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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, AL HABER SIDO ABROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO NÚMERO 2160, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS DETERMINA OTORGAR UNA PENSIÓN JUBILATORIA A UN SERVIDOR PÚBLICO A CARGO DEL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 246/2017. · Registro digital (IUS): 200595
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 246/2017. PODER JUDICIAL DE MORELOS. 7 DE AGOSTO DE 2019. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, PRESIDENTE DE ESTA PRIMERA SALA. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de agosto de dos mil diecinueve, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 246/2017, promovida por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos en contra de un decreto legislativo mediante el cual se otorgó una pensión por jubilación a un servidor público a cargo del presupuesto del Poder Judicial de la entidad federativa.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL ASUNTO

1. Interposición de la demanda. El treinta de agosto de dos mil diecisiete, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien se ostentó como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, promovió una demanda de controversia constitucional en representación del mencionado poder (de ahora en adelante el "poder actor") , en la que impugnó de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, lo siguiente:

• La invalidez del Decreto número 2160, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, por el que el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a *********** con cargo al presupuesto del Poder Judicial de la entidad.

2. Como antecedentes, se señaló que el Poder Judicial no ha tenido un incremento presupuestal desde el ejercicio dos mil trece que se asignaron recursos del orden de $*********** (*********** pesos). No obstante que se solicitó a la Legislatura del Estado de Morelos que autorizara una ampliación presupuestal para cubrir el pago de jubilaciones y pensiones, partida presupuestal que no fue autorizada ni asignada.

3. Bajo ese contexto, es que el ocho de marzo de dos mil diecisiete se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el Decreto 1419, a través del cual el Poder Legislativo local otorgó una pensión por jubilación al referido servidor público del Estado –equivalente al sesenta por ciento de su último salario percibido– con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor.(1)

4. Posteriormente, el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, el Poder Legislativo emitió un nuevo Decreto número 2160, a través del cual derogó el diverso Decreto 1419 y determinó otorgar pensión por jubilación a ********** –al setenta por ciento del sueldo que percibía como Secretario de Sala adscrito a los Juzgados de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado– a cargo de la partida presupuestal de pensiones del Poder Judicial de Morelos. Este último decreto es el que se cuestiona en la demanda de controversia constitucional.

5. Trámite de la demanda. Ante esta coyuntura, el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, el Ministro Presidente de la Suprema Corte tuvo por recibida la demanda, ordenó formar y registrar el expediente como 246/2017 y, por razón de turnó, designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

6. Por acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecisiete, el Ministro Instructor consideró que la demanda de controversia constitucional resultaba improcedente, pues el decreto impugnado fue emitido en cumplimiento a la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete por el Juez Sexto de Distrito de Morelos dentro del expediente *********. Así, dado que la controversia constitucional no es una vía idónea para impugnar actos derivados de resoluciones dictadas en un procedimiento de ejecución de sentencias de amparo, se desechó la demanda por notoriamente improcedente.

7. Recurso de reclamación 102/2017-CA derivado de la controversia constitucional 246/2017. En contra de lo anterior, el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos interpuso recurso de reclamación. Por auto de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete se admitió a trámite tal medio de defensa y se radicó con el número 102/2017-CA, turnándose a la Ministra Luna Ramos para la elaboración del proyecto de resolución. En sesión de cuatro abril dos mil dieciocho, la Segunda Sala resolvió declarar precedente y fundado el recurso.

8. En consecuencia, por resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, el Ministro Instructor revocó el acuerdo de desechamiento y admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, considerando como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como el Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Morelos, y emplazándoseles para que dieran contestación a la demanda, señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad.

9. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el Poder actor sostuvo los siguientes razonamientos:

a) El decreto impugnado viola los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123 apartado B fracción XI inciso a), 127 de la Constitución Federal; así como los artículos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución Estatal.

b) Lo anterior, dado que el Congreso local, al otorgar la pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial sin proveer la ampliación del presupuesto para cubrir esa prestación laboral, afecta el presupuesto del poder actor violando el principio de división de poderes, autonomía e independencia previstos en los artículos 40, 41, 49, 116 y 133 constitucionales.

c) El decreto impugnado no reconoce la autonomía de gestión presupuestal (artículos 17, párrafo V y 116, constitucionales) y la potestad de regir las relaciones laborales con sus trabajadores (artículo 123, apartado B, constitucional), para otorgar pensiones o jubilaciones y, en consecuencia, la autonomía para definir el gasto público a través de su presupuesto de egresos, en el que pueda incluir de manera planificada y programada el pago de dichas prestaciones laborales, sin injerencia de ninguna otra autoridad estatal.

d) El Congreso emitió el decreto impugnado, sin autorización o intervención del poder actor, en el cual se obliga al poder judicial a realizar el pago de la pensión por jubilación disponiendo de manera arbitraria de la hacienda pública del poder actor, lo que es posible apreciar con la redacción actual del decreto impugnado "[...] dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones". Lo que acredita la ausencia de análisis racional en torno a la capacidad y disponibilidad de recursos en la partida a que se remite el pago de la pensión.

e) La autoridad demandada se entromete en la disposición del presupuesto del Poder Judicial, al determinar que se cubra con cargo a la insuficiente partida presupuestal destinada para pensiones del Poder actor, vinculándolo a realizar el pago de pensiones como ocurre con en el caso, sin si quiera verificar la suficiencia de recursos presupuestales ni el impacto en las arcas del Poder Judicial, disponiendo de manera arbitraria de la hacienda de dicho poder, al imponerle cubrir oportunamente una jubilación.

f) Agrega que, a pesar de que existe la obligación de que la ley contemple y regule las pensiones de los trabajadores estatales o de los Poderes del Estado de Morelos, en los artículos impugnados se autorizó al Congreso del Estado a emitir decretos jubilatorios de trabajadores de otros poderes estatales, lo cual se aparta del principio de autonomía de la gestión presupuestaria que consagran los artículos 17, párrafo V y 116, fracción III, de la Constitución.

g) Añade que, al resolver la controversia constitucional 35/2000, este Alto Tribunal consideró que la autonomía presupuestal es una condición necesaria para que los poderes judiciales locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores.

h) Con los artículos impugnados se actualiza una violación, en todos los grados, al principio de división de poderes. Se entromete en la independencia del Poder Judicial, pues sin la intervención de éste, emite un decreto jubilatorio con impacto total en el presupuesto de egresos del poder actor. Torna dependiente al Poder Judicial, porque se impide que tome decisiones o actúe de manera autónoma, la legislatura local trata al poder actor como subalterno, en tanto lo compele a pagar en forma mensual, con cargo a su partida presupuestal destinada para pensiones, sin otorgar la ampliación presupuestal respectiva. Se subordina al poder actor al obligarlo a cubrir una pensión al setenta y cinco por ciento del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores. Se ordena al poder actor y además se cuantifica el monto de la pensión.

i) Se demuestra la intromisión con el contenido del artículo 56 de la ley impugnada que señala: "Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 54 de esta Ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables". De igual forma cuando refiere en su artículo segundo que la pensión decretada deberá cubrirse al sesenta por ciento del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial actor.

j) Además, que de los artículos 24, fracción VI, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 se desprende que el Congreso local será el órgano resolutor en materia de pensiones, dada la facultan a expedir los decretos relativos como el impugnado, lo que vulnera la autonomía de gestión presupuestal prevista en el artículo 116, fracción III, constitucional, al autorizar una intromisión del Poder Legislativo en las decisiones del poder actor.

k) Los artículos impugnados otorgan una atribución que lesiona la hacienda pública del poder actor y en consecuencia, su autonomía de gestión en el manejo de sus recursos, pues la legislatura fijará los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones de los trabajadores judiciales, así como la cuantía y además que, ,en los casos cuando el trabajador goce al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del gobierno o municipio, será el Congreso local y no el poder actor quien requiera al trabajador para que dentro de treinta días naturales opte por una de ellas, más aún en caso de que no determine la pensión que debe continuar vigente, la misma legislatura concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador.

l) Señala que el mandato constitucional determina que las legislaturas estatales tienen la obligación de consignar en sus leyes laborales locales, los procedimientos necesarios para que sus trabajadores puedan gozar de pensión por jubilación; así se cumple con lo contenido en el artículo 127 de la Constitución en el que se reconoce que las pensiones, jubilaciones o haberes de retiro podrán ser asignadas, además de la ley, en decretos legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, sin que signifique que sean órganos legislativos los encargados a otorgarlas.

m) Por otro lado, señala que en las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008 se resolvió como una transgresión al principio de autonomía en la gestión de la hacienda pública, que el Congreso local, sin la intervención de cualquier otra autoridad, y atendiendo exclusivamente a la solicitud del interesado, pueda decretar alguna de las pensiones determinadas en la Ley del Servicio Civil estatal, determinando el monto correspondiente.

n) Añade que de la normativa impugnada, no se deriva explicación de por qué si los trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con el poder actor, corresponde a una autoridad ajena, como lo es el Congreso local, evaluar que se cumpla con todos los requisitos exigidos para que el trabajador se vea beneficiado con una de las distintas pensiones que menciona la ley y con cargo a la hacienda pública del Poder Judicial del Estado, el cual no cuenta con una partida presupuestal para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete en el rubro de pensiones y jubilaciones, pues la Legislatura local ha sido omisa en autorizar una ampliación presupuestal para que el poder actor pueda cubrir las pensiones al personal que en dicho ejercicio viene jubilándose.

o) La Constitución Federal facultó a los poderes judiciales a ejercer en forma directa los recursos de la hacienda, sin intermediarios, situación que no consideró el primer párrafo del artículo 56 y último párrafo del numeral 57 en relación con el último párrafo del ordinal 66, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado, los cuales por extensión de sus efectos, solicita su invalidez.

p) Cita en apoyo a sus argumentaciones, los criterios jurisprudenciales de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES, PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS", "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES" y "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS".

q) Se vulnera la autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial al ordenar el pago de las prestaciones que refiere el decreto impugnado, sin haber proporcionado previamente ese recurso económico, implica necesariamente una afectación a la autonomía presupuestal. Cita en apoyo la tesis de rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES".

r) De los artículos 44 y 70, fracción XVII de la Constitución local; 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos; y 56, 57 apartado A fracción I inciso d) (sic),(2) 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil de esa entidad federativa se advierte que: i) es facultad del Congreso estatal emitir leyes, acuerdos o decretos como el impugnado; ii) es atribución de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso estatal el conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios; así como realizar la investigación tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de ese derecho y iii) el Congreso local está facultado para expedir decretos de pensiones a favor de los trabajadores de los diversos poderes estatales, incluso del judicial.

s) Por otra parte, el contenido de la fracción XVII del artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos dispone que es el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, el encargado de aplicar, vigilar y reglamentar el gasto público de dicho poder. Así, el decreto combatido genera una dependencia y subordinación del Poder Judicial al Poder Legislativo, al entrometerse este último directamente en la ejecución y aplicación del presupuesto del Poder Judicial, lo que conlleva una transgresión al principio de división de poderes que consagra el artículo 116 de la Constitución Federal, por lo que el decreto impugnado carece de validez constitucional.

t) El artículo tercero del decreto impugnado viola los artículos 16, 116, fracción III, 126 de la Constitución Federal, 134 y 131 de la Constitución local, por disponer arbitrariamente el aumento automático del importe de la pensión en relación con el incremento porcentual del salario mínimo. Se vulnera la garantía de seguridad jurídica, división de poderes, autonomía e independencia judicial, la limitante de realizar pago alguno que no esté contemplado en el presupuesto de egresos respectivo; el ejercicio eficiente de los recursos para satisfacer los objetivos a que están destinados.

u) El Poder Judicial no niega la obligación de hacer frente a la obligación del pago de la pensión, sin embargo, para poder dar cumplimiento requiere de presupuesto suficiente que no puede estar supeditado a la potestad del órgano legislativo, del cual no se tiene la certeza del monto que otorgará, y más aún porque es creciente el número de trabajadores que han decidido pensionarse.

v) El artículo tercero del decreto impugnado genera incertidumbre jurídica cuando indica que el monto de la pensión será calculado tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general, ya que si bien el presupuesto de egresos va considerado un incremento salarial, éste no va en función de lo que se determine para el salario mínimo, puesto que el primero depende del propio presupuesto de egresos autorizado y el segundo por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

w) Se genera inseguridad jurídica al no contar con un factor o indicador que defina o permita prever o requerir una cifra debidamente afianzada en datos duros como lo sería el índice nacional de precios de diciembre del año anterior, para de este modo proporcionar los recursos dinerarios suficientes para no colocar al Poder Judicial en desestabilización económica al tener que cubrir los aumentos de las pensiones a su cargo y al mismo tiempo no disminuir los salarios de jueces y magistrados.

x) Solicita declarar la invalidez del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil de la entidad al no estar acorde a la realidad constitucional y ser incompatible con la Ley del Seguro Social que no se refieren a aumento al salario mínimo como referente para incrementos de las pensiones sino al índice Nacional de Precios al Consumidor del año inmediato anterior, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión, lo que provoca inestabilidad económica al Poder Judicial, situación que afecta su autonomía financiera. Incluso, existe una diferencia y desigual percepción salarial entre el personal en retiro y activo. Los magistrados en retiro y sus homólogos activos, aun cuando los primeros se hayan jubilado con un ingreso menor, en virtud de los aumentos automáticos actualmente tienen un pago superior a los magistrados activos, situación que lacera la correcta administración de justicia que incluye la sanidad de las finanzas del Poder Judicial, pues se implementan recursos no programados, lo que implica una violación a la irreductibilidad salarial de jueces y magistrados.

y) Finalmente, se irroga un perjuicio al poder judicial en relación con el artículo 134 constitucional, porque no se consideró otorgar recursos para hacer frente a los pagos derivados del decreto de pensión impugnado, asimismo, es inválido establecer en el decreto impugnado el aumento de la pensión conforme al salario mínimo ya que el porcentaje en que se ha aumentado en los últimos años es superior al tres por ciento que establece la Ley de Disciplina Financiera.

z) Por último, solicita que esta Suprema Corte supla la deficiencia de la queja en beneficio del poder actor a fin de que prevalezcan la verdad y el orden constitucional y citó como apoyo la tesis: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PUEDE ASUMIRLA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA ACREDITAR QUE LOS ACTOS IMPUGNADOS SON SUSCEPTIBLES DE CAUSAR AFECTACIÓN AL ACTOR".

10. Tras la admisión de la demanda, se substanció el procedimiento correspondiente, en el que las autoridades responsables rindieron su contestación.

11. Contestación de la demanda por el Poder Legislativo. La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, el trece de junio de dos mil dieciocho, expuso lo que sigue:

a) La controversia constitucional es improcedente pues el acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial, por lo que la actora carece de interés legítimo para promover el presente medio de control de constitucionalidad.

b) El decreto que se impugna fue emitido en cumplimiento a una resolución judicial dictada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de garantías número ********* promovido por el C. ********* y con base en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual establece el procedimiento para que los trabajadores de los Poderes del Estado puedan obtener su pensión, ya sea por jubilación, cesantía en edad avanzada, viudez u orfandad.

c) Agrega que no exista razón para que el Congreso del Estado de Morelos se negara a emitir el decreto respectivo, ya que tiene la obligación de emitirlo de conformidad con lo previsto en los artículos 40, fracciones II y VV de la Constitución Política del Estado de Morelos y 57 de la Ley del Servicio Civil.

d) Añade que el Poder Judicial debía discutir y aprobar oportunamente el presupuesto anual del Poder Judicial y remitirlo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado; así como respetar las partidas y sus denominaciones en virtud de que se tenga una mayor vigilancia en las erogaciones presupuestales, para ello se debe ajustar su actuar al marco legal consistente artículo 119 y 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; artículo 15, 28, 29 y 30 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos.

e) Señala que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios impone al Poder Judicial la obligación de presentar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada tres años. Cuestión que no fue presentado por el Poder Judicial razón por la cual el órgano legislativo desconoce los antecedentes laborales de los trabajadores y en ejercicio de las facultades constitucionales, emitió decretos pensionarios.

f) Afirma que el Decreto impugnado fue dictado con base en la Ley de Servicios del Estado de Morelos, la cual prevé el procedimiento para que los trabajadores de los Poderes del Estado puedan obtener una pensión. Por lo que resulta apegado a la normativa aplicable y no se violentan los requisitos de fundamentación y motivación.

g) Sostiene que la actuación del Poder Legislativo en la emisión del Decreto 2160 se encuentra apegada a los lineamientos establecidos en las sentencias emitidas por el Máximo Tribunal en diversas controversias promovidas por el Poder Judicial, en el entendido de que se guardó el estricto respeto a los derechos humanos del trabajador, en su calidad de sujeto vulnerable ante la ley al estar cesado por condición de ley de un trabajo remunerado para la subsistencia personal, situación salvaguardada en las máximas de la protección de la dignidad de la persona en términos de lo establecido por el artículo 1° en relación con el 123 constitucional.

h) Reitera que el Decreto 1419, publicado el ocho de marzo de dos mil diecisiete, por medio del cual se otorgó pensión por jubilación a ********* fue abrogado mediante el decreto que hoy se pide su invalidez.

12. Contestación de la demanda. Por su parte, tanto el Secretario de Gobierno como el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, en síntesis, argumentaron coincidentemente lo siguiente:

a) En principio, opone la excepción de falta de legitimación ad causam del municipio actor, ya que el Poder Ejecutivo no ha realizado acto alguno que invada la competencia y, correlativamente, alude a la actualización de la ausencia de legitimación pasiva en el asunto.

b) Señala que si bien el Poder Judicial reclamaba la invalidez del Decreto, no formuló conceptos de invalidez en los que se combatan dichos vicios respecto del acto de publicación atribuido al Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal. Por ende, no se advierte que el Decreto haya sido motivo de impugnación por vicios propios por lo que es falso que la autoridad que represento vulnere la autonomía del Poder Judicial actor.

c) Precisa que el Poder Ejecutivo Estatal cuenta con las facultades para promulgar, refrendar y publicas las Leyes y demás disposiciones Federales a través del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos; así como hacer cumplir las Leyes o Decretos con fundamento en los artículos 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c), 74 y 76 de la Constitución local; 10, 11, fracción II y21, fracción XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; así como 1, 10 y 11, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.

d) El Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado en ningún momento incurrió en violación a los dispositivos constitucionales que señala la demandante, pues actuó con apego a lo que mandata la Constitución local y la Ley Orgánica antes mencionada.

e) Agrega que no existe transgresión a los principios de fundamentación y motivación exigibles tratándose de relaciones interinstitucionales y el principio de congruencia presupuestal al que se encuentran sujetos los poderes judiciales.

f) Sostiene que el legislador morelense dispuso en el artículo 40, fracción II, de la Constitución local y en los artículos 53,57 y 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado la facultad del Congreso del Estado de expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes y los Decretos de pensión de los Servidores Públicos del estado.

g) Enfatiza que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en su Título Sexto denominado "Del régimen de seguridad social" dispone que los empleados públicos tendrán derecho a una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las disposiciones aplicables.

h) Señala que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece las medidas y prerrogativas para los trabajadores en el desempeño de su labor como servidores públicos que decidan jubilarse en estricta relación con la fracción XXIX del apartado A del artículo 123 y demás disposiciones del apartado B, de la Constitución. Así, el acto cuya invalidez se demanda bajo ninguna circunstancia transgrede la autonomía de gestión presupuestal del Poder actor consagrada en los artículos 17, párrafo V y 116, fracción III, de la Constitución Federal.

i) Establece que existen diversas pensiones a cargo del Poder Judicial actor, emitidas por el Poder Legislativo y fundamentadas en los ordenamientos reclamados en la presente controversia constitucional y en las cuales el poder actor no promovió controversia constitucional, por lo que, incluso, se encuentra pagando en la nómina de jubilados los casos antes mencionados.

j) Por otro lado, establece que debe tomarse en cuenta la problemática financiera por la que atraviesa el erario estatal y municipal. Por lo que el Poder Legislativo debe considerar el tema como asunto de relevancia y realizar las valoraciones financieras que no comprometan al Presupuesto Estatal y Municipal venidero pues considerar el pago del cien por ciento del salario como activo y prestaciones adicionales a un trabajador supone que el costo se mantenga a cargo del erario.

k) Si bien enfatiza la necesidad de reformar el sistema de pensiones, establece que el acto legislativo –materia de la presente controversia- respeta los derechos de los trabajadores reconocidos por la legislación aplicable.

l) Respecto al caso en estudio, señala que la controversia está relacionada con la diversa controversia constitucional 138/2017, en la que se determinó la invalidez del Decreto que ya había sido abrogado desde el dieciséis de agosto de 2017 por virtud de la resolución dictada en el juicio de amparo **********, en el que se determinó conceder el amparo para el efecto de que se emitiera un nuevo decreto en el que se otorgara una pensión a razón del setenta por ciento de su último salario.

m) Agrega que, a pesar de que se emitió un nuevo acto legislativo en cumplimiento, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos no ha tenido por cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que ordenó al Congreso Local la emisión de un tercer Decreto en el que se contemplara la antigüedad del quejoso. En esas condiciones, el Congreso expidió el Decreto 2605 para dar cumplimiento a estos requerimientos.

n) Bajo ese contexto, sostiene que se podría actualizar el sobreseimiento de la controversia constitucional toda vez que a través de la expedición del diverso Decreto 2605, el Poder Legislativo pretende abrogar el decreto impugnado.

o) Precisa que conforme al artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la materia resulta como motivo manifiesto e indudable de improcedencia el hecho de que los actos cuya invalidez se reclama fueron emitidos por algún órgano jurisdiccional, situación que se actualiza en el presente caso.

p) Cita como sustento la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA".

13. Por acuerdos de catorce y dieciocho de junio de dos mil dieciocho, el Ministro Instructor tuvo a la Vicepresidenta de la Mesa Directiva y al Secretario de Gobierno y al Consejero Jurídico, ambos del Poder Ejecutivo de Morelos, dando contestación a la demanda de controversia constitucional en representación, r

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200595-94e5f994/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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