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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, NO SE AFECTA POR EL HECHO DE QUE AL MOMENTO DE PRESENTAR LA DEMANDA RESPECTIVA SE ENCUENTRE SUPLIENDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DEL CONVENIO CELEBRADO POR LAS PARTE EN UN JUICIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA RECAÍDA EN ÉSTE, DE LA QUE DERIVA EL ACTO IMPUGNADO (ACUERDO POR EL QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ORDENA DESTITUIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL TEMIXCO DE ESA ENTIDAD).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 73/2018. · Registro digital (IUS): 200432
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 73/2018. MUNICIPIO DE TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS. 11 DE JULIO DE 2018. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS, para resolver el expediente de la controversia constitucional identificada al rubro; y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Demanda. Por escrito recibido el veinte de marzo de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gerardo Hurtado de Mendoza Armas, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades del Estado de Morelos que a continuación se señalan:

AUTORIDADES DEMANDADAS:

1. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje

2. El Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje

3. Los actuarios Pamela González Álvarez, Jessica Viridiana Domínguez Escalante, Ángel Alva Jaimes, Jocelyn García Ibarra, Saulo Espino García, Carolina Hernández Castrejón, Jesús Rafael Alemán Rubio, Carlos Mayorga Segura, Alma Adela Escobar Zárate, todos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje

ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA:

1. El acuerdo del Tribunal demandado de ocho de enero de dos mil dieciocho, notificado al Ayuntamiento actor el dieciséis de marzo del año en curso, relativo a la destitución de la Presidente Municipal de Temixco, Morelos, impuesta como sanción por el desacato al pago de un laudo.

2. La invasión en perjuicio del Ayuntamiento actor de la esfera competencial del Congreso del Estado de Morelos, que de acuerdo con el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, es el único autorizado para destituir, por mayoría calificada, a integrantes de los Ayuntamientos electos por medio del voto popular.

3. La ejecución del acuerdo referido en el numeral 1.

SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:

1. El uno de enero de dos mil dieciséis, se integró el Ayuntamiento de Temixco, Estado de Morelos.

2. Mediante escrito inicial de veintiuno de abril de dos mil quince, **********, por conducto de sus apoderados legales, compareció ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el que demandó del Ayuntamiento Municipal de Temixco, Morelos, diversas prestaciones laborales, demanda que quedó radicada bajo el número de expediente 01/217/2015, del índice del mencionado Tribunal.

3. Una vez tramitado y substanciado el juicio laboral, se dictó laudo el dos de septiembre de dos mil dieciséis, en donde se condenó al Ayuntamiento de Temixco, Morelos, al pago y cumplimiento de diversas prestaciones.

4. Posteriormente se llevaron a cabo a través del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, las actuaciones tendientes a llevar a cabo la ejecución del laudo de dos de septiembre de dos mil dieciséis, agotando los requerimientos establecidos en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

5. No obstante, no fue posible llevar a cabo la reinstalación del trabajador como se ordenó en el laudo, por lo que se remitió un memorándum CJ/410/2018 de dos de marzo de dos mil dieciocho, a través de la Jefatura de lo Laboral adscrita a la Consejería Jurídica de la Dirección de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para efecto de que se prestaran las facilidades para llevar a cabo la reinstalación del actor, ordenada en el laudo multicitado.

TERCERO. Preceptos constitucionales señalados como violados y concepto de invalidez. El Municipio actor señaló como transgredido en su perjuicio el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y planteó el siguiente concepto de invalidez.

El acuerdo del Tribunal demandado, de ocho de enero de dos mil dieciocho, relativo a la destitución de la Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, invade en perjuicio de dicho Ayuntamiento la esfera competencial del Congreso del Estado de Morelos, que acorde con el mandato constitucional previsto en el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, es el único autorizado para destituir (suspender de sus cargos), por mayoría calificada, a integrantes de los ayuntamientos electos por el voto popular.

De acuerdo con el artículo constitucional referido y la Constitución Política del Estado de Morelos, en su numeral 41, el Congreso de la entidad podrá declarar por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, a petición del Gobernador del Estado, o de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los diputados, la desaparición de un ayuntamiento, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus integrantes o la suspensión de alguno de ellos, siempre que previamente permita a los afectados rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, en los supuestos que expresamente consigna.

Por su parte, la Ley Orgánica del Estado de Morelos, en su artículo 178, refiere a la atribución del Congreso de la entidad, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, para declarar la desaparición de ayuntamientos, suspenderlos en su totalidad o suspender a alguno de sus integrantes, mientras que en sus artículos 181 y 182, señala los casos en que podrá suspenderse definitivamente a los integrantes del ayuntamiento o revocar su mandato.

El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos autoriza al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para sancionar al infractor por el incumplimiento a la desobediencia de sus resoluciones, con la sanción de destitución sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o del municipio.

Sin embargo, interpretado conforme a la Constitución Federal, en concreto al artículo 115, fracción I, párrafo tercero, el artículo 41 de la Constitución del Estado de Morelos, así como los diversos 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, permite considerar que la palabra "infractor" no incluye a los miembros de los ayuntamientos, pues de lo contrario se estaría transgrediendo la Carta Magna, al estimarse facultado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para revocar de facto el mandato a uno de sus miembros, olvidando que el citado artículo 115 señala con toda claridad que únicamente las Legislaturas locales "por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan."

Esto es, si el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no se interpreta conforme a la Constitución Federal, se incurre en un acto contrario a ésta, tal como ocurrió en la especie, pues el Tribunal demandado consideró que estaba en aptitud de destituir a un integrante del ayuntamiento, revocando de facto el mandato otorgado a este, no obstante que la Ley Fundamental, así como los preceptos de la Constitución del Estado de Morelos, sólo permiten que sea el propio Congreso del Estado quien determine tal destitución, cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un municipio, impidiendo así que sea dicho Congreso el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del ayuntamiento.

CUARTO. Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de veinte de marzo de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional bajo el expediente 73/2018 y ordenó su turno al Ministro José Fernando Franco González Salas.

En proveído de veintidós de marzo siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la controversia constitucional en la que tuvo por demandado al Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no así al Presidente ni a los diversos actuarios adscritos a dicho Tribunal por carecer de legitimación pasiva; asimismo, ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República.

QUINTO. Contestación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. El Presidente del Tribunal contestó la demanda en los siguientes términos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, fracción V, y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, informa la causal de sobreseimiento de la controversia constitucional.

Lo anterior, en atención a que dentro de los autos que integran el sumario laboral 01/217/15, se advierte que el veinte de marzo de dos mil dieciocho comparecieron ante el Tribunal demandado la parte actora, **********, por conducto de sus apoderados legales, a efecto de celebrar convenio para dar cumplimiento al laudo de dos de septiembre de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente laboral referido.

Asimismo, señala que el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho compareció personalmente **********, con la finalidad de ratificar el convenio señalado, en mérito de lo anterior, y en virtud del convenio celebrado por las partes y con el cual se dio cumplimiento total al laudo emitido en el expediente laboral 01/217/15, en auto de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, los integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje determinaron por unanimidad de votos dejar sin efectos la aplicación de la sanción decretada mediante resolución de ocho de enero de dos mil dieciocho, consistente en la destitución del cargo de la Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

SEXTO. Opinión del Procurador General de la República. Este funcionario no formuló opinión en el presente asunto.

SÉPTIMO. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el once de junio de dos mil dieciocho se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas documentales, ofrecidas y aportadas durante la instrucción del juico, y se puso el expediente en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente medio de control constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso i),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal; 10, fracción I,(3) y 11, fracción V,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37, párrafo primero,(5) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y los puntos Segundo, fracción I, párrafo primero,(6) y Tercero,(7) del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos y el Municipio de Temixco de dicha entidad federativa, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno debido al sentido del presente fallo.

SEGUNDO. Oportunidad. Procede examinar si la demanda de controversia constitucional se presentó dentro del plazo legal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

En el caso, el Municipio actor reclama la resolución del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos dictada el ocho de enero de dos mil dieciocho, dentro del expediente 01/217/15, mediante la cual se ordena la destitución del cargo de la Presidente del Municipio de Temixco; por lo que debe aplicarse el plazo previsto en el artículo 21, fracción I,(8) de la Ley Reglamentaria de la Materia, esto es, de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor.

Dicha resolución fue notificada al Municipio actor el viernes dieciséis de marzo de dos mil dieciocho(9) y surtió efectos ese mismo día, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 747, fracción I,(10) de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, según lo previsto en el artículo 11(11) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del martes veinte de marzo al lunes siete de mayo de dos mil dieciocho; de los que se descuentan los días diecinueve, veintiuno, veinticuatro, veinticinco, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de marzo, el uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de abril, así como el uno, cinco y seis de mayo, todos de dos mil dieciocho, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 2(12) y 3(13) de la Ley Reglamentaria de la Materia, en relación con el 163(14) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Punto Primero,(15) incisos a), b), c), d), y e), del Acuerdo General Plenario 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia y de descanso para su personal.

Por tanto, si la demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el martes veinte de marzo de dos mil dieciocho,(16) se concluye que fue promovida oportunamente.

TERCERO. Legitimación activa. El Municipio de Temixco, Estado de Morelos, compareció al presente juicio por conducto de Gerardo Hurtado de Mendoza Armas, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento, lo que acreditó con la copia certificada de constancia de mayoría expedida por el Consejo Municipal Electoral el once de junio de dos mil quince,(17) en la que consta su carácter de síndico propietario.

Ahora bien, el Municipio actor es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, legitimado para promover controversia constitucional contra el Estado al que pertenece respecto de la constitucionalidad de sus disposiciones generales y actos, como en el caso, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y su aplicación.

De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley reglamentaria de la materia,(18) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

Pues bien, de acuerdo con el artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,(19) corresponde a los Síndicos la representación jurídica del Municipio.

En consecuencia, se reconoce legitimación a quien compareció en representación del Municipio de Temixco, Estado de Morelos, lo que se refuerza con el criterio contenido en la tesis 2a. XXVIII/2012 (10a.),(20) que señala:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS SÍNDICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA. El artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que faculta a los Ayuntamientos para promover controversias constitucionales, debe interpretarse en concordancia con el diverso 45, fracción II, del propio ordenamiento, que otorga a los síndicos la atribución de procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales y representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éstos sean parte. De esta forma, el Ayuntamiento ejerce su facultad para promover controversias constitucionales por conducto del síndico, a quien la ley confiere la representación jurídica de dicho órgano de gobierno, así como la procuración y defensa de los derechos e intereses municipales, sin que, para ello, sea necesario emitir un acuerdo de Cabildo en el que se le otorgue tal atribución, al ser la propia ley la que lo faculta para hacerlo."

CUARTO. Legitimación pasiva. Acto seguido se procederá al análisis de la legitimación de la autoridad demandada, atendiendo a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda, en caso de resultar fundada.

El artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la Materia prevé:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales: (...)

II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia; (...)."

Juan Manuel Díaz Popoca suscribe la contestación de la demanda, como Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, lo que acredita con la copia certificada del nombramiento expedido a su favor por el Gobernador del Estado el uno de septiembre de dos mil quince.(21)

Al respecto, el artículo 12, fracción XIII, del Reglamento Interior del referido Tribunal, establece:

"Artículo 12. El Presidente tendrá las facultades y obligaciones siguientes: (...)

XIII. Tener la representación legal del Tribunal ante todo tipo de autoridades y en eventos oficiales así como para su funcionamiento administrativo y financiero; (...)".

De lo transcrito, se desprende que el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos tiene la facultad de representarlo ante todo tipo de autoridades; por lo que, al acreditar el cargo con que se ostenta y estar facultado en términos de las normas que lo rigen, debe tenérsele por legitimado para comparecer a esta controversia, en representación de dicha autoridad demandada. Asimismo, cuenta con legitimación pasiva para comparecer a juicio al atribuírsele la emisión del acto impugnado.

QUINTO. Causales de improcedencia. Esta Segunda Sala considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el acto impugnado consistente en el acuerdo de ocho de enero de dos mil dieciocho ha cesado en sus efectos.

La consideración anterior encuentra apoyo, en lo siguiente:

El artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia, prevé:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...)

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; (...)"

Respecto de la cesación de efectos de la norma general o acto materia de las controversias constitucionales, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que se actualiza la causal de improcedencia en comento cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que motivaron la controversia constitucional, en tanto que la declaración de invalidez que se pronuncie en tal medio de control constitucional no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria.

Dicho criterio del Tribunal Pleno quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 54/2001,(22) de rubro y texto:

"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria."

En lo particular, de la demanda inicial se advierte que el Municipio actor substancialmente señaló los siguientes actos impugnados:

1. El acuerdo de ocho de enero de dos mil dieciocho por el que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos decretó la destitución de la Presidente Municipal de Temixco, Morelos, como sanción por el desacato al pago del laudo dictado en el juicio laboral 01/217/2015.

2. La invasión en perjuicio del Ayuntamiento actor de la esfera competencial del Congreso del Estado de Morelos, que de acuerdo con el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, es el único autorizado para destituir, por mayoría calificada, a integrantes de los Ayuntamientos electos por medio del voto popular.

3. La ejecución del acuerdo referido en el numeral 1.

El acuerdo impugnado en el presente juicio constitucional, en la parte conducente, dice:

"Cuernavaca, Morelos; a ocho de enero de dos mil dieciocho. (...)

Considerando:

Primero. Este Tribunal es competente para conocer y resolver sobre la aplicación de la sanción decretada en líneas que anteceden con fundamento en los artículos 1, 109, 114, 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 10 y 11 fracción I del Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.

Segundo. Con fecha de DOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, este Tribunal dictó el laudo por el que se condena a la parte demanda al pago de diversas prestaciones, las cuales a la fecha ascienden a la cantidad de $**********), así como a la exhibición de las constancias de aportaciones obrero patronales ANTE EL IMSS, AFORE E INSTITUTO DE CRÉDITO, POR EL TIEMPO QUE FURO (sic) LA RELACIÓN DE TRABAJO.

Tercero. Con fecha DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, se ha requerido de pago a la demandada, sin que a la fecha haya cubierto pago alguno, en tal sentido y en seguimiento al proceso de ejecución promovido por la parte actora, el Presidente Ejecutor de este Tribunal, con fecha OCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, dictó un auto de requerimiento de pago por la cantidad de $**********, a cargo de la parte demandada por conducto del PRESIDENTE del Ayuntamiento Constitucional de Temixco, Morelos.

Cuarto. En debido cumplimiento al requerimiento dictado, en compañía de la parte actora, se constituyó en las instalaciones que ocupa el Ayuntamiento de Temixco, Morelos, y requirió de pago la cantidad de $**********, diligencia en la cual la parte demandada por conducto del PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, no dio cumplimiento a lo solicitado.

Precisando que a la fecha la parte demandada, ha sido omisa en realizar el pago requerido, en tal sentido este órgano colegiado:

RESUELVE:

ÚNICO: EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y ACUARTO (SIC) POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE DECLARA PROCEDENTE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN DECRETADA MEDIANTE ACUERDO DE FECHA OCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, DICTADO EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE AL RUBRO CITADO, ANTE LA CONTUMACIA EN QUE HA INCURRIDO LA PARTE DEMANDADA, ESTO ES:

SE DECRETA LA DESTITUCIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO, MORELOS, EN VIRTUD DE NO HABER DADO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO REALIZADO POR ESTA AUTORIDAD; POR LO QUE SE ORDENA GIRAR OFICIOS AL CABILDO, PARA QUE EN DE (sic) MANERA INMEDIATA HAGAN EFECTIVA LA SEPARACIÓN DEL CARGO DECLARADA Y LO INFORMEN A ESTE TRIBUNAL.

LO ANTERIOR, AL HABERSE APLICADO LA DESTITUCIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR ESTE H. TRIBUNAL AL C. PRESIDENTE, DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS; EN CONSECUENCIA Y TENIENDO EN CUENTA QUE RESULTA UNA OBLIGACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, EL ACATAR LOS LAUDOS QUE DICTE ESTE H. TRIBUNAL, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS, EL CUAL PARA MAYOR COMPRENSIÓN A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE: (se transcribe).

DE LO QUE SE ADVIERTE QUE RESULTA UNA OBLIGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, EL DAR TOTAL Y CABAL CUMPLIMIENTO A CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO MEDIANTE LAUDO DE FECHA DOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDO POR ESTA AUTORIDAD, DE IGUAL FORMA ESTA TRIBUNAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, TIENE LA OBLIGACIÓN DE PROVEER LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS, DICTANDO TODAS LAS MEDIDAS A SU ALCANCE A FIN DE LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEMANDADO, ASÍ MISMO (sic) LOS ARTÍCULOS 123 Y 124 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, ESTABLECEN LAS MEDIDAS LEGALES CON LAS QUE CUENTA ESTE TRIBUNAL PARA EFECTO DE HACER CUMPLIR SUS RESOLUCIONES, ARTÍCULOS QUE A LA LETRA INDICAN: (se transcriben)

(...)"

De lo transcrito se advierte que, a través del acto cuya invalidez se demanda, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de ocho de junio de dos mil diecisiete y decretó la destitución de la Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, en virtud de haber sido omisa en lo relativo al cumplimiento del laudo de dos de septiembre de dos mil dieciséis, consistente en el pago de la cantidad de $********** a favor de **********.

Ahora bien, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, al dar contestación a la demanda de controversia constitucional instaurada en su contra, remitió copias certificadas de las actuaciones de veinte, veintiséis y veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, de las que se desprende lo siguiente:

Mediante proveído de veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral 01/217/15, se dio cuenta del convenio celebrado entre el actor, **********, por conducto de su apoderada legal, y el Ayuntamiento Constitucional de Temixco, Morelos, con el fin de dar cumplimiento al laudo de ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Al efecto, se transcribe la parte que en el caso interesa:

"Acuerdo: Se tiene compareciendo por la parte actora su apoderada legal la pasante en derecho Sandra Amairani Parra Dorantes, con personalidad acreditada y reconocida en autos y por la parte demandada H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, su apoderada legal la Lic. Elsa Leticia Morales Olivares y en atención a lo manifestado por las comparecientes se les tiene celebrando convenio en términos de las cláusulas que han quedado establecidas en la presente acta, convenio que una vez que comparezca personalmente el actor en el presente juicio a ratificar las manifestaciones realizadas por la demandada así como por su apoderada legal, este Tribunal se pronunciará sobre la aprobación del mismo, ordenando girar el oficio correspondiente para hacer del conocimiento al Juzgado de Distrito que las partes han celebrado convenio, asimismo se tiene a la apoderada legal de la parte demandada exhibiendo un título de crédito denominado cheque número **********, de fecha 16 de marzo del año 2018, por la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., por la cantidad de $**********, el cual se ordena guardar en el seguro de este Tribunal previa certificación que realice la secretaria general, y una vez que comparezca y ratifique el convenio se realizará la entrega de dicho título de crédito al actor compareciente, ordenando también dar vista al Pleno de este Tribunal con el presente convenio para el efecto de que se deje sin efectos la destitución ordenada en el acuerdo de fecha ocho de enero del año dos mil dieciocho, (...)" (subrayado propio)

Luego, el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el actor del juicio de origen se apersonó ante el Tribunal demandado para ratificar el convenio celebrado el veinte del mes y año referido en los siguientes términos:

"Acuerdo: (...) se tiene compareciendo al actor **********, quien se identifica con credencial para votar expedida por el IFE con la clave de elector **********, la cual exhibe en original y copia simple por lo que se ordena que la primera sea devuelta y la segunda se glose a los presentes autos para los efectos legales conducentes,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200432-34155938/i-controversia-constitucional-la-legitimacion-del-sindico-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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