I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA OMISIÓN IMPUGNADA CUANDO LA AUTORIDAD DEMANDADA CONTESTA LA PETICIÓN FORMULADA (OMISIÓN DE DAR CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA EL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE POR PARTE DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE PUEBLA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (ACUERDOS DE VEINTIOCHO Y TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, MEDIANTE LOS QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA DA CONTESTACIÓN A LAS PETICIONES DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 129/2018. MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA. 26 DE JUNIO DE 2019. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y PRESIDENTE JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiséis de junio de dos mil diecinueve.
V I S T O S; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito recibido el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cecilio Fernández Leonardo, en su carácter de Síndico del Municipio de Soltepec, Puebla, promovió controversia constitucional en representación de la propia municipalidad, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:
Entidad, poder u órgano demandado:
• Poder Legislativo del Estado de Puebla.
Norma general o acto cuya invalidez se demanda:
• La omisión de dar contestación a la petición formulada por la parte actora ante la autoridad demandada del veintidós de junio de dos mil diecisiete.
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
1. El nueve de octubre de dos mil quince se celebró un convenio entre el Gobierno del Estado de Puebla y el Municipio de Soltepec, Puebla.
2. Que toda vez que el convenio establecía obligaciones muy desfavorables para el Municipio, éste se sometió a consulta de la ciudadanía en el que se resolvió que debía terminar dicho convenio.
3. El veintidós de junio de dos mil diecisiete se realizó una solicitud al Congreso del Estado de Puebla para hacerle del conocimiento la voluntad del Municipio y que se le excluyera de cualquier participación originada con motivo del convenio. Solicitud a la que no le recayó contestación alguna.
4. Que, no obstante lo anterior, en sesión extraordinaria de cabildo de ocho de febrero de dos mil dieciocho, el ayuntamiento de Soltepec aprobó dar por terminado el convenio de nueve de octubre de dos mil quince.
TERCERO. Conceptos de invalidez. Del apartado de la demanda denominado "VII. Los conceptos de invalidez", se desprende que el órgano actor expresó lo siguiente:
• Refiere, que en su petición solicitó la exclusión de pertenecer al Organismo Público Descentralizado denominado Ciudad Modelo, esto es, dar por terminado el convenio de nueve de octubre de dos mil quince.
Que la omisión de dar contestación al escrito viola los derechos humanos establecidos en el artículo 1° párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Federal en perjuicio del Municipio.
Indica que por la omisión reclamada, se ha dificultado el poder realizar las facultades constitucionales y legales que le corresponden para una buena administración del gobierno.
Señala que la omisión se traduce en una afectación a sus competencias constitucionales y legales y, por parte del Congreso del Estado, falta de observancia al referido precepto constitucional.
Que con la omisión del Congreso no se está promoviendo, respetando, protegiendo o garantizando sus derechos humanos en el ámbito de sus competencias, pues lo correspondiente sería haber emitido una respuesta en tiempo y forma en la que se concediera la exclusión del Municipio de colaborar de cualquier forma con el organismo público descentralizado, esto es, se decretara la terminación del convenio de nueve de octubre de dos mil quince.
• Por otra parte, apunta que, con la omisión de la autoridad demandada de dar contestación a su escrito, se viola en su perjuicio el artículo 8° de la Constitución Federal, pues a pesar de que se le formuló una petición de manera formal con los documentos idóneos para dicha solicitud, el Congreso del Estado de Puebla fue omiso. Además, la autoridad no tomó en consideración que el artículo 8° constitucional los constriñe a dar contestación a las peticiones, independientemente de la persona que las solicite.
Expone que la petición cumple con los requisitos constitucionales y jurisprudenciales necesarios para que el Congreso ya emitiera una respuesta eficaz y suficiente, lo que al día de la presentación de la demanda no ha sucedido. Situación que causa perjuicio, ya que merma las facultades del Municipio.
• Por último, arguye que, con la omisión de la autoridad demandada de dar contestación a su escrito, se viola en su perjuicio el artículo 115, párrafo décimo segundo de la Constitución Política.
Lo que antecede es así, pues si bien el ayuntamiento celebró un convenio con el Gobierno del Estado para la colaboración de ciertos aspectos con el organismo público descentralizado denominado Ciudad Modelo y este fue aprobado por el Congreso del Estado, en virtud que es facultad del Municipio celebrar convenios para la prestación en absoluto o parcial de servicios públicos; lo cierto es que, de una interpretación del dispositivo normativo, se desprende que la terminación de los convenios debe ser a través de una determinación del ayuntamiento derivada de una sesión de cabildo, además de que sea aprobada por el Congreso del Estado para que se publique, consecuentemente un decreto en el que se dé por terminado dicho convenio. Lo que no ha sido cumplido por el Congreso y por lo tanto es inconstitucional.
Finalmente, refiere que acude en la presente vía para que se determine la invalidez de la omisión reclamada y, en su oportunidad, se ordene procedente la restitución de los derechos humanos fundamentales como los que reclama el actor.
CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. La parte actora estima violados los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero; 8° párrafo primero y 115, fracción III, párrafo décimo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de dos de agosto de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 129/2018, y, por razón de turno, designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.
Mediante proveído de misma fecha, el Ministro Instructor admitió la demanda, tuvo promoviendo la presente controversia constitucional a Cecilio Fernández Leonardo, Síndico del Municipio de Soltepec, Puebla; y como demandado al Poder Legislativo del Estado de Puebla, al que ordenó emplazar para que formulara su respectiva contestación; asimismo ordenó dar vista al Procurador General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera, quien se abstuvo de formular opinión.
SEXTO. Contestación a la demanda. El Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla señaló en su contestación a la demanda de controversia constitucional, en síntesis, lo siguiente:
En relación con los hechos que constituyen los antecedentes:
• El primer, segundo y cuarto hecho, no los contestó por no ser propios de la autoridad.
• En el tercer hecho, aceptó que el veintidós de junio de dos mil diecisiete, se le hizo una solicitud para hacerle saber la voluntad del Municipio en el sentido de que se le excluyera de cualquier participación originada por el convenio de nueve de octubre de dos mil quince. Sin embargo, manifestó que no era cierta la omisión, ya que por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se le dio respuesta al Síndico Cecilio Fernández Leonardo, lo cual se le notificó el diez de septiembre siguiente.
Respecto de los actos cuya invalidez se reclama:
• Refirió que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción II, en relación con el artículo 19, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en virtud que por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se le dio respuesta al Síndico Cecilio Fernández Leonardo.
En lo concerniente a los preceptos constitucionales que se estiman violados:
• Negó que se violentaran los preceptos 1°, párrafos primero, segundo y quinto; 8°, párrafo primero y 115, fracción III, párrafo décimo de la Constitución Federal, en razón de haber dado respuesta a la solicitud presentada.
En lo tocante a los conceptos de invalidez:
• Manifestó que por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho se dio respuesta a la petición del ayuntamiento, por la cual, se solicitó la exclusión de pertenecer al Organismo Público Descentralizado "Ciudad Modelo".
• Refirió que no se violaron los derechos humanos reconocidos en el artículo 1° constitucional, ya que el referido Convenio de nueve de octubre de dos mil quince, no se suscribió con el Congreso de Puebla, sino con el Gobierno del Estado, tal como lo precisó el actor en su petición.
• Precisó que, previo al Decreto por el cual se creó el Organismo Público Descentralizado "Ciudad Modelo", el Municipio de Soltepec y el Gobierno del Estado celebraron Convenio de Colaboración, el cual tiene por objetivo establecer las bases de coordinación y colaboración entre las partes en materia de desarrollo urbano sustentable y ordenamiento territorial que le corresponda al Municipio, específicamente respecto de la emisión de las autorizaciones, permisos y licencias relacionadas con la materia.
• Aclaró que lo que aprobó el Congreso del Estado de Puebla, fue el Decreto de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, por el que se crea el Organismo Público Descentralizado "Ciudad Modelo".
• Indicó que, si bien no se había dado respuesta a la petición del actor, dicha situación fue subsanada por el Acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, el cual le fue notificado el seis de septiembre siguiente.
• Señaló que no se violaron los derechos humanos del Municipio actor, que según se encuentran establecidos en el artículo 115, párrafo décimo segundo constitucional, ya que en dicho párrafo no se encuentran reconocidos derechos humanos a favor del mismo, sino que más bien se encuentran establecidas atribuciones del gobierno municipal.
SÉPTIMO. Ampliación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal Cecilio Fernández Leonardo, Síndico Municipal del Municipio de Soltepec, Puebla, presentó ampliación de su demanda de controversia constitucional para reclamar la invalidez de lo siguiente:
• El acuerdo tomado por el Congreso del Estado de Puebla, a través de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura, de treinta de agosto de dos mil dieciocho, por el que pretende dar contestación al escrito del ayuntamiento de veintidós de junio de dos mil diecisiete, en el que se solicitó la exclusión de pertenecer al Organismo Público Descentralizado denominado "Ciudad Modelo".
• El acuerdo tomado por el Congreso del Estado de Puebla, a través de las Comisiones Unidas y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales, de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, por el que se pretende dar contestación a su petición de veinte de febrero de dos mil dieciocho, en el que se solicitó la exclusión de pertenecer al Organismo Público Descentralizado denominado "Ciudad Modelo". Este hecho lo reclama como superviniente.
El actor adicionó los hechos siguientes:
• Que el veinte de febrero de dos mil dieciocho, se hizo llegar un escrito al Congreso del Estado de Puebla en el que se le informó que mediante acuerdo de cabildo se decidió dar por terminado el convenio de nueve de octubre de dos mil quince y acompañó una declaración unilateral de la voluntad de que reafirmaba dicha terminación; de igual manera, solicitó la exclusión del Municipio del Organismo Público Descentralizado denominado "Ciudad Modelo" y solicitó al Congreso aprobar su solicitud y realizar un decreto sobre su situación jurídica.
• Indicó que el diez de septiembre de dos mil dieciocho, le notificaron al Municipio los acuerdos que señala como actos reclamados y se le informó que no es posible dar trámite a su solicitud, en razón de las cláusulas decimoprimera, decimosegunda, decimocuarta y decimosexta.
Por otra parte, el actor argumentó en esencia como conceptos de invalidez, lo que a continuación se indica:
• Expuso que del convenio que se pretende dar por terminado, se puede apreciar que aquél establece sus formas de modificación, revisión, prorroga y adición, pero de manera incongruente no establece sus formas de terminación, con lo que se transgrede de manera directa los principios y reglas generales de los convenios, lo cual, atenta en contra de la autonomía municipal prevista en la Constitución.
• Apuntó que los acuerdos que reclama no pueden constreñir al Municipio a la permanencia en dicho convenio y en consecuencia al Organismo Público Descentralizado "Ciudad Modelo", pues de lo contrario se dejaría inexistente la autonomía de la voluntad del Municipio.
• Solicita a la Suprema Corte invalidar los acuerdos reclamados y ordenar la elaboración del decreto que tenga por terminado el convenio; y, en consecuencia, su salida del Organismo Público Descentralizado en aras de restaurar las garantías orgánicas del Municipio.
• Indica que el texto constitucional permite a los Congresos locales celebrar convenios con el Gobierno del Estado, también debe entenderse que dicho Municipio esta posibilitado a terminar el mencionado convenio cuando así lo determine; y, siendo que los acuerdos de cabildo son los actos jurídicos de decisión colegiada de un ayuntamiento, el Congreso debería de aprobar sin más, en aras del respeto a la autonomía municipal.
OCTAVO. Mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, el Ministro Instructor admitió a trámite la ampliación de demanda, al considerar que los actos impugnados se encontraban estrechamente vinculados al controvertido en el escrito inicial de demanda y tuvo como demandado en esa ampliación al Poder Legislativo de Puebla, al que ordenó emplazar para que formulara su respectiva contestación. De igual manera, ordenó dar vista al Procurador General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera, quien se abstuvo de formular opinión.
NOVENO. Contestación a la ampliación de la demanda. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, acordado a través del proveído de nueve de noviembre siguiente, el Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos, contestó a la ampliación de demanda de controversia constitucional, en síntesis, con lo siguiente:
• Manifiesta que se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento, en términos de los artículos 19, fracción VI y 20, fracción II de la Ley Reglamentaria, en virtud que, como quedó precisado en la cláusula Décima Segunda del Convenio de Colaboración celebrado entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Soltepec, Puebla, de nueve de octubre de dos mil quince, las partes suscribirán un convenio de terminación en el que acordaran el momento a partir del cual "el Municipio" asumirá de nueva cuenta las funciones de desarrollo urbano sustentable y ordenamiento territorial, por lo que si no se ha celebrado ese convenio, no se ha agotado vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto.
• Señala que los actos que el actor le atribuye al Congreso del Estado, son los que señala en su demanda; además que la parte actora hizo una errónea interpretación de los acuerdos impugnados, toda vez que el Poder Legislativo no es parte del mismo, solo aprobó la creación del Organismo Público Descentralizado "Ciudad Modelo", en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales; es así que dentro del mismo convenio, se estableció el supuesto para darlo por terminado, en las cuales no figura el Congreso, por lo tanto no está en sus facultades darlo por terminado.
• Contesta como ciertos los nuevos hechos indicados en la ampliación de demanda.
• Apunta, que con los acuerdos impugnados de ninguna manera se viola lo dispuesto por el artículo 115, fracciones I y II, párrafo décimo segundo constitucional, en razón que en la cláusula decimosegunda sí se prevé la forma de terminación del convenio.
• Reitera que el Congreso del Estado no suscribió el Convenio, que únicamente expidió el decreto por el cual se creó el organismo "Ciudad Modelo".
• Precisa que, con la suscripción de dicho convenio, de ninguna manera el Gobierno del Estado, sustituirá al Municipio en su función de prestación de servicios públicos, por lo cual no se vulnera la autonomía municipal.
• Manifiesta el dolo, las maquinaciones, engaños y artificios del Síndico, ya que en la demanda de controversia constitucional afirmó que tuvo conocimiento del convenio hasta la publicación del decreto, cuando en realidad es que mediante sesión extraordinaria llevada a cabo por el ayuntamiento el ocho de octubre de dos mil quince, tal y como se establece en la cláusula décima tercera se le designó como responsable para vigilancia y evaluación del convenio de colaboración, toda vez que en el convenio pactado no se hace referencia a que el Municipio será o podrá ser sustituido por algún otro ente.
De lo anterior se desprende que el Síndico incurre en falsedad ante este Alto Tribunal, ya que conocía del contenido y alcances del convenio.
• Acota, que el decreto crea a un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de prestar en su caso, los servicios y funciones públicas en la zona de desarrollo industrial, urbano y ecológico.
• Indica que el Municipio interpuso diversa controversia constitucional que quedó registrada con el número 64/2017, la cual se encuentra en fase de proyecto de resolución.
DÉCIMO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo constar que no se presentaron las partes, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, se tuvieron por formulados los alegatos hechos valer por el Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos, del Congreso de Puebla y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO PRIMERO. Por escrito presentado el diez de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, suscrito por Lucio Ramírez Luna, en calidad de Delegado del Municipio de Soltepec, Estado de Puebla, formuló alegatos de manera extemporánea, al cual le recayó el acuerdo de la misma fecha.
DÉCIMO SEGUNDO. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictado por la Ministra Presidenta de la Primera Sala, se AVOCÓ al conocimiento del asunto y, además, determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y II, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en el punto Segundo, fracción II, a contrario sensu, y punto Tercero del Acuerdo 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, dado el sentido del fallo.
SEGUNDO. Sobreseimiento. Resulta innecesario analizar la oportunidad y la legitimación de las partes en la presente controversia constitucional, toda vez que esta Primera Sala advierte que se actualizan diversas causales de improcedencia en el caso.
I. En principio, conviene destacar que el acto impugnado en la demanda de la controversia constitucional lo fue:
• La omisión de dar contestación a la petición formulada por la parte actora ante la autoridad demandada, del veintidós de junio de dos mil diecisiete.
Al respecto, esta Primera Sala advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el artículo 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, al haber cesado en sus efectos el acto cuya invalidez se demanda en esta controversia constitucional, por las razones que enseguida se señalan.
El citado precepto legal prevé como causa de improcedencia de la controversia constitucional la cesación de los efectos de la norma general o acto impugnado, en los siguientes términos:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
(...)
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
(...)"
Por otra parte, los artículos 105, fracción I y III, penúltimo párrafo de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria establecen:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
[...].
III. [...] La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia".
"Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia".
El alcance de las disposiciones legales acabadas de reproducir, en cuanto a la cesación de efectos se refiere, ha sido interpretada por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J.54/2001,(1) cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS".
De la jurisprudencia señalada, se desprende que, tratándose de la controversia constitucional, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria.
Ahora bien, respecto de la omisión reclamada al Poder Legislativo del Estado de Puebla, tocante a dar contestación a la petición que se le formuló el veintidós de junio de dos mil diecisiete, debe señalarse que, de las constancias que obran en autos, en específico de la contestación de la demanda,(2) se advierte que la autoridad demandada dio contestación a la petición formulada el veintidós de junio de dos mil diecisiete, a través del acuerdo de treinta de agosto de dos mil dieciocho, signado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Puebla,(3) el cual, fue notificado al ayuntamiento del Municipio actor mediante el oficio número DGAJEPL/4170/2018, el diez de septiembre siguiente como se observa de la constancia respectiva.(4)
Además, el propio Síndico Municipal del Municipio de Soltepec, Puebla, reconoció este hecho como cierto y reclamó el acuerdo por el que se le da contestación a esa petición, través de su escrito de ampliación de demanda de controversia constitucional.
En esa tesitura, resulta evidente que la omisión reclamada por el Municipio actor de dar contestación a la petición formulada por la parte actora ante la autoridad demandada del veintidós de junio de dos mil diecisiete; cesó en sus efectos totalmente al desaparecer la afectación reclamada por esta vía.
Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el 45, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede sobreseer en la presente controversia constitucional, de conformidad con la fracción II del artículo 20 del propio ordenamiento legal.(5)
II. Por otra parte, en la ampliación de demanda de la controversia constitucional, el Municipio actor señaló como actos reclamados del Poder Legislativo del Estado de Puebla:
• El acuerdo tomado por el Congreso del Estado de Puebla, a través de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura, de treinta de agosto de dos mil dieciocho, por el que se da contestación al escrito del ayuntamiento de veintidós de junio de dos mil diecisiete, en el que se solicitó la exclusión de pertenecer al Organismo Público Descentralizado denominado "Ciudad Modelo".
• El acuerdo tomado por el Congreso del Estado de Puebla, a través de las Comisiones Unidas y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales, de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho por el que se pretende dar contestación a su petición de veinte de febrero de dos mil dieciocho, en el que se solicitó la exclusión de pertenecer al Organismo Público Descentralizado denominado "Ciudad Modelo".
Al respecto, esta Primera Sala advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, en virtud de que el Municipio actor no planteó en su contra concepto de invalidez alguno sobre una afectación a su esfera de competencia, por tanto se debe sobreseer respecto de aquellos.
En efecto, de la lectura de los Acuerdos impugnados, se advierte que el Congreso del Estado de Puebla, en contestación de los escritos presentados ante ese órgano legislativo por Municipio actor, señaló lo siguiente:
• Acuerdo de treinta de agosto de dos mil dieciocho, por el que se da contestación a la petición de veintidós de junio de dos mil diecisiete:
"
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Acuerdo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II, 102, 115 fracción III, 119 y 123 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47 y 48 facción I del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, fue recibido en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el ocurso suscrito por el ciudadano Cecilio Fernández Leonardo, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, a través del cual manifiesta que en Sesión Extraordinaria el Ayuntamiento que representa acordó en lo conducente lo siguiente:
‘Se solicite al gobierno del estado de puebla y al honorable congreso del estado de puebla, la exclusión del organismo público descentralizado denominado "ciudad modelo" del Municipio de Soltepec, Puebla, en específico del decreto de fecha 27 de enero de 2017, en virtud de que cuando fue creado el mismo organismo no fue notificado en tiempo y forma legal a los integrantes de este cabildo careciendo de información real y verídica de la forma de operar del mismo, resultando este sin beneficio alguno para los ciudadanos del municipio ya que ni a largo ni a corto plazo recibiera beneficios tanto económicos para los ciudadanos como de infraestructura y a nivel municipal no tendrá proyección de trascendencia". Además de atentar en contra de la autonomía del municipio.’.
Al citado escrito se anexa copia certificada del Acta de Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, de fecha seis de abril de dos mil diecisiete, firmada por el Presidente Municipal, Regidores y Síndico Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla.
2. Con fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, acordó dictar el siguiente trámite: "Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución precedente".
CONTENIDO DEL OCURSO:
• Se hace del conocimiento que en Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, se aprobó el acuerdo para solicitar al Gobierno del Estado de Puebla y al Honorable Congreso del Estado de Puebla, la exclusión del Municipio de Soltepec, Puebla del Organismo Público Descentralizado denominado "Ciudad Modelo" en específico del Decreto de fecha 27 de enero de 2017.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Con fecha vei
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200598-726d7e20/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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