I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. II. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 147/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 11 DE OCTUBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: ETIENNE LUQUET FARÍAS.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de octubre de dos mil diecisiete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. Por oficio presentado el veinticinco de abril de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien se ostentó como Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, promovió, en representación del Poder Judicial de la entidad, controversia constitucional en la que demandó del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del secretario general de Gobierno del Estado, lo siguiente:
a. La invalidez del Decreto Número Mil Quinientos Setenta y Siete, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5479, de ocho de marzo de dos mil diecisiete, a través del cual, el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a Míriam Beltrán Pizar, con cargo al presupuesto destinado para pensiones al Poder Judicial del Estado de Morelos.
b. La invalidez de los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 del Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
c. Por extensión de efectos, se demanda también la invalidez de los artículos siguientes:
i. Los artículos 1, 8, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 55, 56 y 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
ii. El artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4529, de fecha nueve de mayo de dos mil siete.
iii. El artículo 109 del Reglamento del Congreso el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4546, de fecha doce de junio de dos mil siete.
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados.
3. Artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
4. Antecedentes de la controversia.
5. Por su parte, resulta importante señalar que el aspecto financiero y presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos, no ha sido modificado de manera progresiva, a fin de ser acorde con las necesidades reales, sino que el contraste del presupuesto partiendo desde el año dos mil trece en que se asignaron recursos del orden de $451'559,000.00 (cuatrocientos cincuenta y un millones, quinientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), con los recursos otorgados para el ejercicio en curso de $451'559,000.00 (cuatrocientos cincuenta y un millones, quinientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), lo que corrobora que el monto del presupuesto de egresos ha sido igual para el ejercicio de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, mas no así, el número de pensiones concedidas, que éstas sí han ido en considerable aumento.
6. Mediante oficio número CJE/2675/2016, de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se solicitó a la Legislatura del Estado de Morelos, se autorizara una ampliación presupuestal por la cantidad de $56'000,000.00 (cincuenta y seis millones de pesos 00/100 M.N.), a la partida de jubilaciones y pensiones, en virtud de que desde el ejercicio dos mil trece a dos mil diecisiete, no se habían autorizado de manera exponencial las jubilaciones con cargo al Poder Judicial. Sin embargo, hasta la presente fecha, la Legislatura Local ha sido omisa en dar respuesta a dicha petición.
7. Por su parte, mediante oficios números TSJ/P/0684/2013, CJE/5510/2015 y CJE/MMCVCL/2154/2016, de fechas veintiocho de agosto de dos mil trece, uno de septiembre de dos mil quince y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, suscritos, los dos primeros, por la otra presidenta del Poder Judicial del Estado de Morelos, y el último, por la suscrita, donde se envió a la Legislatura del Estado de Morelos, los anteproyectos de presupuestos de los años 2014, 2016 y 2017, se solicitó se autorizara un incremento presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que tal Poder Legislativo hubiera autorizado los mismos.
8. También se resalta que, a través del oficio CJEM/MCVCL/2194/2016, se remitió el anteproyecto de presupuestos de egresos y programa operativo anual del Tribunal Superior de Justicia para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. El monto solicitado ascendió a la cantidad de $763'835,357.00 (setecientos sesenta y tres millones, ochocientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), requerido para hacer frente a las necesidades de operación y obligaciones de pago.
9. El presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado de Morelos, aun cuando esta autoridad consideró el incremento en el rubro de las pensiones jubilatorias, no fue autorizado ni asignado conforme se solicitó y la diversa autoridad responsable, Congreso del Estado de Morelos, al emitir los decretos en los cuales aprueba las pensiones, se ciñe a decir que son con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin asignar el erario correspondiente, que permita hacer frente a las crecientes pensiones y a los incrementos de las mismas.
10. Por tanto, el Poder Legislativo se entromete en las finanzas de este Poder, al señalar que debe darse el aumento a la pensión en función del salario mínimo, cuando en esa proporción no se aumentó el presupuesto; ello, impone una carga de erogar un gasto respecto del cual no ha recibido el ingreso del recurso.
11. Ahora bien, el ocho de marzo de dos mil diecisiete, fue publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5479, el Decreto Número Mil Quinientos Sesenta y Siete, a través del cual, el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a la ciudadana Míriam Beltrán Pizar, con cargo a la inexistente partida presupuestal de pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos.
12. Conceptos de invalidez.
13. Primero y segundo conceptos de invalidez. Los argumentos de invalidez hechos valer por el promovente en sus dos primeros conceptos de invalidez resultan en gran parte coincidentes, por lo que se referirá su contenido de manera conjunta, el cual, en síntesis, es el siguiente:
14. La emisión del decreto cuya invalidez se demanda vulnera en contra del Poder Judicial del Estado de Morelos, los artículos 14, 16, 17, 40, 41, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 127 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 92-A, fracción VI, así como 131 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Morelos, por las razones siguientes:
a. La determinación de obligación del Poder Judicial del Estado de Morelos a realizar pago por pensión por jubilación con cargo al presupuesto del propio Poder a favor de determinada persona, se traduce en una disposición arbitraria en contra de la hacienda del Poder Judicial de la entidad.
b. La autorización a favor del Poder Legislativo del Estado de Morelos para emitir decretos jubilatorios de trabajadores de otros Poderes Estatales, se aparta del principio de autonomía de la gestión presupuestal del Poder Judicial que consagran los artículos 17, párrafo V, y 116, fracción III, de la Constitución Federal.
c. El decreto transgrede el artículo 116 constitucional, al vulnerar el principio de congruencia entre ingresos y egresos, mediante el cual, se establece que el ejercicio del Poder de cada una de las entidades federativas debe estar dividido para su ejercicio entre tres Poderes, de tal modo que ninguno pueda ejercer todo el Poder Estatal en su propio interés.
d. El decreto viola el contenido del artículo 16 constitucional, al incumplir con los requisitos de fundamentación y motivación que sustenten su determinación, de conformidad con lo dispuesto en las tesis de jurisprudencia P./J. 50/2000 y P./J. 109/2005, de rubros: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS DE DERECHOS PÚBLICO PUEDEN ALEGAR INFRACCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN E IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY."
e. El decreto es contrario al principio de independencia judicial consagrado en el artículo 17 constitucional,(1) párrafo quinto, en cuanto vulnera la libertad de los juzgadores de emitir sus resoluciones sin influencias ajenas al reconocimiento jurídico.
f. Asimismo, también se vulnera el contenido del artículo 49, constitucional,(2) que sustenta el principio de división de poderes, específicamente, en cuanto dispone que los Poderes Judiciales de las entidades federativas gozarán de autonomía e independencia en su conformación y ejercicio de sus funciones.
g. Se vulnera el contenido de los artículos 123, apartado B, fracción IX, inciso a), y 127 constitucionales, en cuanto reiteran la obligación de los Poderes de la Unión –en su calidad de patrones– a otorgar como prestaciones sociales, el pago de las pensiones o jubilaciones de los trabajadores a su cargo. No obstante, dicha determinación establece que no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de reitero, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo y sin que se encuentre debidamente referidas en los presupuestos de egresos respectivos.
h. Se vulnera el principio de congruencia presupuestal al que se encuentran sujetos los Poderes Judiciales, mediante el cual corresponde en forma exclusiva a éste la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa (92-A, fracción VI, de la Constitución Local).
15. Es así que la determinación del Congreso Local, a través de la cual estima cumplidos los requisitos exigidos para que la trabajadora accediera a la pensión por jubilación, con cargo a la hacienda pública del promovente, afecta inconstitucionalmente el presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, al imponérsele la obligación de erogar un recurso que no se encontraba previsto para el ejercicio dos mil dieciséis.
16. Es verdad que el régimen de pensiones debe considerarse en las leyes laborales que expidan las Legislaturas Locales, no obstante, ello no implica que el Congreso pueda determinar libremente, los casos en que proceda otorgar prestaciones, cuando éstas nazcan de las relaciones de trabajo entre el Poder Judicial del Estado de Morelos y sus trabajadores.
17. En la diversa controversia constitucional 35/2000, promovida por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la autonomía de la gestión presupuestal es condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia el adecuado funcionamiento de la carrera judicial.
18. La autonomía de la gestión presupuestal tiene el carácter de principio fundamental de la independencia de los Poderes Judiciales Locales y no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros Poderes, pues ello conllevaría, como a la violación del principio de división de Poderes que garantiza el artículo 116 constitucional.
19. Si no se considera constitucionalmente admisible que la Legislatura disminuya la remuneración de los juzgadores, tampoco puede aceptarse que el Congreso Local sea quien determine las pensiones de los empleados judiciales.
20. El Poder demandado no puede direccionar los recursos presupuestales del Poder Judicial para el pago de las pensiones en materia de seguridad social, máxime que la Legislatura Local no atendió la solicitud planteada para cubrir la obligación impuesta a través de los diversos decretos de jubilación y cesantía de edad avanzada emitidos a los largo de esta anualidad.
21. En diversas ejecutorias dictadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, se ha determinado que para que se determine la transgresión a los principios de independencia y autonomía en la gestión presupuestal de los Poderes Judiciales, es necesario que se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:
a. Que en cumplimiento de una norma jurídica, o bien, de manera libre, se actualice una conducta imputable a alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo.
b. Que dicha conducta implique la intromisión, en los términos antes definidos, de uno de esos Poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de esos Poderes realice actos que coloquen al Poder Judicial en un estado de dependencia o de subordinación con respecto a él.
c. Que la intromisión, dependencia o subordinación de otro Poder verse sobre cualquiera de los siguientes aspectos:
i. Nombramiento, promoción e indebida remoción de los miembros del Poder Judicial.
ii. Inmutabilidad salarial (remuneración adecuada y no disminuible).
iii. Carrera Judicial.
iv. Autonomía de la gestión presupuestal.
22. El Congreso del Estado de Morelos transgrede la independencia y autonomía presupuestal del Poder Judicial que represento, al fundarse en los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para expedir el decreto impugnado, y hacer depender al Poder Judicial de las decisiones del Poder Legislativo.
23. El Legislativo Local subordina al Poder Judicial del Estado de Morelos, al obligarlo a cubrir una pensión, cuantificando e indicando el modo de cálculo de la misma.
24. Al respecto, cabe referir el contenido del artículo 56 de la ley impugnada, en cuanto indica que las prestaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 54 de esta ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esta ley y los demás ordenamientos aplicables.
25. Como se observa, el Congreso Estatal resulta el órgano resolutor en materia de pensiones, al habérsele facultado para expedir los decretos relativos a las pensiones de los trabajadores a cargo del Poder Judicial del Estado, cuestión que vulnera la autonomía de gestión presupuestal prevista en el artículo 116, fracción III, de la Carta Magna.
26. En las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, como una transgresión al principio de autonomía en la gestión de la hacienda pública, que el Congreso Local, sin la intervención de cualquier otra autoridad y atendiendo exclusivamente a la solicitud del interesado, pueda decretar alguna de las pensiones determinadas en la Ley del Servicio Civil Estatal, determinando el monto correspondiente.
27. Es preciso señalar, que el régimen de pensiones debe considerarse necesariamente en la Ley del Servicio Civil Estatal, la cual debe ser expedida por el Congreso del Estado de Morelos, no obstante, ello no implica que la Legislatura Local pueda determinar libremente los casos en que proceda otorgar esas prestaciones.
28. Ahora bien, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté en posibilidades de dilucidar si el decreto impugnado violenta o no el principio de independencia de los Poderes Judiciales Locales y, por ende, el de división de poderes, deberá analizar si tal acto implica o no intromisión, dependencia o subordinación a la autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos por parte del Poder Legislativo demandado en perjuicio del actor.
29. Los preceptos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos cuya invalidez se demanda, en términos generales, establecen lo siguiente:
a. Que es facultad del Congreso Estatal emitir leyes, acuerdos o decretos como el que es materia de la presente controversia constitucional.
b. Que es atribución de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso Estatal, el conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, así como la realización de la investigación correspondiente mediante la cual se comprueben los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este derecho.
c. Que el Congreso del Estado está facultado, en términos de lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Ley del Servicio Civil Estatal, para expedir decretos de pensiones a favor de los trabajadores de los diversos Poderes Estatales.
30. Como se observa, existe una intromisión del Poder Legislativo en la ejecución y/o aplicación del presupuesto del Poder Judicial Local que ya se encuentra destinado a determinados fines, contraria al principio de autonomía en la gestión presupuestaria de los Poderes Judiciales Estatales.
31. Por tales circunstancias, se debe declarar la invalidez del decreto impugnado, y de igual forma analizar la subordinación y dependencia en la que se encuentra el Poder Judicial, asimismo, el Poder Legislativo Local deberá incrementar o dotar de los recursos suficientes en la partida de pensiones a efecto de no vulnerar los derechos de los trabajadores de este Poder Judicial.
32. Tercer concepto de invalidez. El decreto impugnado vulnera en perjuicio del poder actor, los artículos 16, 116, fracción III, y 126 de la Constitución Federal y 134 y 131 de la Constitución interna del Estado de Morelos.
33. El Estado se encuentra obligado a cubrir el derecho mínimo a la seguridad social, que comprende, entre otras cosas, el otorgamiento de una pensión a sus trabajadores.
34. Para el caso de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Morelos, existe la posibilidad de cotizar por una parte ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y, en su momento acceder al beneficio de pensión por jubilación o cesantía en edad avanzada establecido en la Ley del Servicio Civil de la entidad.
35. Asimismo, el Poder demandado viola lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, al generar incertidumbre jurídica con lo establecido en el artículo tercero del acto cuya invalidez se demanda, cuando indica que el monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos.
36. En ese contexto, el Poder Judicial del Estado de Morelos no niega la obligación de dar cumplimiento al pago de las pensiones que correspondan; no obstante, indica que para ello requiere de un presupuesto suficiente e independiente a la potestad del órgano legislativo.
37. Aun cuando el presupuesto de egresos considera un incremento salarial, éste no corresponde al aumento al salario mínimo, ya que este último se establece por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, organismo público descentralizado, cuya integración y funcionamiento se encuentra desligado de lo que comprende a los trabajadores que prestan sus servicios al Gobierno del Estado.
38. Dicho organismo se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), ahora dependiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cual concierne estimar las variaciones en precios que tienen que ver con bienes y servicios comercializados en el país.
39. El artículo tercero del decreto combatido pone de manifiesto que el legislador local viola la división de poderes y transgrede la autonomía e independencia de la gestión presupuestal del Poder Judicial, al disponer arbitrariamente el aumento automático del importe de la pensión en relación con el incremento porcentual del salario mínimo.
40. Sin embargo, no se establece la imposición de transferencia o aumento automático de recursos al Poder Judicial Estatal en la misma medida en que se aumente el monto de las pensiones.
41. La extralimitación en la proyección realizada por el Poder Judicial de Morelos, a cargo del cual corre el pago de las pensiones, invade la esfera de competencias del Poder Judicial del Estado de Morelos.
42. El actuar del Poder Legislativo de Morelos lesiona el principio de congruencia entre ingresos y egresos establecido en el artículo 116 constitucional, consistente en que el Poder de cada una de las entidades federativas debe estar dividido para su ejercicio entre tres Poderes, sin que ninguno pueda ejercer todo el Poder Estatal en su propio interés.
43. Es así que la controversia se encuentra dirigida a que se otorguen recursos suficientes para enfrentarse al gasto correspondiente al pago de pensiones.
44. Cuarto concepto de invalidez. Se vulnera el contenido del artículo 134 constitucional, a través del cual, se dispone que los recursos económicos del Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
45. Correlacionado de lo anterior, el acto que se combate es contradictorio de lo que señala también la Constitución Federal en su artículo 126, refiriendo este precepto que no puede realizarse gasto que no esté comprendido en el presupuesto; por lo que la expedición del decreto que se tilda de inconstitucional afecta en los términos que fue elaborada la esfera de competencia del poder público actor, pues no debe perderse de vista que impone una carga que, consideraba en su conjunto con anteriores decretos pensionistas, ya sea por jubilación o cesantía en edad avanzada generan inestabilidad económica.
46. El presupuesto del Poder Judicial de Morelos para su incremento, no depende ni se rige por el aumento que sufra el salario mínimo, por lo que resulta incorrecto que se establezca que es con base en éste que deba realizarse el incremento a la pensión de un trabajador.
47. Asimismo, resulta materialmente imposible actualizar anualmente el porcentaje de los trabajadores jubilados conforme al salario mínimo, en razón de que existen casos en que los jubilados perciben más que los trabajadores en activo, siendo ilógico que una persona en jubilación gane más que una persona en activo en el mismo rango o presupuesto.
48. Aun cuando se ha solicitado al Congreso de Morelos, la ampliación presupuestal para hacer frente a las obligaciones referentes al pago de pensiones, éste ha sido omiso en responder y, por tanto, en asignar el recurso solicitado.
49. No obstante ello, ha continuado aprobando pensiones a trabajadores sin la partida presupuestal correspondiente, en contra de lo dispuesto por los artículos 126 y 134 constitucionales, lo que significa que al no proveer de recursos necesarios e imponer una carga presupuestal, sujeta y limita la autonomía presupuestal del Poder Judicial actor.
50. Trámite de la controversia
51. Por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecisiete,(3) el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 147/2017 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Eduardo Medina Mora I.
52. Mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil diecisiete,(4) el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional únicamente por el acto impugnado y no por la Ley del Servicio Civil del Estado, teniendo como demandados al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al secretario general de Gobierno, todos del Estado de Morelos, a los que ordenó emplazar para formular su respectiva contestación y ordenó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
53. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Previo a la contestación de los conceptos de invalidez, el Poder Ejecutivo Local precisa que el Poder Judicial actor se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que reclame vicios propios del decreto impugnado atribuidos al secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
54. El secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal llevó a cabo la publicación del decreto cuya invalidez se demanda, sin que tal acto haya sido motivo de impugnación por vicios propios, razón por la que resulta falso que la autoridad que representó viole, en perjuicio del Poder Judicial Local, las disposiciones constitucionales que invoca en cada uno de sus conceptos de invalidez, así pues, se solicita declarar como inatendibles e inoperantes los conceptos de invalidez esgrimidos.
55. De lo expuesto, se advierte que el Poder Ejecutivo Estatal, en el proceso legislativo para la emisión del decreto que se impugna, llevó a cabo su promulgación y publicación, sin que tal acto haya sido motivo de impugnación por vicios propios, por lo que es falso que el Poder Ejecutivo viole en perjuicio del Poder Judicial actor, las disposiciones constitucionales que invoca en cada uno de sus conceptos de invalidez.
56. Por cuanto al fondo, las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en la que haya laborado, lo cual constituye una relación de naturaleza administrativa y no laboral, en la que el gobierno actúa con el carácter de autoridad, en tanto puede crear, modificar o extinguir la situación jurídica del pensionado.
57. Estas pensiones, actualmente son otorgadas a cargo del Estado, con independencia de que los trabajadores burocráticos gozan del derecho de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM); afiliación que les permite, además, acceder a las pensiones, prestaciones, seguros y servicios que se otorgan a través de las citadas instituciones conforme a la normativa aplicable.
58. La impugnación que se formula resulta improcedente e infundada, en virtud de que ni el decreto ni las normas que lo sustentan invaden el ámbito de facultades constitucionalmente establecidas a favor del Poder Judicial actor, de manera que carecen de sustento jurídico los conceptos de invalidez hechos valer, debiéndose declarar improcedente la controversia constitucional en la que se actúa.
59. Actualmente existen diversas pensiones a cargo del Poder Judicial actor, que fueron emitidas por el Poder Legislativo del Estado, fundamentadas en los ordenamientos que se reclaman en la presente controversia constitucional, respecto de las cuales, el Poder Judicial no promovió controversia constitucional alguna en su contra, razón por la cual, debe reconocerse validez tanto a las normas como al acto impugnado.
60. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Respecto al primer concepto de invalidez, el Poder Legislativo de Morelos indica que el decreto que se impugna fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado, que establece el procedimiento para que los trabajadores de los Poderes del Estado puedan obtener su pensión, ya sea por jubilación, cesantía en edad avanzada, viudez u orfandad.
61. En el caso, mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil dieciséis, ante el Congreso del Estado, Míriam Beltrán Pizar solicitó el otorgamiento de pensión por jubilación, acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación del salario expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos.
62. Al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento.
63. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación.
64. Así pues, la pensión por jubilación se otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, de manera que, al acreditarse una antigüedad de veintidós años y ocho días de trabajo interrumpido.
65. De acuerdo con el artículo 2o. del decreto impugnado, la pensión otorgada deberá ser cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada de pensiones.
66. Derivado de lo anterior y contrario a lo señalado por el Poder actor, con la expedición del decreto impugnado en nada se violentan los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal, y en ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los requisitos de fundamentación y motivación de una ley se satisfacen cuando es expedida por el Congreso constitucionalmente facultado para ello, y se refieren a las relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas por esta soberanía, razón por la que considera aplicable la tesis P. C/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE ACTO."
67. Por su parte, resulta inoperante lo señalado por el Poder actor en su segundo concepto de invalidez, en el que considera que se vulneran en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 41 49, 116, fracciones
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200333-c62b3e80/i-controversia-constitucional-si-se-hace-valer-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. II. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. II. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. II. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. II. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. EL ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD DEBE HACERSE CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y NO CON BASE E (XVIII.4o.5 L (9a.))
- PENSIONES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO A SU OTORGAMIENTO, Y (XVIII.C.1 L (10a.))
- PENSIONES JUBILATORIAS. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN SU TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL CIN (977)
- PENSIONES JUBILATORIAS. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN SU TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL CIN (I.10o.A. J/2)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis