I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO CUANDO LOS ACTOS IMPUGNADOS CARECEN DE DEFINITIVIDAD (PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO INICIADO POR EL CONGRESO LOCAL CONTRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS). II. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE MORELOS. ETAPAS DE SU PROCEDIMIENTO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA EN CONTRA DE UN JUICIO POLÍTICO CUANDO NO SE HAYAN CONCLUIDO LAS ETAPAS QUE LO COMPONEN. IV. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE MORELOS. LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN DE DESTITUCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO PROCEDE HASTA QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, ERIGIDO EN JURADO DE SENTENCIA, DICTE RESOLUCIÓN EN LA QUE SE DECLARE SU RESPONSABILIDAD. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA SU PROMOCIÓN AL NO TRATARSE DE UNA AFECTACIÓN NI AL ÁMBITO DE COMPETENCIA, NI A LA INTEGRACIÓN DE UN MUNICIPIO, SINO SÓLO UN PERJUICIO O AGRAVIO AL SERVIDOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO EN LO PERSONAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTINCIÓN ENTRE LA AFECTACIÓN QUE UN JUICIO POLÍTICO PUEDE CAUSAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LO PERSONAL O AL MUNICIPIO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO PARA ACUDIR A ESTA VÍA CUANDO LA SANCIÓN QUE SE EMITA, TRAS UN JUICIO POLÍTICO, TRASCIENDA A LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 251/2016. MUNICIPIO DE CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS. 11 DE ABRIL DE 2018. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de abril de dos mil dieciocho por el que se emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 251/2016 promovida por el Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, por conducto de Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien se ostentó como presidente municipal en la que demandó la invalidez de los siguientes actos emitidos por los Poderes Legislativo y Judicial de la entidad, en el ámbito de sus respectivas competencias:(1)
a) El artículo 16, fracción VII de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
b) La resolución de quince de diciembre de dos mil dieciséis, emitida por el Congreso local erigido en Jurado de Declaración por la que se declaró al presidente municipal en rebeldía en el procedimiento de juicio político, se resolvió la procedencia del juicio político en contra del citado presidente municipal, se le declaró culpable por diversas acciones y omisiones y se ordenó remitir el expediente al Tribunal Superior de Justicia local para que se erigiera como Jurado de Sentencia.
c) El acuerdo dictado por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia local en el expediente TSJ/JP/01/2016, en el que se recibió la citada resolución del Congreso local de quince de diciembre de dos mil dieciséis, se convocó a los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia para que tuviera verificativo el pleno extraordinario dentro de las veinticuatro horas siguientes, a fin de designar una comisión de tres magistrados encargados de instruir el proceso, y se impuso la providencia cautelar consistente en la prohibición de salir del Estado durante el tiempo que durara el procedimiento, hasta en tanto se dictara resolución definitiva.
d) La inminente resolución final en el expediente TSJ/JP/01/2016, dentro del procedimiento de juicio político seguido en contra del presidente municipal, en el que se confirmará su culpabilidad y se ordenará su destitución.
Reclama la norma general con motivo de su acto de aplicación en la resolución del Congreso local de quince de diciembre de dos mil dieciséis.
I. ANTECEDENTES.
1. De la demanda, para lo que al caso interesa, se advierten como antecedentes los siguientes:
2. Conflictos jurídicos y políticos. El presidente municipal señala que por desavenencias con los dirigentes del Partido Social Demócrata que lo postuló al cargo, se deslindó de ese partido político. Lo que ocasionó que los dirigentes y líderes de esa entidad política constantemente difamen su buen nombre y el de su administración municipal.
3. Lo anterior, trajo como consecuencia que el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, el presidente municipal haya comparecido ante la Fiscalía General de Justicia de la entidad a presentar denuncias en contra de quienes han pretendido extorsionar y defraudar al municipio.
4. El pasado cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el diputado Julio César Yañez Moreno -hermano de Roberto Carlos Yañez Moreno, quien durante los primeros seis meses fuera Secretario General del Ayuntamiento de Cuernavaca durante la gestión del presidente municipal-, interpuso una denuncia por el delito de peculado ante la Fiscalía General de Justicia de la entidad, afirmando que se utilizaron recursos públicos del Municipio de Cuernavaca, para pagar los honorarios de los abogados que atienden la defensa del presidente municipal en la denuncia penal.
5. El nueve de noviembre de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de la Quincuagésima Tercera Legislatura de Morelos emitió un acuerdo parlamentario por el que exhortó a abandonar el cargo al presidente municipal.(2)
6. Procedimiento de revocación de mandato. El veinticuatro de noviembre del indicado año, representantes populares anunciaron en medios de comunicación que fue presentado ante el Poder Legislativo una solicitud de revocación de mandato del presidente municipal, bajo el supuesto previsto en el artículo 41, fracción IV, de la Constitución Estatal (cuando no se hubieren reunido los requisitos de elegibilidad del cargo). Petición que presuntamente la Junta Política y de Gobernación del Gobierno del Congreso de la entidad remitió a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado a fin de que se emitiera la resolución correspondiente.
7. El treinta de noviembre de dos mil dieciséis, el presidente municipal tuvo conocimiento de la remisión a la citada Comisión de Gobernación y Gran Jurado de una diversa petición de revocación de mandato al cargo de presidente municipal, presentada por diversos diputados integrantes del Congreso local, la cual se turnó con el número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.0.1/115416, para su conocimiento, análisis, discusión y en su caso admisión.
8. El cinco de diciembre siguiente, la citada comisión celebró sesión extraordinaria a las veinte horas, en la cual determinó iniciar procedimiento de revocación de mandato por presuntamente no cumplir con los requisitos de elegibilidad.
9. Controversia constitucional 214/2016. El primero de diciembre de dos mil dieciséis, el presidente municipal promovió una controversia constitucional en la que demandó, entre otras cosas, la invalidez de los artículos 182 y 183 de la Ley Orgánica Municipal, que contiene el procedimiento que deberá seguir el Congreso del Estado en casos de revocación de mandato, declaración de desaparición de ayuntamientos y suspensión definitiva de uno de los miembros de un ayuntamiento; así como los actos por los cuales se llevó a cabo el citado procedimiento de revocación de mandato.
10. Posteriormente, el presidente municipal promovió ampliación de demanda en la citada controversia, en contra del inicio del procedimiento de revocación de mandato, emitido en la sesión extraordinaria de cinco de diciembre de dos mil dieciséis por la Comisión de Gobernación, Gran Jurado y Ética Legislativa.
11. Por auto de seis de diciembre, el ministro instructor,(3) en la controversia constitucional 214/2016, concedió la medida cautelar para el efecto de que el Poder Legislativo estatal se abstuviera de ejecutar la resolución de revocación de mandato del cargo de presidente municipal.
12. Juicio de amparo. En virtud de la actuación en el procedimiento de revocación de mandato, por propio derecho y como presidente municipal, promovió juicio de amparo 2078/2016, en el cual le fue concedida la medida cautelar tanto provisional como definitiva.
13. Procedimiento de suspensión definitiva del presidente municipal como integrante del ayuntamiento. Los diputados del Congreso de la entidad iniciaron un diverso procedimiento que también se desprende del artículo 41 de la Constitución estatal, el cual consiste en la suspensión definitiva del cargo de presidente municipal. En contra de este acto, amplió la controversia constitucional, así como el juicio de amparo, en los cuales se concedió la medida cautelar.
14. El dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, el Congreso local suspendió el trámite de este último procedimiento y de forma casi inmediata inició uno diverso, el cual es objeto de la impugnación en la controversia constitucional 251/2016.
15. Juicio Político en la controversia 251/2016. El nueve de diciembre de dos mil dieciséis, diversos ciudadanos(4) presentaron ante la Mesa Directiva del Congreso local denuncia de juicio político en contra del presidente municipal, para que fuera separado del cargo. Se narra que la citada denuncia fue turnada el nueve de diciembre, sin que fuera ratificada en términos de la fracción I del artículo 16 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. A las diez horas del doce de diciembre, el secretario de servicios legislativos y parlamentarios hizo constar que los ciudadanos comparecieron a ratificar la denuncia.
16. El doce de diciembre, entre otras cosas, se emitió auto de radicación y notificación de la denuncia y se aprobó su admisión, asimismo se acordó emplazar al presidente municipal. El trece de diciembre siguiente, se le emplazó por medio de dos citatorios, para que formulara su contestación a la denuncia el quince de diciembre, bajo el apercibimiento de seguir el juicio en rebeldía. El quince de diciembre, el presidente municipal compareció por conducto de sus representantes ante la Comisión de Gobernación, Gran Jurado y Ética a efecto de solicitar que se le concediera el plazo de quince días hábiles para emitir su contestación a los hechos del procedimiento, así como para ofrecer pruebas y que diversos diputados se abstuvieran de conocer del juicio político por su interés personal en el asunto.
17. En la misma fecha, aproximadamente a las veintitrés horas con treinta y cinco minutos, el Pleno del Congreso local se reunió y sesionó como Jurado de Declaración y determinó: declarar al presidente municipal en rebeldía en el procedimiento de juicio político, resolvió la procedencia del juicio político en contra del citado presidente municipal, lo declaró culpable por diversas acciones y omisiones y ordenó remitir el expediente al Tribunal Superior de Justicia local para que se erigiera como jurado de sentencia.
18. Señala que con motivo del boletín LIII – 0721 de quince de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por la Coordinación de Comunicación Social del Congreso local, conoce la existencia de dicho acto más no su contenido completo. Asimismo, que el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis recibió un oficio firmado por la síndica del ayuntamiento, en el que se le pretende informar del acuerdo dictado en el expediente TSJ/JP/01/2016, que también fue impugnado en la controversia y señalado en el inciso c).
19. Señala que el diecisiete de diciembre de dos mil dieciséis, por una noticia difundida en el portal de noticias "Capital Morelos", el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado pretendía sesionar erigido como jurado de sentencia y emitir resolución definitiva en el procedimiento de juicio político, cuyo sentido y contenido, supone confirmar la culpabilidad por los hechos y omisiones materia del mismo y ordenará, entre otras cuestiones, la destitución del presidente municipal de Cuernavaca del Estado de Morelos.
20. Conceptos de invalidez. En el oficio de demanda, se señalaron como conceptos de invalidez, en síntesis, los siguientes:
21. PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ. Defensa adecuada. Precisa que conoce la existencia de los actos reclamados pero no su contenido, por lo que se reserva ampliar los conceptos de invalidez una vez que se devele su contenido, y dada la urgencia en la separación del cargo demostrará su inminente separación como resultado del juicio político, lo cual viola la integración democrática del ayuntamiento, por lo que busca que se le otorgue la medida cautelar y los conceptos de invalidez abonan para demostrar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.
22. Se viola la garantía de audiencia, las formalidades esenciales del procedimiento, el principio de presunción de inocencia y de non bis in ídem, el principio de legalidad, el principio de división de poderes, ya que a través de actos arbitrarios se pretende disolver la integración del ayuntamiento, invadiendo el régimen competencial conferido por el artículo 115 constitucional.
23. El juicio político es un procedimiento seguido en forma de juicio en el que deben seguirse las formalidades esenciales del procedimiento, del que destaca recabar y ofrecer todo tipo de pruebas para una buena defensa. En el procedimiento de juicio político no han podido ser ofrecidas todas las pruebas pertinentes para una defensa adecuada porque el plazo previsto de quince días para que ello aconteciera fue negado por el Congreso local de forma unilateral y arbitraria.
24. El Congreso local no le concedió el derecho de audiencia que se desprende de la Ley de Responsabilidades de la entidad, pues no se le otorgaron los quince días que marca la ley para formular alegatos y ofrecer pruebas.
25. El juicio político también puede ser catalogado como un procedimiento sancionador por lo que las garantías judiciales como la imparcialidad también son exigibles a las autoridades administrativas o, en el caso, legislativas, cuando tienen encomendado determinar derechos y obligaciones de las personas, por lo que el Congreso local debe tener a la vista todos los elementos probatorios junto con su debida valoración y los argumentos rendidos a fin de que la etapa probatoria no sea ilusoria.
26. De conformidad con el artículo 16, fracciones III, VI y VII de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el denunciado en un juicio político, una vez emplazado, contará con un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del emplazamiento, para contestar los hechos que se le imputan.
27. El presidente municipal contaba con un plazo de quince días para dar contestación a los hechos objeto del procedimiento de juicio político, así como para ofrecer las pruebas correspondientes, plazo que empezaría a correr a partir del dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dado que la notificación del emplazamiento se realizó el catorce de diciembre, de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades local. Por ello, el Congreso local debía abstenerse de llevar a cabo actuación alguna, ya que se encontraba corriendo el plazo de quince días hábiles para que el presidente municipal desplegara su defensa.
28. El Congreso local sin fundamento manifestó en el citatorio que si el presidente municipal no comparecía a la audiencia "...se seguirá el juicio en rebeldía, perdiendo el contumaz su derecho a contestar los hechos denunciados en su contra, teniéndolos por ciertos y perdiendo su derecho a ofrecer pruebas...", a pesar de que ello únicamente se actualizaría solo si dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a que surtiera efectos la notificación del emplazamiento no formulaba la contestación correspondiente.
29. Es arbitrario el emplazamiento al juicio político el catorce de diciembre de dos mil dieciséis a fin de que compareciera a la audiencia del día siguiente, esto es el quince del mismo mes y año, cuando no había surtido efectos la notificación del emplazamiento correspondiente.
30. Se violó el artículo 19, fracción X de la Ley Orgánica para el Congreso local, ya que doce diputados integrantes del órgano legislativo estatal debieron abstenerse de participar en el procedimiento, toda vez que tenían un interés personal, ya que el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis los citados diputados presentaron una denuncia en contra del presidente municipal de Cuernavaca ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, salvo dos diputados, el resto de los legisladores presentaron una propuesta de acuerdo parlamentario por el cual se le exhortaba a presentar licencia y separarse de su cargo, cuya fuente es la denuncia que ellos mismos presentaron. Tal exhorto fue recibido en la oficina de la presidencia municipal el once de noviembre de dos mil dieciséis.
31. El procedimiento de juicio político es inconstitucional por no respetar el artículo 115 constitucional, al no conceder la oportunidad suficiente para ejercer una defensa adecuada.
32. SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Violación al principio non bis in ídem, en tanto existe cosa juzgada sobre la elegibilidad del presidente municipal. Someter nuevamente al presidente municipal a un procedimiento respecto del cual ya existe un pronunciamiento viola el derecho humano a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, contenido en el artículo 23 de la Constitución Federal. Lo que trae como consecuencia una intromisión arbitraria e injustificada en la autonomía e integración del municipio y, por ende, violatoria del principio de división de poderes.
33. En el supuesto de que el Congreso y el Tribunal Superior locales tuvieran competencia para analizar y determinar si el presidente municipal cuenta o no con los requisitos de elegibilidad para detentar dicho cargo, dicha determinación ya fue realizada por las autoridades electorales del Estado, por lo que hace las veces de cosa juzgada.
34. Tanto el artículo 10 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos como el artículo 377, fracción III, inciso a) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos disponen una sanción en caso de que se actualice la misma hipótesis normativa consistente en que alguno de los integrantes del ayuntamiento no reúna los requisitos de elegibilidad previsto para el caso. El primer artículo la consecuencia/sanción es la instauración de un procedimiento de juicio político con la destitución del cargo, mientras que el artículo electoral la consecuencia es la nulidad de la elección. Si bien formalmente se trata de cuestiones distintas, materialmente el resultado es similar: impedir que un funcionario que fue votado por mayoría ejerza el cargo.
35. El dieciocho de abril de dos mil quince el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana confirmó en apelación el acuerdo IMPEPAC/CMECUER/016/2015 por el que se resolvió lo relativo al requerimiento efectuado por cuanto al cumplimiento de requisitos de elegibilidad de los candidatos del Partido Social Demócrata a integrar los miembros del ayuntamiento para el proceso electoral ordinario dos mil catorce - dos mil quince.
36. Por lo que se actualiza la figura de la cosa juzgada respecto de la calificación de cumplimiento del presidente municipal respecto a los requisitos de elegibilidad constitucionales y legales para dicho cargo.
37. TERCER CONCEPTO DE INVALIDEZ. Se viola el principio de presunción de inocencia como uno de los principios del derecho sancionador. Se vulnera el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Federal y reconocido en el numeral 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda vez que el procedimiento de juicio político está motivado en dos casusas penales que se encuentran en trámite y sobre las que no se ha emitido sentencia definitiva.
38. Las denuncias no colman las exigencias del numeral 4 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues su fracción VII establece que las pruebas son esenciales para poder determinar procedente la denuncia, lo que atiende al principio de presunción de inocencia del que goza el presidente municipal.
39. La gravedad de la falta de pruebas de los denunciantes para acreditar la conducta que le pretenden imputar al presidente municipal trascendió en la determinación de la junta política y de gobierno, pues al momento de certificar si se cumplían con los requisitos del citado artículo 4º, pasó por alto la falta de pruebas. Posteriormente, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado ordenó emplazar al acusado no obstante ser incierta la conducta descrita en la denuncia, incluso convocó para que el Congreso conociera del asunto como Jurado de Declaración, que el quince de diciembre de dos mil dieciséis, determinó culpable al presidente municipal por las conductas descritas en el escrito de denuncia.
40. Los denunciantes debieron esperar el resultado de los procedimientos originados por las denuncias y entonces sí contar con los elementos necesarios para colmar los requisitos exigidos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Contrario a lo anterior, los órganos demandados en contravención al derecho de presunción de inocencia substanciaron el procedimiento de juicio político dando por sentada su culpabilidad por la sola manifestación de los denunciantes.
41. CUARTO CONCEPTO DE INVALIDEZ. El artículo 16, fracción VII de la Ley Estatal de Responsabilidades es inconstitucional por disponer consecuencias desproporcionales por la no comparecencia ante el jurado de declaración en el juicio político.
42. El artículo 16, fracción VII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos es desproporcional y vulnera el derecho humano a la presunción de inocencia y la defensa adecuada, lo que genera un perjuicio en la integración del ayuntamiento. Ello, porque no solo le niega a cualquier funcionario el derecho a comparecer en cualquier momento hasta antes del dictado de la resolución, sino que además determina que el efecto de la rebeldía es tener por ciertos los actos que se le imputen al sujeto del procedimiento, eximiendo al órgano acusador de la obligación de probar los hechos denunciados.
43. El efecto de la no comparecencia en un único momento y de tener por ciertos los actos, es eximir al Jurado de Declaración, como órgano acusador, de la obligación de demostrar las imputaciones que se realizan sin dejar espacio a una duda razonable. Ello en menoscabo de los principios del derecho sancionador, aplicable en el caso de conformidad con la tesis de rubro: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO".
44. La norma es desproporcional pues desvirtúa las obligaciones del Jurado de Declaración y genera un perjuicio en la integración del municipio reconocida en el artículo 115 constitucional, sin necesidad de un estudio y análisis exhaustivo que tenga como consecuencia que los denunciantes acrediten y prueben, más allá de toda duda razonable que efectivamente son verídicas las imputaciones. Un órgano de acusación tiene la obligación de probar los hechos que imputan al presunto responsable a tal grado que no quede duda razonable de los mismos. Si bien es cierto dicha obligación se flexibiliza en un procedimiento de naturaleza política no es posible llegar al extremo de eliminarla en perjuicio de cualquier imputado, como sucede en el caso.
45. Por todo lo anterior, solicita se declare la invalidez de la norma impugnada para que no pueda ser aplicada al presidente municipal ni a funcionario alguno elegido democráticamente en el municipio actor.
46. Artículos constitucionales señalados como violados. En la demanda se señalaron como violados los artículos 1º, 41, párrafos primero y segundo, fracción V, apartados A y C, 22, 23, 115, fracción I, tercer párrafo y 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal.
II. TRÁMITE DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
47. Admisión y trámite. El ministro Javier Laynez Potisek, integrante de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo periodo de dos mil dieciséis, formó y registró la controversia constitucional 251/2016, y ordenó admitir a trámite la demanda,(5) con reserva de los motivos de improcedencia que se pudieran advertir al momento de dictar sentencia,(6) y tuvo por presentado al promovente, presidente del municipio actor; y como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de Morelos,(7) emplazándolas para que formularan su contestación; finalmente, dio vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
48. Contestación a la demanda. El Poder Judicial de la entidad demandado, en su contestación señaló, en síntesis, que:
a) Es cierto que la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en cumplimiento al artículo 18 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, emitió un acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis en el que recibió el oficio signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, mediante el cual remitió la resolución de procedimiento de juicio político en contra del presidente municipal, asimismo, ordenó formar y registrar el expediente con el número TSJ/01/2016; convocar a los integrantes del Pleno a fin de designar a una comisión de tres magistrados que se encargaran de instruir el proceso; fijar como medida cautelar que el presidente municipal no saliera del estado para garantizar su estancia en la entidad, hasta en tanto se dictara resolución definitiva por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia erigido en Jurado de Sentencia; y finalmente notificar al servidor público en su domicilio oficial.
b) No se afecta la competencia del municipio por sujetar al representante de su gobierno y administración a la cautelar de no salir del Estado, la cual en forma alguna limita el libre ejercicio de sus funciones, como presidente municipal, pues en caso de ser indispensable su presencia en diverso lugar del territorio nacional en representación de los intereses del municipio está en aptitud de solicitar autorización para salir del Estado.
c) Si bien no ordenó la publicación de la noticia en el medio de difusión que señala el municipio, lo cierto es que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en cumplimiento al acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis celebró sesión extraordinaria en la que designó una comisión de tres magistrados para que se encargaran de instruir el proceso.
d) No es cierto que necesariamente la resolución definitiva que emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia local en el juicio político deba ser necesariamente condenatoria, pues el artículo 22 de la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos dispone que la resolución definitiva podrá ser absolutoria o condenatoria. Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis de rubro: "JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE MORELOS. ES IMPROCEDENTE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL CONGRESO DE LA ENTIDAD COMO JURADO DE DECLARACIÓN".
e) El municipio actor se abstiene de formular conceptos de invalidez de los actos impugnados a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia local.
f) La medida cautelar no impide al presidente municipal ejercer sus atribuciones, pues de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica Municipal en sus artículos 41 y 42, fracción V, el presidente municipal deberá residir en la cabecera municipal durante el lapso de su periodo constitucional y no puede ausentarse del municipio por más de quince días sin licencia del ayuntamiento, excepto en los casos de urgencia justificada.
49. Ampliación de conceptos de invalidez.(8) El presidente municipal presentó escrito por el que amplió sus conceptos de invalidez en los que señaló, en síntesis, lo siguiente:
a) Que el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el "Resolutivo del Jurado de Declaración en contra del servidor público, Cuauhtémoc Blanco Bravo, presidente municipal del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos", que se desprende del juicio político iniciado por el Congreso local erigido en jurado de declaración (la resolución).
b) Solicita que se tengan por ampliados en lo general la totalidad de los conceptos de invalidez formulados en el escrito inicial de controversia constitucional, por ser la versión pública de la resolución del Congreso local erigido en jurado de declaración, la culminación de la primera etapa del procedimiento de juicio político.
c) La resolución del procedimiento es incongruente, en perjuicio de la legalidad y seguridad jurídica, lo que genera una injerencia en la integración del municipio actor, por la falta de fundamentación y motivación, por las siguientes razones: a) El Congreso local por un lado pretende tener por no presentado al presidente municipal cuyo cargo y nombre es un hecho notorio y público, tan es así que pudieron emplazarlo a juicio. Y por otra parte, pretende afirmar que no se violaron las formalidades del procedimiento afirmando que se le tuvo por presentado su escrito; b) A foja siete de la resolución, el Congreso precisa que no se hizo nulo el derecho del presidente municipal para contestar en tiempo la denuncia de juicio político pues a su consideración "las notificaciones personales surten sus efectos correspondientes el día que es notificado personalmente". Pero por otra parte afirma que actúa de conformidad con la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que es contradictorio puesto que el artículo 36 de la citada ley, dispone que el emplazamiento o primera notificación se debe realizar personalmente y surtirán sus efectos al día siguiente de haberse hecho.
d) Es incongruente lo que señala el Congreso local, ya que por un lado indica que el juicio político es procedente pues supuestamente las imputaciones se demostraron con las pruebas "desahogadas" en el juicio. Pero a fojas dieciocho, diecinueve y veintiocho y otras del mismo documento señala que, con fundamento en el artículo 16, fracción VII de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se tienen por ciertos los hechos y agravios manifestados en la denuncia de juicio político. Las razones para tener por responsable a un imputado de cualquier acto no pueden ser simultáneamente la -pretendida- preclusión del derecho a probar y por tanto presunción legal de culpabilidad y, por la otra, el análisis y desahogo de las supuestas pruebas ofrecidas por los denunciantes.
e) Si bien se trata de un procedimiento de juicio político a foja treinta y cuatro de la misma puede observarse que al referirse a la procedencia, hacen referencia a la "solicitud de suspensión definitiva de mandato", es decir a un diverso procedimiento que la misma autoridad está siguiendo en contra del presidente municipal de Cuernavaca. El hecho de que con fundamento en un acto incongruente y al no estar fundado ni motivado, se pretenda incidir en la integración del ayuntamiento, concretamente en el cargo del presidente municipal, resulta contrario a los principios consagrados en el artículo 115 constitucional y por ende al principio de división de poderes.
50. C
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200480-cce8dd32/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-cuando-los-actos-impugnados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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