercer todo el poder estatal en su propio interés, lo cual también se relaciona con las garantías de independencia y autonomía, en términos de los criterios P./J. 80/2004, "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS." y P./J. 83/2004 "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES."
c) En términos de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de división de poderes en detrimento del Poder Judicial Local se violenta si: i) en cumplimiento de una norma o de manera libre, se actualiza una conducta imputable a los otros dos poderes; ii) la conducta implica una intromisión si uno de los poderes realiza actos que coloquen al Poder Judicial en un Estado de dependencia o de subordinación con respecto a él; iii) que la intromisión, dependencia o subordinación verse sobre cualquier aspecto relacionado con el nombramiento, promoción e indebida remoción de los miembros del Poder Judicial; la inmutabilidad salarial; la carrera judicial y la autonomía en la gestión presupuestal. Esto, con apoyo de la jurisprudencia P./J. 81/2004, "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS."
d) Con base en los principios referidos, el Decreto 1728 a través del cual se concede a Cristóbal Ortiz García una pensión por jubilación que debía cubrir el Poder Judicial Estatal es inconstitucional, toda vez que el Poder Legislativo del Estado de Morelos pretende ordenar el pago de dicha prestación sin haber proporcionado los recursos económicos para realizar ese pago; máxime que desde dos mil trece, se ha solicitado el aumento de presupuesto al Congreso Estatal sin haber dado respuesta ni acordado favorablemente esta petición, lo que se corrobora con el monto presupuestal de egresos que ha sido igual en los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, no obstante que el número de pensiones concedidas han ido en considerable aumento, como se señala:
Ver número de pensiones concedidas
De lo anterior se advierte que el costo estimado del personal jubilado existente al cierre del año 2016 (321 trabajadores) asciende a $96'364,847.00 (noventa y seis millones trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) lo que evidencia la subordinación a la cual se encuentra sujeto el Poder Judicial, pues no obstante haber solicitado incremento a su presupuesto, el Congreso Local no lo ha hecho y, por tanto, con la emisión del decreto impugnado se merman sus finanzas ante el deber de cubrir a la trabajadora el pago de la pensión, decretada durante el tiempo que dure la presente controversia. De ahí que, se solicite declarar la invalidez del decreto impugnado, al vulnerar la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos, en los términos de la jurisprudencia P./J. 83/2004, "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES."
e) De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 56, 57, apartado A, fracción I, inciso d), 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil de la referida entidad federativa, se desprende que es facultad del Congreso Estatal emitir leyes, acuerdos o decretos; que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso Estatal deberá estudiar y dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y sus Municipios, así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de dicho derecho; que el Congreso está facultado para expedir los decretos de pensiones en favor de los trabajadores de los diversos Poderes Estatales. Sin embargo, realizar dichos actos con cargo al erario del Poder Judicial del Estado de Morelos se traduce en una invasión a su esfera competencial.
Tercer concepto de invalidez
a) El artículo 3o. del decreto cuya invalidez se demanda, vulnera en perjuicio del poder actor lo previsto en los numerales 16, 116, fracción III y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 131 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en relación con los principios de seguridad jurídica, división de poderes, autonomía e independencia judicial, la prohibición de realizar pago alguno no contemplado en el presupuesto de egresos y el ejercicio eficiente de los recursos para satisfacer los objetivos a que están destinados.
b) Si bien el Estado tiene la obligación de cubrir el derecho mínimo a la seguridad social que comprende, entre otras prestaciones, la pensión por jubilación, lo cierto es que para cubrirla es necesario que el presupuesto que se asigne a los entes de gobierno sea suficiente para poder cumplir con dicha obligación. En este sentido, el Poder Legislativo demandado viola el principio de seguridad jurídica al indicar en el artículo 3o. del decreto impugnado que "el monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos", porque dentro del presupuesto de egresos se considera el incremento salarial, pero éste no va en función de lo que se determine para el salario mínimo sino en función de lo que se determine en el presupuesto autorizado, por lo que si ello no se contempla, genera que el incremento ordenado por el Poder Legislativo en el decreto impugnado se haga nugatorio.
c) Al determinarse que el salario del trabajador pensionista debe aumentarse, el Poder Legislativo viola los derechos del Poder Judicial actor, por lo que el Decreto 1728, es contrario al Texto Constitucional en tanto el Poder Legislativo ha concedido pensiones que, en suma y sin la designación de la partida presupuestal correspondiente, generan inestabilidad financiera en el Poder Judicial Estatal y que, por ende, se traducen en una violación a los principios de certeza jurídica, división de poderes y autonomía e independencia de la gestión presupuestal, al disponer de forma arbitraria sobre el aumento automático del importe de la pensión en relación con el incremento porcentual del salario mínimo pero sin establecer de forma automática, también, la transferencia de recursos financieros en la misma medida.
d) En términos del artículo 117, fracción XV, de la Constitución Federal, corresponde al Poder Judicial la reglamentación del gasto público y respetar las partidas presupuestales; por tanto, el decreto emitido por el Legislativo Local rompe con dichas atribuciones al entrometerse en la vida interna del Poder Judicial, al subordinarlo para controlar los gastos sin dotarlo de los recursos necesarios para cumplir el servicio de administración de justicia y ordenar la erogación de gastos no previstos en su presupuesto. De ahí que sea inconstitucional permitir al poder demandado ordenar el ajuste automático de las pensiones en relación con el aumento al salario mínimo, mientras el presupuesto del poder actor no aumente para estar en aptitud de hacer frente a los incrementos que señala el artículo 3o. del decreto.
e) El artículo señalado altera el debido funcionamiento del Poder Judicial, al imponerle el deber de incluir en el monto de la pensión, el costo de prestaciones y asignaciones, sin referir denominación alguna, con lo que se crea una concesión gratuita y generosa al personal en retiro, al equipararlos como activos y proporcionarles los beneficios por partida doble (pensión y cuotas patronales), para que alcancen el número de semanas requerido para acceder a una nueva pensión a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social al alcanzar o ubicarse dentro de la edad considerada como avanzada a que se refiere el artículo 154 de la Ley del Seguro Social. Sin embargo, dicha obligación no subsiste en relación con el personal en retiro, pues la seguridad social que debe otorgar el Poder Judicial es en relación con el personal en activo, en términos del numeral 54, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo que no es posible disfrutar de manera simultánea las pensiones en referencia.
f) En términos del artículo 218 de la Ley del Seguro Social, el asegurado deberá demostrar las cotizaciones para tener derecho a la pensión y, en caso de ser dado de baja, tendrá derecho a continuar voluntariamente en el mismo, por lo que dar una lectura distinta a este numeral podría traducirse en una vulneración al artículo 134 del Texto Constitucional Federal, que indica que los recursos económicos de que dispongan las entidades federativas, se administrarán con eficiencia para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
g) En consecuencia, al sobrevenir la terminación laboral, al tenor de lo que dispone el artículo 24, fracción XV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es inconcuso que cesa el deber del Poder Judicial de proporcionar a los jubilados como prestación de seguridad social, mantener como afiliado al trabajador jubilado para permitirle alcanzar una nueva pensión, tomando el deber de seguir aportando cuotas patronales, lo que resulta contrario a la racionalidad del propio sistema, toda vez que por la categoría de jubilado, el otrora servidor público queda bajo el imperio de la Ley del Seguro Social, siempre que dicha posibilidad se realice a través de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio.
h) El artículo 66 de la Ley del Servicio Civil no se encuentra acorde con el incremento de las pensiones con base en el aumento al salario mínimo, lo que genera que el aumento porcentual de la pensión en relación con el incremento al salario mínimo en el caso de las personas jubiladas del Poder Judicial Estatal, provoca inestabilidad económica al poder actor y afecta la autonomía financiera de este poder, al ordenarse irracionalmente la aplicación del aumento automático del monto de la pensión superior al de trabajadores en activo.
Cuarto concepto de invalidez
a) Se viola en perjuicio del poder actor lo previsto en el artículo 134 constitucional que dispone, en lo que interesa, que los recursos económicos de que disponga el Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y prevé que las leyes garanticen lo anterior. Por ende, con base en el referido precepto constitucional, el Poder Judicial Local tiene la obligación de ejercer de manera responsable el manejo hacendario y financiero, a fin de que las finanzas públicas asignadas sean sostenibles, sin embargo, ello no puede lograrse con cargas indebidamente impuestas por el Poder Legislativo.
b) El acto que se combate contradice lo que señala el artículo 126 constitucional en el sentido de que no puede realizarse gasto que no esté comprendido en el presupuesto; por lo que la expedición del decreto afecta los términ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200327-40734f4e/i-controversia-constitucional-si-se-hace-valer-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. (P./J. 50/2004 )
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