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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CARECER DE LEGITIMACIÓN EL PARTIDO POLÍTICO PARA IMPUGNAR NORMAS QUE NO SON DE NATURALEZA ELECTORAL (ARTÍCULOS 57, FRACCIÓN XXIII, 61, FRACCIÓN II, Y 75, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO REFERIDO, DE FECHA QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 72/2018 Y SU ACUMULADA 76/2018. · Registro digital (IUS): 200417
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, AMBOS DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 72/2018 Y SU ACUMULADA 76/2018. COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, AMBOS DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA. 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho.

V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Presentación de las demandas. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido político MORENA promovió acción de inconstitucionalidad.

Por su parte, mediante escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil dieciocho, en el domicilio particular del Secretario autorizado para recibir las promociones a que se refiere el artículo 7° de la de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Yeicdkol Polevnsky Gurwitz, Secretaria General en funciones de Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA promovió acción de inconstitucionalidad.

Tanto el Comité Ejecutivo Estatal como el Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA señalaron como disposiciones generales impugnadas y órganos emisores los siguientes.

Autoridades emisora y promulgadora de las disposiciones impugnadas.

1.Congreso del Estado de Puebla

2.Gobernador del Estado de Puebla.

Disposiciones generales cuya invalidez se reclama.

Decreto por el que se reforman los artículos 57, fracción XXIII, 61, fracción II y se adiciona el segundo párrafo al artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el quince de agosto de dos mil dieciocho.

SEGUNDO. Registro y admisión de las demandas. En acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la acción de inconstitucionalidad promovida por el Comité Ejecutivo Estatal del partido político MORENA, bajo el expediente 72/2018.

Asimismo, en acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, este Alto Tribunal registró la acción de inconstitucionalidad promovida por el Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA, bajo el expediente 76/2018 y en atención a la identidad del acto legislativo impugnado, decretó la acumulación de las referidas acciones de inconstitucionalidad y las turnó al Ministro José Fernando Franco González Salas, en su carácter de Instructor.

En acuerdo de dieciocho de septiembre siguiente, el Ministro Instructor, por una parte, desechó la acción de inconstitucionalidad 72/2018, por falta de legitimación procesal activa del Comité Ejecutivo Estatal, en tanto el partido político MORENA tiene registro ante el Instituto Nacional Electoral, por lo que el ejercicio de la acción corresponde a su dirigencia nacional.

Por otra parte, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 76/2018 promovida por el Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA, requirió a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Puebla para que rindieran sus informes, dio vista a la Procuraduría General de la República para la formulación del pedimento correspondiente, solicitó opinión al Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y requirió información tanto al Instituto Nacional Electoral como al Instituto Electoral del Estado de Puebla.

TERCERO. Conceptos de invalidez. En la demanda, el Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA expone los conceptos de invalidez siguientes.

·Las disposiciones impugnadas fueron modificadas aun cuando el proceso electoral no concluye, por lo que se vulneró la estabilidad del sistema electoral prevista en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución General, pues las modificaciones impactan en las condiciones para el ejercicio de un cargo cuya titularidad la determina el resultado del proceso electoral.

Las reformas impugnadas son contrarias al parámetro de control de regularidad constitucional que busca dotar de estabilidad a los sistemas normativos electorales, al establecer un plazo de noventa días previos al inicio del proceso electoral respectivo y hasta la fecha de su conclusión para la modificación de disposiciones que rigen el proceso electoral, por lo que la petrificación temporal de las disposiciones electorales debe entenderse como un medio que da certeza sobre la realización de los valores democráticos de equidad e imparcialidad en la contienda electoral.

·La reforma al artículo 87 de la Constitución General no puede servir como directriz constitucional que justifique la actuación de las autoridades demandadas, pues en ese caso la modificación derivó del conflicto post-electoral en las elecciones de 2006 respecto a la controversia que enmarcó la toma de protesta del presidente electo, además de que esa reforma se realizó seis años posteriores a la conclusión del proceso electoral y, en este caso, las reformas impugnadas se realizaron aun cuando el proceso electoral no ha concluido; de ahí que se vulnera la garantía de estabilidad durante el proceso electoral.

·Las disposiciones impugnadas vulneran la prohibición constitucional de emitir leyes privativas, la cual es una limitante fundamental contra el autoritarismo y el abuso del poder público y se erige como una garantía de seguridad jurídica propia de un estado constitucional de derecho.

CUARTO. Disposiciones constitucionales violadas. El demandante considera violados los artículos 1°, 13, 14, 16 y 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 21, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

QUINTO. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su opinión, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que la reforma impugnada no contraviene lo previsto en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, por las razones siguientes.

La protesta de ley que rinden los servidores públicos electos para ejercer un cargo de elección popular tiene una doble dimensión, por un lado, es una obligación que explicita el principio de supremacía formal de la Constitución Federal y, por otro, forma parte del derecho a ser votado, en su vertiente de acceso al cargo.

La protesta de ley como obligación constitucional es un acto solemne que tiene como propósito que los servidores públicos se comprometan formalmente a cumplir el Estado de Derecho y da valor legal al nombramiento para que pueda ejercer su función; además de que se trata de un mecanismo preventivo de la actuación de los servidores públicos.

La protesta de ley es parte del derecho a ser votado, pues a partir de ella inicia la función para la que fue electo el servidor público, con todos los derechos y obligaciones inherentes al cargo.

El derecho a ser votado es integral y tiene varias vertientes, por lo que no se limita a la posibilidad de contender en una elección y, en su caso, a la proclamación de haber sido electo, sino además incluye la consecuencia jurídica de ocupar y desempeñar el cargo encomendado por la ciudadanía, así como mantenerse y ejercer las funciones respectivas con todos los derechos y obligaciones inherentes al cargo.

Si bien la protesta de ley se realiza una vez concluido el proceso electoral correspondiente, al vincularse con el ejercicio del derecho a ser votado indiscutiblemente se ubica dentro del ámbito de la materia electoral.

Finalmente, considera que las modificaciones impugnadas no transgreden lo previsto en el artículo 105 constitucional porque no son “modificaciones legales fundamentales”, pues no implican alteraciones esenciales e imprescindibles a los actos de alguna de las etapas del proceso electoral, sino solo se refiere a la forma en que rendirá protesta el Gobernador electo.

Aunado a que si bien la reforma tuvo lugar durante el desarrollo de la contienda electoral, ello no lleva a su invalidez, en tanto no constituyen modificaciones legales fundamentales y no vulneran el principio de certeza rector del proceso electoral, pues su aplicación tendrá lugar una vez que este concluya.

SEXTO. Informe del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Mediante oficio IEE/PRE-5396/18 de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Instituto Electoral del Estado de Puebla informó que el próximo proceso electoral local en el que se renovarán a los Diputados integrantes del Congreso del Estado de Puebla y a los miembros de los Ayuntamientos de dicha entidad federativa, iniciará entre el tres y cinco de noviembre de dos mil veinte.

SÉPTIMO. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. El Gobernador del Estado de Puebla expuso los argumentos siguientes.

Causa de improcedencia

Las disposiciones impugnadas no son de carácter electoral, pues solo prevén aspectos inherentes a la protesta constitucional para ejercer los cargos de diputados, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Auditor Superior y Gobernador del Estado de Puebla, por lo tanto no inciden en lo dispuesto en los artículos 35, fracciones I, II y III, 36, fracciones III y IV, 41, 116, fracciones II y IV de la Constitución General.

En razón de lo anterior, se configura la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria, por falta de legitimación del demandante, en tanto de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso f) de la Constitución General, los partidos políticos solo pueden promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes electorales federales o locales.

Respecto a la validez de las disposiciones generales impugnadas.

·Contrario a lo sostenido por el demandante, las disposiciones impugnadas no vulneran lo establecido en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal porque no se configuran las hipótesis que prevé dicha disposición, por una parte, no son disposiciones que vayan a aplicarse en el proceso electoral y, por otra, las reformas impugnadas no son de carácter fundamental, sino instrumental porque regulan la toma de protesta del Gobernador electo, lo que permite el correcto funcionamiento del estado de derecho y garantiza la gobernabilidad ante un conflicto de poderes, propio de un sistema democrático de pesos y contrapesos.

Aunado a que no debe perderse de vista que en términos de la Constitución Federal, la protesta de ley es una obligación sine qua non para desempeñar el cargo conferido.

·Las disposiciones impugnadas no vulneran el principio de equidad que rige la materia electoral porque este despliega sus efectos sobre las distintas etapas del proceso electoral, aunado a que, contrario a lo sostenido por el demandante, garantizan la igualdad de oportunidades en la contienda electoral mediante la adopción de opciones normativas que garanticen la gobernabilidad, tratando de asegurar la neutralidad de los poderes públicos.

Lo anterior, tomando en consideración que existen ventajas injustificadas para los partidos políticos con amplia representación parlamentaria, quienes ejercen una presión fáctica para desestabilizar a un poder que no es afín a sus intereses particulares o partidarios.

·Las disposiciones cuya validez se cuestiona no son leyes privativas, pues su vigencia no se condiciona al cumplimiento del supuesto jurídico, aunado a que no están individualizadas, por el contrario, se trata de disposiciones de carácter general, abstractas y permanentes, dirigidas a un cargo público aplicadas a quienes puedan acceder a él.

·Las reformas impugnadas no implicaron una modificación fundamental al marco normativo vigente durante el proceso electoral, pues respecto a la toma de protesta regulada con anterioridad solo fue adicionada una hipótesis no prevista en la Constitución local.

·Asimismo, no pueden considerarse inconstitucionales porque la única limitante de las legislaturas estatales respecto de su libertad de configuración legislativa son los mandatos constitucionales y los derechos humanos y, en este caso, las reformas se realizaron en estricto acatamiento a lo establecido en la Constitución General.

Debe declararse la validez de las disposiciones impugnadas, de lo contrario, implicaría que en los procesos electorales, el Congreso del Estado y el Gobernador del Estado de Puebla dejaran de cumplir con las obligaciones y facultades conferidas en los artículos 124 de la Constitución Federal, 57, fracción I, 63, fracciones I y II, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en perjuicio de la colectividad.

·Debe declararse inoperante el argumento en el que se sostiene que la promulgación y publicación de las disposiciones impugnadas vulneran el desarrollo parcial y equitativo de la contienda electoral, los principios de certeza y legalidad, y que el proceso electoral carece de credibilidad y legitimidad; porque el demandante no expresa argumentos lógico-jurídicos, sino que se limita a hacer manifestaciones subjetivas y abstractas sin sustento legal alguno, aunado a que en este caso no es posible suplir la deficiencia de la queja, en tanto la materia electoral es de estricto derecho.

·Debe desestimarse el argumento en el que sostiene que no puede pretender armonizarse las reformas impugnadas con lo establecido en el artículo 87 de la Constitución Federal; porque se pierde de vista que conforme al artículo 133 constitucional, todas las leyes del país deben ser acordes a la Constitución Federal, a las leyes que emanen del Congreso de la Unión y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

·Es incorrecto que el demandante sostenga que la reforma al artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla no puede surtir efectos porque el proceso electoral aún no concluye, pues con ello se desestabiliza el sistema normativo electoral, en tanto la protesta de un cargo de elección popular no está comprendida dentro del proceso electoral, sino es una consecuencia jurídica de su culminación.

·Debe declararse inoperante el argumento en el que se sostiene que las disposiciones impugnadas son leyes privativas porque el demandante hace depender su inconstitucionalidad de su comparación con otras legislaciones sin que exprese argumentos mínimos encaminados a demostrar dicha inconstitucionalidad.

OCTAVO. Informe del Poder Legislativo del Estado de Puebla. El Congreso del Estado de Puebla al rendir su informe solo designó delegados y remitió los antecedentes legislativos del decreto impugnado, sin exponer argumentos para defender la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.

NOVENO. Opinión de la Procuraduría General de la República. En este asunto la Procuraduría General de la República no formuló opinión.

DÉCIMO. Cierre de la instrucción. En acuerdo de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, una vez recibidos los informes de las autoridades demandas, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO PRIMERO. Avocamiento. En atención a la solicitud del Ministro instructor al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución.

En acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciocho el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y remitió el expediente al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta acción de inconstitucionalidad.(1)

SEGUNDO. Oportunidad. La acción de inconstitucionalidad es oportuna.(2)

TERCERO. Legitimación. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Al respecto suscribe el escrito de acción de inconstitucionalidad, Yeicdkol Polevnsky Gurwitz, en su carácter de Secretaria General en funciones de Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA, lo que acredita con la certificación del Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, en la que manifiesta que se encuentra registrada con ese carácter, según documentación que obra en los archivos de dicho Instituto.(3)

Ahora, los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria disponen lo siguiente.

Art. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

[...]

II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

[...]

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro;

[...].

Artículo 62.

[...]

En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento.

De conformidad con los artículos transcritos, los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, podrán promover acción de inconstitucionalidad contra leyes electorales federales o locales, para lo cual deben satisfacer los extremos siguientes.

a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente.

b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia (nacional o local según sea el caso) y, que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.

c) Que las disposiciones impugnadas sean de naturaleza electoral.

En el caso, se analizará si se cumplen con todos los requisitos previstos, de acuerdo con lo siguiente.

a) El partido Movimiento Regeneración Nacional es un partido político nacional con registro ante el Instituto Nacional Electoral, según certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.(4)

b) De las constancias que obran en autos se desprende que Yeicdkol Polevnsky Gurwitz, quien suscribe el oficio a nombre y en representación del partido referido, fue elegida como Secretaria General en Funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA.

Ahora bien, del contenido del punto a. del artículo 38º(5) de los Estatutos Generales del Partido Movimiento Regeneración Nacional, aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el cinco de noviembre de dos mil catorce, se advierte que la Secretaria General en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional estará facultada para representar legalmente al partido.

Por lo anterior, se concluye que el partido político Movimiento Regeneración Nacional cuenta con legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad, pues se trata de un partido político nacional con registro vigente ante el Instituto Nacional Electoral y comparece por conducto de su legítima representante en términos de sus estatutos registrados ante dicha autoridad Federal; destacando que el análisis de la naturaleza de las disposiciones que impugna se realizará en el apartado correspondiente a las causas de improcedencia.

CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de invalidez propuestos, se analizarán las causas de improcedencia hechas valer por las autoridades demandadas.

En su informe, el Poder Ejecutivo del Estado de Puebla sostiene que el partido político demandante no tiene legitimación procesal activa para promover la acción de inconstitucionalidad porque las reformas a los artículos 57, fracción XXII y 61, fracción II, así como la adición del segundo párrafo del artículo 75 de la Constitución Política de dicha entidad federativa no son disposiciones de carácter electoral, pues solo regulan aspectos orgánicos que inciden en el ejercicio de la función pública del Ejecutivo Estatal.

Lo anterior, tomando en consideración que solo prevén aspectos inherentes a la protesta constitucional para ejercer un cargo público, los cuales, a su juicio, no inciden en lo establecido en los artículos 35, fracciones I, II y III, 36, fracciones III y IV, 41, 116, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede sobreseer la acción de inconstitucionalidad de conformidad con el artículo 19, fracción VIII de la ley reglamentaria de la materia.

A efecto de analizar el planteamiento referido, conviene precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado cuáles son las características de las disposiciones que pueden impugnarse vía acción de inconstitucionalidad por los partidos políticos, es decir, se ha delimitado el concepto de “materia electoral” para efectos de su procedencia.

En principio, en la acción de inconstitucionalidad 10/1998,(6) el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia estableció que las disposiciones generales electorales no solo son las que regulan los procesos electorales propiamente dichos, sino además aquellas que aunque se contengan en ordenamientos distintos de una ley o código electoral sustantivo regulan aspectos relacionados directa o indirectamente con dichos procesos o que influyan en ellos.(7)

Del precedente referido se advierte que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia identificó elementos esenciales para determinar lo que debe entenderse por materia electoral, impugnable vía acción de inconstitucionalidad, siempre considerando como eje fundamental el proceso electoral, de ahí que se distinga entre cuestiones relacionadas directas, de aquellas que se relacionan indirectamente con los procesos electorales, ambas susceptibles de ser impugnadas por los partidos políticos.

Entre las cuestiones relacionadas directamente con los procesos electorales se establecieron las siguientes:

a.Reglas que establecen el régimen normativo de los procesos electorales.

b.Principios para la elección de determinados servidores públicos.

Respecto a las cuestiones relacionadas indirectamente con los procesos electorales, se identificaron las siguientes:

1.Reglas sobre distritación y redistritación.

2.Reglas sobre creación de órganos administrativos para fines electorales.

3.Reglas sobre la organización de las elecciones.

4.Reglas sobre financiamiento público.

5.Reglas sobre comunicación social de los partidos políticos.

6.Reglas sobre límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones en materia de financiamiento partidario.

7.Reglas sobre los delitos y faltas administrativas de carácter electoral y sus sanciones.

Además, en la acción de inconstitucionalidad 74/2008, (8) se consideró que las disposiciones normativas que modulan los derechos político-electorales, no pueden ubicarse al margen del ámbito electoral y de los procesos electorales para efectos de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, siempre que las disposiciones impugnadas se relacionen de manera directa con dichos procesos electorales.(9)

Por su parte, en la acción de inconstitucionalidad 39/2009 y su acumulada 41/2009(10) se estableció que no es conveniente construir “interpretaciones absolutas” de lo que significa el término “leyes electorales” sino que en cada caso debía analizarse la naturaleza electoral de las disposiciones impugnadas.

De los criterios anteriores se advierte que la interpretación que ha realizado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a lo que debe entenderse por materia electoral es solo con la finalidad de determinar la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos, por lo que es necesario analizar caso por caso el contenido de las disposiciones impugnadas para determinar si es o no de naturaleza electoral, aun cuando se contenga en una ley que no tenga un contenido eminentemente electoral.

Asimismo, se consideró que es posible distinguir un ámbito electoral para efectos de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad considerando como no electoral, todo aquello que no se encuentre dentro de dicho ámbito, es decir, lo que no se relaciona directa ni indirectamente con los procesos electorales.

En ese sentido, tomando en consideración las interpretaciones de esta Suprema Corte de Justicia, esta Segunda Sala considera que en este caso el partido político demandante no tiene legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad, porque las disposiciones que pretende impugnar no son de naturaleza electoral, por lo que se configura la causa de improcedencia aducida por la autoridad referida, por las razones siguientes.

Los artículos 105, fracción II, inciso f),(11) de la Constitución General y 62, último párrafo,(12) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen la legitimación de los partidos políticos para promover las acciones de inconstitucionalidad, siempre que se cumplan los requisitos siguientes.

a.Que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.

b.Que la acción de inconstitucionalidad se promoverá por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según sea el caso, y además que quien promueva a nombre y representación del partido político tenga reconocidas facultades para ello.

c.Que las leyes impugnadas sean de naturaleza electoral.

Como se analizó en el considerando previo, si bien la acción de inconstitucionalidad fue promovida por un partido político con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de su Dirigencia Nacional y la demanda fue suscrita por quien tiene a su cargo la representación legal del partido; sin embargo, no se configura el requisito precisado en el inciso c), en tanto que las disposiciones impugnadas no son de naturaleza electoral, para efectos de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad.

El Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA impugna la reforma a los artículos 57, fracción XXIII, y 61, fracción II, así como la adición del segundo párrafo al artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el quince de agosto de dos mil dieciocho, cuyo contenido es del tenor siguiente.

Artículo 57.- Son facultades del Congreso:

[...]

XXIII.- Recibir la protesta Constitucional a los Diputados, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, al Auditor Superior del Estado, en su caso, al Gobernador de elección popular directa, al interino o al substituto, y a todos los demás que conforme a las Leyes no deban otorgar protesta ante otra autoridad;

[...]

Artículo 61.- Son atribuciones de la Comisión Permanente:

[...]

II.- Recibir la protesta de los Diputados, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Auditor Superior del Estado, en su caso, del Gobernador y demás que conforme a (sic) Ley deba conocer el Congreso;

[...]

Artículo 75.- [...]

El Gobernador, al tomar posesión de su cargo, prestará la protesta de Ley correspondiente ante el Congreso o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél. En caso de que por cualquier circunstancia, el Gobernador no pudiere rendir la protesta ante el Congreso o ante la Comisión Permanente, lo hará de inmediato ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Del contenido de las disposiciones impugnadas se advierte que las primeras regulan la facultad del Congreso del Estado de Puebla y de la Comisión Permanente para recibir la protesta del cargo a distintos servidores públicos y, en su caso, al Gobernador de elección popular directa, al interino o al sustituto.

Por su parte, en el artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla se agregó la posibilidad de que el Gobernador electo rindiera la protesta del cargo ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en aquellos casos en que por cualquier circunstancia no pudiera hacerlo ante el Congreso local o la Comisión Permanente.

En común, las disposiciones impugnadas regulan la fi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200417-d0985482/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-carecer-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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