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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA ACTOS FORMAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CONCEPTO MATERIAL DE NORMA GENERAL PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA PUEDE EXTENDERSE MÁS ALLÁ DE LA CONCEPCIÓN FORMAL DE LEY. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA EXPEDICIÓN DE UNA NORMA DENOMINADA FORMALMENTE COMO DECRETO, CUYO CONTENIDO FUNDAMENTAL REGULA SITUACIONES JURÍDICAS Y DE HECHOS CON EFECTOS GENERALES E IMPERSONALES, CONSTITUYE UNA NORMA DE CARÁCTER GENERAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUÉLLA. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DEL DECRETO NÚMERO 168 EMITIDO POR EL CONGRESO LOCAL AL NO TRATARSE DE UNA NORMA DE CARÁCTER GENERAL, SINO DE UN ACTO LEGISLATIVO CON EFECTOS PARTICULARIZADOS (DECRETO NÚMERO 168, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2018. · Registro digital (IUS): 200424
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INTEGRANTES DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2018. INTEGRANTES DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 15 DE AGOSTO DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE ESTA PRIMERA SALA.

PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de agosto de dos mil dieciocho, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 2/2018, promovida por integrantes de la Vigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Baja California en contra del Decreto número 168 que reformó y adicionó el Decreto número 57 de la propia legislatura.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Demanda. Por escrito presentado el 3 de enero de 2018 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes de la aludida legislatura del Congreso del Estado de Baja California impugnaron el "Decreto no. 168, mediante el cual se aprueba la Iniciativa de Decreto que modifica los Artículos Primero, Segundo, Sexto y Vigésimo Tercero y adiciona los Artículos Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Decreto Número 57", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 4 de diciembre de 2017. En concreto, se cuestionó el procedimiento legislativo que dio lugar a este decreto y, de manera específica, los Artículos Segundo, Sexto y Vigésimo Tercero modificados a través del mismo.

2. Como antecedentes, se relató que el "Decreto número 57, mediante el cual se ratifican y autorizan las obligaciones de pago de Entres Contratantes a favor de las Empresas por los importes mensuales estimados (monto máximo) por concepto de contraprestación derivado de los Contratos de Asociación Pública Privada (CAPP), que se describen en el mismo, más el Impuesto al Valor Agregado; asimismo para la contratación de obligaciones del Proyecto Ampliación, Rehabilitación, Modernización, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora La Nopalera en la Ciudad de Tecate, B.C." fue publicado el 30 de diciembre de 2016.

3. En dicho decreto, entre otras cuestiones, el Congreso Local autorizó y ratificó las obligaciones de pago de ciertos Entes Contratantes de esa entidad federativa a favor de algunas empresas por montos mensuales determinados por concepto de contraprestación de ciertos contratos de asociación pública privada (CAPP), permitiéndose la contratación de créditos en cuenta corriente, irrevocable y contingente, a efecto de garantizar el cumplimiento de los posibles faltantes de liquidez en las contraprestaciones mensuales motivadas por esos CAPP y las cantidades requeridas para el pago de accesorios financieros, comisiones e impuestos pactadas en los contratos; asimismo, se autorizó al Poder Ejecutivo Estatal para constituirse como deudor solidario del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de créditos en cuenta corriente, irrevocable y contingente, en caso de que el Ente Contratante fuera una Entidad Paraestatal, autorizándosele a su vez para constituir un fideicomiso, transmitiendo en forma irrevocable como fideicomitente la titularidad del derecho para recibir la totalidad por la recaudación y los ingresos del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (de ahora en adelante "ISRTP"), así como cualquier otro ingreso que el Estado pueda afectar para dar cumplimiento a su obligación, incluyendo remanentes de la afectación de participaciones.

4. Sin embargo, casi un año después, ante nuevas coyunturas, se decidió modificar dicho Decreto número 57 a partir de la expedición del referido Decreto número 168, reformándose algunos artículos y adicionando algunos otros.

5. Conceptos de invalidez. En contra del Decreto número 168, en la demanda se expusieron los siguientes razonamientos:

a) Cuestión previa. El antecedente del Decreto número 168 reclamado, que es el Decreto número 57, no es un acto administrativo del Congreso Local, pues contiene disposiciones normativas que, desde el punto de vista material, son propias de una norma de carácter general (abstracción, generalidad e impersonalidad). Esta es justamente la cualidad jurídica que se evidencia en el Artículo Sexto de ese Decreto número 57 que autoriza al Poder Ejecutivo Local para transmitir a un fideicomiso la totalidad de los ingresos del ISRTP o cualquier otro ingreso y los remanentes de participaciones federales durante los subsecuentes ejercicios fiscales y hasta en tanto estén vigentes las obligaciones solidarias de los diversos CAPP, lo que conlleva una derogación implícita de la facultad del Congreso Local para fijar y distribuir los ingresos para soportar el gasto público en la entidad federativa.

b) Es decir, según los artículos 89 y 27, fracción XI, de la Constitución del Estado de Baja California es facultad del Congreso Local fijar en la Ley de Hacienda las bases para los impuestos, derechos y participaciones, así como la de examinar, discutir, modificar, aumentar, reducir y aprobar para cada ejercicio fiscal las leyes de ingresos de la entidad a fin de que se refleje en el presupuesto de egresos anual. No obstante, a través del Decreto número 57, el propio Congreso hizo nugatoria dicha facultad, generando un acto legislativo derogatorio de tipo implícito e impropio: lo primero porque, aunque existen formalmente las facultades, con ese decreto el legislador está impedido para examinar, discutir, modificar, aumentar, reducir o aprobar los rubros recién mencionado y, lo segundo, porque la fuente derogatoria se produce en un decreto formalmente administrativo y no en una ley formal y material. Así, en las consecuencias inhibitorias para legislar contenidas en el Decreto número 57 se ubica la naturaleza intrínseca propia de una norma general, abstracta y obligatoria.

c) Así las cosas, ante la naturaleza normativa del Decreto número 57, su reforma y adición mediante el Decreto número 168 también debe considerarse como un conjunto de normas generales abstractas y obligatorias. Situación que se ve reflejada en lo siguiente. Con la reforma al Artículo Segundo, se adicionó al cuadro ahí descrito un nuevo concepto que se denomina "Fuente alterna de pago". Con esta adición es evidente que el legislador local pretendió sujetar la suerte del ISRTP y su sobretasa, no a la potestad soberana del Congreso, sino a una medida de corte administrativo que, además de ser implícitamente e impropiadamente derogatoria de la facultad de los representantes populares en materia de contribuciones, paradójicamente da por consumadas las operaciones objeto de autorización.

d) Por su parte, con la reforma al Artículo Sexto se complementa la medida normativa derogatoria a raíz de los siguientes cambios: i) se modifica el sujeto destinatario de la "ratificación y autorización" (así, mientras en el Decreto número 57 se aludía al "Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado" en el reformador Decreto número 168 se sustituye por el de "Gobierno del Estado", las cuales no son sinónimos); ii) se modifica al sujeto destinatario de la autorización para afectar la totalidad de los ingresos por la recaudación del ISRTP, así como de su sobretasa, ello en detrimento de la potestad para examinar, discutir, modificar, aumentar, reducir y aprobar las leyes de ingresos; iii) se adiciona un texto en el que se autoriza a la Comisión de Servicios Públicos de Ensenada y a la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana para que afecten y/o destinen a un fideicomiso irrevocable, los ingresos que se deriven de los derechos por servicios de agua potable que se establecen en la Ley de Ingresos del Estado por el tiempo que esté vigente la respectiva obligación crediticia ( a su juicio, esta adición tiene implicaciones negativas al prever una esfera de excepción en cuanto a que el Congreso estará impedido para ejercer la facultad de establecer el destino de los recursos de los aludidos organismos descentralizados, en contraposición de los artículos 27, fracción XI, de la Constitución Local, 157, 158, 159 y 160 de la Ley de Hacienda y 11, 13, 14, 23 y 36 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, todos del Estado de Baja California).

e) PRIMERO. La expedición del Decreto número 168, como norma general en la parte que normativamente se involucra en su artículo sexto, se originó a través de un procedimiento legislativo plagado de irregularidades en una sesión extraordinaria.

f) El 30 de noviembre de 2017, al filo de las 24 horas, se celebró Sesión de Clausura del Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Legislativo e instalación de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en la que se designaron a los integrantes de ese órgano representativo que habría de conducir las actividades de la cámara durante el Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Legislativo (a celebrarse del 1º de diciembre del 2017 al 31 de marzo del 2018), eligiéndose como Presidente al Diputado Raúl Castañeda Pomposo. Acto seguido, en los primeros minutos del 1º de diciembre, bajo la conducción del ya Diputado Presidente Castañeda Pomposo, se llevó a cabo la Sesión Solemne de Instalación y Apertura y se citó a sesión ordinaria a celebrarse el jueves 7 de diciembre siguiente.

g) Sin embargo, a pesar de ello y sin tomarse en cuenta que, como es natural, varios de los integrantes de la cámara se trasladaron a sus lugares de origen (ubicados en otras ciudades como Tijuana, Tecate y Ensenada), el Diputado Presidente de manera ilegal e injustificada convocó a Sesión Extraordinaria del Pleno del Congreso para celebrarse a las 8:45 horas de ese viernes 1º de diciembre de 2017. Las convocatorias respectivas, dicen los diputados promoventes, se entregaron en las oficinas de cada diputado o diputada en el recinto legislativo de la siguiente forma: al Diputado Catalino Zavala Márquez a las 8:15 horas; al Diputado Víctor Manuel Morán Hernández a las 8:40 horas; al Diputado Jorge Núñez Lozano a las 9:15 horas; a la Diputada Blanca Patricia Ríos López a las 8:39 horas; al Diputado Luis Moreno Hernández a las 8:19 horas; al Diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho a las 9:12 horas; y a la Diputada Josefina Agatón Muñiz se le aviso por medio de su personal de oficina cuando iba de salida del recinto legislativo para trasladarse el Municipio de Ensenada.

h) Sobre este aspecto, se argumenta que si bien es verdad que el Presidente del Congreso cuenta con facultades para convocar a los integrantes del Pleno a sesiones extraordinarias, ello de ningún modo lo autoriza a pasar por encima de los derechos de los diputados en la deliberación y participación democrática; menos aún a utilizar tal facultad para instalar la asamblea con un quórum de asistencia a modo y sin un orden del día.

i) Se aduce que es cierto que el artículo 50, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso de Baja California prevé que es facultad del Presidente del Congreso "citar a sesiones cuando menos con veinticuatro horas de anticipación, salvo el caso de sesiones extraordinarias", sin que en ninguna otra parte de ese ordenamiento se establezca un plazo determinado; empero, tal cuestión no conlleva que el ejercicio de la facultad sea arbitraria, sino que debe ejecutarse tomando las providencias necesarias para hacer posible el oportuno enteramiento de la sesión a los diputados, a fin de garantizarles sus derechos de asistencia, participación, deliberación, votación e información oportuna.

j) La acción arbitraria respecto a la convocatoria trajo como consecuencia la privación de asistencia de participación de los Diputados Catalino Zavala Márquez, Víctor Manuel Morán Hernández, Luis Moreno Hernández, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Edgar Benjamín Gómez Macías y la incorporación, ya avanzada la sesión, de los Diputados Alejandro Arregui Ibarra y Jorge Eugenio Núñez Lozano.

k) SEGUNDO. En complemento a los argumentos procesales y partiendo de la idea de que es Decreto número 168 es un acto de naturaleza normativa, se solicita que se expulse del orden jurídico local en la parte atinente a la derogación implícita e impropia de las facultades para examinar, discutir, modificar, aumentar, reducir y aprobar los ingresos y el gasto público en el Estado de Baja California por contradecir lo dispuesto en los artículos 107, 116, 117, 124 y 134 de la Constitución Federal, en relación con los numerales 27, fracciones I, VI y XI, 29 y 32 de la Constitución Local; 11, 13, 14, 23, 36, 37 y 39 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público y 157, 158, 159 y 160 de la Ley de Hacienda, todas del Estado de Baja California.

l) Para ello, se cita lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 163/2007, en donde se sentó el sistema de colaboración de poderes en materia presupuestal y se expuso que se transgrede ese sistema cuando el legislador autoriza al Poder Ejecutivo la disposición de recursos públicos futuras bajo esquemas financieros que implica que durante su vigencia serán indisponibles las facultades del Congreso de orden presupuestal y las relativas a la determinación y destino de un impuesto.

m) Así, la minoría legislativa promovente argumenta que el Decreto número 168 violenta los principios de colaboración y corresponsabilidad que exige el principio de división de poderes, en términos de los criterios reflejados en las tesis de rubro: "DEUDA PÚBLICA. EL ARTÍCULO 19 BIS DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE SONORA VIOLA EL SISTEMA DE COPARTICIPACIÓN EJECUTIVO-LEGISLATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" y "DEUDA PÚBLICA. LAS DECISIONES ACERCA DEL ENDEUDAMIENTO DEL ESTADO DEBEN SER REFLEJO DE UN EJERCICIO DEMOCRÁTICO DEL PODER Y UNA MANIFESTACIÓN DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES".

6. Admisión y trámite. El cinco de enero de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte tuvo por presentado el escrito de demanda, formó y registró el asunto bajo el número de expediente 2/2018 y designó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento.

7. El nueve de enero siguiente, inició la participación del Ministro Instructor, quien dio cuenta de la demanda de inconstitucionalidad, la admitió a trámite y tuvo a los Poderes Legislativos y Ejecutivo del Estado de Baja California como las entidades que aprobaron, emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por lo que les solicitó su informe en un plazo de quince días hábiles; asimismo, se le dio vista al Procurador General de la República para la formulación del pedimento correspondiente y se le requirió al legislativo que, al momento de rendir su informe, enviara copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado.

8. Trámite del expediente. Seguida la instrucción y trámite del asunto, entre otras cuestiones, se tuvieron por desahogados los documentos enviados por la autoridad requerida, así como por presentados los informes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Locales.

9. Informe del Poder Legislativo. A través de un escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, el Presidente y la Secretaria de la Mesa Directiva rindieron el respectivo informe a nombre de la legislatura del Congreso del Estado de Baja California, en el que expusieron lo que se sintetiza a continuación:

a) Causales de improcedencia. La acción debe sobreseerse con fundamento en los artículos 105, fracción II, de la Constitución Federal y 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, toda vez que el Decreto número 168 no reúne los requisitos de norma general necesarios para ser analizado en una acción de inconstitucionalidad. Por el contrario, es un acto eminentemente administrativo al ir dirigido a personas que pueden ser determinadas y referirse a la creación de situaciones jurídicamente concretas. Además, es un acto de aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 y 117, fracción VIII, de la Constitución Federal, así como de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios y de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público Estatal.

b) Por otro lado, se sostiene que se actualiza la causa de improcedencia de extemporaneidad señalada en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con la fracción II del artículo 21 del mismo ordenamiento. El Decreto número 168 es una reforma y adición al Decreto número 57, publicado desde el 30 de diciembre de 2016. En ese tenor, cualquier afectación que se pretenda hacer valer se pudo cuestionar a través de ese primer decreto. Asimismo, atendiendo al nuevo criterio de acto legislativo del Pleno (modificación material para efectos de la procedencia de la acción), se debe tomar en cuenta que las razones expuestas por la minoría legislativa para declarar inconstitucional el decreto reclamado se relacionan con aspectos que se encontraban desde la emisión del Decreto número 57, mismas que no se vieron afectadas con las reformas y adiciones efectuadas a través del Decreto número 168 reclamado.

c) Violaciones procedimentales. No obstante lo anterior, ad cautelam, se afirma que el decreto reclamado cumplió debidamente con su procedimiento legislativo. El 9 de septiembre del 2017, la Comisión de Hacienda y Presupuesto aprobó el dictamen relativo al decreto que hoy se cuestiona. Dicho dictamen fue circulado a todos los miembros de la legislatura vía electrónica ese mismo día y se citó para ser discutido en el Pleno en sesión de 13 de septiembre siguiente. Ante falta de quórum, esa sesión no se realizó. Sin embargo, valorando que ya se había circulado el dictamen, tras la instalación de la Mesa Directiva del Congreso el 1 de diciembre de 2017 a las 00:38 horas y en uso de las atribuciones que se prevén en el artículo 50, fracción II, inciso a), y fracción IV, y 106 de la Ley Orgánica, se citó a la celebración de sesión extraordinaria para ese mismo día a las 8:45 horas, la cual se celebró con el quórum necesario y en la que se aprobó el dictamen por mayoría de 13 votos a favor y 4 votos en contra.

d) Alegatos de fondo. Por último, se afirmó de manera genérica que el decreto reclamado es válido, ya que se emitió con fundamento en las facultades otorgadas en los artículos 27, fracciones I y VI, de la Constitución Local; 11, fracciones II, III, VI y VII, inciso a), de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios, y 73 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

10. Informe del Poder Ejecutivo. El Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California presentó el informe en representación del Poder Ejecutivo por escrito recibido en este Tribunal Constitucional el dos de marzo de dos mil dieciocho, argumentando lo que sigue:

a) Causales de improcedencia. Se plantearon las mismas razones de improcedencia que en el informe del Poder Legislativo, prácticamente bajo las mismas consideraciones, con la salvedad de que se expusieron algunas razones adicionales para argumentar el por qué el decreto reclamado no es un nuevo acto legislativo en cuanto a los contenidos que pretenden reclamar la minoría legislativa.

b) Violaciones procedimentales. El decreto reclamado se ajustó al procedimiento legislativo correspondiente. Primero, se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que el Congreso Local tiene facultades para emitir dicha regulación y existía la necesidad de implementar estrategias para asociaciones público privadas en inversión de infraestructura con la finalidad de atender demandas apremiantes de la población y fortalecer el desarrollo del Estado.

c) Alegatos de fondo. El decreto impugnado es del ramo de competencia del Estado de Baja California, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 de la Constitución Local, el Estado alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico estatal. Bajo esas bases el Congreso expidió la Ley de Asociaciones Público Privadas, la cual tiene por objeto regular el proceso para la realización de proyecto en términos del esquema de asociaciones público privadas para el desarrollo de infraestructura y de prestación de servicios públicos, siempre que ello permita el cumplimiento de los fines que sean competencia del Estado o de sus Municipios, con fundamento en los artículos 27, fracciones I y VI, de la Constitución Estatal y 11, fracciones II, III, IV, VI y VII, inciso a), de la Ley de Deuda Pública.

d) Por su parte, debe destacarse que por reforma a la Constitución Federal de 26 de mayo de 201, en los artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, se incluyó entre las facultades del Congreso de la Unión la relativa a establecer las bases generales para que los Estados y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento, así como los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago. Seguida a esa reforma, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios el 27 de abril de 2016, que en sus artículos 16, 23 y 24, fracción V, dispone una variedad de reglas de los Estados y los Municipios para contraer deuda, tales como que los financiamientos y las obligaciones que correspondan sean autorizadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de las legislaturas locales, entre muchas otras.

e) Así las cosas, se argumenta ad cautelam que el decreto reclamado no genera una violación constitucional, ya que: i) no se contrae de manera directa o indirecta obligación o empréstito con gobierno de otra naciones o sociedades o particulares extranjeros; ii) la autorización para la contratación de obligaciones de pago se encuentra destinada a inversiones público productivas; iii) el Congreso del Estado aprobó por el voto de dos terceras partes los montos máximos para contratar las obligaciones de pago a favor de las empresas por concepto de contraprestación (previo análisis del destino de las obligaciones contraídas en los contratos de asociación público privada, en los contratos de crédito y la capacidad de pago de los entes contratantes); iv) el otorgamiento de recursos como fuente de pago y garantía de las obligaciones contraídas se hace respecto a las empresas en los contratos de asociación público privada (al tenor de los artículos 117, fracción VIII, párrafo tercero, de la Constitución Federal; 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y 11, fracciones II, III, IV, VI y VII, inciso a), de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios); v) la autorización otorgada por el Congreso del Estado cumple con las especificaciones en cuanto al monto de la obligación, el plazo máximo para el pago, el destino de los recursos, la fuente de pago y la contratación de la garantía y la vigencia de la autorización.

f) Por lo tanto, el decreto cuestionado no deroga implícitamente la facultad del Congreso Local para fijar y distribuir los ingresos para soportar el gasto público y para examinar, discutir, modificar, aumentar, reducir y aprobar para cada ejercicio fiscal las leyes de ingresos a fin de soportar el gasto público. Uno, porque la constitución de los fideicomisos públicos está regulada en ley y el decreto que instituye fideicomisos cumple con todas las pautas exigidas legalmente. Segundo, porque el decreto no prevé determinación o excepción alguna que impida al Poder Legislativo el ejercicio de su potestad soberana para, fijar en la Ley de Hacienda del Estado, las bases de los impuestos, derechos y participaciones, ni se coarta de ninguna manera la prerrogativa para decidir sobre los ingresos.

g) El hecho de que la autorización para que el Gobierno del Estado constituya un fideicomiso y afecte la totalidad de los ingresos para la recaudación del ISRTP, no genera afectación, pues no se establece la duración del fideicomiso. En esos términos, no se puede afirmar que se encuentran afectadas la facultades del Congreso por los subsecuentes ejercicios fiscales para examinar, discutir, modificar, aumentar, reducir y aprobar la Ley de Ingresos y, aun en el supuesto que se especificara su duración, el Congreso sigue contado con su facultad para reformar o derogar disposiciones en materia tributaria.

h) Por su parte, el decreto reclamado en ninguna parte restringe la facultad del Congreso del Estado para establecer el destino que se le dará a los recursos que los citados organismos descentralizados llegaren a recabar por concepto de derechos por servicio de agua potable por cada ejercicio fiscal. En su oportunidad, el Ejecutivo del Estado enviará al Poder Legislativo su proyecto de presupuesto de egresos de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, por lo que será en ese momento en donde se analizará lo correspondiente por parte del Congreso del Estado.

11. Pedimento. El Procurador General de la República no formuló pedimento en el presente asunto.

12. Cierre de la instrucción y radicación. Tras el trámite legal correspondiente, por acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro Instructor para la elaboración del proyecto de resolución. La Sala se avocó a su conocimiento por acuerdo de su presidenta de siete de junio del presente año.

II. COMPETENCIA

13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo, fracción II y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno al llegarse a una conclusión de sobreseimiento.

III. PRECISIÓN DE LA MATERIA DEL ASUNTO

14. Del análisis de la demanda se advierte que, por un lado, la minoría legislativa cuestionó el procedimiento legislativo que dio lugar al "Decreto no. 168, mediante el cual se aprueba la Iniciativa de Decreto que modifica los Artículos Primero, Segundo, Sexto y Vigésimo Tercero y adiciona los Artículos Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Decreto Número 57", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 4 de diciembre de 2017 y, por otro lado, se impugnaron de manera concreta los artículos Segundo, Sexto y Vigésimo Tercero modificados a partir del decreto.

15. Al respecto, debe resaltarse que el decreto reclamado (el número 168) tiene como objeto la modificación y adición de un diverso decreto legislativo (el número 57). Ello se hace a partir de cinco artículos y uno transitorio.

a) En el Primer Artículo se modifican los Artículos Primero, Segundo, Sexto y Vigésimo Tercero del Decreto número 57.

b) En el Segundo Artículo se dice que, para su aprobación, la legislatura incluyó los dictámenes respectivos de acuerdo al artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

c) En el Tercer Artículo se afirma que las autorizaciones contenidas en el decreto hoy reclamado fueron aprobadas pro el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso, previo análisis del destino de las obligaciones contraídas en los contratos de asociaciones público privadas (CAPP), en los contratos de crédito y la capacidad de pago de los entes contratantes y del Ejecutivo del Estado.

d) En el Cuarto Artículo se adicionan los artículos Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo al Decreto número 57.

e) En el Quinto Artículo se exhorta al Ejecutivo Local para que realice las modificaciones conducentes en los contratos de asociaciones público privadas (CAPP) para el cumplimiento del decreto reclamado.

f) En el Único Transitorio se mandata que el decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación.

16. Así las cosas, se advierte que debe tenerse como impugnado, de manera genérica, el Decreto número 168 (al haberse planteado argumentos en contra del procedimiento legislativo) y, de manera concreta, los artículos Segundo, Sexto y Vigésimo Tercero correspondientes a la numeración original del Decreto número 57, que fueron reformados a partir del Artículo Primero del decreto que hoy se analiza.

IV. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

17. Esta Primera Sala considera innecesario analizar diversos presupuestos procesales de la presente acción, toda vez que procede decretar el sobreseimiento del asunto por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los numerales 20, fracción II, y 65, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) (de ahora en adelante la "Ley Reglamentaria de la materia"), relativa a que lo impugnado por la minoría legislativa no es una norma de carácter general de las que pueden someterse a una acción de inconstitucionalidad. Ello, sin que sea obstáculo que los accionantes hayan planteado vicios en el procedimiento legislativo, pues para estar en condiciones de efectuar tal análisis, es necesario que lo reclamado sea una norma o un conjunto de normas generales.

18. Lo anterior, tal como se expl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200424-1daa66c9/i-accion-de-inconstitucionalidad-solo-procede-contra-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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