I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO POR EL CUAL SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "CIUDAD MODELO", EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 63/2017. MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA. 15 DE ENERO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: ZARA GABRIELA MARTÍNEZ PERALTA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de enero de dos mil veinte.
V I S T O S; Y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación y contenido de la demanda. Por escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) el Síndico del Municipio de Mazapiltepec de Juárez, Estado de Puebla, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de ese mismo Estado, de quienes demandó la invalidez del acto que se indica a continuación:
"IV. NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA. Decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado denominado ‘Ciudad Modelo’, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintisiete de enero de dos mil diecisiete, bajo el tomo DI; Número veinte, cuarta sección, por tener vicios jurídicos de origen en su creación como ejemplo los artículos siguientes: 1o., 2, 3, 4, 6, fracción IX, 7, fracciones VI, VII y IX, 8, fracciones I, IV y V, 9, fracciones I y II, 12, 18, fracciones V, VI, VII, VIII, IX y XII y 21, de la citada norma general."
La parte actora hizo valer los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, en los siguientes términos:
"a) El Decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado denominado ‘Ciudad Modelo’, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintisiete de enero de dos mil diecisiete, bajo el tomo DI; Número veinte, cuarta sección, por tener vicios jurídicos de origen en su creación, como ejemplo los artículos siguientes: 1o., 2, 3, 4, 6, fracción IX, 7, fracciones VI, VII y IX, 8, fracciones I, IV y V, 9, fracciones I y II, 12, 18, fracciones V, VI, VII, VIII, IX y XII y 21, pues viola en perjuicio del Municipio que represento judicialmente los derechos humanos y garantías constitucionales del artículo 1o., párrafos primero, segundo, tercero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
‘Artículo 1o.’ (Se transcribe).
En atención a que dentro del articulado que hago mención que se debe considerar su invalidez por parte de este Honorable Tribunal, se desprende el menoscabo a la figura Constitucional que es el municipio, entendiéndolo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, es decir la célula básica y el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, resaltando que hace mención específica respecto del municipio que represento de manera judicial, en su artículo 3 que a la letra dice:
‘Artículo 3.’ (Se transcribe).
En atención a que el Municipio técnicamente es una persona moral oficial, tiene derechos humanos y garantías constitucionales que la protegen, cuando esta se ve impedida en el cumplimiento de su fin, en este caso, es de recordar que uno de los fines del Municipio es la prestación de servicios públicos que constitucionalmente le pertenecen, así como la recaudación del pago de contribuciones por la prestación de estos servicios, una vez así con la entrada en vigor del decreto, el Municipio que represento es sustituido en dichas funciones por este órgano descentralizado, así como lo menciona el artículo 1o. de la norma general de la que se pretende su invalidez, ‘Ciudad Modelo... responsable de prestar los servicios y funciones públicas’, situación en la que se hace evidente la afectación a los fines del Municipio, y la parte demandada en el presente juicio está invadiendo la esfera de competencia de nuestro municipio, violando los derechos humanos y garantías constitucionales que le corresponden como persona moral oficial. Razón por la cual promuevo el presente juicio de controversia constitucional, y así se respete el texto constitucional, es decir, que se prevenga, investigue, sancione al Poder que se demanda por contravenir el actual bloque de constitucionalidad, pues este implica respeto no sólo de los derechos y garantías previstas en la Constitución sino también en los diversos tratados internacionales de los que México es parte, para reforzar mi anterior argumento anexo los siguientes criterios jurisprudenciales:
[...]
Atendiendo al sistema de interpretación que (sic) los tribunales y jueces deben resaltar que del articulado que se intenta su invalidez, se desprende que está coartando al Municipio que represento de sus fines, es decir, de la injerencia que tiene ésta como actor político, transgrediendo así el artículo 23 inciso a) e inciso c) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica y abierta a firma del día 22 de noviembre de 1969, con las declaraciones interpretativas al párrafo 1 del artículo 4 y al artículo 12 y la reserva al artículo 23, párrafo 2, que formulara el Ejecutivo de la Unión al proceder a su adhesión, que a la letra dice:
‘Articulo 23. Derechos Políticos.’ (Se transcribe).
b) El Decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado denominado ‘Ciudad Modelo’, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintisiete de enero de dos mil diecisiete, bajo el tomo DI; Número veinte, cuarta sección, por tener vicios jurídicos de origen en su creación, como ejemplo los artículos siguientes: 1o., 2, 3, 4, 6, fracción IX, 7, fracciones VI, VII y IX, 8, fracciones I, IV y V, 9, fracciones I y II, 12, 18, fracciones V, VI, VII, VIII, IX y XII y 21, viola en perjuicio del Municipio que represento judicialmente los derechos humanos y garantías constitucionales del artículo 4o. párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la letra dice:
‘Artículo 4.’ (Se transcribe).
La norma general que se pretende impugnar su validez, transgrede el citado artículo constitucional, toda vez que dentro del articulado, en específico del artículo 6, fracción IX en la mención de servicios públicos que brindará este órgano descentralizado se encuentra el de: ‘Artículo 6.’ (Se transcribe), situación que transgrede dicho artículo pues se les priva de la participación del Ayuntamiento del Municipio que represento, además de que también a los ciudadanos en lo particular se les priva de dicha participación, pues para la consecución de dichos fines se nos coarta dicha facultad transgrediendo la autonomía municipal, pues como lo menciona la Constitución, el Municipio guarda un orden jurídico que el Estado o la Federación no puede transgredir, pues como Ayuntamiento tenemos facultades reservadas para una mejor administración y prestación de servicios públicos.
[...]
c) El Decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado denominado ‘Ciudad Modelo’, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintisiete de enero de dos mil diecisiete, bajo el tomo DI; Número veinte, cuarta sección, por tener vicios jurídicos de origen en su creación, como ejemplo los artículos siguientes: 1o., 2, 3, 4, 6, fracción IX, 7, fracciones VI, VII y IX, 8, fracciones I, IV y V, 9, fracciones I y II, 12, 18, fracciones V, VI, VII, VIII, IX y XII y 21, viola en perjuicio del Municipio que represento judicialmente los derechos humanos y garantías constitucionales del artículo 31 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la letra dice:
‘Artículo 31.’ (Se transcribe).
Situación que la citada norma general transgrede totalmente, pues de los artículos citados, en específico del artículo 8 que a la letra dice:
‘Artículo 8.’ (Se transcribe).
Por lo que se desprende la interpretación que del Municipio del que soy representante dejará de recibir aquellas contribuciones que por derecho le correspondería recaudar y administrar para la prestación de servicios, pero estas contribuciones serán administradas y recaudadas por este organismo descentralizado, transgrediendo la autonomía y el libre ejercicio de sus derechos del Ayuntamiento.
Tan es así la transgresión a la autonomía municipal que con las contribuciones que recibirá por esta recaudación y administración que obtenga por la ‘prestación de servicios públicos’ que su patrimonio, estará conformado por dichos ingresos, ingresos (sic) que recaerían en el Ayuntamiento sino fuera por la obstrucción de esta autoridad intermedia, a pesar de que el Ayuntamiento que represento ha prestado los servicios públicos sin intermediario alguno, pues cuenta con la capacidad técnica de gestión material y humana para brindarlo, por lo que la creación de este órgano descentralizado era innecesario pues para la celebración de estos convenios a los que hace referencia la citada norma general de la que pretendemos su invalidez, es solo para la mejor prestación de servicios públicos, como así también una participación activa de los ciudadanos del Municipio que realice el convenio, y dicha hipótesis normativa no encuadra con la realidad actual en cuanto a la norma general reclamada.
d) El Decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado denominado ‘Ciudad Modelo’, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintisiete de enero de dos mil diecisiete, bajo el tomo DI; Número veinte, cuarta sección, por tener vicios jurídicos de origen en su creación, como ejemplo los artículos siguientes: 1o., 2, 3, 4, 6, fracción IX, 7, fracciones VI, VII y IX, 8, fracciones I, IV y V, 9, fracciones I y II, 12, 18, fracciones V, VI, VII, VIII, IX y XII y 21, viola en perjuicio del Municipio que represento judicialmente los derechos humanos y garantías constitucionales del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la letra dice:
‘Artículo 115.’ (Se transcribe).
En atención a los artículos referidos de la citada norma general de la que se reclama su invalidez transgrede en varias partes al artículo constitucional transcrito, pues el primer párrafo menciona la definición del Municipio, remarcando el principio de Municipio Libre, situación que es tocada por la creación de este órgano descentralizado, pues sus atribuciones conferidas a ‘Ciudad Modelo’ son entre otras:
‘Artículo 9.’ (Se transcribe).
No es posible a la luz de la presente transcripción del artículo de la norma general que se reclama su invalidez, al establecer el principio de municipio libre, pues se ve agredido por una serie de atribuciones que le fueron otorgadas al organismo descentralizado denominado ‘Ciudad Modelo’, que por su naturaleza y por disposición constitucional legal le corresponden al Municipio que represento judicialmente, toda vez que al emitir esa serie de actos administrativos que corresponde a facultades reservada a los municipios, el demandado crea este órgano para que sea éste quien administre y recaude por esa prestación de servicios públicos, por lo que es evidente la afectación en cuestión económica para el Municipio que represento, pues dejará de percibir directamente el cobro por esa prestación de servicios públicos, aun más cuando a pesar de que el Municipio de Mazapiltepec de Juárez lo ha estado prestando de manera regular y directa dichos servicios públicos, es decir, este no es incapaz de prestar el servicio público, y en ningún momento se requirió la intervención del gobierno del Estado, pues como se narró en el capítulo de hechos de la presente demanda, el supuesto convenio del que nosotros carecíamos totalmente conocimiento de su existencia, hasta el día de la publicación del decreto del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, es así por lo que en calidad de Síndico Municipal del Municipio de Mazapiltepec de Juárez, del Estado Libre y Soberano de Puebla, planteó la invalidez de dicha norma jurídica, pues la afectación es directa, además de que recaerá en la población total que integra el multicitado Municipio que represento.
Ningún convenio celebrado entre un Estado y uno de sus municipios puede delegar funciones básicas como lo es la prestación de servicios públicos, pues dicha función es uno de los fines primarios del Municipio, por lo que su delegación al gobierno del Estado y más a un órgano descentralizado transgrede esta libre determinación administrativa y rompe con la naturaleza jurídica del Municipio, pues de continuar la vigencia del decreto, implicaría que el Municipio dejaría, en este caso, de ser la base de la división territorial y de su organización política y administrativa. Pues la atribución de administrar sus recursos públicos se vería violentada por un órgano que tiene una composición ajena a los integrantes del Ayuntamiento, dejando a un lado la participación en la vida política-administrativa de los ciudadanos del Municipio de Mazapiltepec de Juárez.
De una interpretación integral del artículo constitucional antes descrito, se logra observar que existen distintos niveles de gobierno, que si bien pueden colaborar para una mejor prestación de servicios públicos, esta colaboración debe respetar la fidelidad Federal, Estatal y Municipal, y que nunca su colaboración debe transgredir ese respeto de las debidas competencias de cada uno de los diferentes niveles de gobiernos, en el entendido que ciertas atribuciones son reservadas para cierto nivel de gobierno. De lo anterior se desprende que el articulado que se reclama del decreto que se pretende su invalidez, no respeta esa fidelidad, pues el órgano de gobierno estadual interfiere y obstaculiza las diferentes atribuciones del Municipio de Mazapiltepec de Juárez, causan sin respetar el tan importante principio de autonomía municipal.
[...]
El mencionado decreto del cual se reclama su invalidez no sólo transgrede el contenido de la Constitución Federal y Tratados Internacionales, sino que también transgrede la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, pues dicho decreto y el supuesto convenio fueron realizados en contravención del orden constitucional estatal, tal como se desprende del estudio integral del texto fundamental del Estado de Puebla, en particular de sus artículos: (sic)
‘Artículo 102.’ (Se transcribe).
De la lectura del artículo constitucional del Estado de Puebla, se remarca la autonomía que guarda el Municipio frente al órgano estatal, situación que es ignorada por el Poder Legislativo Estatal y el Gobernador del Estado, pues de dicho decreto, se crea el órgano descentralizado denominado ‘Ciudad Modelo’, que se le atribuyen facultades de autoridad intermedia, situación que también se encuentra prohibida a nivel de la Constitución Federal, pero que fue ignorada, por lo que se solicita por eso su invalidez, pues no respeta ningún orden normativo dicho decreto.
Dentro de los artículos de la Constitución local que transgrede también se encuentra el siguiente artículo:
‘Artículo 103.’ (Se transcribe).
Al Honorable Ayuntamiento de Mazapiltepec de Juárez se le reconoce como una persona jurídica con patrimonio propio, que manejará y administrará libremente su hacienda, y se mencionan de qué bienes se conformará dicho patrimonio, mencionando a las contribuciones, que dejará de percibirlas en buena medida por la creación de este órgano descentralizado denominado ‘Ciudad Modelo’, pues de igual manera el patrimonio de ‘Ciudad Modelo’, estará conformado por dichas contribuciones resultado de la prestación del servicio público, es de resultado lógico que solo uno de ellos podrán constituir su patrimonio con dichas contribuciones, siendo este ‘Ciudad Modelo’, por lo que rompe con dicha administración y facultad de conformar dicho patrimonio, pues el resultado de la entrada en vigor del decreto del que se reclama su invalidez, será que la prestación de diferentes servicios públicos estarán a cargo de otro órgano que no es el municipio, por lo que el ingreso de esas contribuciones no recaerá ya en el municipio, sino en el órgano descentralizado, transgrediendo una vez más la naturaleza jurídica del Municipio, y peor aún tendrá como resultado una afectación a los ciudadanos que integran el Municipio de Mazapiltepec de Juárez. Por lo que debe declararse inválida dicha norma jurídica por violentar además los intereses de los habitantes, pues ellos, a través del ejercicio a su derecho a votar, eligieron a sus representantes, siendo este un Presidente Municipal, Síndico, Secretario General así como sus regidores, por lo que encargar a otro organismo el control, administración y recaudación de ciertos servicios públicos, pues si su deseo fue elegir a los integrantes del Ayuntamiento de Mazapiltepec de Juárez como representantes y administradores de los recursos y contribuciones, resulta ilógico que esa facultad sea otorgada a un órgano descentralizado, por lo que este Tribunal de la constitucionalidad (sic) deberá salvaguardar el respeto pleno del orden primario, sin que pueda admitirse ninguna limitación que pudiera dar lugar a arbitrariedades que, en esencia, irían en contra del pueblo soberano.
[...]
Del mismo precepto constitucional también se desprende la prohibición a una figura por demás ilegal, que son las autoridades intermedias, estableciendo la jurisprudencia una serie de características que conforme a las atribuciones y conformación del órgano descentralizado denominado ‘Ciudad Modelo’ lo convierten en una autoridad intermedia, prohibida no sólo por la Constitución Federal, sino también por la del Estado de Puebla como en anteriores párrafos, para remarcar esas características se mencionan los siguientes aspectos a estudiar: pues las autoridades intermedias tienen a un sometimiento, sustitución, arrogación de facultades que pertenecen por ley al órgano municipal, invadiendo con su diversidad de atribuciones la esfera de competencia, siendo el municipio un ente subordinado a los planes y directrices que marcan dichas autoridades, es así como de las características que se desprenden de la jurisprudencia se remarca de manera evidente su actuar como una autoridad intermedia, pues de los artículos que se impugnan su invalidez demuestra dicho carácter, en cuanto a sus atribuciones, sin tomar en cuenta que su conformación está integrada únicamente con autoridades del gobierno estatal, como lo menciona el artículo 12 que a la letra dice:
‘Artículo 12.’ (Se transcribe).
Del estudio del organigrama que conformará la Junta de Gobierno de ‘Ciudad Modelo’ se desprende la no inclusión por parte del Gobierno del Estado a los integrantes del Ayuntamiento y tampoco a la población integrante del Municipio de Mazapiltepec de Juárez, además de las diferentes atribuciones que contiene la Junta de Gobierno del organismo descentralizado de ‘Ciudad Modelo’, que remarcan su jerarquización por demás arriba que el Municipio que represento, pues entre ellas se encuentra de acuerdo al artículo 18 las siguientes:
‘Artículo 18.’ (Se transcribe).
Del desglose de atribuciones a la Junta de Gobierno del Organismo descentralizado denominado ‘Ciudad Modelo’, se desprende que guardan atribuciones por demás transgresoras a la autonomía municipal, pues no se le fijan límites reales, pues va desde la delegación a otros servidores públicos subalternos, así como la contratación de Auditores externos, es decir, es un organismo hecho a modo de auto auditarse, pues no existe seguridad en cuanto su elegibilidad de los mencionados auditores externos, situación que termina para engrosar los argumentos respecto a su transgresión, pues como lo he mencionado en ninguna parte de la citada norma incluye a personal integrante del Ayuntamiento o integrantes de la ciudadanía de Mazapiltepec de Juárez, es decir, deja de existir la relación entre el ciudadano y el Ayuntamiento pues ahora este organismo se encargará de la administración, gestión, recaudación y vigilancia de su actuar, creando un organismo que no pertenece ex profesamente al gobierno estatal y mucho menos al municipio, es decir se crea una autoridad intermedia.
[...]
De lo anterior, me parece de resaltar que de acuerdo al estudio integral de las atribuciones que se le otorgan al organismo descentralizado denominado ‘Ciudad Modelo’, si se le permite actuar en forma independiente, unilateral o con decisión que implique obstrucción u obstaculización en la comunicación directa entre Gobierno y Municipio, o que signifique sometimiento, sustitución o arrogación de facultades de alguno de estos niveles de gobierno, invadiendo su esfera de competencia.
Dentro del decreto del cual se pretende se declare su invalidez, hacen referencia al supuesto convenio que se nos hizo firmar de manera engañosa por parte de funcionarios del gobierno estatal, que sin saber su contenido, nos comentaron que se trataría de otro tema, dicho convenio y norma transgrede de manera directa la autonomía municipal como hasta ahora se ha argumentado, pues si bien los Municipios tienen la facultad de celebrar convenios, estos no deben ser con el objeto de coordinarse, y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que correspondan, además no existe ningún acuerdo de cabildo previo en el que se haya determinado celebrar el convenio con el gobierno estatal, tal como lo demostraremos oportunamente, lo anterior es un requisito esencial de un convenio, ahora, con base en el estudio y análisis de la integración del órgano descentralizado denominado ‘Ciudad Modelo’ no se demuestra que exista esa coordinación o que dichos ejes lleven a un mejor y eficaz prestación de servicios públicos, lo que si se denota es la subordinación del Municipio que represento judicialmente al citado órgano descentralizado, pues este órgano, como ya se estudió está integrado de facultades de administración, recaudación, gestión y prestación de servicios públicos, carentes de una libre autodeterminación, por lo que del supuesto convenio que dio lugar al decreto, este no cumple con los requisitos de fondo que llevarían como resultado a una mejor coordinación, y prestación de servicios públicos. Cabe resaltar nuevamente que además de lo anterior, el Municipio de Mazapiltepec de Juárez se encontraba con una exitosa prestación de los servicios públicos que constitucionalmente le pertenecen, es de señalar por eso la inconstitucionalidad de dicha norma, pues no existía la necesidad, pues ésta se encontraba prestando por el actual Ayuntamiento de Mazapiltepec de Juárez dichos servicios públicos, que ahora le son desprendidos.
Del precepto constitucional citado anteriormente, también se tiene razón de que otorga a las Legislaturas Estatales dos atribuciones en materia municipal: La primera consiste en emitir las bases generales necesarias para conferir una homogeneidad básica al gobierno municipal, que establezcan los lineamientos esenciales de los cuales no puede apartarse en el ejercicio de sus competencias constitucionales; y la segunda, relativa a la emisión de disposiciones de detalle sobre esa misma materia aplicables solamente en los Municipios que no cuenten con reglamentación pormenorizada propia, con la peculiaridad de que en el momento en que éstos emitan sus propios reglamentos, las disposiciones supletorias del Congreso resultarán automáticamente inaplicables. Razón que tampoco es cierta, toda vez que en Mazapiltepec de Juárez ya existía desde el treinta de diciembre de dos mil trece una ley emitida por el Congreso del Estado de Puebla denominada ‘Ley de Hacienda para el Municipio de Mazapiltepec de Juárez’, es decir ya existía una norma jurídica que contempla ahora cosa distinta a la citada ley, transgrede principios de vigencia de leyes, puesto que ambas se contraponen, pues en la Ley de Hacienda para el Municipio de Mazapiltepec de Juárez contempla que será este mismo quien recaudará los diferentes ingresos que legalmente corresponden al Municipio, sin mencionar, ningún otro órgano, situación que hace más evidente la invalidez del organismo descentralizado denominado ‘Ciudad Modelo’. Argumento que apoyo además con las siguientes jurisprudencias:
[...]
Situación que es violentada de manera reiterada en el articulado de la norma general que reclamamos su validez, pues de la sola lectura, se remarca la inconstitucionalidad por parte de la norma general, pues el organismo descentralizado denominado ‘Ciudad Modelo’, se le establecen dichas facultades y atribuciones, dando como resultado una afectación al referido bloque de la constitucionalidad, pues demuestra que el decreto viola directamente disposiciones constitucionales.
e) El Decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado denominado ‘Ciudad Modelo’, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintisiete de enero de dos mil diecisiete, bajo el tomo DI; Número veinte, cuarta sección, por tener vicios jurídicos de origen en su creación, como ejemplo los artículos siguientes: 1o., 2, 3, 4, 6, fracción IX, 7, fracciones VI, VII y IX, 8, fracciones I, IV y V, 9, fracciones I y II, 12, 18, fracciones V, VI, VII, VIII, IX y XII y 21, viola en perjuicio del Municipio que represento judicialmente los derechos humanos y garantías constitucionales del artículo 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la letra dice:
‘Artículo 134.’ (Se transcribe).
Dicho precepto constitucional, es sólo la confirmación del fin que deben tener los recursos públicos de los diferentes niveles de gobierno, siendo esto que del análisis y estudio de dicho decreto que se impugna su validez, el resultado no lo es una administración eficiente, eficaz, de transparencia y/o honradez, pues para lo que estaba destinado dicho recurso era para lo establecido en Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Mazapiltepec de Juárez, Puebla 2014-2018, que ahora por la entrada en vigor de dicho decreto se ve transgredido, puesto que la no captación de ingresos que a partir de ahora serán administrados y recaudados, en gran parte, por el organismo descentralizado denominado ‘Ciudad Modelo’, generará una afectación a este plan sin que se logren los objetivos que se tenían planeados y además una trasgresión a la normativa constitucional estatal en su artículo 107, que a la letra dice:
‘Artículo 107.’ (Se transcribe).
Por lo que es importante recordar que los planes de desarrollo, a nivel municipal, deben recoger las aspiraciones de los habitantes que integran dicho Municipio, situación que no respeta si se encuentra afectada por el decreto multicitado del que se pretende su invalidez, pues cambiará los objetivos de dicho plan, pues se contaba en ese momento con una idea de ingresos que entrarían a las arcas municipales, situación que no será así por la entrada en vigor de dicho decreto, irrumpiendo con el interés social de la población, violando sus derechos fundamentales como lo es el que se respete su decisión sobre la elección de sus representantes, que son los encargados de administrar y recaudar las contribuciones, producto de la prestación de servicios públicos, que al día de hoy es amedrentada por la creación de esta autoridad intermedia."
SEGUNDO. Registro, admisión, trámite y designación de Ministra Instructora. Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete,(2) el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 63/2017; asimismo, designó como instructora a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
Posteriormente, en proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete,(3) la Ministra Instructora admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados y ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla; y finalmente ordenó dar vista al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
TERCERO. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, ambos del Estado de Puebla. Por escritos presentados el veinte de abril de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) el Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso de Puebla y el Consejero Jurídico del Gobernador de Puebla, formularon contestación a la demanda.
Con la contestación, el representante legal del Congreso del Estado de Puebla, exhibió copia certificada de su nombramiento, así como de diversas pruebas documentales públicas.
El representante del Poder Ejecutivo exhibió copia certificada de su nombramiento, así como diversas pruebas documentales públicas.
CUARTO. Se tiene por contestada la demanda y se señala fecha para la celebración de la audiencia. Por auto de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete,(5) el Ministro Alberto Pérez Dayán en ausencia de la Instructora tuvo por recibidos los oficios y anexos presentados por el Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso de Puebla y el Consejero Jurídico del Gobernador de Puebla; asimismo, tuvo por acreditada la personería para actuar en el presente asunto; por contestada la demanda, por designados a sus delegados; por señalados los domicilios para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; por ofrecidas las pruebas que acompañaron a sus escritos; asimismo se dio vista al actor y al Procurador General de la República, señalándose fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
QUINTO. No intervención de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República no formuló opinión en el presente asunto.
SEXTO. Audiencia y puesta en est
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200582-790e7a2a/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CO (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CONSTITUCIONALIDAD DEL. (s/clave)
- HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. LOS DECRETOS POR LOS QUE SE EXPIDIÓ, REFORMÓ Y ADICIONÓ LA LEY RELATIVA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, AL HABER SIDO R ((III Región)4o.55 A (10a.))
- DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA CUANDO SE ACREDITA LA APLICACIÓN QUE HACE UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE UNA NORMA GENERAL DECLA (P./J. 57/2026 (12a.))
- DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL OBTENIDA POR UN MUNICIPIO, VINCULA A TODAS LAS AUTORIDADES QUE PRETENDA (P./J. 54/2026 (12a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis