I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO RESULTA EXTEMPORÁNEA EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS, QUE NO FUERON APLICADAS EN EL ACTO QUE SE COMBATE [1, 8, 57, APARTADO B), 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67 Y 68 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, 56 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS Y 109 DE SU REGLAMENTO, TODOS DEL ESTADO DE MORELOS]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO. (ARTÍCULOS 55, 56, 57, 59 Y 66 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. IV. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRASGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE EL LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SE CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 131/2016. PODER JUDICIAL DE MORELOS. 8 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: RON SNIPELISKI NISCHLI.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de noviembre de dos mil diecisiete.
VISTOS para resolver los autos de la controversia constitucional 131/2016; y,
RESULTANDO:
1. Presentación de la demanda. El tres de noviembre de dos mil dieciséis, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien se ostentó como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra del Congreso, del titular del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno, todos de Morelos.
2. En su demanda solicitó la declaración de invalidez del Decreto Número 948, publicado el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se otorgó pensión por cesantía en edad avanzada a Jorge Luis Jiménez Alegre con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.
3. Asimismo, con motivo de su aplicación en el decreto impugnado, solicita la declaración de invalidez de las siguientes disposiciones generales:
I. Por permitir a la Legislatura Local la emisión del decreto impugnado, los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicados el diecisiete de enero de dos mil trece, y
II. Por extensión de sus efectos, al modificar el sistema de pensiones, los artículos 1, 8, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 al 68 de la misma ley; 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de Morelos, publicada el nueve de mayo de dos mil siete, y 109 del Reglamento del Congreso de Morelos, publicado el doce de junio de dos mil siete.
4. Registro y turno de la demanda. El cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, registrarla con el número 131/2016 y la turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
5. Admisión de la demanda. Por auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió la demanda en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Morelos, así como del secretario general de Gobierno de Morelos, consecuentemente, ordenó emplazarlos a juicio para que formulasen su contestación; finalmente, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestase lo que correspondiera a su representación.
6. Contestaciones a la demanda. El trece de diciembre de dos mil dieciséis, Beatriz Vicera Alatriste, ostentando el carácter de diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo demandado.(1)
7. El trece de enero de dos mil diecisiete, José Anuar González Cianci Pérez y Óscar Pérez Rodríguez, el primero en su carácter de encargado de la Consejería del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el segundo en su calidad de director general de Asuntos Constitucionales y Amparo de dicha dependencia, dieron contestación a la demanda en representación del Poder Ejecutivo y del secretario general de Gobierno que figuran como demandados en la controversia constitucional.(2)
8. El trece de enero de dos mil diecisiete, Matías Quiroz Medina, ostentando el carácter de secretario de gobierno del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda.(3)
9. Manifestaciones. La procuradora general de la República no hizo manifestaciones en la presente controversia constitucional.
10. Alegatos. En el presente asunto sólo se formularon alegatos por parte del Poder Judicial, los cuales fueron presentados por su delegado el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete.(4)
11. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley Reglamentaria) en la que se hizo relación de los autos en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
12. Radicación. Una vez integrado el expediente, por auto de trece de junio de dos mil diecisiete, se remitió a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su radicación y resolución, la cual por auto de veinte de junio de dos mil diecisiete, se avocó a su conocimiento, ordenando remitir los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
13. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(,5) 1o. de la Ley Reglamentaria,(6) 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(7) en relación con los puntos segundo, fracción I, a contrario sensu, y tercero del Acuerdo General del Tribunal Pleno Número 5/2013,(8) ya que no se requiere de la intervención del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
14. SEGUNDO.—Certeza y precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria,(9) se procede a precisar en forma concreta los actos que son objeto de la presente controversia constitucional y apreciar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados.
15. En la demanda se solicita la declaración de invalidez del Decreto Número 948, mediante el cual se otorgó pensión por cesantía en edad avanzada a Jorge Luis Jiménez Alegre con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, cuya existencia quedó acreditada con un ejemplar del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5435, de catorce de septiembre de dos mil dieciséis.(10)
16. Luego, con motivo de su aplicación en el decreto impugnado, solicita la declaración de invalidez de las siguientes disposiciones generales:
I. Los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, en su párrafo primero, e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57, último párrafo, y del 58 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicada el diecisiete de enero de dos mil trece;
II. El artículo 56 de la Ley Orgánica para el Congreso de Morelos, publicada el nueve de mayo de dos mil siete,(11) y
III. El artículo 109 del Reglamento del Congreso de Morelos, publicado el doce de junio de dos mil siete.
17. De la lectura del decreto impugnado, se aprecia que el Congreso Local sólo aplicó expresamente los siguientes artículos: 55, 56, 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 58, 59, inciso f), y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;(12) sin embargo, en la medida que su contenido está implícito, también de los siguientes:
I. El artículo 24, fracción XV,(13) por cuanto prevé la terminación de los efectos del nombramiento cuando los trabajadores han obtenido pensión por cesantía en edad avanzada;
II. El artículo 43, fracción XIV,(14) por establecer el derecho de los trabajadores al servicio del Estado de Morelos a recibir este tipo de pensión;
III. El artículo 45, fracción XV, inciso c),(15) por obligar a los Poderes Locales a cubrir las aportaciones para que aquellos puedan recibir pensión por este concepto;
IV. El artículo 54, fracción VII,(16) por regular como una prestación de los trabajadores el derecho de los empleados públicos a recibir pensión por cesantía en edad avanzada;
V. El artículo 65, fracción I,(17) por establecer la prelación para gozar de las pensiones de la ley como la que nos ocupa.
18. En cambio, los artículos 1, 8, 57, apartado B), 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil,(18) 56 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos(19) y 109 de su Reglamento,(20) todos del Estado de Morelos, no se aplicaron ni expresa ni implícitamente en el decreto impugnado, ya que no fueron tomados en cuenta para la concesión de pensión por cesantía en edad avanzada que fue decretada a favor de Jorge Luis Jiménez Alegre.
19. Por lo mismo, respecto de estas últimas disposiciones generales se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII,(21) en relación con el artículo 21, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria;(22) ya que se tendrían que haber impugnado con motivo de su publicación y, atendiendo a la fecha en que esto ocurrió, la presentación de la demanda resultaría notoriamente extemporánea, porque el plazo legal para ello es de treinta días y la última reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos fue publicada el ocho de octubre de dos mil catorce, mientras que las disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y su Reglamento son del nueve de mayo y doce de junio de dos mil siete, respectivamente. En consecuencia, se debe sobreseer en el juicio respecto de todas éstas disposiciones generales con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria.(23)
20. Por lo tanto, si sólo pueden ser materia de la presente controversia constitucional aquellas disposiciones que de una u otra forma le fueron aplicadas al Poder actor en el decreto impugnado, para poder integrarlas a la litis se requiere, además, que sea la primera vez que se le aplicaron al Poder Judicial actor. Sin embargo, de conformidad con el artículo 88 de Código Federal de Procedimientos Civiles,(24) supletorio por virtud del artículo 1o. de la Ley Reglamentaria, es un hecho notorio para esta Suprema Corte de Justicia que no es la primera vez que esto sucede, incluso, en la controversia constitucional 238/2016, el mismo Poder Judicial de Morelos señaló otro decreto como el que aquí se impugna como acto de aplicación de las mismas normas, e incluso, desde entonces ya se había desechado la demanda por esta misma circunstancia, lo cual fue objeto de impugnación en el recurso de reclamación 1/2017-CA, fallado por la Primera Sala el pasado diecinueve de abril, confirmando el desechamiento por los motivos apuntados.
21. Por consiguiente, si el decreto impugnado no constituye el primer acto de aplicación por lo que hace a los artículos 55, 56, 57, 59 y 66 de la citada Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, sino uno ulterior, también en este caso su impugnación es improcedente, ya que la presentación de la demanda resultaría notoriamente extemporánea atendiendo a su fecha de publicación y, por lo mismo, se debe sobreseer en el juicio respecto de estas otras disposiciones en los mismos términos apuntados con anterioridad y en congruencia con el criterio de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.",(25) sostenido por el Tribunal Pleno al resolver la controversia constitucional 84/2004.
22. En estas condiciones, sólo es susceptible de ser materia de la controversia constitucional el Decreto Número Novecientos Cuarenta y Ocho por el que se determinó otorgar pensión por cesantía en edad avanzada a Jorge Luis Jiménez Alegre.
23. TERCERO.—Oportunidad. Conforme a la precisión realizada en el apartado anterior, ahora se analizará la oportunidad de la presentación de la demanda respecto del decreto impugnado.
24. De conformidad con la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria,(26) el plazo de treinta días para la presentación de la demanda se debe computar a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se reclame, se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, al día siguiente al que el actor se ostente sabedor de los mismos.
25. En atención a la narración de los antecedentes de la demanda, en el presente caso se debe tomar la fecha de publicación del decreto impugnado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5435, como la fecha en que el Poder Judicial actor tuvo conocimiento del mismo, esto es, el catorce de septiembre de dos mil dieciséis.
26. Con base en esa fecha, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del lunes diecinueve de septiembre al jueves tres de noviembre de dos mil dieciséis, ya que se deben descontar los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco de septiembre, uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre, por corresponder a sábados y domingos; los días quince de septiembre, treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre, por haber sido declarados como inhábiles por el Tribunal Pleno; así como los días dieciséis de septiembre y doce de octubre por ser inhábiles, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o., fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria,(27) en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(28) y los incisos a), b), i), j) y n), del punto primero del Acuerdo General Número 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.(29)
27. Por consiguiente, la presentación de la demanda fue oportuna si el escrito por el que se promovió la controversia constitucional se presentó el último día del plazo señalado.(30)
28. CUARTO.—Legitimación. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria,(31) las partes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que estén facultados para representarlos en términos de las normas que los rigen y, en todo caso, se presumirá que quienes comparecen a juicio gozan de la representación legal y cuentan con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
29. I. Legitimación activa. En el presente asunto el Poder Judicial del Estado de Morelos tiene reconocido el carácter de parte actora, por haber promovido la presente controversia constitucional, de conformidad con la fracción I del artículo 10 de la Ley Reglamentaria.(32)
30. En su representación suscribió la demanda María del Carmen Verónica Cuevas López con el carácter de presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, personalidad que acreditó con el acta de la sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis,(33) en la cual se le eligió para desempeñar el primero de los cargos señalados y por virtud del cual ocupa, a su vez, el segundo de ellos, esto último con fundamento en los artículos 92, párrafo segundo, de la Constitución Política local(34) y 114, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(35)
31. Ahora, si bien en la Constitución Política Local no existe una disposición expresa que haga referencia a quién corresponde la representación legal del Poder Judicial Local ante los órganos jurisdiccionales, ya que su artículo 86, sólo señala que su ejercicio se deposita en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes,(36) lo cierto es que el artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, le otorga facultades al presidente del primero de ellos para representar a dicho Poder ante los otros poderes del Estado,(37) aunado a que el órgano que preside, por disposición del primer párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(38) es la máxima autoridad de dicho Poder en todas aquéllas cuestiones que no sean de la competencia exclusiva del Consejo de la Judicatura Local, el cual es la máxima autoridad en los asuntos de su competencia de acuerdo con el artículo 113 del mismo ordenamiento legal.(39)
32. Resulta directamente aplicable al caso, el criterio sostenido por el Tribunal Pleno al fallar la controversia constitucional 33/2000, cuyas consideraciones quedaron reflejadas en la tesis P./J. 38/2003 de rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(40)
33. II. Legitimación pasiva. En el presente asunto se les reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de gobierno, todos ellos del Estado de Morelos: el primero por haber emitido el decreto impugnado, el segundo por la publicación del mismo y el tercero por el refrendo respectivo, lo anterior de conformidad con la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria.(41)
34. Poder Legislativo. En su representación compareció Beatriz Vicera Alatriste con el carácter de presidenta de la Mesa Directiva, personalidad que acreditó con copia certificada del acta de sesión de doce de octubre de dos mil dieciséis,(42) donde se desprende que fue electa para ocupar dicho cargo por el período comprendido del doce de octubre de dos mil dieciséis al treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.
35. Ahora, por disposición del artículo 24 de la Constitución Política Local, en el Estado de Morelos el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en el Congreso local(43) y su representación corresponde al presidente de la Mesa Directiva, esto último de conformidad con el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(44)
36. Por consiguiente, al haber acreditado ocupar el cargo apuntado, como representante legal de dicho órgano legislativo, se encuentra legitimada para actuar en nombre del Poder Legislativo del Estado de Morelos.
37. Poder Ejecutivo. En representación de éste Poder comparecieron a dar contestación a la demanda José Anuar González Cianci Pérez, con el carácter de encargado de la Consejería del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y Oscar Pérez Rodríguez, en su calidad de director general de Asuntos Constitucionales y Amparo, quienes acreditaron la personalidad que ostentan: el primero con el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de nueve de septiembre de dos mil quince, donde consta su nombramiento de fecha veintiocho de agosto del mismo año,(45) mientras que el segundo con copia certificada de su nombramiento de primero de diciembre de dos mil dieciséis.(46)
38. Ahora, por disposición del artículo 57 de la Constitución Política del Estado, en el Estado de Morelos el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador(47) y su representación corresponde al Consejero Jurídico cuando el propio Gobernador así lo acuerde, de conformidad con los artículos 74 de la Constitución Política local(48) y 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(49) en relación con los artículos 10, fracción XXI, y 24 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo.(50)
39. Por lo tanto, si el acuerdo referido en el párrafo anterior fue publicado el once de junio de dos mil quince en el medio oficial correspondiente,(51) donde se puede apreciar que el titular de la Consejería Jurídica fue autorizado por el propio Gobernador para ejercer todas las atribuciones y facultades que requieren de acuerdo previo del Gobernador, tomando en cuenta que el encargado de despacho puede asumir legalmente las funciones del titular de la Consejería Jurídica en su ausencia, esto por disposición del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(52) entonces, en la presente controversia constitucional sólo el primero de los funcionarios señalados anteriormente cuenta con legitimación procesal para actuar en nombre del Poder Ejecutivo demandado.
40. Secretario de Gobierno. En el presente asunto compareció Matías Quiroz Medina en su carácter de secretario de gobierno del Estado de Morelos, personalidad que acreditó con un ejemplar del Periódico Oficial de catorce de octubre de dos mil catorce, donde consta su nombramiento en dicho cargo,(53) a quien se le debe reconocer legitimación para intervenir en el juicio, al haber hecho ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 11, fracción XXV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos,(54) siguiendo el criterio del Tribunal Pleno contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 109/2001 de rubro: "SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO."(55)
41. SEXTO.—Causas de improcedencia. Las autoridades demandadas adujeron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria,(56) porque el Poder Judicial actor carece de interés legítimo para impugnar el decreto de otorgamiento de pensión en cuestión, ya que en su opinión éste no provoca afectación alguna en su esfera de competencia.
42. Dicha causa de improcedencia debe desestimarse, porque involucra el estudio del fondo del asunto, ya que para poder determinar si la expedición del decreto impugnado es susceptible de generar una afectación en la esfera de atribuciones de la parte actora es necesario examinar el decreto impugnado a la luz de los conceptos de invalidez planteados. Resulta aplicable al caso el criterio del Tribunal Pleno, contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 92/99 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(57)
43. Asimismo, los demandados señalaron que la parte actora había consentido la aplicación de los preceptos impugnados, ya que los mismos le habían sido aplicados en diversos decretos con anterioridad al que impugna en esta ocasión como primer acto de aplicación; sin embargo, resulta innecesario abordar este motivo de improcedencia, en la medida que la controversia se sobreseyó respecto de dichos preceptos por la razón apuntada en el considerando segundo de esta sentencia.
44. No pasa inadvertido que en el presente caso el Poder Judicial actor ha venido pagando la pensión concedida en el decreto impugnado; sin embargo, ello no puede considerarse como un consentimiento del Decreto impugnado, en tanto que tales pagos se han efectuado en virtud del mandamiento del Congreso –el cual constituye precisamente la materia de impugnación en la presente controversia– y a fin de no afectar los derechos del trabajador pensionado, lo cual no podría causar perjuicio en detrimento de los derechos del Poder actor, de combatir mediante controversia constitucional las invasiones a su esfera competencial.
45. SÉPTIMO.—Estudio. Para la resolución de la presente se retoman las consideraciones formuladas por esta Segunda Sala al resolver las controversias constitucionales 126/2016(58) y 130/2016,(59) en sesión del nueve de agosto del presente año.
46. En sus conceptos de invalidez, el Poder actor plantea una violación a la división de poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal que consagran los artículos 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el decreto impugnado constituye una intromisión indebida del Congreso estatal en las decisiones presupuestales del Poder Judicial Local. Aunado a ello, argumenta que el Poder Legislativo es quien debe otorgar, en todo caso, los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva, lo que no sucedió así.
47. A fin de estar en posibilidad de determinar si asiste la razón al Poder Judicial actor, resulta necesario explicar la mecánica bajo la cual funciona el sistema de pensiones en Morelos, sin que ello implique el estudio de constitucionalidad o convencionalidad de las normas que se citarán a continuación, ya que la controversia resultó improcedente respecto de las normas impugnadas, como se determinó en el considerando segundo de este fallo, y el presente análisis sólo tiene como objetivo esclarecer tres puntos principales:
I. ¿Cómo se financia el sistema de pensiones en el Estado de Morelos?
II. ¿Cómo se distribuye la carga financiera para el pago de las pensiones en esa entidad federativa?
III. ¿Ese sistema de pagos (reflejado en los decretos de pensión como el que aquí se impugna) respeta la división de poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal?
48. En este contexto resulta pertinente precisar que desde el año de mil novecientos ochenta y cuatro, ante la preocupación que existía por parte del Gobierno del Estado de Morelos de otorgar a sus servidores la seguridad social y los apoyos económicos indispensables para poder brindarles un mayor bienestar, se creó el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.(60)
49. Esa institución, de conformidad con los artículos 4o., 5o. y 6o. de su ley, es un "organismo público descentralizado, sectorizado mediante acuerdo que expida el Gobernador al efecto, en términos de la Ley Orgánica; con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central y sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos", que tiene por objeto "procurar el bienestar social de los afiliados y sus familias a través del otorgamiento de prestaciones económicas y sociales."
50. El patrimonio del citado instituto, de conformidad con el artículo 8o. de su ley, se integra con: un fondo social permanente; las aportaciones ordinarias y extraordinarias que realicen los entes obligados;(61) las aportaciones extraordinarias que acuerden en común los afiliados; las cuotas de recuperación recibidas por los servicios que se otorguen; las cuotas no reclamadas por el afiliado o beneficiario, una vez transcurridos cinco años a partir de la separación del servicio o el fallecimiento del afiliado, salvo resolución judicial; un fondo de reserva para cuentas incobrables, incosteables e ilocalizables; los intereses, productos financieros, rentas y otros que se obtengan por cualquier título; los bienes inmuebles y muebles que forman parte del activo fijo y los que en lo futuro adquiera o se adjudique el instituto; los que se obtengan por donaciones, herencias, legados y fideicomisos que se hagan o constituyan a favor del instituto, y con cualquier otro concepto legalmente obtenido o constituido en favor del instituto.
51. Y para el cumplimiento de sus fines, la ley respectiva establece:
52. En el artículo 6o., que el instituto, para el cumplimiento de su objeto, de manera enunciativa mas no limitativa, tendrá como atribuciones:
I. Brindar seguridad social a los afiliados en materia de vivienda, mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios;
II. Proporcionar en forma directa o con la intermediación de las instituciones federales, estatales o municipales competentes, así como con aquellas que integran el sistema bancario mexicano, financiamiento oportuno y a bajas tasas de interés, a las personas a que estén destinados los programas de vivienda que instrumente el propio instituto;
III. Otorgar prestaciones económicas a corto, mediano y largo plazo, conforme lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable;
IV. Otorgar servicios sociales de odontología y optometría, en términos de lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable, y
V. Brindar cualquier otra prestación que satisfaga las necesidades de los afiliados, previa aprobación y en los términos que determine el Consejo Directivo.
53. Y en los artículos 63 y 64, se dispone que las prestaciones sociales que el instituto otorga a sus afiliados son las relativas a: I. Servicios de odontología; II. Servicios de optometría, y III. Cualquier otra que proponga el director general a la aprobación del Consejo Directivo.
54. El artículo 29 prevé que, tienen la calidad de afiliados: "I. Los trabajadores al servicio de alguno de los entes obligados, y—II. Los pensionistas que continúen cotizando al instituto."
55. Mientras que el artículo 30 establece que los derechos y las obligaciones del instituto con los afiliados "nacen concomitantemente con el pago de las cuotas y las aportaciones."
56. Por su parte, el artículo 26 señala las obligaciones que tienen los entes obligados en relación con el instituto, de entre las que destaca la relativa a "Enterar en tiempo y forma las cuotas, aportaciones y las amortizaciones de los créditos otorgados"; mientras que el artículo 27 dispone que "Además de lo previsto en el artículo anterior, los entes obligados deberán enterar al instituto, dentro de los primeros treinta días naturales a la fecha de corte de nómina, el monto de sus aportaciones, así como las retenciones realizadas a los afiliados por concepto de cuotas y créditos otorgados."
57. En el artículo 41 se menciona que "Tienen el carácter de obligatorias las aportaciones a cargo de los entes obligados, cuya base de cotización será el 6% sobre las percepciones constantes de los afiliados, las cuales deberán quedar consignadas en sus respectivos Presupuestos de Egresos."
58. Y en el artículo 42 se establece que "Tienen el carácter de obligatorias las cuotas a cargo de los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200372-02971744/i-controversia-constitucional-su-improcedencia-manifiesta-e-indudable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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