ESTATUTO ORGÁNICO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2004. CUMPLE CON EL REQUISITO FORMAL DE LA PREVIA APROBACIÓN DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, OCTAVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.
En efecto, el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:
"Artículo 21. ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
En el caso, la denuncia de contradicción la hizo el representante legal de la parte quejosa en los asuntos que originaron los criterios en contraposición, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones:
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el amparo en revisión número 226/2006 resuelto el día cinco de julio de dos mil seis, en la parte que interesa, sostiene:
"CUARTO. En esencia son fundados los motivos de inconformidad esgrimidos por la impetrante en el único agravio hecho valer en el recurso de revisión materia de este fallo. Por principio de cuentas, debe precisarse que la recurrente se inconforma únicamente contra la parte de la sentencia en la que se resolvió lo relativo al segundo de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, mediante la cual se impugna de inconstitucional el Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, por haber sido expedido por el procurador federal del Consumidor sin la aprobación del secretario de Economía, respecto del cual el a quo lo consideró inoperante. ... Consecuentemente con lo anterior, este Tribunal Colegiado con plenitud de jurisdicción, atento en lo previsto en la fracción primera del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede al análisis del concepto de violación que estimó el Juez de Distrito inoperante, y como consecuencia el tercero, los cuales se transcriben a continuación: (se transcriben). De la transcripción anterior se advierte que en el segundo concepto de violación, la quejosa sustancialmente aduce: que para la expedición del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, el titular de dicha procuraduría requería de la aprobación del secretario de Economía, tal como lo establece el artículo 27, fracción X, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo cual no sucedió, por tanto, ese estatuto no puede ser válido. Lo anterior resulta fundado por las siguientes consideraciones: Primeramente, se estima necesario transcribir los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; 20, 24, fracciones XVIII y XIX y 27, fracciones I y X, de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 8o. del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor y 15, 17, 22 y 58, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, los cuales invoca la amparista y establecen: (se transcriben). De los preceptos transcritos se desprende entre otras cuestiones, que la naturaleza jurídica de la Procuraduría Federal del Consumidor, es de un organismo descentralizado, cuya representación está a cargo del procurador federal del Consumidor, quien tiene la facultad indelegable de expedir el estatuto orgánico de la procuraduría, que establezca las bases de la organización de dicha institución descentralizada y las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas que la integren ‘previa aprobación del secretario de Economía’; sin embargo, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de noviembre de dos mil cuatro que se tilda de inconstitucional, se advierte que fue expedido únicamente por el procurador Federal del Consumidor, de lo que se colige que fue emitido por autoridad incompetente, ya que no existe fundamento legal para sustentar la facultad ejercida unilateralmente por dicho procurador, habida cuenta que esa atribución le corresponde a dicho funcionario, de manera conjunta, con el secretario de Economía, por disposición expresa de la ley. A mayor abundamiento, cabe destacar que la omisión de la aprobación del estatuto referido es aceptada por el propio secretario de Economía, toda vez que éste, en su informe justificado, aceptó que no efectuó el refrendo (aprobación) del estatuto impugnado. Sirve de apoyo a lo anterior por sus consideraciones el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 18, Tomo IX, mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: ‘HOSPEDAJE. EL DECRETO 1105 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR QUE CREA EL IMPUESTO RELATIVO ES INCONSTITUCIONAL POR FALTA DE REFRENDO DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE DICHO ESTADO.’ (se transcribe). En las narradas condiciones y al resultar inconstitucional la parte normativa del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, procede conceder el amparo solicitado contra dicho ordenamiento para el efecto de que las autoridades responsables no se lo apliquen a la quejosa Compañía de Gas de Tijuana, Sociedad Anónima de Capital Variable."
Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el siete de abril de dos mil seis, el amparo en revisión número 627/2005, bajo las consideraciones esenciales siguientes:
"OCTAVO. ... Como se adelantó, también resulta fundado pero inoperante el motivo de desacuerdo en el que se sostiene que el Juez de amparo soslayó valorar la prueba que acompañó al informe justificado y que se hizo consistir en la copia certificada del oficio número 100.2004 01173 de fecha quince de octubre de dos mil cuatro y a pesar de que el Juez de amparo lo relacionó en la audiencia constitucional al dictar la sentencia sujeta a revisión no expresó argumento de valoración al respecto, lo que da lugar a considerar fundado el disenso hecho valer en la medida de que sólo aquellos argumentos que diluciden la eficacia o ineficacia demostrativa de las evidencias, permiten dar un estado de certeza a las resoluciones judiciales; sin embargo, como se anticipó se tornan inoperantes los agravios expresados, porque de la apreciación de la documental a que se refiere el inconforme y que obran en el expediente principal (foja 107) no se demuestra la legalidad del acto reclamado, consistente en la falta de aprobación del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor de fecha veintitrés de noviembre de dos mil cuatro por parte del secretario de Economía, por las razones que enseguida se precisarán y que a su vez dan respuesta a diversos motivos de agravio que se encuentran encaminados a sostener la constitucionalidad del acto, precisamente por la existencia del oficio 100.2004 01173. En efecto, como acertadamente lo resolvió el a quo, previo análisis de diversos preceptos constitucionales y legales, el Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, fue expedido únicamente por el procurador federal del Consumidor, cuando dicha atribución, corresponde realizarla de manera conjunta con el secretario de Economía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27, fracción X, de la Ley Federal de Protección al Consumidor. El precepto en cita, es del siguiente tenor: (se transcribe). En ese contexto, no es obstáculo el hecho de que obre en autos copia certificada del oficio 100.2004 01173 que, por su relevancia, se transcribe su contenido: (se transcribe). Si bien, el documento transcrito merece eficacia probatoria plena, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2o. de este último ordenamiento, éste deviene intrascendente en el caso particular, pues a pesar de su alcance demostrativo pleno, resulta insuficiente para considerar que el Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, satisfizo las formalidades necesarias. Lo anterior es así, si se parte de la premisa que el acto reclamado reviste características materialmente legislativas, de ahí que para su creación, deben atenderse estrictamente los lineamientos que la regulan, los que en este caso, se encuentran previstos en el artículo 27, fracción X, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues con ello se evitará desorden y su inconstitucionalidad. Sobre el particular, el tratadista Elisur Arteaga Nava, ha referido lo siguiente: (se transcribe). En efecto, respecto del proceso legislativo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que los requisitos de fundamentación y motivación en la expedición de leyes, quedan satisfechos cuando son elaboradas por los órganos constitucionalmente facultados, en los que además se cumplan los requisitos relativos a cada una de las fases del proceso legislativo (iniciativa, discusión, aprobación, sanción y publicación) que para tal efecto se señalan en la Ley Fundamental. Orienta lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 193-198, Primera Parte, página 100, con el rubro y texto siguientes: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. FORMA DE ENTENDER ESTA GARANTÍA, CON RESPECTO A LAS LEYES.’ (se transcribe). Sin que obste a lo anterior, lo considerado también por el Máximo Tribunal del país, al establecer que las violaciones de carácter formal en el proceso legislativo resultan irrelevantes si éstas no trascienden de manera fundamental a la norma, la jurisprudencia en comento es la siguiente: ‘VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA.’ (se transcribe). Lo anterior permite concluir que tanto en el proceso legislativo, al igual que en la creación del estatuto de que se trata, se requiere que las autoridades que intervienen en su creación, colmen los requisitos de validez del acto con la salvedad apuntada de que si alguno de ellos de carácter formal, resulta irrelevante, no trasciendan de manera fundamental. En ese tenor, devienen infundados los agravios, en virtud de que es insuficiente para atender la exigencia prevista en la norma, la sola existencia del oficio 100.2004 01173, suscrito el quince de octubre de dos mil cuatro, por el secretario de Economía en el que manifestó al procurador federal del Consumidor que: ‘Con relación al proyecto del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, que ha sometido a la consideración del suscrito y de conformidad con el artículo 27, fracción X, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, manifiesto a usted que esta secretaría aprueba el proyecto antes indicado, para los efectos legales a que haya lugar’. Para así concluirlo, en primer lugar debe decirse que, si bien es cierto la prueba documental demuestra fehacientemente que el secretario de Economía aprobó el proyecto estatutario a que se contrae el oficio, también lo es que dicha documental carece del alcance demostrativo que se le pretende dar, en la medida de que no expresa irrefutablemente que la aprobación a que se contrae el documento se refiera precisamente al contenido del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, expedido por el procurador federal del Consumidor y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la aprobación es aquella exposición del órgano facultado a través de la cual realiza el análisis de la propuesta o proyecto que se somete a su consideración, en la que se intercambian opiniones a favor o en contra, se sugieren adecuaciones o bien, puede estarse de acuerdo en la forma en que se propuso inicialmente, sin embargo, la aprobación debe demostrar fehacientemente que guarda relación con la normatividad expedida. En segundo lugar, porque de la lectura del estatuto que se reclama, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, se constata lo siguiente: (se transcribe). Como puede verse de la reproducción anterior, el Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, fue expedido por el procurador federal del Consumidor, quien a su vez estampó su rúbrica; además, no se constata de su contenido que éste hubiere sido aprobado previamente por el secretario de Economía, exigencia indispensable de acuerdo a lo previsto en la fracción X del artículo 27 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; circunstancias que dejan de relieve lo considerado con aserto por el Juez de amparo, en el sentido de que el procurador federal del Consumidor ejerció unilateralmente el acto, cuando ello debió realizarse de manera conjunta con el secretario de Economía. Lo anterior deja de relieve que, si la fracción X del artículo 27 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, dispone que para la creación estatutaria se requiere la intervención de dos órganos, el secretario de Economía que aprueba y el procurador federal del Consumidor que expide, son actuaciones que sólo en su conjunto pueden dar validez a la norma creada; sin que obste a lo anterior que las firmas que autorizan la aprobación y expedición se encuentren en un sólo documento o en dos, ya que la norma que determina su creación no establece la forma en que deba realizarse, sin embargo, como se ha relatado, si la aprobación se efectúa en un documento diverso al en que se expide, tal circunstancia deberá quedar claramente especificada en el texto mismo del ordenamiento, que en el caso en particular, se trata de la publicación que de él se haga a través del Diario Oficial de la Federación, pues sólo de esa forma podrá tenerse la certeza de que se atendió la hipótesis normativa que autoriza la creación del estatuto, lo que como se ha visto no aconteció. En otro orden de ideas, no existe agravio que reparar a la autoridad responsable en lo que se refiere a que con la documental consistente en el oficio 100.2004 01173, suscrito por el secretario de Economía en el que expresó haber aprobado el proyecto del estatuto en comento, quedan desvirtuadas las manifestaciones contenidas en el informe justificado rendido por el propio secretario de despacho, en el que refirió que ‘no llevó a cabo la aprobación del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado en el medio público de información el 23 de noviembre de 2004, toda vez que su expedición no requiere de dicha aprobación. ...’, porque como se ha relatado, la documental no resulta idónea para acreditar que la aprobación a que se refiere guarda relación con la expedición del referido estatuto y también porque de la lectura de la publicación en el Diario Oficial de la Federación que de él se hizo, no evidencia que el secretario de Economía hubiere intervenido en su creación."
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en el amparo en revisión número 83/2006 resuelto el día dieciséis de agosto de dos mil seis, en la parte que interesa, sostiene:
"SEXTO. Es fundado el único agravio que se hace valer. En él se aduce que el Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor expedido por el procurador federal del Consumidor el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, en el cual se fundamentó la autoridad que emitió la orden de verificación reclamada por vicios propios, no es válido toda vez que dicho procurador requería de la aprobación del secretario de Economía para su emisión, tal como lo establece el artículo 27, fracción X, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo cual no sucedió. En efecto, el numeral destacado, precisa: (se transcribe). Como se aprecia de la parte del precepto legal transcrito, el procurador federal del Consumidor tiene como facultad, expedir el estatuto orgánico de dicha institución, el cual previamente aprobará el secretario de Economía. Al respecto, se estima necesario precisar que el Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, aplicado a la parte quejosa, constituye un acto materialmente legislativo y no uno propiamente administrativo, ello, en virtud de que un estatuto, como el combatido en el asunto que nos ocupa, es un conjunto de reglas administrativas generales, abstractas e impersonales, que tiende a regular de manera desarrollada y pormenorizada la adscripción y organización interna de las unidades administrativas de la procuraduría, así como la distribución de las funciones previstas para dichas autoridades en la Ley Federal de Protección al Consumidor y, en esa medida, para efectos de su impugnación en el juicio de garantías tramitado en la vía indirecta, de conformidad con el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, en cuanto prevé su procedencia contra ‘... otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicios al quejoso ...’, deben aplicarse las reglas inherentes al amparo contra leyes. Es aplicable en la especie, por igualdad de razón, la tesis aislada P. XV/2002, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6 del Tomo XV, abril de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente se lee: ‘REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO EN USO DE UNA FACULTAD AUTORIZADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. DIFERENCIAS CON LOS REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y ÓRDENES DICTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.’ (se transcribe). Respecto al proceso legislativo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que los requisitos de fundamentación y motivación en la expedición de leyes quedan satisfechos cuando son elaboradas por los órganos constitucionales facultados, en los que además se cumplan con los requisitos relativos a cada una de las fases del proceso legislativo (iniciativa, discusión, aprobación, sanción y publicación), que para tal efecto se señalan en la Ley Fundamental. Orienta lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 193-198, Primera Parte, página cien, del rubro y texto siguiente: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. FORMA DE ENTENDER ESTA GARANTÍA, CON RESPECTO A LAS LEYES.’ (se transcribe). Sin que obste a lo anterior, lo considerado también por el Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 94/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, Novena Época, página cuatrocientos treinta y ocho, al establecer que las violaciones de carácter formal en el proceso legislativo resultan irrelevantes si éstas no trascienden de manera fundamental a la norma, tal criterio es del rubro y texto siguientes: ‘VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA.’ (se transcribe). Lo anterior permite concluir que tanto en el proceso legislativo, al igual que en la creación del estatuto de que se trata, se requiere que las autoridades que intervienen en su creación, colmen los requisitos de validez del acto, con la salvedad apuntada de que si alguno de ellos de carácter formal resulta irrelevante, no trasciendan de manera fundamental. En el caso, el estatuto orgánico impugnado de invalidez, es del contenido siguiente: (se transcribe). Como se advierte de su lectura, el Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, fue expedido por el procurador federal del Consumidor, quien a su vez estampó su rúbrica; además, no se constata de su contenido que éste hubiere sido aprobado previamente por el secretario de Economía, exigencia indispensable de acuerdo a lo previsto en la fracción X del artículo 27 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; circunstancias que dejan de relieve lo considerado por el recurrente en el sentido de que el procurador federal del Consumidor ejerció unilateralmente el acto, cuando ello debió realizarse de manera conjunta con el secretario de Economía. No es óbice a lo anterior, la existencia del oficio 100.2004 01173, suscrito el quince de octubre de dos mil cuatro, por el secretario de Economía, el cual para mejor ilustración se transcribe: ‘Oficina del C. Secretario. Oficio No. 100.2004 01173. México, D.F., a 15 de octubre de 2004. Lic. Carlos Arce Macías. Procurador federal del Consumidor. Presente. Con relación al proyecto de Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, que ha sometido a la consideración del suscrito y de conformidad con el artículo 27, fracción X, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, manifiesto a usted que esta secretaría aprueba el proyecto antes indicado, para los efectos legales a que haya lugar. Atentamente. El secretario. Lic. Fernando de Jesús Canales Clariond (rúbrica).’ (foja ciento treinta y nueve del juicio de amparo). Si bien, el documento transcrito merece eficacia probatoria plena, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2o. de este último ordenamiento, éste deviene intrascendente en el caso particular, pues a pesar de su alcance demostrativo pleno, resulta insuficiente para considerar que el Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, satisfizo las formalidades necesarias. Ello, pues si bien es cierto la prueba documental demuestra fehacientemente que el secretario de Economía aprobó el proyecto estatutario a que se contrae el oficio, también lo es que dicha documental carece de alcance demostrativo que se le pretende dar, en la medida de que no expresa irrefutablemente que la aprobación a que se refiere el documento se trate precisamente del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor expedido por el procurador federal del Consumidor y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la aprobación es aquella exposición del órgano facultado a través de la cual realiza el análisis de la propuesta o proyecto que se somete a su consideración, en la que se intercambian opiniones a favor o en contra, se sugieren adecuaciones o bien, puede estarse de acuerdo en la forma en que se propuso inicialmente; sin embargo la aprobación debe demostrar fehacientemente que guarda relación con la normatividad expedida. En segundo lugar, porque, como ya se dijo, de la lectura del estatuto que se reclama, no se constata que éste hubiere sido aprobado previamente por el secretario de Economía. Lo anterior deja de relieve que, si la fracción X del artículo 27 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, dispone que para la creación estatutaria se requiere la intervención de dos órganos, el secretario de Economía que aprueba y el procurador federal del Consumidor que expide, son actuaciones que sólo en su conjunto pueden dar validez a la norma creada; sin que obste a lo anterior que las firmas que autorizan la aprobación y expedición se encuentren en un sólo documento o en dos, ya que la norma que determina su creación no establece la forma en que debe realizarse, sin embargo, como se ha relatado, si la aprobación se efectúa en un documento diverso al en que se expide, tal circunstancia deberá quedar claramente especificada en el texto mismo del ordenamiento, que en el caso particular se trata de la publicación que de él se haga a través del Diario Oficial de la Federación, pues sólo de esa forma podrá tenerse la certeza de que se atendió la hipótesis normativa que autoriza la creación del estatuto, lo que como se ha visto no aconteció. Cuenta habida, que el propio secretario de Economía, al rendir su informe justificado, manifestó: ‘... por lo que hace al secretario de Economía, únicamente es cierto que no llevó a cabo la aprobación del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado en el medio público de información el 23 de noviembre de 2004, toda vez que su expedición no requiere de dicha aprobación ...’, lo que robustece lo antes expuesto, ya que, contrario a su aserto, en términos del numeral 27, fracción X, de la ley en cita, sí se requiere de la aprobación del secretario de Economía, sin que se desvirtúe con el oficio 100.2004 01173, suscrito por dicha autoridad, toda vez que, como se ha relatado, ésta no resulta idónea para acreditar que la aprobación a que se refiere guarda relación con la expedición del referido estatuto y también porque de la lectura de la publicación en el Diario Oficial de la Federación que de él se hizo, no evidencia que el secretario de Economía hubiere intervenido."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito resolvió el dos de junio de dos mil seis, el amparo en revisión número 74/2006, bajo las consideraciones esenciales siguientes:
"SEXTO. Son infundados en una parte y fundados en otra los argumentos esgrimidos por el secretario de Economía. ... Ahora, corresponde tener por infundados los argumentos en que se aduce la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, en relación con el diverso numeral 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, y que se hace consistir en que la falta de refrendo del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor no afecta los intereses jurídicos del quejoso. Lo anterior es así, porque no consta que el promovente de garantías reclamara del titular de la Secretaría de Economía, el refrendo del estatuto a que se ha hecho referencia en párrafos precedentes. En efecto, de la demanda de garantías, consta que Distribuidora Mexicana de Gas L.P., Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamó del funcionario en cita, lo siguiente: (se transcribe). En esta tesitura, es claro que lo impugnado fue la aprobación del ordenamiento legal en cita, lo que consta fue desarrollado esencialmente, bajo las siguientes consideraciones: (se transcribe). Ahora, es cierto que atendiendo a la anterior transcripción, la empresa quejosa hace consistir el incumplimiento que aduce al artículo 27, fracción X, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con base en dos hechos concretos: a) Que la publicación en el Diario Oficial (sic) del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, sólo se encuentra suscrito por el procurador federal del Consumidor. b) Que la expedición del referido estatuto, debe realizarse de manera colegiada entre el procurador en cita y el secretario de Economía, por lo que al haberse efectuado únicamente tal acto por la primera autoridad en comento, tal ordenamiento carece de validez. Sin embargo, dichos argumentos derivan de la interpretación que el quejoso realiza del numeral en comento, cuyo contenido es el siguiente: (se transcribe). Por tanto, es evidente que en el caso en estudio, se pretendió impugnar la falta de aprobación a que se refiere el numeral transcrito, con base en los argumentos reseñados, y no por la existencia propiamente de los defectos que alegó la empresa quejosa. En esas condiciones, existe notoria diferencia entre la aprobación que contempla la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuya omisión se hizo valer en los términos expuestos en la demanda de amparo, y el refrendo que invoca el secretario de Economía. En efecto, como lo aduce el propio recurrente, no procede refrendar el Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, atendiendo a la naturaleza y fin de dicha figura, aspectos que se encuentran inmersos en el artículo 92 de la Constitución Política de los Estados
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20048-57ff4840/estatuto-organico-de-la-procuraduria-federal-del-consumidor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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