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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA PARA COMBATIR ACTOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO (OFICIO EMITIDO POR LA PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITÓ AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO "EL SALTO", JALISCO, INICIAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA REVOCAR LA AUTORIZACIÓN DTFC:277/2014).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 93/2016. · Registro digital (IUS): 200514
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO EL SALTO, JALISCO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 93/2016. MUNICIPIO EL SALTO, JALISCO. 9 DE OCTUBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: JOCELYN M. MENDIZABAL FERREYRO.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de octubre de dos mil diecinueve.

V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrea Esperanza Nuño de la Torre, quien se ostentó como Síndica del Municipio de El Salto, Jalisco, promovió controversia constitucional en contra de los siguientes actos y autoridades:

"1. De la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de Jalisco:

a) El oficio PROFEPA 1445/052/2016 de dos de agosto de dos mil dieciséis.

b) El procedimiento administrativo que le dio origen a dicha resolución, registrado bajo el número de expediente 181/14, cuyo origen es la orden de inspección PROFEPA-DIRN-0099/N/PI-0246/2014.

2. Del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región:

a) La sentencia dictada en el Juicio de Amparo Directo 359/2016-A (178/2016 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito) de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

b) Procedimiento jurisdiccional relativo a los siguientes expedientes:

i. Expediente 999/2015, tramitado ante el Pleno del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.

ii. Expediente 767/2014, tramitado ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.

SEGUNDO. En su escrito de demanda, la parte actora hizo valer los conceptos de invalidez siguientes:

Primero. Consideró transgredido en su perjuicio el artículo 115, fracción V, en relación con el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución General, en tanto que es su facultad la evaluación y, en su caso, autorización del proyecto del desarrollo habitacional "Parques del Triunfo", que se realiza en el predio ubicado en carretera Agua Blanca, al lado del Centro Federal de Readaptación Social, coordenadas UTM 0688641.82 2272416.82, en el Municipio de El Salto, Jalisco.

Indica que al ser materia concurrente la protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, de acuerdo con el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución General, la ley estatal de la materia establece los supuestos en los que los Municipios son competentes.

Así, manifiesta que de conformidad con los artículos 115, fracción V, de la Constitución General; 4, 5, fracción X; 7, fracción XVI; 8, fracción XIV, 10 y 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; 1, 4, 8, fracción I, 28 y 29 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el proyecto de desarrollo inmobiliario "Parques del Triunfo", no es de competencia Estatal, al ser de reserva urbana y porque las obras en cuestión no inciden en dos o más Municipios, sino exclusivamente en el de El Salto, Jalisco, por lo que no se surte ninguno de los supuestos de competencia del artículo 28 de la ley estatal.

En cambio, señala que sí se surte el supuesto previsto en el artículo 29, fracción II, de la ley estatal, que dota de competencia residual al Municipio para evaluar y, en su caso, autorizar el proyecto de desarrollo habitacional "Parques del Triunfo", al encontrarse ubicado en un área de reserva urbana dentro del territorio municipal.

Segundo. Considera que las autoridades demandadas sustanciaron diversos procedimientos administrativos y jurisdiccionales tendentes a afectar o restringir las facultades del Municipio previstas en el artículo 115, fracción V, de la Constitución General, sin haberle dado oportunidad de formular manifestaciones ni rendir pruebas.

Lo anterior, porque la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente sustanció el procedimiento administrativo 181/14, que inició mediante orden de inspección PROEPA-DIRN-0096-026/2014, sobre un desarrollo inmobiliario que era competencia del Municipio; actos que fueron materia de una demanda jurisdiccional y de un juicio de amparo directo, en los que indebidamente se desconoció dicha facultad constitucional del Municipio, sin que se le permitiera ser llamado u oído en juicio.

TERCERO. Por acuerdo de uno de septiembre de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales, ordenó formar el expediente relativo a la controversia constitucional con el número 93/2016 y turnó el expediente al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor del procedimiento.

CUARTO. Mediante auto de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor desechó de plano la demanda de controversia constitucional, respecto de los actos siguientes.

1) El procedimiento administrativo 181/14 seguido ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de Jalisco.

2) El procedimiento jurisdiccional y la sentencia dictada en el expediente 767/2014, en la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de Jalisco.

3) El procedimiento jurisdiccional y la sentencia dictada en el expediente 999/2015.

4) La sentencia dictada en el Amparo Directo 178/2016 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región.

Por otro lado, admitió la demanda respecto del oficio PROFEPA 1445/2016 de dos de agosto de dos mil dieciséis, signado por el Procurador Estatal de Protección al Ambiente de Jalisco.

QUINTO. En contra de esa determinación, la Síndica del Ayuntamiento de El Salto, Jalisco, interpuso recurso de reclamación, el cual fue admitido a trámite por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo registró bajo el expediente 75-2016-CA y lo turnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; posteriormente, el asunto fue radicado en la Primera Sala por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis.

En sesión de siete de diciembre de dos mil dieciséis, se desechó el proyecto presentado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por lo que se determinó su returno. En auto de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Primera Sala de este Alto Tribunal, determinó turnar el asunto a su Ponencia, para la elaboración del proyecto correspondiente.

Posteriormente, en sesión de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos, declaró infundado el recurso de reclamación referido.

SEXTO. Por otra parte, en auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el cuaderno de suspensión, se concedió la medida cautelar para el efecto de que no se ejecutara el oficio PROEPA 1445/2016, emitido por el Procurador Estatal de Protección al Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, ni que surtiera efectos jurídicos y materiales la autorización condicionada en materia de factibilidad ambiental DTFC: 277/2014 expedida por el Titular de la Dirección de Ecología, Fomento Agropecuario y Forestal del Gobierno Municipal de El Salto, Jalisco.

Dicha determinación fue recurrida por el Municipio actor; sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 73/2016-CA, por mayoría de tres votos, lo declaró infundado en sesión de siete de diciembre de dos mil dieciséis.

SÉPTIMO. Mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia Común de esta Suprema Corte de Justicia, el Municipio actor promovió ampliación de la demanda solicitando la invalidez de los oficios DGPA/DEIA 460/3767/2014 y PROEPA 1444/0339/2016. Sin embargo, por acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciséis, el Ministro Instructor consideró que no se actualizaban las hipótesis de procedencia del artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tal determinación fue recurrida por el promovente, quien interpuso el recurso de reclamación el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, el cual fue registrado por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el expediente 92/2016-CA y, resuelto posteriormente por la Primera Sala en sesión de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el sentido de declararlo infundado.

OCTAVO. Mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor tuvo por presentada la contestación de demanda y tuvo por ofrecidas las pruebas respectivas. En el mismo acto, ordenó correr traslado con copia simple de ese escrito a la parte actora y al Procurador General de la República, así como por exhibida la copia certificada de la petición realizada a la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco para expedir copias certificadas de todo lo actuado en el expediente 767/2014.

NOVENO. El Procurador General de la República no formuló opinión en el presente asunto.

DÉCIMO. Seguido el procedimiento correspondiente, el cuatro de junio de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia del Síndico Municipal y la delegada del Poder Ejecutivo Estatal, así como la relación de las pruebas documentales que obran en el expediente; asimismo, el Ministro Eduardo Medina Mora, en suplencia del Ministro instructor admitió las pruebas ofrecidas por las partes durante la instrucción del asunto; con excepción de las preguntas formuladas en el cuestionario propuesto por la Síndica del Municipio actor.

Posteriormente, se cerró el periodo de ofrecimiento y admisión de pruebas y se aperturó el periodo de alegatos, haciéndose constar que el Síndico Municipal formuló sus alegaciones en esa misma fecha; finalmente, se hizo constar la conclusión de la audiencia y se determinó proceder a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(1)

DÉCIMO PRIMERO. Mediante dictamen presentado el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, el Ministro Instructor solicitó el envío del asunto a la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se avocara a su resolución.

Consecuentemente, por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal, determinó que el expediente se enviara a la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

DÉCIMO SEGUNDO. Por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de esta Segunda Sala, radicó el expediente y lo avocó al conocimiento de la misma; asimismo, ordenó la devolución de los autos a la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) punto Segundo, fracción I, Tercero y Quinto, del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) porque en el caso la parte actora es un Municipio que impugna un acto emitido por el Poder Ejecutivo del Estado al que pertenece y no se impugnan normas generales, por tanto, no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

Sirven como sustento la jurisprudencia 2a./J. 151/2007 y la tesis aislada 2a. XXV/2012 (10a.), emitidas por esta Segunda Sala, de rubros siguientes: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001)"(5) y "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE ELLAS, CONFORME AL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001, REFORMADO POR EL DIVERSO 3/2008".(6)

SEGUNDO. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) se precisa que en el presente caso se demandó el oficio PROEPA 1445/2016 de dos de agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de Jalisco solicitó al Ayuntamiento del Municipio "El Salto", Jalisco, iniciar las gestiones y acciones legales necesarias con la finalidad de revocar la autorización DTFC:277/2014.

TERCERO. La demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente.

Lo anterior dado que la actora manifestó que tuvo conocimiento del oficio impugnado el día dos de agosto de dos mil dieciséis, es decir, el mismo día de su emisión. Por tanto, el plazo de treinta días para la presentación de la demanda transcurrió del tres de agosto al trece de septiembre, ambos de dos mil dieciséis, descontando los días seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de agosto, así como los días tres, cuatro, diez y once de septiembre, todos de dos mil dieciséis, por ser inhábiles; ello, en términos de lo dispuesto por los artículos 2°, 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) punto PRIMERO, incisos c), k) y n), del Acuerdo General 18/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(10)

Por consiguiente, si la demanda se presentó el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, debe concluirse que fue promovida de manera oportuna.

CUARTO. El escrito de contestación de demanda se presentó dentro del plazo de treinta días que para tal efecto establece el artículo 26, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(11)

Lo anterior, ya que el acuerdo admisorio de demanda se notificó al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco el veinte de septiembre de dos mil dieciséis,(12) surtió efectos al día hábil siguiente (veintiuno de septiembre), en términos del artículo 6º, párrafo primero, de la ley de la materia,(13) por lo que el plazo transcurrió del jueves veintidós de septiembre al martes ocho de noviembre de dos mil dieciséis, descontando del cómputo los días veinticuatro y veinticinco de septiembre, uno, dos, ocho, nueve, doce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve, treinta, treinta y uno de octubre, uno, dos, cinco y seis de noviembre, todos de dos mil dieciséis; ello, en términos de lo dispuesto por los artículos 2°, 3°, 26, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(14) 3°, 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(15) 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo,(16) Acuerdo Presidencial de tres de diciembre de dos mil dieciocho y punto PRIMERO, incisos c), e) y n), del Acuerdo General 18/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(17)

Luego, si el escrito de contestación de demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, debe concluirse que su presentación fue oportuna.

QUINTO. El artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá conocer de las controversias suscitadas entre un Estado y uno de sus Municipios por la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Luego, el artículo 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(18) señala que tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales, como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia.

A su vez, el diverso 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria en cita,(19) dispone que la parte actora debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que la rigen, estén facultados para representarla.

En el caso, la demanda fue suscrita por Andrea Esperanza Nuño de la Torre, Síndica Municipal del Ayuntamiento de El Salto, en el Estado de Jalisco, quien acredita su cargo con la copia certificada de la Constancia de Mayoría de Votos de la Elección de Munícipes para la Integración del Ayuntamiento El Salto, Jalisco, de fecha catorce de junio de dos mil quince, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; documental a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 1°.

Ahora bien, la promovente, en términos del artículo 86, último párrafo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco,(20) tiene a su cargo la representación jurídica del Ayuntamiento.

Por lo tanto, si el Ayuntamiento de El Salto en el Estado de Jalisco, por conducto de su Síndica, demandó al Poder Ejecutivo de ese Estado y dicha funcionaria se encuentra facultada para representarlo, se concluye que tiene legitimación para promover la presente controversia constitucional.

SEXTO. Los artículos 10, fracción II, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(21) establecen que la parte demandada en la controversia constitucional, lo será la entidad, el poder o el órgano que hubiera emitido el acto objeto de la controversia y el cual deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla.

Bajo este contexto, el Poder Ejecutivo demandado comparece a juicio por conducto de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien mediante la Declaratoria de Gobernador Constitucional, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, fue designado como Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. Lo anterior se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a su artículo 1°.

De ahí, que el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, se encuentre legitimado para presentar la contestación de la demanda como parte demandada en esta controversia constitucional.

SÉPTIMO. Ahora bien, por ser un tema de estudio preferente y oficioso, se procede al análisis de las causas de improcedencia planteadas por las partes o que, en su caso, advierta esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de oficio; ello, de conformidad con lo establecido en el párrafo último, del artículo 19, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(22)

Al respecto, esta Segunda Sala advierte de oficio, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", en específico, la consistente en la imposibilidad de que se entable un control constitucional sobre las resoluciones dictadas en otro medio de control constitucional, así como los actos realizados en su ejecución, conforme a lo asentado en la jurisprudencia P./J. 77/98,(23) de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR ACTOS DERIVADOS DE RESOLUCIONES DICTADAS EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO", así como la tesis aislada P.LXX/2004,(24) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS ACTOS REALIZADOS EN SU EJECUCIÓN."

Lo anterior, pues el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que resulta jurídicamente inadmisible, y de ahí la improcedencia de la controversia que ahora nos ocupa, que este medio de control constitucional proceda para cuestionar la validez de los actos que fueron dictados a propósito de otro medio de control también de índole constitucional, pues ello tendría consecuencias que atentarían en contra de la integridad, no sólo de este medio de control, sino también del diverso del que derivan, en la especie, del juicio de amparo.

El juicio de amparo, al igual que la controversia constitucional, funda su carácter de medio de control constitucional en la propia Constitución, concretamente en sus artículos 103 y 107, carácter que, al igual que en la controversia constitucional, se continúa perfilando en la legislación ordinaria de amparo. En ejercicio de este medio de control, los jueces de amparo no actúan en un plano ordinario, sino en uno extraordinario de constitucionalidad, revisando el apego que los actos de autoridad tengan o no con la Constitución Federal, de tal manera que sus decisiones con carácter de firmes son decisiones constitucionales por origen y definición.

Abrirlas nuevamente a discusión constitucional o, lo que es igual, poner en tela de juicio su validez constitucional en una vía que funda su existencia en normas de la misma jerarquía y que persigue por igual la salvaguarda de la supremacía constitucional, trastornaría la solidez y eficacia no sólo de ese medio de control, sino, y en consecuencia, de todo el sistema de medios de control constitucional que prevé la Constitución y haría nugatoria la autoridad que formal y materialmente tienen, por propia disposición constitucional los juzgadores de amparo, al diluirse la validez de las sentencias que conceden la protección federal sometiéndolas a su vez a un nuevo análisis constitucional.

En este orden de ideas, no sólo resulta lógico y jurídico, sino obligado, hacer extensivo este tratamiento a todos aquellos actos que se realicen en ejecución de la propia sentencia de amparo o de las interlocutorias que en su curso se hayan dictado, pues su realización encuentra su razón de ser, precisamente, en la resolución constitucional que encontró un vicio que habría de ser superado con la ulterior actuación de las autoridades, con la cual pretenden materializar la protección constitucional otorgada por el juzgador de amparo y que si no hubiese mediado el juicio de amparo, no se habría realizado por la autoridad.

Bajo este contexto, resulta lógico y congruente que dicha consecuencia se suscite ante las actuaciones que a la postre se realicen derivado de una negativa de la protección constitucional en el juicio de amparo, en tanto que, en esencia, lo que se busca con la actualización de esta causa de improcedencia, es evitar que se ponga en tela de juicio una decisión terminal emitida en una sentencia de amparo, ya sea concediendo o ya sea negando, por lo que todos aquellos actos que fungen como consecuencia de la adopción de tal determinación no son factibles de analizarse mediante la controversia constitucional, siempre y cuando la materia de la impugnación sea precisamente lo que constituyó la litis en el juicio de amparo.

Ahora, tratándose del caso concreto, resulta conveniente recordar los antecedentes del acto que se impugna a través de esta controversia constitucional.

1) El cuatro de marzo de dos mil catorce, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, emitió la orden de inspección PROEPA-DIRN-0096/N/PI-0246/2014, con el objeto de verificar que el desarrollo denominado "Parques del Triunfo" contara con autorización en materia de impacto ambiental.

2) Con motivo de la ejecución de dicha visita, la Procuraduría referida inició el procedimiento administrativo 181/2014.

3) El quince de mayo de dos mil catorce, el Director de Ecología, Fomento Agropecuario y Forestal del Municipio El Salto, Jalisco, emitió una autorización condicionada en materia de factibilidad ambiental DTFC 277/2014 para la construcción del desarrollo "Parques del Triunfo."

4) Mediante oficio SEMADET DGPA/DEIA 460/3767/2014, de dieciséis de junio de dos mil catorce, la Dirección General de Protección Ambiental hizo saber a las sociedades Desarrolladora Afile, Sociedad Anónima de Capital Variable y Desarrollos Chiloe, Sociedad Anónima de Capital Variable, que derivado del procedimiento administrativo 181/2014, en términos de la fracción V del artículo 28 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la autoridad competente para evaluar el impacto ambiental del desarrollo es la Secretaría de Medio Ambiente de la entidad, toda vez que los impactos ambientales del proyecto incidían en una superficie que abarcaba dos municipios.

5) En contra de dicho oficio, las referidas sociedades promovieron juicio contencioso administrativo, del cual correspondió conocer a la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de Jalisco, en la cual se registró el asunto bajo el expediente 767/2014.

6) Seguidos los trámites legales correspondientes, el doce de junio de dos mil quince, dicha Sala dictó sentencia en el sentido de declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado.

7) En contra de esa determinación, el Procurador Estatal de Protección al Ambiente y el Director General de Protección y Gestión Ambiental, ambos de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Jalisco, promovieron recurso de apelación, del cual tocó conocer al Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en donde se registró bajo el expediente 999/2015. Luego, en sesión de cinco de noviembre de dos mil quince, dicho Pleno resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la sentencia recurrida.

8) Inconformes, las sociedades actoras promovieron juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el que se registró bajo el expediente 178/2016.

Sin embargo, el asunto fue remitido al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en el que se registró bajo el expediente 359/2016-A y, posteriormente, dictó sentencia en el sentido de negar el amparo solicitado, en esencia, por las siguientes razones.

• En primer término analizó el segundo concepto de violación, relativo a que se debió tener como tercero interesado al Municipio de El Salto, Jalisco, lo cual calificó de inoperante en tanto que la misma quejosa no lo había señalado con tal carácter en el juicio de origen, aunado a que el Municipio referido no tenía un interés incompatible con el actor.

• Por otro lado, en cuanto al estudio del primer concepto de violación relativo a que fue indebida la declaratoria de validez de la resolución impugnada, por haberse apoyado en pruebas que no tienen valor pleno y dejarse de valorar otros medios probatorios. Tal concepto lo calificó de parcialmente inoperante e infundado, en tanto que no era a las quejosas a quienes les correspondía determinar el tipo de pruebas que debió presentar su contraparte y que, al margen de ello, en el expediente existían medios de convicción suficientes para demostrar que el desarrollo urbano en cuestión incidía en dos municipios, sin que fuera el caso de probar que se encontraba en áreas urbanas, concluyendo que:

"(...) En tal virtud, para establecer que el desarrollo inmobiliario se encuentra dentro de la reserva urbana, opuesto a lo expresado por las solicitantes del amparo, no se actualiza la inexacta valoración convictiva del mapa del área de influencia del proyecto del desarrollo denominado "Parques del Triunfo", porque esa probanza se analizó y se valoró para evidenciar una cuestión diferente, a saber, LA INCIDENCIA DE LAS OBRAS DEL DESARROLLO INMOBILIARIO QUE IMPACTAN EN DOS MUNICIPIOS, lo que tiene que ver con la influencia ecológica y ambiental en las dos demarcaciones, lo que hizo que, el caso, encuadrara en el supuesto previsto en el apartado V, del artículo 28, de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual contempla la competencia de la autoridad estatal para extender el dictamen de impacto ambiental, que es lo que constituye el punto toral a decidir.

En este contexto, opuesto a lo argumentado por las solicitantes del amparo, el resolutor sí consultó los programas o planes de desarrollo urbano municipales, para considerar que el desarrollo inmobiliario se encuentra dentro de una reserva urbana, porque ambas partes lo reconocieron de esta manera; mientras que, precisamente, el punto a decidir consistió en, resolver la incidencia de actividades y obras en dos o más municipios, sin que se requirieran conocimientos especiales en la materia, porque con las pruebas que obran en el procedimiento, tal como lo decidió el resolutor, ese punto sí se demostró. (...)"(25)

En consec

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200514-db846d7c/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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