I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. II. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO Y AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA QUE DETERMINEN EL PAGO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE REVISE SU SISTEMA LEGAL DE PAGO DE PENSIONES Y ESTABLEZCA UNO QUE NO TRANSGREDA LA AUTONOMÍA DE OTROS PODERES U ÓRDENES NORMATIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 164/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 22 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN SE RESERVÓ EL DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, autoridades demandadas y acto impugnado. Por escrito presentado el quince de mayo de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, con el carácter de Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez del Decreto 1511, publicado el diecinueve de abril de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y Liberad", emitido por las autoridades que a continuación se señalan:
a) El Poder Legislativo del Estado de Morelos.
b) El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
c) El secretario de Gobierno del Estado de Morelos.
SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron los siguientes:
1. El presupuesto que le corresponde al Poder Judicial no ha tenido incremento a fin de ser acorde con sus necesidades reales, no obstante que se solicitó al Congreso del Estado la autorización para ampliar la partida presupuestal de jubilaciones y pensiones, sin que a la fecha la autoridad haya dado contestación a la petición.
2. En el anteproyecto de presupuesto de egresos y programa operativo anual del Tribunal Superior de Justicia para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, se solicitó la cantidad de $ 763'835,357 (setecientos sesenta y tres millones, ochocientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta y siete pesos 00/100), para cubrir las necesidades operativa y obligaciones de pago de este tribunal, el cual no fue aprobado por el Congreso Local.
3. El Decreto 1511, por el que se concedió pensión por cesantía en edad avanzada a **********, con cargo al presupuesto del Poder Judicial Local, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el diecinueve de abril de dos mil diecisiete.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. El Poder actor hace valer, en síntesis, los siguientes:
1. El Congreso del Estado, al emitir el Decreto 1511, vulnera los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 127 de la Constitución General, y 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución del Estado de Morelos, por determinar el pago de pensión por jubilación a cargo del presupuesto del Poder Judicial, sin que el Congreso Local ampliara el presupuesto necesario para cubrir la pensión en los términos del decreto citado, lo que afecta los principios de división de poderes, autonomía e independencia.
El decreto impugnado choca con los citados mandamientos constitucionales porque el Congreso Local no reconoce el principio de autonomía de gestión presupuestal que tiene el Poder actor, así como la potestad de regir las relaciones laborales con sus trabajadores que –incluye el otorgamiento de pensiones o jubilaciones–, todo lo cual vulnera la autonomía para definir el gasto público.
Se señala que no hubo reflexión sobre la procedencia del otorgamiento de la pensión, pues para no entorpecer la continuidad de la función jurisdiccional debe nombrarse a un nuevo servidor público que reemplace al jubilado, quien tiene derecho a recibir un salario y prestaciones, por lo que no basta que exista una partida en el presupuesto destinada para satisfacer los pagos de pensiones, sino que ésta necesariamente debe tener los fondos suficientes para cumplir con las obligaciones pensionarias.
Sin que el Poder actor haya autorizado e intervenido, el Congreso Local emitió el decreto impugnado, en el cual se obliga al Poder Judicial a realizar el pago de la pensión por jubilación disponiendo de manera arbitraria de la hacienda pública del Poder actor, lo que es posible apreciar con la redacción actual del decreto impugnado "... dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones". Lo que acredita la ausencia de análisis racional en torno a la capacidad y disponibilidad de recursos en la partida a que se remite el pago de la pensión.
La autoridad demandada se entromete en la disposición del presupuesto del Poder Judicial, al determinar que se cubra con cargo a la insuficiente partida presupuestal destinada para pensiones, del Poder actor, vinculándolo a realizar el pago de pensiones, como ocurre con el ciudadano **********, sin siquiera verificar la suficiencia de recursos presupuestales ni el impacto en las arcas del Poder Judicial, disponiendo de manera arbitraria de la hacienda de dicho Poder, al imponerle cubrir oportunamente una jubilación.
Asimismo, se aduce la violación del principio de congruencia entre ingresos y egresos previsto en el artículo 116 de la Constitución General, así como el 16 constitucional, por falta de fundamentación y motivación del acto.
Por otra parte, si bien la Constitución exige que el régimen de pensiones debe estar previsto en las leyes laborales que expidan las Legislaturas, ello no implica que el Congreso de Morelos tenga la facultad de evaluar el cumplimiento de los requisitos legales para el otorgamiento de una pensión respecto de un trabajador de otro Poder Estatal.
Al resolver la controversia constitucional 35/2000, este Tribunal Pleno sostuvo que la autonomía de gestión presupuestal es una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia. Así, si no es admisible que la Legislatura disminuya la remuneración de los juzgadores, tampoco es aceptable que el Congreso Local determine la pensión de los empleados judiciales sin la intervención del Poder Judicial, quien fue el último empleador, y afectando su presupuesto.
En este sentido, en diversos fallos, la Suprema Corte ha determinado que la vulneración a los principios de independencia y autonomía de gestión presupuestal de los Poderes Judiciales se actualiza cuando i) en cumplimiento de una norma o bien de forma libre, se actualice una conducta imputable alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo; y, ii) que tal conducta implique una intromisión en la esfera de competencia del Poder Judicial o que los otros Poderes realicen actos que coloquen al Poder Judicial en un estado de intromisión, dependencia o subordinación respecto a él. Por ello, la Legislatura Local, al determinar el otorgamiento de pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial constituye un acto intromisivo, dependiente y subordinado que afecta la rama judicial.
En efecto, de los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil local –fundamentos del decreto impugnado–, se desprende que el Congreso Local será el órgano resolutor en materia de pensiones, ya que fija los casos en los que procede el pago de pensiones de los trabajadores judiciales, establece la cuantía de la pensión, y en caso de que el trabajador goce al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del Gobierno o del Municipio, el Congreso Local será la instancia que requiera al interesado para que opte por alguna de ellas, y en caso de no elegir, la determinación recae en el propio Congreso, todo lo cual incide en la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial.
Lo anterior se reafirma con lo resuelto en las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, en las cuales se sostuvo la transgresión al principio de autonomía en la gestión de la hacienda pública, por el hecho de que el Congreso Local sin intervención de cualquier otra autoridad, y atendiendo exclusivamente a la solicitud del interesado, decretara las pensiones previstas en la Ley del Servicio Civil, así como el monto de la misma.
No pasa inadvertido que la Constitución facultó a los Poderes Judiciales para ejercer de forma directa los recursos de su hacienda, sin intermediarios, así como distintas garantías institucionales alrededor, tales como la inamovilidad, inmutabilidad salarial y la carrera judicial.
2. Reitera que el Decreto 1511, vulnera el principio de división de poderes, las garantías de independencia y autonomía judicial, previstas en los artículos 49 y 116, fracción III, de la Constitución General.
Asimismo, se señala que de los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Local, 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, y 56, 57, apartado A, fracción I, inciso d), 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil local, se advierte que: 1) es facultad del Congreso Estatal emitir leyes, acuerdos o decretos como el impugnado; 2) es atribución de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso Estatal el conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios; así como realizar la investigación tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de ese derecho; y, 3) el Congreso Local está facultado para expedir decretos de pensiones a favor de los trabajadores de los diversos Poderes Estatales, incluso del Judicial.
No obstante lo anterior, es el Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos la instancia encargada de aplicar, vigilar y reglamentar el gasto público del Poder Judicial, en términos del artículo 117, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.
En este sentido, el Decreto 1511, actualiza una intromisión, dependencia y/o subordinación del Poder Judicial Local por parte del Congreso Local, lo cual conlleva a una transgresión al principio de división de poderes que consagra el artículo 116 de la Constitución Federal, por lo que el decreto impugnado carece de validez constitucional, al entrometerse directamente en la ejecución y aplicación del presupuesto del Poder Judicial Local.
Consecuentemente, la orden que prescribe el decreto impugnado en cuanto al pago de la pensión jubilatoria a cargo del Poder Judicial genera que esté subordinado y dependiente del Congreso Local, máxime que la Legislatura no dota de recursos adicionales para solventar este tipo de obligaciones.
3. Se combate el contenido el artículo 3o. del Decreto 1511, porque establece que el monto de la pensión debe calcularse con base en el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos.
Lo anterior genera incertidumbre jurídica, pues toma como indicador para el aumento de la pensión el salario mínimo fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuando en realidad el incremento depende de que la partida respectiva sea autorizada en el presupuesto de egresos, de modo que, si éste no contempla algún incremento se hace nugatorio lo ordenado en el decreto impugnado.
Asimismo, el legislador transgredió los principios de división de poderes y el de autonomía de gestión presupuestal, al disponer arbitrariamente el aumento automático del monto de la pensión, sin prever también la transferencia automática de recursos para solventar esto, así como dispone de recursos previamente etiquetados para fines específicos.
Máxime que el Decreto 1511, no cuenta con un factor o indicador que defina o permita prever o requerir una cifra debidamente afianzada en datos duros como lo sería el índice nacional de precios de diciembre del año anterior, y así proporcionar los recursos dinerarios suficientes para no colocar al Poder Judicial en desestabilización económica, al tener que cubrir los aumentos de las pensiones a su cargo y al mismo tiempo no disminuir los salarios de Jueces y Magistrados.
Solicita declarar la invalidez del decreto, al no estar acorde a la realidad constitucional y ser incompatible con la Ley del Seguro Social que no considera al salario mínimo como referente para incrementar el monto de las pensiones, sino al Índice Nacional de Precios al Consumidor del año inmediato anterior, ello para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión; tal situación provoca inestabilidad económica al Poder Judicial, situación que afecta su autonomía financiera. Incluso, existe una diferencia y desigual percepción salarial entre el personal en retiro y activo. Los Magistrados en retiro y sus homólogos activos, aun cuando los primeros se hayan jubilado con un ingreso menor, en virtud de los aumentos automáticos actualmente tienen un pago superior a los Magistrados activos, situación que lacera la correcta administración de justicia que incluye la sanidad de las finanzas del Poder Judicial, pues se implementan recursos no programados, lo que implica una violación a la irreductibilidad salarial de Jueces y Magistrados.
Por otra parte, el artículo 3o. del decreto altera el debido funcionamiento del Poder Judicial, porque incluye en el monto de la pensión, los rubros de prestaciones y asignaciones, sin precisar a qué prestaciones hace referencia, esto ocasiona que el personal en retiro sea equiparado al personal en activo, pues reciben el beneficio de las prestaciones por partida doble.
En efecto, además de incluir en la pensión la prestación, el Poder Judicial continúa aportando las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se encuentran afiliados los trabajadores para que accedan a una nueva pensión a cargo del Poder Judicial. Sin embargo, tal obligación no subsiste respecto del personal en retiro, pues la seguridad social que debe otorgar el Poder actor es en relación con el personal en activo, conservando los trabajadores en retiro el derecho a continuar voluntariamente afiliados pero el importe total de las cuotas obrero-patronales serán a cargo de éste.
4. Aduce que se irroga un perjuicio al Poder Judicial, en relación con los artículos 126 y 134 constitucionales, porque no se consideró otorgar recursos para hacer frente a los pagos derivados del decreto de pensión impugnado, asimismo, es inválido establecer en el decreto impugnado el aumento de la pensión conforme al salario mínimo, ya que el porcentaje en que se ha aumentado en los últimos años es superior al tres por ciento que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.
CUARTO.—Artículos que se estiman violados. El promovente estimó violados los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución General.
QUINTO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de quince de mayo de dos mil diecisiete, el Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 164/2017; asimismo, ordenó remitir el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo.
En proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas a fin de que formularan su contestación y dio vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO.—Contestación del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno del Estado de Morelos. En forma coincidente manifestaron lo siguiente:
a) Causales de improcedencia.
Señalan que el Poder actor carece de legitimación ad causam por no ser titular del derecho que pretende hacer valer, puesto que la autoridad demandada no ha realizado acto alguno que invada la competencia del Poder Judicial, y por esta razón, también el Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno del Estado carecen de legitimación pasiva.
b) Contestación de los conceptos de invalidez.
Como planteamiento previo, las autoridades demandadas aducen que los actos de autoridad gozan de presunción de validez, por lo que los conceptos de invalidez deben calificarse de inatendibles e inoperantes ante la inexistencia de argumentos que justifiquen su petición.
Asimismo, el Poder Judicial no formula concepto de invalidez en los que reclame por vicios propios a los actos de promulgación y publicación atribuido al Poder Ejecutivo, por lo que es falso que esta autoridad vulnere, en perjuicio del Poder actor, las disposiciones constitucionales supuestamente violadas; además, estos actos se realizaron con apego a las atribuciones constitucionales y legales concedidas a esta autoridad.
Por lo anterior, resulta infundada la violación de los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 23, apartado B, fracción XI, inciso a), y 127 de la Constitución General y 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución del Estado de Morelos, toda vez que no se violan los principios de fundamentación y motivación, así como el principio de congruencia presupuestal.
El legislador morelense cuenta con plena libertad de configuración, por lo que ha dispuesto en los artículos 40, fracción II, de la Constitución Local y 53, 57 y 67 de la Ley Orgánica para el Congreso establecer la facultad del Congreso del Estado de expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes y los decretos, como es el decreto de pensiones de los servidores públicos del Estado de Morelos.
Señala que los Poderes del Estado y los Municipios prevén en sus presupuestos respectivos el rubro de pensiones, por lo que el decreto de pensión sólo constituye un acto declarativo que atiende el derecho a la seguridad social del trabajador.
En este sentido, una pensión constituye una prestación económica que forma parte de los beneficios a los que tiene derecho un trabajador cuando deja de prestar sus servicios; y obtiene su jubilación, cuando se cumplen los requisitos marcados por la ley.
El artículo 123, apartado A, de la Constitución establece los distintos seguros y medidas de seguridad social encaminados a la protección y bienestar de los trabajadores y sus familias. Estas pensiones son otorgadas por el Estado, con independencia de la afiliación del trabajador, afiliación que permite acceder a las pensiones, prestaciones, seguros y servicios que se otorguen a través de las instituciones de seguridad social.
Conforme a lo anterior, la Ley del Servicio Civil local establece las medidas y prerrogativas para los trabajadores en el desempeño de su labor, y en su caso, tengan a bien jubilarse, para ello establecen los medios y parámetros para determinar este seguro, ya sea de invalidez, de vejez, de vida, de cesantía involuntaria, de trabajo, de enfermedades y de accidentes, todo en estricta relación con el artículo 123 constitucional.
De esta forma, el decreto impugnado no constituye una transgresión a la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial. Asimismo, el acto impugnado y las normas en que se funda están apegadas al orden constitucional, porque no hay invasión al ámbito de facultades a favor del Poder actor.
Se destaca que el tema de las pensiones a cargo de los Poderes del Estado o Ayuntamientos ha resultado ser problemático, porque a diferencia del sistema de financiamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que la fuente de recursos es tripartido, en el Estado de Morelos las pensiones sólo tienen como fuente de ingresos al erario público. Dicha situación ha provocado que el erario estatal y municipal sea insuficiente para solventar sus obligaciones, por lo que no puede pasar inadvertido para el legislador. Sin menoscabo de lo anterior, se estima que el decreto impugnado respeta los derechos de los trabajadores reconocidos en la legislación aplicable.
Se menciona que existen diversas pensiones a cargo del Poder Judicial, emitidas por el Congreso Local, respecto de las cuales no fueron impugnadas, así como otras que han dado origen a diversas controversias constitucionales que se encuentran en trámite ante esta Suprema Corte.
Ver decretos
Derivado de lo anterior, el Poder Judicial ha consentido la emisión de tales decretos y, en consecuencia, las normas en los que se fundan los mismos, puesto que no fueron controvertidas en tiempo y forma, por lo que debe sobreseerse este medio de control constitucional por extemporaneidad de las normas que se combaten.
SÉPTIMO.—Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. El Congreso del Estado contestó, en síntesis, lo siguiente:
a) Causales de improcedencia.
Se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con la fracción I, inciso h), del artículo 105 de la Constitución General, por falta de interés legítimo del Poder actor.
La expedición del Decreto 1511, por el que se otorga la pensión por cesantía en edad avanzada, no pretende de forma alguna ejercer directamente los recursos que integran el presupuesto del Poder Judicial, cuyo ejercicio es exclusivo de éste, además de que las facultades de programar, presupuestar y aprobar el instrumento presupuestal corresponden al propio Poder Judicial.
En este sentido, con fundamento en los artículos 123, apartado B, de la Constitución General, 40, fracción XX, de la Constitución Local, y 54, fracción VII, y 56 al 68 de la Ley del Servicio Civil de Morelos, el Congreso Local tiene facultades para expedir los decretos de pensiones que se otorgan a los trabajadores del Gobierno del Estado, por ende, no hay perjuicio alguno al Poder Judicial.
Se destaca que el Poder actor tiene la obligación constitucional de contar con una partida en el presupuesto de egresos para solventar el pago de pensiones, por lo que está excluida del ámbito de autonomía la facultad del Poder Judicial sobre decidir o no contar con tal partida, puesto que al ser el beneficiario del trabajo subordinado está obligado a cubrir el salario y las prestaciones que devienen por los servicios prestados, en términos del artículo 123 constitucional.
Por tales razones, la controversia constitucional es improcedente, puesto que el Poder Judicial es el principal obligado en cubrir las prestaciones en materia de seguridad social a sus trabajadores.
b) Contestación de los conceptos de invalidez.
1. Resulta infundado el primer concepto de invalidez.
El Decreto impugnado fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que establece el procedimiento para la obtención de una pensión, así como los derechos que tienen los trabajadores y los sujetos obligados en cumplir las prestaciones en materia de seguridad social.
En el caso, ********** solicitó ante el Congreso Local, el otorgamiento de su pensión por cesantía en edad avanzada, la cual fue concedida al haber cumplido con los requisitos que prevé la Ley del Servicio Civil, por lo que no existió razón alguna para negar la solicitud, al tener la obligación de emitir el decreto respectivo, en términos de los artículos 40, fracciones II, y XX, de la Constitución de Morelos y 57 de la Ley del Servicio Civil local.
Por otra parte, resulta improcedente la controversia constitucional, ya que el Poder Judicial no hace referencia sobre qué parte del decreto adolece de validez, y únicamente combate el decreto pero no la parte considerativa del mismo, razón por la cual, debe sobreseer la controversia.
Además, contrario a lo sostenido por el promovente, no se vulnera el artículo 16 constitucional, en cuanto a la motivación y fundamentación del decreto impugnado.
El artículo 127, fracción IV, de la Constitución General, establece que las Legislaturas Locales tienen la obligación de consignar en sus leyes laborales el mecanismo para que los trabajadores al servicio del Estado accedan a las prestaciones en materia de seguridad social, por lo que tal mandato constitucional debe ser atendido, pero ello no implica que sean los mismos órganos legislativos los que deban otorgar las pensiones.
En consecuencia, el principio de división de poderes no resulta violado, puesto que el decreto combatido no atenta la integridad e independencia del Poder Judicial de Morelos, sino que sólo respeta los derechos laborales de los trabajadores. Tampoco hay una intromisión, dependencia o subordinación por parte del Poder Legislativo en las actividades propias del Poder Judicial, como es la administración de justicia que ha sido desempeñada hasta el momento en forma autónoma e independiente sin intervención.
2. Resulta inoperante el segundo concepto de invalidez, toda vez que el Congreso Local no vulneró la autonomía presupuestal del Poder Judicial, pues hasta el momento no se ha afectado la partida presupuestal de la rama judicial y, por ende, la función de impartición de justicia.
Tampoco hay violación del principio de división de poderes, dado que no se configura con la emisión del decreto impugnado una intromisión, dependencia o subordinación en los asuntos que le corresponden al Poder Judicial.
Cabe destacar que los artículos 40, fracción II, y 50 de la Constitución Local, 3 de la Ley Orgánica para el Congreso, y 56, 57 y 64 de la Ley del Servicio Civil Local establecen que el Congreso del Morelos es el único que tiene la facultad para sustanciar el trámite en el que determine por decreto el pago de la pensión, así como para aclarar, reformar, derogar o abrogar tal determinación, e incluso para analizar la eficacia del mismo. Por ello, el Poder Judicial sólo es un órgano de ejecución del cumplimiento del Decreto 1511.
Si bien es cierto que el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil –que faculta al Congreso Local a emitir los decretos en materia de pensión– fue declarado inválido,(1) lo cierto el Congreso Local aún está en posibilidad de resolver sobre la procedencia respecto a la ejecución del decreto en el que se otorgó la pensión impugnada.
En cuanto a la inconstitucionalidad de los artículos 1o., 8o., 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, párrafo primero, e inciso c), 54, fracción VII, y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, fueron aplicados con anterioridad al decreto que se combate, por lo que no constituye el primer acto de aplicación, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Ver cuadro
Aunado a ello, el Poder Judicial no formuló reclamo particular sobre los artículos citados, ni concepto de invalidez, sólo los menciona, en virtud de que forman parte del sistema de pensiones local, por lo que debe sobreseerse este medio de control constitucional. Siendo aplicable la tesis P. VI/2011, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO."
Por último, el artículo 49 de la Constitución, que consagra el principio de división de poderes no resulta aplicable al ámbito estatal, puesto que se refiere a los Poderes Federales, por lo que no hay violación a este precepto como lo aduce el promovente.
OCTAVO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.
NOVENO.—Cierre de la instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO.—Radicación. Previo dictamen del Ministro instructor, la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y los autos le fueron devueltos para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, a contrario sensu, y punto tercero del Acuerdo 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial del Estado de Morelos y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.—Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.
El artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia(2) establece que el plazo para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos será de treinta días a partir del siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
Ahora bien, el Poder Judicial actor impugna el Decreto 1511, publicado el diecinueve de abril de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial Local, la cual será tomada como fecha de conocimiento en virtud de que el actor no manifestó haber tenido conocimiento, del mismo en fecha diversa, por tanto, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del jueves veinte de abril al viernes dos de junio de dos mil diecisiete,(3) por lo que si la presentación de la demanda se efectúo el quince de mayo de ese año, es indudable que resulta oportuna.
Consecuentemente, no le asiste la razón a las autoridades demandadas en cuanto señalan que la presentación del escrito de demanda es extemporán
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200344-027031fc/i-controversia-constitucional-si-se-hace-valer-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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