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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO DE GOBIERNO PARA EL QUE FUE ELECTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, ESTADO DE MORELOS (ACUERDO DE VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL QUE EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS HIZO EFECTIVO EL DIVERSO PROVEÍDO QUE DECRETÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA DE ESA ENTIDAD). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA NORMA IMPUGNADA CON MOTIVO DE SU ACTO DE APLICACIÓN CUANDO SE SOBRESEE EN RELACIÓN CON ÉSTE (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 156/2018. · Registro digital (IUS): 200521
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE CUAUTLA, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 156/2018. MUNICIPIO DE CUAUTLA, ESTADO DE MORELOS. 13 DE MARZO DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I. Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. EL MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK EMITIÓ SU VOTO EN CONTRA. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS VOTÓ CON RESERVAS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver el expediente de la controversia constitucional identificada al rubro; y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Demanda. Por escrito recibido el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento de Cuautla, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos emitidos por las autoridades del Estado de Morelos que a continuación se señalan:

AUTORIDADES DEMANDADAS:

1. Congreso del Estado.

2. Gobernador Constitucional.

3. Secretario de Gobierno.

4. Secretario de Trabajo.

5. Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA:

1. El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil.

2. La aplicación de la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, consistente en la invasión de esferas competenciales de la Legislatura estatal y declara (sic) la destitución del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por conducto de:

a. La resolución de fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente laboral **********, en el cual resuelve declarar procedente la aplicación decretada mediante acuerdo de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis, decretando (sic) la destitución del cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.

b. La orden al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, de abstenerse de realizar todo tipo de actos jurídicos y administrativos que en razón de sus funciones correspondan al cargo, apercibido que en caso de no acatar la destitución ordenada podría encuadrarse su conducta en lo estipulado en el artículo 295 del Código Penal para el Estado de Morelos.

SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:

1. El uno de enero de dos mil dieciséis se integró el Ayuntamiento de Cuautla, Estado de Morelos,(1) con un Presidente Municipal, un Síndico y dos regidurías.

2. Derivado del procedimiento para la ejecución del laudo de veinticinco de enero de dos mil trece, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al resolver el expediente **********, se emitieron diversas multas e incluso, actos de destitución a los integrantes del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, como parte demandada en el juicio de origen.

3. Con motivo de dichos actos, **********, en su carácter de Síndica y en representación del Ayuntamiento de Cuautla, Estado de Morelos, promovió la controversia constitucional 232/2016.

4. El cuatro de julio de dos mil dieciocho, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobreseer en la Controversia Constitucional 232/2016, al considerar que como fue aceptada la licencia definitiva de ********** como Presidente Municipal (para ejercer su derecho a ser votado como candidato a Diputado Federal por el Tercer Distrito Federal Electoral en el Estado de Morelos) y en su lugar se nombró a ********** como Presidente Municipal suplente; se concluyó que el acuerdo impugnado que contenía la orden de destitución había cesado en sus efectos, pues el apercibimiento fue dirigido directamente al primero de los mencionados en el cargo de Presidente Municipal, no así, a este último quien ocupaba el cargo de Presidente Municipal.

5. Posteriormente, ********** se reincorporó como Presidente del Ayuntamiento de Cuautla, Estado de Morelos.

6. Así las cosas, con fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho el actuario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante oficio número ********** notificó el proveído de veinte de agosto de dos mil dieciocho, por virtud del cual se ordena al Presidente Municipal, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciséis (por el cual se le destituye del encargo) ‘se abstenga de realizar todo tipo de actos tanto jurídicos como administrativos que en razón de sus funciones correspondan’; en tanto que a los integrantes del cabildo se les requiere para que acrediten el cumplimiento de la sanción. Dicho medio de notificación oficial fue dirigido personalmente a ********** en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos.

TERCERO. Preceptos constitucionales señalados como violados y concepto de invalidez. El Municipio actor señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y planteó, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no cumple con los requisitos constitucionales para su creación, violentando así el segundo párrafo del numeral 14 de la Constitución Federal, ya que no existe la iniciativa de ley; el dictamen de la Comisión de Trabajo o Puntos Constitucionales del Congreso del Estado; no hubo discusión del contenido del dictamen de la norma por parte del Pleno del Congreso; tampoco existe el procedimiento de votación para su aprobación ni la observancia de la fórmula de expedición ni se acató la sanción, el refrendo por parte de los Secretarios de Gobierno y de Trabajo, la promulgación, la publicación y la fecha de inicio de vigencia de la norma para que pueda ser observada.

Por otro lado, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos transgrede el numeral 115 de la Constitución General de la República al establecer que las infracciones a la citada Ley del Servicio Civil que no tengan prevista otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, sanción que será impuesta en su caso, por el mencionado Tribunal, desconociendo que esa atribución corresponde a las Legislaturas de los Estados, únicas facultadas para determinar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, la suspensión de Ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que prevenga la ley local, siempre que se dé a sus miembros la oportunidad suficiente para rendir pruebas y plantear los alegatos que a sus intereses convengan.

De igual manera, el acuerdo de destitución del Presidente Municipal transgrede lo establecido por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Suprema, que consagra el derecho de toda persona a que con anterioridad a la emisión de un acto de autoridad que pueda privarla de sus derechos o posesiones, se le conceda la oportunidad razonable de defenderse en juicio, de probar y alegar ante Tribunales independientes, imparciales y previamente establecidos. Además señala que las autoridades demandadas no fundan ni motivan el acto de destitución.

CUARTO. Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 156/2018 y, por razón de turno se designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.

En auto de veintiocho de agosto del año próximo anterior, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, a los Secretarios de Gobierno y de Trabajo, así como al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación; por último, mandó dar vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

QUINTO. Contestaciones de demanda. Por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se le tuvo dando contestación a la demanda al encargado de despacho de la Secretaría del Trabajo, quien básicamente señaló que en relación con los hechos que no se niegan ni se afirman por no ser hechos propios, pero se advierte de la demanda y de los documentos exhibidos con la misma, que el Municipio actor conoció la existencia del juicio laboral y de la resolución dictada en el procedimiento relativo, teniendo la oportunidad de hacer valer los medios legales correspondientes. En lo relativo al refrendo destacó que carece de atribuciones para refrendar los decretos promulgatorios del Ejecutivo del Estado, lo que corresponde en exclusiva al Secretario de Gobierno. Señaló que con independencia de ello, en la especie la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no contiene vicios por cuanto a su observancia y validez.

En representación del Poder Legislativo del Estado de Morelos compareció el Presidente de la Mesa Directiva, quien señaló que el Municipio de Cuautla, Morelos, no cuenta con un interés legítimo para acudir a esta vía, ya que para la existencia de éste se requiere de una afectación que resientan en su esfera de atribuciones las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que no ocurre en el caso, porque el artículo impugnado no afecta específicamente el ámbito de competencia del Municipio actor, por no estar dirigida su aplicación a los miembros de los Ayuntamientos, independientemente de que así lo haya considerado el Tribunal responsable lo que de ninguna forma implica que sea declarada la invalidez de la norma aplicada, por lo que ante la evidente inviabilidad de la acción por falta de afectación a su esfera competencial, deberá decretarse el sobreseimiento con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con los diversos 19, fracción VIII, ambos de la Ley Reglamentaria de la Materia y 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en diversas controversias constitucionales que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no incluye a los Regidores, Síndicos ni Presidentes Municipales como integrantes de los Ayuntamientos. Ello no implica que la porción normativa impugnada no pueda aplicarse para sancionar a servidores públicos de distinta naturaleza que tengan la calidad de patrón o sean parte en los juicios laborales, y a quienes aun sin serlo tengan la obligación legal de acatar las resoluciones que dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Así como que ese órgano de justicia se encuentre impedido para aplicar a todos los servidores públicos involucrados, incluidos los integrantes de los Ayuntamientos, las sanciones previstas en el artículo 124 de dicho ordenamiento diferentes a la destitución del cargo.

Por su parte, el Consejero Jurídico, en representación del Poder Ejecutivo de la entidad y el Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, en su contestación de demanda plantearon la improcedencia del juicio por lo siguiente: a) falta de legitimación del Municipio actor en tanto el Ejecutivo de la entidad no ha realizado ningún acto que invada su esfera de competencia, y por la misma razón, se afirma que dicho Ejecutivo carece de legitimación pasiva; y b) se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 21, fracción II, en relación con el 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de la Materia, ya que el acuerdo de destitución en el expediente laboral ********** no es el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; tan es así que se promovió la diversa controversia constitucional 232/2016, con motivo de otro acto de aplicación.

En cuanto al fondo, sostienen que el Municipio actor no da razones para sustentar su afirmación en cuanto a la falta de cumplimiento de los requisitos para la creación de normas, advirtiéndose que la promulgación y el refrendo de la disposición impugnada se ajusta a las facultades constitucionales y legales que corresponden al Ejecutivo Local, además de que la sanción de destitución del Presidente del Municipio de Cuautla, Morelos, constituye sólo una medida de apremio para hacer efectivas las determinaciones del órgano jurisdiccional laboral, misma que cuenta con la debida fundamentación y motivación, además de que en el procedimiento relativo se dio intervención a la autoridad municipal.

Finalmente, cabe señalar que mediante proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho, el Ministro Instructor tuvo por presentado extemporáneamente el oficio de contestación de demanda de la Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.

SEXTO. Opinión del Procurador General de la República. Este funcionario no formuló opinión en el presente asunto.

SÉPTIMO. Audiencia, cierre de instrucción y avocamiento. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el quince de enero de dos mil diecinueve se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas y aportadas durante la instrucción del juicio, se asentó que se tuvieron por formulados los alegatos del encargado del Despacho de la entonces Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos, ahora Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo de la entidad, y se puso el expediente en estado de resolución.

Posteriormente, el Presidente de esta Suprema Corte, visto el dictamen formulado por el Ministro instructor, envió el asunto para su resolución a la Segunda Sala, en donde se radicó.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de mayo siguiente, ya que se plantea un conflicto entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los Secretarios de Gobierno y de Trabajo, y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de Morelos, y uno de sus Municipios, el de Cuautla, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Oportunidad. Debe tenerse presente que el artículo 21, fracciones I y II, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(2) establece que el plazo para la presentación de la demanda, tratándose de actos será de treinta días contados a partir de que surta efectos su notificación conforme a la ley del propio acto, al en que se haya tenido conocimiento del mismo o al en que el actor se ostente sabedor de él, así como que tratándose de normas generales, dicho plazo será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de su aplicación.

Ahora bien, como se vio anteriormente, la determinación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos de veinte de agosto de dos mil dieciocho, de hacer efectiva la destitución al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, fue notificada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, según consta en las actas relativas.(3)

Dicha notificación surtió efectos el día en que se practicó de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo,(4) de aplicación supletoria según lo previsto en el numeral 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,(5) por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del lunes veintisiete de agosto al lunes ocho de octubre de dos mil dieciocho, descontándose del cómputo respectivo los días uno, dos, ocho, nueve, catorce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de septiembre, así como seis y siete de octubre, todos de dos mil dieciocho, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 2(6) y 3(7) de la Ley Reglamentaria de la Materia, en relación con el 163(8) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Punto Primero,(9) incisos a), b), c), d), y e), del Acuerdo General Plenario 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia y de descanso para su personal.

De esta forma, al haberse recibido la demanda de controversia constitucional en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el lunes veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, según sello fechador que obra en la misma, debe concluirse que fue promovida oportunamente por lo que se refiere a la determinación tomada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos el veinte de agosto de dos mil dieciocho, en el sentido de hacer efectivo el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, en el que se impuso como una medida de apremio la destitución del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por no dar cabal cumplimiento al laudo de veinticinco de enero de dos mil trece, dictado en el expediente laboral **********.

TERCERO. Legitimación activa. El Municipio de Cuautla, Estado de Morelos, compareció al presente juicio por conducto de **********, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento, lo que acreditó con la copia certificada de la constancia de mayoría expedida por el Consejo Municipal Electoral el doce de junio de dos mil quince,(10) en la que consta tal carácter.

Ahora bien, el Municipio actor es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal,(11) legitimado para promover controversia constitucional contra el Estado al que pertenece respecto de la constitucionalidad de sus disposiciones generales y actos, como lo son el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y su aplicación.

Asimismo, de conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(12) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

Pues bien, de acuerdo con el artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,(13) corresponde a los Síndicos la representación jurídica del Municipio.

En consecuencia, se reconoce legitimación a quien compareció en representación del Municipio de Cuautla, Estado de Morelos, lo que se refuerza con el criterio contenido en la tesis 2a. XXVIII/2012 (10a.),(14) que establece:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS SÍNDICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA. El artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que faculta a los ayuntamientos para promover controversias constitucionales, debe interpretarse en concordancia con el diverso 45, fracción II, del propio ordenamiento, que otorga a los síndicos la atribución de procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales y representar jurídicamente a los ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éstos sean parte. De esta forma, el ayuntamiento ejerce su facultad para promover controversias constitucionales por conducto del síndico, a quien la ley confiere la representación jurídica de dicho órgano de gobierno, así como la procuración y defensa de los derechos e intereses municipales, sin que, para ello, sea necesario emitir un acuerdo de Cabildo en el que se le otorgue tal atribución, al ser la propia ley la que lo faculta para hacerlo."

CUARTO. Legitimación pasiva. Tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia constitucional el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Secretario de Gobierno, el Secretario de Trabajo y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de Morelos, el cual les fue reconocido así en el auto dictado por el Ministro instructor el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho.

A los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos y al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se les reconoce legitimación pasiva en la causa por ser los órganos que expidieron, promulgaron y aplicaron, respectivamente, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que se impugna, ello en atención a lo previsto en los numerales 105, fracción I, inciso i), de la Constitución y 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la Materia.(15)

En relación con los Secretarios de Gobierno y de Trabajo del Estado de Morelos, cabe precisar que es criterio definido de este Alto Tribunal,(16) que tratándose del reconocimiento de la legitimación pasiva en las controversias constitucionales, no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, así como que en el caso específico del acto de refrendo de los decretos y reglamentos del Ejecutivo, a cargo de los Secretarios de Estado, reviste autonomía, por constituir un medio de control del ejercicio del Poder Ejecutivo, por lo que los referidos Secretarios cuentan con legitimación pasiva en la controversia constitucional, como ocurre en el caso, al imputárseles haber omitido el refrendo del decreto promulgatorio de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en que se ubica el artículo 124, fracción II, cuya invalidez solicita el Municipio actor.

Por lo que se refiere a las personas que comparecieron en representación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, de los Secretarios de Gobierno y de Trabajo del Estado de Morelos y del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, cabe considerar lo siguiente:

Poder Legislativo. Por el Poder Legislativo del Estado de Morelos comparece **********, en su carácter de Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la entidad, personalidad que acredita con la copia certificada del acta de la sesión de la junta previa iniciada el veintinueve de agosto y concluida el treinta del mismo mes del año dos mil dieciocho, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LIV Legislatura.(17)

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(18) compete al Presidente de la Mesa Directiva representar legalmente al Congreso del Estado en cualquier asunto en que éste sea parte, por lo que se reconoce su legitimación para comparecer a juicio.

Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos comparece **********, en su carácter de Consejero Jurídico y representante legal, lo que acredita con copia certificada del nombramiento de uno de octubre de dos mil dieciocho, así como copia certificada del Acuerdo publicado en el periódico oficial de la entidad de once de junio de dos mil quince.(19)

A dicho funcionario corresponde la representación jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en términos de lo previsto en el artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de dicho Estado.(20)

Establece el artículo 57 de la Constitución local,(21) que el Poder Ejecutivo de la entidad se ejerce por el Gobernador del Estado, quien está facultado para designar al Consejero Jurídico conforme al artículo 70, fracción VI, de la propia Constitución del Estado.(22) El Gobernador del Estado delegó y autorizó al mismo para ejercer las facultades y atribuciones que requieran de acuerdo previo, según consta en el acuerdo publicado en el Periódico Oficial de la entidad de once de junio de dos mil quince,(23) por lo que dicho Consejero Jurídico está facultado para constituirse como representante legal del Gobernador del Estado de Morelos, en la presente controversia constitucional.

Secretario de Gobierno. Comparece ostentando el cargo de Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, **********, lo que acredita con el nombramiento expedido por el Gobernador constitucional del Estado de Morelos de uno de octubre de dos mil dieciocho,(24) por lo que se le reconoce legitimación.

Secretario de Trabajo. De igual manera se reconoce legitimación a **********, quien se ostenta como Encargado del Despacho de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos, ya que lo acredita con la copia fotostática de su nombramiento.(25)

QUINTO. Sobreseimiento. Esta Segunda Sala considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la Materia, en virtud de que el acto impugnado consistente en el acuerdo de veinte de agosto de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente laboral **********, por virtud del cual el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, determinó hacer efectivo el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, por el que se impuso como una medida de apremio la destitución del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por no dar cabal cumplimiento al laudo de veinticinco de enero de dos mil trece; ha cesado en sus efectos.

La consideración anterior encuentra apoyo, en lo siguiente:

El artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la Materia, prevé:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...]"

Respecto de la cesación de efectos de la norma general o acto materia de las controversias constitucionales, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que se actualiza la causal de improcedencia en comento cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que motivaron la controversia constitucional, en tanto que la declaración de invalidez que se pronuncie en tal medio de control constitucional no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria.

Dicho criterio del Tribunal Pleno quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 54/2001,(26) de rubro y texto:

"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria."

En lo particular, de la demanda inicial se advierte que el Municipio actor impugnó sustancialmente los siguientes actos:

1. Artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

2. El acuerdo de veinte de agosto de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente laboral **********, por virtud del cual el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, determinó hacer efectivo el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, por el que se impuso como una medida de apremio la destitución del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por no dar cabal cumplimiento al laudo de veinticinco de enero de dos mil trece;

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200521-e610885e/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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