I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. II. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 159/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 25 DE OCTUBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y PRESIDENTE EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: ETIENNE LUQUET FARÍAS.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de octubre de dos mil diecisiete.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. Por oficio presentado el quince de mayo de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien se ostentó como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, promovió en representación del Poder Judicial de la entidad, controversia constitucional en la que demandó del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del secretario general de Gobierno del Estado, lo siguiente:
La invalidez del Decreto Número Mil Quinientos Veinte publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5484, de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete a través del cual, el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a Francisco Javier Campos Neri con cargo al presupuesto destinado para pensiones al Poder Judicial del Estado de Morelos.
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados
3. Artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, así como 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado de Morelos.
4. Antecedentes de la controversia
5. Con base en el aspecto financiero y presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos, no ha sido modificado de manera progresiva a fin de ser acorde con las necesidades reales, sino que el contraste del presupuesto partiendo desde el año dos mil trece en que se asignaron recursos del orden de $584,365,000.00 (quinientos ochenta y cuatro millones trescientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), con los recursos otorgados para el ejercicio en curso de $557,679,000.00 (quinientos cincuenta y siete millones seiscientos setenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) evidencia que el decreto no puede traducirse de otra manera, sino como un atentado contra la autonomía y fortalecimiento del Poder Judicial en el Estado.
6. Mediante oficio número CJE/2675/2016 de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se solicitó a la Legislatura del Estado de Morelos, se autorizara una ampliación presupuestal por la cantidad de $56,000,000.00 (cincuenta y seis millones 00/100 M.N.) a la partida de jubilaciones y pensiones, en virtud de que desde el ejercicio dos mil trece a dos mil dieciséis, no se habían autorizado de manera exponencial las jubilaciones con cargo al Poder Judicial. Sin embargo, hasta la presente fecha la Legislatura Local ha sido omisa en dar respuesta a dicha petición.
7. Por su parte, durante los ejercicios de dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, no existió incremento presupuestal al Poder Judicial, lo cual se demuestra con los ejemplares del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" correspondientes, siendo pertinente resaltar, que incluso para los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis hubo una reducción al presupuesto de este Poder por parte del Congreso del Estado de Morelos.
8. También se resalta que a través de los oficios números TSJ/P70684/2013 y CJE/5510/2015 de veintiocho de agosto de dos mil trece y uno de septiembre de dos mil quince, suscritos por la anterior presidenta del Poder Judicial del Estado de Morelos, se solicitó al Congreso del Estado se autorizara un incremento presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que este último hubiera autorizado los mismos.
9. El veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Numero 5484 el Decreto Número Mil Quinientos Veinte a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión, con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos.
10. Conceptos de invalidez
11. Primero y segundo conceptos de invalidez. Los argumentos de invalidez hechos valer por el promovente en sus dos primeros conceptos de invalidez resultan en gran parte coincidentes, por lo que se referirá su contenido de manera conjunta, el cual en síntesis es el siguiente:
12. La emisión del decreto cuya invalidez se demanda, vulnera en contra del Poder Judicial del Estado de Morelos, los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 127 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 92-A, fracción VI, así como 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por las razones siguientes:
a. La determinación de obligación del Poder Judicial del Estado de Morelos a realizar pago por pensión por jubilación con cargo al presupuesto del propio Poder a favor de determinada persona, se traduce en una disposición arbitraria en contra de la hacienda del Poder Judicial de la entidad.
b. La autorización a favor del Poder Legislativo del Estado de Morelos para emitir decretos jubilatorios de trabajadores de otros poderes estatales, se aparta del principio de autonomía de la gestión presupuestal del Poder Judicial que consagran los artículos 17, párrafo V y 116, fracción III, de la Constitución Federal.
c. El decreto transgrede el artículo 116 constitucional, al vulnerar el principio de congruencia entre ingresos y egresos, mediante el cual se establece que el ejercicio del poder de cada una de las entidades federativas debe estar dividido para su ejercicio entre tres poderes, de tal modo que ninguno pueda ejercer todo el poder estatal en su propio interés.
d. El decreto viola el contenido del artículo 16 constitucional, al incumplir con los requisitos de fundamentación y motivación que sustenten su determinación de conformidad con lo dispuesto en las tesis de jurisprudencia P./J. 50/2000 y P./J. 109/2005 de rubros: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO PUEDEN ALEGAR INFRACCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN E IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY."
e. El decreto es contrario al principio de independencia judicial consagrado en el artículo 17 constitucional, párrafo quinto, en cuanto vulnera la libertad de los juzgadores de emitir sus resoluciones sin influencias ajenas al reconocimiento jurídico.
f. Se vulnera el contenido del artículo 49, fracción III, constitucional, que sustenta el principio de división de poderes, específicamente en cuanto dispone, que los Poderes Judiciales de las entidades federativas gozarán de autonomía e independencia en su conformación y ejercicio de sus funciones.
g. Se vulnera el contenido de los artículos 123, apartado B, fracción IX, inciso a) y 127 constitucionales, en cuanto reiteran la obligación de los Poderes de la Unión –en su calidad de patrones– a otorgar como prestaciones sociales, el pago de las pensiones o jubilaciones de los trabajadores a su cargo. No obstante, dicha determinación establece que no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo y sin que se encuentren debidamente referidas en los presupuestos de egresos respectivos.
h. Se vulnera el principio de congruencia presupuestal al que se encuentran sujetos los Poderes Judiciales, mediante el cual corresponde en forma exclusiva a éste la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa (92-A, fracción VI, de la Constitución Local)
13. Es así que la determinación del Congreso Local, a través de la cual estima cumplidos los requisitos exigidos para que la trabajadora accediera a la pensión por jubilación, con cargo a la hacienda pública del promovente, afecta inconstitucionalmente el presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, al imponérsele la obligación de erogar un recurso que no se encontraba previsto para el ejercicio dos mil dieciséis.
14. Es verdad que el régimen de pensiones debe considerarse en las leyes laborales que expidan las Legislaturas Locales, no obstante, ello no implica que el Congreso pueda determinar libremente, los casos en que proceda otorgar prestaciones, cuando éstas nazcan de las relaciones de trabajo entre el Poder Judicial del Estado de Morelos y sus trabajadores.
15. En la diversa controversia constitucional 35/2000 promovida por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la autonomía de la gestión presupuestal es condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia en el adecuado funcionamiento de la carrera judicial.
16. La autonomía de la gestión presupuestal tiene el carácter de principio fundamental de la independencia de los Poderes Judiciales Locales y no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, pues ello conllevaría, como a la violación del principio de división de poderes que garantiza el artículo 116 constitucional.
17. Si no se considera constitucionalmente admisible que la Legislatura disminuya la remuneración de los juzgadores, tampoco puede aceptarse que el Congreso Local sea quien determine las pensiones de los empleados judiciales.
18. El Poder demandado no puede direccionar los recursos presupuestales del Poder Judicial para el pago de las pensiones en materia de seguridad social, máxime que la Legislatura Local no atendió la solicitud planteada para cubrir la obligación impuesta a través de los diversos decretos de jubilación y cesantía de edad avanzada emitidos a lo largo de esta anualidad.
19. En diversas ejecutorias dictadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha determinado que para que se determine la transgresión a los principios de independencia y autonomía en la gestión presupuestal de los Poderes Judiciales, es necesario que se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:
a. Que en cumplimiento de una norma jurídica, o bien de manera libre, se actualice una conducta imputable a alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo.
b. Que dicha conducta implique la intromisión, en los términos antes definidos, de uno de esos poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de esos poderes realice actos que coloquen al Poder Judicial en un estado de dependencia o de subordinación con respecto a él.
c. Que la intromisión, dependencia o subordinación de otro poder verse sobre cualquiera de los siguientes aspectos:
i. Nombramiento, promoción e indebida remoción de los miembros del Poder Judicial.
ii. Inmutabilidad salarial (remuneración adecuada y no disminuible).
iii. Carrera Judicial.
iv. Autonomía de la gestión presupuestal.
20. El Legislativo Local subordina al Poder Judicial del Estado de Morelos, al obligarlo a cubrir una pensión, cuantificando e indicando el modo de cálculo de la misma.
21. Al respecto, cabe referir el contenido del artículo 56 de la ley impugnada en cuanto indica que, las prestaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 54 de esta ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esta ley y los demás ordenamientos aplicables.
22. Como se observa, el Congreso Estatal resulta el órgano resolutor en materia de pensiones, al habérsele facultado para expedir los decretos relativos a las pensiones de los trabajadores a cargo del Poder Judicial del Estado, cuestión que vulnera la autonomía de gestión presupuestal prevista en el artículo 116, fracción III, de la Carta Magna.
23. En las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió como una transgresión al principio de autonomía en la gestión de la hacienda pública, que el Congreso Local, sin la intervención de cualquier otra autoridad, y atendiendo exclusivamente a la solicitud del interesado, pueda decretar alguna de las pensiones determinadas en la Ley del Servicio Civil estatal, determinando el monto correspondiente.
24. Ahora bien, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esté en posibilidades de dilucidar si el decreto impugnado violenta o no el principio de independencia de los Poderes Judiciales Locales y, por ende, el de división de poderes, deberá analizar si tal acto implica o no intromisión, dependencia o subordinación a la autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos por parte del Poder Legislativo demandado en perjuicio del actor.
25. Los preceptos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos cuya invalidez se demanda, en términos generales establecen lo siguiente:
a. Que es facultad del Congreso estatal emitir leyes, acuerdos o decretos.
b. Que es atribución de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso estatal, el conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, así como la realización de la investigación correspondiente, mediante la cual se comprueben los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este derecho.
c. Que el Congreso del Estado está facultado en términos de lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Ley del Servicio Civil estatal, para expedir decretos de pensiones a favor de los trabajadores de los diversos Poderes estatales.
26. Como se observa, existe una intromisión del Poder Legislativo en la ejecución y/o aplicación del presupuesto del Poder Judicial Local que ya se encuentra destinado a determinados fines, contraria al principio de autonomía en la gestión presupuestaria de los Poderes Judiciales estatales.
27. Tercer concepto de invalidez. El artículo 3o. del decreto cuya invalidez se demanda vulnera en perjuicio del Poder actor, los artículos 16, 116, fracción III y 126 de la Constitución General de la República; 134 y 131 de la Constitución interna del Estado de Morelos.
28. El Estado se encuentra obligado a cubrir el derecho mínimo a la seguridad social, que comprende, entre otras cosas, el otorgamiento de una pensión a sus trabajadores.
29. Para el caso de los trabajadores al servicio del gobierno el Estado de Morelos, existe la posibilidad de cotizar por una parte ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y, en su momento acceder al beneficio de pensión por jubilación o cesantía en edad avanzada establecido en la Ley del Servicio Civil de la entidad.
30. Se solicita declarar la invalidez del decreto impugnado, al no estar acorde a la realidad constitucional y ser incompatible con la Ley del Seguro Social, que no se refieren al aumento del salario mínimo como referente para incrementos a pensiones.
31. En ese contexto, el Poder Judicial del Estado de Morelos, no niega la obligación de dar cumplimiento al pago de las pensiones que correspondan, no obstante, indica que para ello requiere de un presupuesto suficiente e independiente a la potestad del órgano legislativo.
32. El decreto impugnado viola el artículo 16 constitucional, al generar incertidumbre jurídica, en cuanto indica, que el monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos.
33. Aun cuando el presupuesto de egresos considera un incremento salarial, éste no corresponde al aumento al salario mínimo, ya que este último se establece por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, organismo público descentralizado, cuya integración y funcionamiento se encuentra desligado de lo que comprende a los trabajadores que prestan sus servicios al gobierno del Estado.
34. Dicho organismo se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) ahora dependiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cual concierne estimar las variaciones en precios que tienen que ver con bienes y servicios comercializados en el País.
35. El artículo tercero del decreto combatido, pone de manifiesto que el legislador local, viola la división de poderes, y transgrede la autonomía e independencia de la gestión presupuestal del Poder Judicial, al disponer arbitrariamente el aumento automático del importe de la pensión en relación con el incremento porcentual del salario mínimo.
36. Sin embargo, no se establece la imposición de transferencia o aumento automático de recursos al Poder Judicial estatal en la misma medida en que se aumente el monto de las pensiones.
37. La extralimitación en la proyección realizada por el Poder Judicial de Morelos a cargo del cual corre el pago de las pensiones, invade la esfera de competencias del Poder Judicial del Estado de Morelos.
38. El actuar del Poder Legislativo de Morelos lesiona el principio de congruencia entre ingresos y egresos establecido en el artículo 116 constitucional, consistente en que el poder de cada una de las entidades federativas debe estar dividido para su ejercicio entre tres poderes, sin que ninguno pueda ejercer todo el poder estatal en su propio interés.
39. Es así que la controversia se encuentra dirigida a que se otorguen recursos suficientes para enfrentarse al gasto correspondiente al pago de pensiones.
40. Cuarto concepto de invalidez. Se vulnera el contenido del artículo 134 constitucional, a través del cual se dispone que los recursos económicos del Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
41. El Legislador Estatal desconoce el contenido de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, la cual establece los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera de las Entidades Federativas, Municipios y Entes Públicos.
42. El presupuesto del Poder Judicial de Morelos para su incremento, no depende ni se rige por el aumento que sufra el salario mínimo, por lo que resulta incorrecto que se establezca que es con base en éste que deba realizarse el incremento a la pensión de un trabajador.
43. Asimismo, resulta materialmente imposible actualizar anualmente el porcentaje de los trabajadores jubilados conforme al salario mínimo, en razón de que existen casos en que los jubilados perciben más que los trabajadores en activo, siendo ilógico que una persona en jubilación gane más que una persona en activa en el mismo rango o presupuesto.
44. Aun cuando se ha solicitado al Congreso de Morelos la ampliación presupuestal para hacer frente a las obligaciones referentes al pago de pensiones, éste ha sido omiso en responder y, por tanto, en asignar el recurso solicitado.
45. No obstante ello ha continuado aprobando pensiones a trabajadores sin la partida presupuestal correspondiente, en contra de lo dispuesto por los artículos 126 y 134 constitucionales, lo que significa que al no proveer de recursos necesarios e imponer una carga presupuestal, sujeta y limita la autonomía presupuestal del Poder Judicial actor.
46. Trámite de la controversia
47. Por acuerdo de quince de mayo de dos mil diecisiete,(1) el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 159/2017 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Eduardo Medina Mora I.
48. Mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete (fojas ciento cincuenta y seis a ciento cincuenta y nueve), el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional teniendo como demandados al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al secretario general de Gobierno, todos del Estado de Morelos, a los que ordenó emplazar para formular su respectiva contestación y ordenó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
49. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Previo a la contestación de los conceptos de invalidez, el Poder Ejecutivo Local precisa que el Poder Judicial actor se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que reclame vicios propios del decreto impugnado atribuidos al secretario de gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
50. El secretario de gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, llevó a cabo la publicación del decreto cuya invalidez se demanda, sin que tal acto haya sido motivo de impugnación por vicios propios, razón por la que resulta falso que la autoridad que representa viole, en perjuicio del Poder Judicial Local, las disposiciones constitucionales que invoca en cada uno de sus conceptos de invalidez, así pues, se solicita declarar como inatendibles e inoperantes los conceptos de invalidez esgrimidos.
51. De lo expuesto se advierte que, el Poder Ejecutivo Estatal, en el proceso legislativo para la emisión del decreto que se impugna, llevó a cabo su promulgación y publicación, sin que tal acto haya sido motivo de impugnación por vicios propios, por lo que es falso que el Poder Ejecutivo viole en perjuicio del Poder Judicial actor, las disposiciones constitucionales que invoca en cada uno de sus conceptos de invalidez.
52. Por cuanto al fondo, las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en la que haya laborado, lo cual constituye una relación de naturaleza administrativa y no laboral, en la que el gobierno actúa con el carácter de autoridad, en tanto puede crear, modificar o extinguir la situación jurídica del pensionado.
53. Estas pensiones, actualmente son otorgadas a cargo del Estado, con independencia de que los trabajadores burocráticos gozan del derecho de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM); afiliación que les permite además, acceder a las pensiones, prestaciones, seguros y servicios que se otorgan a través de las citadas instituciones conforme a la normativa aplicable.
54. La impugnación que se formula resulta improcedente e infundada, en virtud de que el decreto invade el ámbito de facultades constitucionalmente establecidas a favor del Poder Judicial actor, de manera que carecen de sustento jurídico los conceptos de invalidez hechos valer, debiéndose declarar improcedente la controversia constitucional en la que se actúa.
55. Actualmente existen diversas pensiones a cargo del Poder Judicial actor, que fueron emitidas por el Poder Legislativo del Estado, fundamentadas en los ordenamientos que se reclaman en la presente controversia constitucional, respecto de las cuales el Poder Judicial no promovió controversia constitucional alguna en su contra, razón por la cual, debe reconocerse validez tanto a las normas como al acto impugnado.
56. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Respecto al primer concepto de invalidez, el Poder Legislativo de Morelos indica que el decreto que se impugna fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado, que establece el procedimiento para que los trabajadores de los Poderes del Estado puedan obtener su pensión, ya sea por jubilación, cesantía en edad avanzada, viudez u orfandad.
57. En el caso, mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete ante el Congreso del Estado, Francisco Javier Campos Neri, solicitó el otorgamiento de pensión por jubilación, acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación del salario expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos.
58. Al tenor del artículo 56, de la Ley del Servicio Civil vigente en la entidad, la pensión por jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento.
59. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación.
60. Así pues, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, de manera que, al acreditarse una antigüedad de veintidós años y ocho días de trabajo interrumpido.
61. De acuerdo al artículo 2o. del decreto impugnado, la pensión otorgada deberá ser cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada de pensiones.
62. Derivado de lo anterior y contrario a lo señalado por el Poder actor, con la expedición del decreto impugnado en nada se violenta los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal y en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los requisitos de fundamentación y motivación de una ley se satisfacen cuando es expedida por el Congreso constitucionalmente facultado para ello, y se refieren a las relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas por esta soberanía, razón por la que considera aplicable la tesis P. C/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESE ACTO."
63. Por su parte, resulta inoperante lo señalado por el Poder actor en su segundo concepto de invalidez, en el que considera que se vulneran en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 41, 49, 116 fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Local.
64. El Poder Legislativo estatal no ha vulnerado la autonomía presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos, en tanto que, hasta este momento, ninguna de sus partidas presupuestales ha sido vulnerada, afectando la función de impartición de justicia de dicho órgano.
65. En este orden de ideas, el artículo 116 de la Norma Suprema, retoma el principio de división de poderes, estatuido en el diverso numeral 49 de la Constitución de la República, con el objeto de equilibrar el poder público, al impedir que un poder se coloque por encima de otro y/o que un individuo sea depositario de dos o más poderes.
66. Contrario a lo argumentado el Poder Legislativo estatal no ha vulnerado la autonomía presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos, como lo alega el actor en su escrito inicial, pues hasta este momento no se ha afectado ninguna partida presupuestal de dicho Poder Judicial, y en consecuencia las actividades encomendadas por el artículo 17 constitucional, es decir, la función de impartición de justicia de los justiciables, no se ve involucrada y transgredida.
67. En esa tesitura, de la interpretación sistemática de los artículos 40, fracción II y 50 de la Constitución estatal; 3o. de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos en la entidad; 56, 57 y 64 de la Ley del Servicio Civil del Estado, únicamente el Congreso del Estado de Morelos tiene facultad para sustanciar el trámite a través del cual se determine el pago de la pensión, así como para aclarar, reformar, derogar o abrogar dicha determinación, e incluso, para analizar la eficacia de la misma.
68. Por lo tanto, conforme al régimen legal establecido, el Poder Judicial del Estado, sólo constituye un órgano de ejecución, o bien una autoridad vinculada al cumplimiento del decreto emitido por el Congreso; por lo que no puede aclarar, reformar, derogar o abrogar el decreto emitido por el Congreso, ni determinar si es procedente o no la ejecución.
69. No se pasa por alto el hecho de que el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil, en la parte que otorgaba al Congreso del Estado, la facultad de emitir los decretos en materia de pensiones, fue declarado inválido mediante sentencias dictadas en las controversias constitucionales 90/2008, 92/2008 y 50/2010, no obstante, ello en nada afecta la validez del acto impugnado, pues el decreto que reconoce el derecho de la pensionada, fue emitido en dos mil dieciséis.
70. Resulta preciso indicar que el argumento de inconstitucionalidad del poder actor, en realidad gira en torno a la facultad del Congreso del Estado de Morelos, para aprobar y decretar una pensión a favor deuna persona a cargo del presupuesto de egresos de dicho poder, lo cual no tiene relación alguna con el contenido de las normas generales recién aludidas.
71. Por ende, resulta procedente sobreseer la controversia constitucional respecto de los artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, sirviendo de fundamento el criterio «P. VI/2011» aprobado por el Pleno de este Alto Tribunal con rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO."
72. Por último, el Poder Legislativo Local, refiere que el p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200337-4d7d870f/i-controversia-constitucional-si-se-hace-valer-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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