I. SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA DETERMINAR SI SE VIOLÓ, DEBE ANALIZARSE LO DETERMINADO EN EL PROVEÍDO EN EL QUE SE CONCEDIÓ, ASÍ COMO LAS CONDUCTAS ASUMIDAS POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS (SUPUESTA VIOLACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA DENTRO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 69/2018 POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO). II. SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI TIENE POR EFECTO QUE NINGUNA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO DEBE SURTIR EFECTOS MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO PRINCIPAL, EL ACTO DE DICHO ÓRGANO JURISDICCIONAL CONSISTENTE EN DEJAR SIN EFECTOS EL NOMBRAMIENTO QUE HABÍA OTORGADO A UNA PERSONA DETERMINADA NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN DE AQUÉLLA (SUPUESTA VIOLACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA DENTRO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 69/2018 POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO). III. SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU CONCESIÓN EN EL SENTIDO DE QUE NINGUNA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO DEBE SURTIR EFECTOS MIENTRAS SE RESUELVA EL JUICIO PRINCIPAL, NO IMPLICA RECONOCER LA VALIDEZ DEL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO QUE CON ANTERIORIDAD EXPIDIÓ EL CONGRESO LOCAL (SUPUESTA VIOLACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA DENTRO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 69/2018 POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO).
RECURSO DE QUEJA 4/2018-CC DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 69/2018. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve el recurso de queja 4/2018-CC, interpuesto por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, ante la aparente violación a la suspensión concedida, mediante acuerdo de trece de marzo de dos mil dieciocho, en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 69/2018, para lo cual deben tomarse en consideración los siguientes:
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de controversia constitucional. Antonio López Orozco, Liliana Guadalupe Morones Vargas y María del Consuelo Robles Sierra, ostentándose, respectivamente, como Vicepresidente en funciones de Presidente y Secretarias de la Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, promovieron demanda de controversia constitucional, en la que solicitaron la invalidez de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JE-73/2017.(1)
2. Dicha sentencia, en lo que interesa, ordenó lo siguiente:
“[...]
• Declarar la inaplicación de los artículos 35, fracción X, y 106, fracción IV, último párrafo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 51, apartado 1, de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas de esa entidad, así como séptimo transitorio del decreto 26408/LXI/17, de reformas constitucionales locales en materia de combate a la corrupción, y octavo transitorio del decreto por el que se expidió la referida ley de responsabilidades; por cuanto hace a la facultad del Congreso de aquella entidad de designar al titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral local.
• Modificar el acuerdo legislativo por el cual el Congreso de Jalisco aprobó la convocatoria para la elección de los titulares de los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos de esa entidad, así como la convocatoria misma, a fin de dejar sin efectos y suprimir toda referencia al Tribunal Electoral de Jalisco.
• Dejar sin efectos todos los actos realizados en cumplimiento al acuerdo legislativo impugnado, en relación, única y exclusivamente, con la designación del titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral de Jalisco.
• Ordenar al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco designar al titular de su órgano interno de control en los términos precisados en el último considerando de la ejecutoria.
• Dar vista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con copia certificada de la ejecutoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 99, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[...]”(2)
3. Recepción y turno. El Ministro Presidente de este Alto Tribunal ordenó la formación y registro del escrito de demanda como controversia constitucional 69/2018 y dispuso que el asunto se turnara a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para que instruyera el procedimiento correspondiente.(3)
4. Admisión a trámite. El trece de marzo de dos mil dieciocho, la Ministra Instructora admitió a trámite la demanda de controversia constitucional. En ese mismo acuerdo, dispuso que, lo relativo a la suspensión solicitada, se tramitara por separado, abriéndose el cuaderno incidental respectivo.(4)
5. Acuerdo que decreta la suspensión. En esa misma fecha, en el cuaderno incidental, la Ministra Instructora concedió la suspensión solicitada, para los siguientes efectos:
“[...]
Atento a lo solicitado, a las características particulares del caso y a la naturaleza del acto en él impugnado, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio en la sentencia que en su oportunidad se dicte, procede conceder la suspensión para que no surta efectos jurídicos ni se ejecute lo determinado en la sentencia dictada por la autoridad demandada en el expediente SUP-JE-73/2017 y se mantengan las cosas en el estado que se encuentran.
Lo anterior, implica que ninguna designación del Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco surtirá efectos legales, hasta en tanto se resuelva el presente medio de control constitucional.
Lo anterior, a fin de preservar la materia de la controversia constitucional y evitar se cause un daño irreparable; lo que es acorde con la naturaleza de esta medida cautelar.
La suspensión concedida en los términos precisados no afecta la seguridad ni la economía nacionales o las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ni causa un daño mayor a la sociedad en relación con los beneficios que pudieran obtenerse con ella, sino, por el contrario, al otorgarla, únicamente se pretende preservar la esfera de competencia que el Poder Legislativo de Jalisco estima violada.
En consecuencia, se
ACUERDA:
Primero. Se concede la suspensión solicitada por el Poder Legislativo de Jalisco, para que no surtan efectos legales: lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución dictada en el expediente SUP-JE-73/2017, ni cualquier designación del Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
Segundo. La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente, conforme al artículo 17 de la ley reglamentaria de la materia.
[...]” (5)
6. Determinación que se estima desconoce la suspensión. En sesión plenaria extraordinaria, celebrada el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco determinó dejar sin efectos, a partir de esa fecha, el nombramiento expedido por el pleno de ese tribunal, al titular de su órgano interno de control.
II. TRÁMITE
7. Interposición del recurso de queja. El Poder Legislativo del Estado de Jalisco, a través de su mesa directiva, interpuso recurso de queja, por supuesta violación a la suspensión, mediante escrito presentado el diez de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.(6)
8. Trámite del recurso. En proveído de quince de mayo de dos mil dieciocho, la Ministra instructora tuvo por interpuesto el recurso de queja, ordenó formar expediente y registrarlo con el número 4/2018-CC, lo admitió a trámite, tuvo por ofrecidas las pruebas que acompañó la parte recurrente y requirió informe a las autoridades implicadas.(7)
9. Informes. El doce de junio de dos mil dieciocho, la Ministra Instructora tuvo por recibidos y rendidos los informes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, con dichos informes, ordenó dar vista al Congreso recurrente y a la Procuraduría General de la República y señaló fecha y hora para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos.(8)
10. Audiencia y cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en suplencia de la Ministra Instructora, celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, además por presentados los alegatos del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se puso el asunto en estado de resolución.(9)
11. Radicación en Sala. Previo dictamen de la Ministra Instructora, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó remitir el asunto, para su avocamiento y resolución, a la Primera Sala de este Alto Tribunal.(10) Así, mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado por la Ministra Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta se avocó al conocimiento del asunto.(11)
III. CONSIDERACIONES
12. Competencia. Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, fracción I,(12) en relación con el diverso 11, fracción V,(13) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 55, fracción I, y 58, fracción I,(14) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se trata de un medio de impugnación en el que se denuncia la presunta violación a la suspensión otorgada por la Ministra Instructora en una controversia constitucional, cuya solución no requiere la intervención del Tribunal Pleno, en atención al sentido del fallo.
13. Legitimación. El recurso está presentado por parte legitima, ya que fue signado por los integrantes de la Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado de Jalisco que, conforme a la legislación orgánica respectiva,(15) tiene facultades para representar a dicho ente de gobierno, además, tiene reconocida dicha personalidad en la controversia constitucional 69/2018, pues es parte actora, por lo que cuenta con la legitimación necesaria, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la Materia.(16)
14. Procedencia. La queja es procedente, ya que se actualiza el supuesto establecido en el artículo 55, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(17) toda vez que, a través de éste, se denuncia la violación a la suspensión concedida en la controversia constitucional del que deriva este asunto.
15. Oportunidad. El recurso de queja está presentado oportunamente, habida cuenta que el artículo 56, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(18) dispone que, cuando se trate de la fracción I del artículo 55 de la propia ley, el recurso podrá interponerse hasta en tanto se falle la controversia en lo principal. Luego, si el recurso de queja se presentó el diez de mayo de dos mil diecisiete,(19) durante la tramitación de la controversia constitucional (pues, a la fecha de su interposición, no se ha dictado sentencia en el expediente principal), debe concluirse que el medio de impugnación fue presentado oportunamente.
IV. ESTUDIO
16. La suspensión en controversias constitucionales participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que, en primer lugar, tiene como fin preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trata para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente y, en segundo término, tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general, en tanto se resuelve el juicio principal, vinculando, a las autoridades contra las que se conceda, a cumplirla, en aras de proteger el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de responsabilidad cuando no la acaten.(20)
17. Por lo que se refiere a las características especiales de la suspensión, de los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de la materia, se advierte lo siguiente:(21)
• Procede de oficio o a petición de parte, y podrá ser decretada hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.
• No podrá otorgarse en los casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales.
• No podrá concederse cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad, en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.
• El auto de suspensión podrá ser modificado o revocado, cuando ocurra un hecho superveniente que lo fundamente, y;
• Para su otorgamiento, deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.
18. Además, el Pleno de este Alto Tribunal determinó agregar, a las características señaladas, que en el auto o la interlocutoria, mediante la cual se otorgue la suspensión, deberán señalarse con precisión sus alcances y efectos, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva, como se advierte del artículo 18 de la Ley Reglamentaria de la materia.(22)
19. La precisión en la suspensión cobra relevancia en cuanto al régimen de responsabilidades, pues, al ser requisito del auto o interlocutoria fijar sus alcances, efectos y los órganos obligados a cumplirla; sujeta a las autoridades al cumplimiento de la misma en estos términos, pues, de lo contrario, incurrirán en responsabilidad.
20. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto que, para estar en condiciones de determinar si en un caso concreto existió violación, exceso, o defecto en la ejecución o cumplimiento de un auto o resolución, a través de la cual se otorgó la suspensión, debe, en primer término, analizarse la propia resolución que concedió la suspensión, con el fin de precisar su alcance y efectos y, posteriormente, establecer si la conducta asumida por la autoridad desatendió esa determinación.(23)
21. En el caso, según se detalló en el apartado de antecedentes de esta resolución, los efectos precisados en el acuerdo de suspensión, tendentes a conservar la materia de la controversia constitucional, consistieron, fundamentalmente, en que no se diera efecto jurídico alguno ni se ejecutaran los lineamientos establecidos en la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JE-73/2017, además, expresamente se señaló, que tal prohibición de ejecución implicaba que ninguna designación del Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco surtiría efectos legales, hasta en tanto se resolviera la controversia constitucional.
22. Para dimensionar el alcance de dichos efectos suspensivos, es necesario recordar, que la sentencia emitida en el SUP-JE-73/2017 (objeto de estudio en la controversia constitucional), se ocupó de resolver a quién corresponde la facultad de designar al titular del órgano interno de control de un tribunal electoral local. Esto es, la decisión en torno a ese tópico es, en su caso, la cuestión que habrá de resolverse en la controversia constitucional.
23. Luego, a fin de asegurar que pueda ejecutarse, eficaz e íntegramente, la resolución que eventualmente se adopte en la controversia constitucional, que habrá de declarar a quién le compete realizar la designación, se ordenó que no se realizara gestión alguna, con el propósito de lograr el cumplimiento de la sentencia controvertida, y, que ningún nombramiento del Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral Local, tuviera efecto jurídico.
24. Dicho con otras palabras, los efectos de la suspensión pretenden garantizar, en último término, que la autoridad a la que, en su caso, se declare competente para realizar la designación, pueda desplegar su facultad, sin encontrar obstáculo alguno para ello.
25. Entendidos así los efectos de la suspensión, es el caso ahora de evaluar, si lo realizado por el Tribunal Electoral Local desconoce la medida cautelar.
26. En acatamiento a la determinación suspensional, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en sesión extraordinaria, acordó dejar sin efectos el nombramiento que, el Pleno de ese órgano jurisdiccional, había otorgado a una persona determinada, con motivo de lo ordenado por la Sala Superior en el SUP-JE-73/2017.
27. A juicio del Poder Legislativo recurrente, los efectos de la suspensión concedida, en la controversia constitucional, fueron desconocidos por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, porque, si bien privó de efectos jurídicos el nombramiento que ese órgano jurisdiccional había emitido, no reconoció como válido el nombramiento expedido, por el Congreso de Jalisco, al Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral de esa entidad federativa.
28. El argumento es infundado.
29. En primer lugar, es un principio constitucional que las autoridades únicamente pueden realizar los actos que la ley les faculta, de ahí que la actuación del Tribunal Electoral se limitó a desplegar, dentro de su ámbito de competencias, la conducta que le correspondía, a fin de dar cumplimiento a la suspensión, es decir, dejar sin efectos el nombramiento que realizó del titular de su órgano interno de control. Sin que pudiera, además, como pretende el Poder recurrente, sostener la validez del nombramiento que dicho Congreso expidió, pues no está dentro de sus atribuciones legales.
30. Pero al margen de que, en el caso, no corresponda al Tribunal Electoral Local pronunciarse, respecto de la validez del acto emanado del Congreso, lo cierto es, que los efectos para los que se concedió la suspensión son muy claros: ninguna designación del titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, debe surtir efectos mientras se resuelve la controversia constitucional, esto es, ni la efectuada por el Congreso Local, ni la efectuada por el Tribunal Electoral Local. Luego, es evidente que este último, por lo que hace a su esfera de atribuciones, dio cumplimiento a la suspensión decretada.
31. Además, el Congreso recurrente entiende, que la suspensión decretada provoca, que la situación jurídica del Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral de Jalisco sea la que prevalecía antes de que existiera la sentencia emitida en el
SUP-JE-73/2017.
32. Esa premisa es incorrecta.
33. Sostener, como lo hace la parte recurrente, que la suspensión implica retrotraer las cosas al momento que guardaban con anterioridad a la emisión de la sentencia, en el expediente SUP-JE-73/2017, sería tanto como dar, a la medida suspensional, efectos constitutivos de derechos, que conllevarían a desconocer la existencia de una sentencia, cuya validez es motivo de análisis en la controversia constitucional.
34. En efecto, la devolución del estado de cosas a la situación jurídica que imperaba, antes de la existencia de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es propio de la sentencia que decida el fondo de la controversia constitucional, porque en ese medio de control constitucional se resolverá, en definitiva, la validez de la determinación de la Sala Superior que declaró, a quién corresponde la facultad para realizar la designación del Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral de Jalisco y, hasta que eso suceda, será posible disipar sus efectos u ordenar su ejecución, según sea el caso.
35. En consecuencia, ante lo desacertado del planteamiento del Poder recurrente, lo procedente es declarar infundado el recurso de queja y que la determinación, del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, no desconoce la suspensión decretada en la controversia constitucional, asimismo, que no existe responsabilidad por desacato de esa autoridad jurisdiccional.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:
ÚNICO. Es infundado el recurso de queja a que este toca se refiere.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández (Presidenta y Ponente).
Firman la Ministra Presidenta de la Sala y Ponente con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA Y PONENTE
MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA
________________
1. Fojas 85 a 115 de este toca.
2. Ibídem, fojas 743 y vuelta.
3. Ibídem, foja 222.
4. Ibídem, fojas 749 a 751.
5. Ibídem, fojas 749 a 751.
6. Ibídem, fojas 1 a 12.
7. Ibídem, fojas 74 y 75.
8. Ibídem, foja 954.
9. Ibídem, foja 975 y 976.
10. Ibídem, foja 980.
11. Ibídem, foja 981.
12. “Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
(...)
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;[...]”.
13. “Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:
(...)
V. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de acuerdos generales. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda.
(...)”.
14. “Artículo 58. El ministro instructor elaborará el proyecto de resolución respectivo y lo someterá al Tribunal Pleno, quien de encontrarlo fundado, sin perjuicio de proveer lo necesario para el cumplimiento debido de la suspensión o para la ejecución de que se trate, determine en la propia resolución lo siguiente:
I. Si se trata del supuesto previsto en la fracción I del artículo 55, que la autoridad responsable sea sancionada en los términos establecidos en el Código Penal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto hace a la desobediencia cometida, independientemente de cualquier otro delito en que incurra, y
(...)”.
15. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco
“Artículo 35.
1. Son atribuciones de la Mesa Directiva:
[...]
V. Representar jurídicamente al Poder Legislativo del Estado, a través de su Presidente y dos secretarios, en todos los procedimientos jurisdiccionales en que éste sea parte, y ejercer de manera enunciativa mas no limitativa, todas las acciones, defensas y recursos necesarios en los juicios: civiles, penales, administrativos, mercantiles o electorales, así como los relativos a los medios de control constitucional en todas sus etapas procesales, rindiendo informes previos y justificados, incluyendo los recursos que señala la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105, de al Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la demás legislación aplicable en la materia, y con las más amplias facultades para pleitos y cobranzas para toda clase de bienes y asuntos e intereses de este Poder, en la defensa de sus derechos que la ley le confiera en el ámbito de sus atribuciones. La mesa directiva podrá delegar dicha representación de forma general o especial, sin perjuicio de la que recaiga en diversos servidores públicos por ministerio de ley;
[...]”
16. “Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.
[...]”
17. “Artículo 55. El recurso de queja es procedente:
I. Contra la parte demandada o cualquier otra autoridad, por violación, exceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya concedido la suspensión, y
(...)”.
18. “Artículo 56. El recurso de queja se interpondrá:
I. En los casos de la fracción I del artículo 55, ante el Ministro Instructor hasta en tanto se falle la controversia en lo principal, y [...]”
19. Véase la foja 12 vuelta de este toca.
20. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2008, de rubro: “SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES NATURALEZA Y FINES. La suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que en primer lugar tiene como fin preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente y, en segundo, tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general en tanto se resuelve el juicio principal, vinculando a las autoridades contra las que se concede a cumplirla, en aras de proteger el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de responsabilidades cuando no la acaten. Cabe destacar que por lo que respecta a este régimen, la controversia constitucional se instituyó como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, que tiene entre otros fines el bienestar de la persona que se encuentra bajo el imperio de aquéllos, lo que da un carácter particular al régimen de responsabilidades de quienes incumplen con la suspensión decretada, pues no es el interés individual el que se protege con dicha medida cautelar, sino el de la sociedad, como se reconoce en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII. Marzo de 2008. Página: 1472.
21. “Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable.
La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales.”
“Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.”
“Artículo 16. La suspensión se tramitará por vía incidental y podrá ser solicitada por las partes en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.”
“Artículo 17. Hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva, el ministro instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión por él mismo dictado, siempre que ocurra un hecho superveniente que lo fundamente.
Si la suspensión hubiere sido concedida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación previsto en el artículo 51, el ministro instructor someterá a la consideración del propio Pleno los hechos supervenientes que fundamenten la modificación o revocación de la misma, a efecto de que éste resuelva lo conducente.”
“Artículo 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva.”
22. Esto al resolver el recurso de queja derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 71/2005, al que se aludió.
23. Esto tiene apoyo en la tesis de jurisprudencia número P./J. 28/2008, Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXVII. Marzo de 2008. Página: 1470, de rubro: “QUEJA RELATIVA AL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CORRESPONDE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN FIJAR LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA Y SI EXITIÓ VIOLACIÓN A AQUÉLLA. Para estar en condiciones de determinar en el recurso de queja derivado del incidente de suspensión en controversia constitucional, si en un caso concreto existió violación, exceso o defecto en la ejecución o cumplimiento de un auto o resolución a través de la cual se otorgó la suspensión primero debe analizarse la resolución que concedió la suspensión, con el fin de precisar su alcance y efectos para, posteriormente, establecer si la conducta asumida por la autoridad la desatendió. Así, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar los alcances de la suspensión decretada y si en un caso concreto existió violación o no a la medida cautelar, de ahí que la parte afectada por tal violación pueda acudir directamente ante el Ministerio Público a denunciar la probable comisión de un delito. Lo anterior es así pues, por una parte, la sección II del Cap
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200397-54814c35/i-suspension-en-controversia-constitucional-para-determinar-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. QUEJA POR VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. CUANDO SE DECLARE FUNDADA DEBERÁ DARSE VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE EJERCITE ACCIÓN PENAL EN CONTR (99)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. QUEJA POR VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. CUANDO SE DECLARE FUNDADA DEBERÁ DARSE VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE EJERCITE ACCIÓN PENAL EN CONTR (P./J. 70/2003)
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