I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN IMPUGNADA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL LESIONAR SU INDEPENDENCIA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 41/2018. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 15 DE AGOSTO DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de agosto de dos mil dieciocho.
Cotejó
V I S T O S; Y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación y contenido de la demanda. Por escrito recibido el nueve de febrero de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, en representación del Poder Judicial de dicha entidad federativa, promovió controversia constitucional en contra del Congreso, del titular del Poder Ejecutivo y del Secretario de Gobierno, todos de ese mismo Estado, de quienes demandó la invalidez de los actos que se indican a continuación:
“Se reclama la invalidez del artículo 3 del decreto número dos mil doscientos veintidós publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5562 de fecha 20 de Diciembre (sic) de 2017 a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por cesantía en edad avanzada a ********** con cargo a la inexistente partida presupuestal destinada para pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos al 75% de su último salario, asimismo abroga el diverso decreto número mil cuatrocientos cuarenta y seis, mediante el cual se otorgaba una pensión jubilatoria a favor de ********** del 60% de su último salario.”
Los antecedentes narrados en la demanda son, en esencia, los siguientes:
1. Con base en el aspecto financiero y presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos, no ha sido modificado de manera progresiva a fin de ser acorde con las necesidades reales, sino que el contraste del presupuesto partiendo desde el año dos mil trece en que se asignaron recursos del orden de ********** (**********), con los recursos otorgados para el ejercicio en curso de ********** (**********) evidencia que el decreto no puede traducirse de otra manera sino como un atentado contra la autonomía y fortalecimiento del Poder Judicial en el Estado.
2. Mediante oficio número ********** de nueve de mayo de dos mil dieciséis se solicitó a la Legislatura del Estado de Morelos que autorizara una ampliación presupuestal por la cantidad que requiere la partida de jubilaciones y pensiones, en virtud de que desde el ejercicio dos mil trece al dos mil diecisiete no se había autorizado ningún incremento en ese rubro pese a que se han autorizado de manera exponencial las jubilaciones con cargo al Poder Judicial. Sin embargo, hasta la presente fecha la Legislatura Local ha sido omisa en dar respuesta a dicha petición.
3. Mediante diversos oficios ********** y ********** de uno de septiembre de dos mil quince y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, suscritos el primero por la otrora presidenta del Poder Judicial del Estado de Morelos y el segundo por la actual Presidenta, se enviaron a la Legislatura de dicho Estado los anteproyectos de presupuestos de los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, en los que se solicitó un incremento presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que tal Poder Legislativo hubiera autorizado los mismos.
4. Para el ejercicio fiscal en curso 2018 se realizó un aumento de ********** (**********) al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, siendo éste para la operatividad del propio Tribunal, reiterando su omisión de nueva cuenta el Congreso del Estado respecto a autorizar la partida presupuestaria de pensiones y jubilaciones a este Poder, el cual fue solicitado mediante oficio número ********** de fecha 31 de agosto de 2017.
5. Con fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y libertad” número 5476 el decreto número mil cuatrocientos cuarenta y seis a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a ********** al 60% del último salario que venía percibiendo el solicitante, pensión que se ordenó fuera con cargo a la inexistente partida presupuestal de pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos.
Inconforme con tal determinación el poder actor promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversia constitucional radicada con el número 126/2017, bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, misma que fue resuelta en sesión pública de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se resolvió declarar la invalidez del Decreto número mil cuatrocientos cuarenta y seis.
6. El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5562 el decreto número dos mil doscientos veintidós a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó en cumplimiento al fallo protector concedido en el juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Tercero del Distrito del Decimoctavo Circuito, abrogar el diverso decreto número mil cuatrocientos cuarenta y seis, y determina otorgar pensión por jubilación a ********** al 75% del sueldo que percibía como Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos, y específicamente en su artículo 3° establece que dicha pensión será a cargo de la partida presupuestal de pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos, en los siguientes términos:
“[...]
DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS, DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL ‘TIERRA Y LIBERTAD’ NÚMERO 5476 EL DÍA VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, Y SE EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, AL C. **********.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis, de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” no. 5476, el veintidós de febrero del dos mil diecisiete, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. **********, dejándolo sin efecto legal alguno.
ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al C. **********, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Cuautla, Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Poder que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 inciso f) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.”
La parte actora hizo valer los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben ni se resumen en tanto ya existe criterio exactamente aplicable al caso concreto.
SEGUNDO. Registro, admisión, trámite y designación de Ministra Instructora. Por acuerdo de nueve de febrero de dos mil dieciocho,(2) el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 41/2018; asimismo, designó como instructora a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
Posteriormente, en proveído de doce de febrero de dos mil dieciocho,(3) la Ministra Instructora admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados y ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como al Secretario de Gobierno de la citada entidad; y finalmente ordenó dar vista al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
TERCERO. Contestación de la demanda del Secretario de Gobierno y del Poder Ejecutivo. Por escritos presentados el nueve de abril de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Secretario de Gobierno y el Consejero Jurídico en representación del Poder Ejecutivo ambos del Estado Libre y Soberano de Morelos, formularon contestación a la demanda.(4)
En ellos, sostuvieron esencialmente los mismos argumentos en relación con la validez del Decreto, los cuales no se transcriben ni se resumen, en tanto ya existe criterio exactamente aplicable al caso concreto.
Con la contestación, el Secretario de Gobierno exhibió su nombramiento publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y ofreció las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones.
El Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo exhibió diversas pruebas documentales públicas, y ofreció también la presuncional y la instrumental de actuaciones.
CUARTO. Contestación de la demanda del Poder Legislativo. Por oficio depositado en la Oficina de Correos de la localidad el seis de abril de dos mil dieciocho, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el diecisiete siguiente, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos (5) formuló la contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo del Estado.
En el oficio de contestación expuso argumentos para sostener la validez del decreto impugnado, los cuales no se transcriben ni se resumen en tanto ya existe criterio exactamente aplicable al caso concreto.
Con la contestación se exhibió copia certificada del acta de sesión de doce de octubre de dos mil dieciséis, mediante la cual consta la designación de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos y se ofreció la presuncional e instrumental de actuaciones.
QUINTO. Se tiene por contestada la demanda y se señala fecha para la celebración de audiencia. Por auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidos los oficios y anexos presentados por el Secretario de Gobierno, por el Consejero Jurídico en representación del Poder Ejecutivo y por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, todos del Estado de Morelos; asimismo, tuvo por acreditada la personería para actuar en el presente asunto; por contestada la demanda, por designados a sus delegados; por señalados los domicilios para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad; por ofrecidas las pruebas documentales que acompañaron a sus escritos; asimismo se dio vista al actor y a la Procuraduría General de la República, señalándose lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
SEXTO. No intervención de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República no formuló opinión en el presente asunto.
SÉPTIMO. Audiencia y puesta en estado de resolución. El quince de mayo de dos mil dieciocho, una vez substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.
OCTAVO. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por la Ministra Instructora al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución. Mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, determinó que esta Sala se avocaba al conocimiento del presente asunto.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Ejecutivo (Gobernador y Secretario de Gobierno) y Legislativo del Estado de Morelos, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, debido a que el estudio versa únicamente sobre actos y no sobre normas de carácter general.
SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente.
El artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia(6) señala que el plazo para promover controversias constitucionales en contra de actos será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
En relación con el Decreto mencionado se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, esto es, el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha diversa.
En este orden de ideas, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del martes dos de enero al martes trece de febrero de dos mil dieciocho.
Ello, en el entendido que de conformidad con los artículos 2 y 3, fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(7) en relación con los numerales 3(8) y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(9) y con el Punto Primero, incisos a), b), d) y e) del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(10) en el cómputo citado deben descontarse los siguientes días inhábiles: seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero, tres, cuatro, diez y once de febrero todos de dos mil dieciocho, por haber sido sábados y domingos; y del veintiuno al treinta y uno de diciembre del mismo año por corresponder al Segundo Período Vacacional de este Alto Tribunal, así como el cinco de febrero de dos mil dieciocho.
En estas condiciones, si la demanda se presentó el nueve de febrero de dos mil dieciocho, es indudable que su presentación resulta oportuna.
TERCERO. Legitimación activa. María del Carmen Verónica Cuevas López, en su carácter de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal del Estado de Morelos,(11) está legitimada para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(12) 34 y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(13) Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 38/2003 de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”(14)
Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales, y en lo que atañe en específico al Poder Judicial de Morelos, corresponde al Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todas las controversias o litigios en que dicho ente público sea parte.
CUARTO. Legitimación pasiva. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación, publicación y refrendo, respectivamente, del Decreto impugnado.
Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II(15) y 11, párrafo primero,(16) de la ley reglamentaria de la materia, de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandado la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
La Secretaría de Gobierno local fue representada por su titular, Ángel Colín López, quien justificó tal carácter con el Periódico Oficial del Estado de tres de enero de dos mil dieciocho, en el que se publicó su nombramiento.(17)
Al respecto cabe destacar que los artículos 76 de la Constitución Política del Estado de Morelos(18) y 21, fracción XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado(19) facultan al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos para refrendar y publicar las leyes o decretos que promulgue el Ejecutivo del Estado.
En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acudió al juicio el Consejero Jurídico en representación del Gobernador de la entidad, quien acreditó su personalidad con el Periódico Oficial del Estado de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, en el que se publicó su nombramiento,(20) cuyas atribuciones para representar al Poder Ejecutivo de la entidad se prevén en el artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(21) en relación con los numerales 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 de la citada Ley Orgánica y 14 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica, todos del Estado de Morelos, así como con el “Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos”, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el once de junio de dos mil quince.
En representación del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece la Diputada Beatriz Vicera Alatriste, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva, quien acreditó su personalidad con la copia certificada del acta de sesión ordinaria de doce de octubre de dos mil dieciséis,(22) y cuyas atribuciones para representar en juicio a dicho órgano legislativo están previstas en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(23)
Conforme a lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les imputan el acto impugnado y cuentan con facultades para representar a dichos poderes y órganos.
QUINTO. Causales de improcedencia. Enseguida se analizarán las causas de improcedencia y/o de sobreseimiento hechas valer por las partes y las que se adviertan de oficio, al ser de estudio preferente.
Las autoridades demandadas adujeron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia,(24) porque el Poder Judicial actor carece de interés legítimo para impugnar el Decreto de otorgamiento de pensión en cuestión, ya que a su parecer, éste no provoca afectación alguna en su esfera de competencia.
Debe desestimarse dicha causa de improcedencia porque la determinación de la afectación que genera a la parte actora la expedición del Decreto por el cual se otorga una pensión a favor de un trabajador, es una cuestión que involucra el estudio del fondo del asunto, por lo que no puede ser motivo de análisis en este considerando.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.92/99,(25) de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”.
No pasa inadvertido que en el presente caso el Poder Judicial actor pudiera ya haber pagado la pensión concedida en el Decreto impugnado (lo cual no está acreditado en autos), sin embargo, ello tampoco podría considerarse como un consentimiento del Decreto, en tanto que tales pagos en su caso debieron efectuarse en virtud del mandamiento del Congreso que precisamente constituye la materia de impugnación en la presente controversia y a fin de no afectar los derechos del trabajador pensionado, lo cual no podría causar perjuicio en detrimento de los derechos del Poder actor de combatir mediante controversia constitucional las invasiones a su esfera competencial.
Por otra parte, el Secretario de Gobierno y el Consejero Jurídico ambos del Estado de Morelos, consideran que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 25(26) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Decreto impugnado en la presente controversia deriva del cumplimiento a una resolución dictada en el juicio de amparo número **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos.
Es infundado el anterior argumento toda vez que dentro de los supuestos previstos en el artículo 19 de la citada ley reglamentaria, no se encuentra establecida como causa de improcedencia la circunstancia de que el acto reclamado en vía de controversia constitucional derive de lo resuelto en un juicio de amparo, y por tanto, no es factible sobreseer en el presente asunto por tal motivo.
Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, lo contenido en la tesis cuyos rubro y contenido son los siguientes:
“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PUEDE VÁLIDAMENTE PLANTEARSE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR ACTOS DERIVADOS DE CONSENTIDOS. La improcedencia de la controversia constitucional contra actos o normas derivados de otros consentidos no está prevista expresamente en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se advierte de la lectura del artículo 19 de ese cuerpo de leyes que se refiere a las causas de improcedencia que pueden actualizarse en dicho juicio constitucional y tal hipótesis tampoco se desprende de otra disposición de la ley de la materia.”(27)
SEXTO. Estudio. El Poder actor sostiene en una parte de sus conceptos de invalidez que el Decreto impugnado viola la autonomía entre poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal consagrados en los artículos 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el citado acto constituye una intromisión indebida del Congreso estatal en las decisiones presupuestales del Poder Judicial local.
Ello, aunado a que el Poder Legislativo, en todo caso, es quien debe otorgar los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva, y en el presente caso no sucedió así.
Es fundado el concepto de invalidez planteado, en virtud de que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación al resolver las controversias constitucionales números 126/2016, 128/2016, 130/2016, 131/2016, 222/2016, 223/2016, 226/2016, 238/2016, 239/2016, 242/2016, 243/2016, 107/2017, 117/2017, 119/2017, 122/2017, 125/2017, 137/2017, 139/2017, 142/2017, 145/2017, 147/2017, 157/2017, 159/2017, 160/2017, 163/2017, 177/2017, 178/2017, 181/2017, 188/2017, 189/2017, 192/2017, 194/2017, 195/2017, 198/2017, 199/2017, 208/2017, 219/2017, 232/2017, 240/2017, 243/2017, 244/2017, 248/2017, 250/2017, 251/2017, 254/2017, 255/2017, 291/2017, 292/2017, 297/2017, 298/2017, 302/2017 y 313/2017, en sesiones de nueve de agosto, veinticinco de septiembre, once y veinticinco de octubre, ocho, quince, veintidós y veintinueve de noviembre, todos de dos mil diecisiete, así como en las de diez y treinta y uno de enero, siete, catorce, veintiuno y veintiocho de febrero, siete, catorce, veintidós de marzo, once de abril, nueve y dieciséis de mayo y trece de junio de dos mil dieciocho, estableció de manera similar lo siguiente:
“A fin de estar en posibilidad de determinar si asiste la razón al Poder Judicial actor, resulta necesario explicar la mecánica bajo la cual funciona el sistema de pensiones en Morelos.
Sin que ello implique el estudio de constitucionalidad o convencionalidad de las normas que se citarán a continuación, ya que, como se vio en el considerando tercero de este fallo, la controversia resultó improcedente respecto de las normas impugnadas, y el presente análisis sólo tiene como objetivo esclarecer tres puntos principales:
• ¿Cómo se financia el sistema de pensiones en el Estado de Morelos?
• ¿Cómo se distribuye la carga financiera para el pago de las pensiones en esa entidad federativa?
• ¿Ese sistema de pagos (reflejado en los decretos de pensión como el que aquí se impugna) respeta la división de poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal?
En este contexto resulta pertinente precisar que desde el año de 1984, ante la preocupación que existía por parte del Gobierno del Estado de Morelos de otorgar a sus servidores la seguridad social y los apoyos económicos indispensables para poder brindarles un mayor bienestar, se creó el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.(28)
Esa institución, de conformidad con los artículos 4º, 5º y 6º de su ley, es un ‘organismo público descentralizado, sectorizado mediante acuerdo que expida el Gobernador al efecto, en términos de la Ley Orgánica; con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central y sin fines de lucro, con domicilio en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos’, que tiene por objeto ‘procurar el bienestar social de los afiliados y sus familias a través del otorgamiento de prestaciones económicas y sociales’.
El patrimonio del citado Instituto, de conformidad con el artículo 8º de su ley, se integra con: un fondo social permanente; las aportaciones ordinarias y extraordinarias que realicen los entes obligados;(29) las aportaciones extraordinarias que acuerden en común los afiliados; las cuotas de recuperación recibidas por los servicios que se otorguen; las cuotas no reclamadas por el afiliado o beneficiario, una vez transcurridos cinco años a partir de la separación del servicio o el fallecimiento del afiliado, salvo resolución judicial; un fondo de reserva para cuentas incobrables, incosteables e ilocalizables; los intereses, productos financieros, rentas y otros que se obtengan por cualquier título; los bienes inmuebles y muebles que forman parte del activo fijo y los que en lo futuro adquiera o se adjudique el Instituto; los que se obtengan por donaciones, herencias, legados y fideicomisos que se hagan o constituyan a favor del Instituto, y con cualquier otro concepto legalmente obtenido o constituido en favor del Instituto.
Y para el cumplimiento de sus fines, la ley respectiva establece:
• En el artículo 6º, que el Instituto, para el cumplimiento de su objeto, de manera enunciativa mas no limitativa, tendrá como atribuciones:
I. Brindar seguridad social a los afiliados en materia de vivienda, mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios;
II. Proporcionar en forma directa o con la intermediación de las instituciones federales, estatales o municipales competentes, así como con aquellas que integran el sistema bancario mexicano, financiamiento oportuno y a bajas tasas de interés, a las personas a que estén destinados los programas de vivienda que instrumente el propio Instituto;
III. Otorgar prestaciones económicas a corto, mediano y largo plazo, conforme lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable;
IV. Otorgar servicios sociales de odontología y optometría, en términos de lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable, y
V. Brindar cualquier otra prestación que satisfaga las necesidades de los afiliados, previa aprobación y en los términos que determine el Consejo Directivo.
• Y en los artículos 63 y 64, se dispone que las prestaciones sociales que el Instituto otorga a sus afiliados son las relativas a: I. Servicios de odontología; II. Servicios de optometría, y III. Cualquier otra que proponga el Director General a la aprobación del Consejo Directivo.
El artículo 29 prevé que tienen la calidad de afiliados: ‘I. Los trabajadores al servicio de alguno de los entes obligados, y --- II. Los pensionistas que continúen cotizando al Instituto’.
Mientras que el artículo 30 establece que los derechos y las obligaciones del Instituto con los afiliados ‘nacen concomitantemente con el pago de las cuotas y las aportaciones’.
Por su parte, el artículo 26 señala las obligaciones que tienen los entes
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200307-88a554ec/i-controversia-constitucional-autonomia-del-poder-judicial-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- PENSIÓN JUBILATORIA. EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL CINCO DE ENER (I.8o.A.76 A)
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