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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE Y SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO TIENEN LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O, AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL (ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN INICIAL DEL DERECHO DE VÍA Y TERRENOS, DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, CELEBRADA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO, DE LA CONAGUA CON EL APODERADO GENERAL DE LA EMPRESA CONACZA).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 116/2018. · Registro digital (IUS): 200723
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 116/2018. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. 20 DE MAYO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y PRESIDENTE JAVIER LAYNEZ POTISEK. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de mayo de dos mil veinte.

VISTOS, para resolver el expediente de la controversia constitucional identificada al rubro; y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, recibido el día veintiocho siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente y las Secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, en representación del Poder Legislativo de esa Entidad, promovieron controversia constitucional, en la que demandaron la invalidez de diversos actos y señalaron terceros interesados.

SEGUNDO. Autoridades demandadas y actos cuya invalidez se demanda.

Autoridades demandadas:

1. Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

2. Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

3. Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(1) y la Comisión Nacional del Agua.(2)

4. Gobierno Municipal de León, Guanajuato, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.

Actos:

1. Acta de entrega-recepción inicial del derecho de vía y terrenos, de fecha 7 de octubre de 2014, sin autorización del Ejecutivo ni del Congreso, ambos del Estado de Jalisco.

2. Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal, a través de la SEMARNAT, por conducto de la CONAGUA y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del Río Verde, celebrado el 1 de septiembre del 2005, por la omisión de presentar una manifestación de impacto ambiental para la ejecución del acueducto Zapotillo-León.

3. Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal, a través de la SEMARNAT, por conducto de la CONAGUA y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del Río Verde, celebrado con fecha 1 de septiembre de 2005, por la omisión de presentar un estudio de riesgo de impactos ambientales y sociales al amparo del principio precautorio establecido en el principio 15 y del principio de evaluación ambiental consignado en el principio 17, ambos de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y de lo establecido por el artículo 4 constitucional.

4. Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal, a través de la SEMARNAT, por conducto de la CONAGUA y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del Río Verde, celebrado con fecha 1 de septiembre de 2005, por la omisión para dar cumplimiento a los derechos humanos afectados por el pretendido trasvase de agua de la presa El Zapotillo a la Ciudad de León, Guanajuato.

5. Acuerdo del Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco por el que se otorga permiso para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino, dentro de los derechos de vía de la carretera estatal número 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe.

TERCERO. Antecedentes. En la demanda se aluden los siguientes.

A. El 7 de abril de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se declara la reserva de las aguas nacionales superficiales en la cuenca del Río Verde para usos doméstico y público urbano".(3)

B. Con fecha 17 de noviembre de 1997, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto presidencial por el que se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 2 del Decreto que declara la reserva de las aguas nacionales superficiales en la cuenca del Río Verde para usos domésticos y público urbano publicado en el año de 1995.

C. El 1 de septiembre de 2005, el Ejecutivo Federal, a través de la SEMARNAT, por conducto de la CONAGUA, celebró con los Estados de Guanajuato y Jalisco un acuerdo de coordinación para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del Río Verde.(4)

Que en la declaración IV.3 del citado acuerdo, las partes manifestaron que el mismo tenía como objetivo "(...) lograr el abastecimiento de agua potable a las ciudades de León, Guanajuato, localidades de Los Altos en el Estado de Jalisco y a la zona conurbada de Guadalajara a partir de la construcción e infraestructura en el Río Verde (...)".

D. El 1 de agosto de dos mil siete, estaba aprobado el proyecto de la presa El Zapotillo por las autoridades ambientales, con una cortina de ochenta metros.

Para lograr un mayor aprovechamiento de las aguas del Río Verde, el titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la CONAGUA, junto con los titulares de los Poderes Ejecutivos de Guanajuato y Jalisco celebraron el "Acuerdo de Entendimiento entre la CONAGUA, el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Gobierno del Estado de Jalisco en relación al Proyecto Sistema Zapotillo".

Mediante dicho acto, el Gobierno del Estado de Jalisco reitera su posición de dar cumplimiento a lo establecido en el "Acuerdo de Coordinación" que señala volúmenes anuales máximos de 119’837,000 m3 para la Ciudad de León, Guanajuato y de 56’764,800 m3 para Los Altos de Jalisco. Con el incremento en la altura de la cortina de 80 a 105 metros, a efecto de que se aprovechara un volumen anual máximo adicional de 104’068,000 m3 para el Estado de Jalisco.

Se dispuso que el volumen máximo adicional correspondería a Jalisco, dado que Guanajuato ya había llegado al límite de aprovechamiento que le correspondía conforme al Decreto de 7 de abril de 1995, modificado el 17 de noviembre de 1997 a que se ha hecho referencia.

E. El 16 de octubre del 2007, en seguimiento al acuerdo de entendimiento de 1 de agosto de 2007, las partes firmaron el "Convenio de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema presa El Zapotillo y acueducto El Zapotillo-Altos de Jalisco-León, Guanajuato".

La modificación al proyecto inicial, esto es, la elevación en la altura de la cortina de la presa, fue planteada a la SEMARNAT, dado el impacto que tendría en la manifestación del impacto ambiental presentada originalmente.

F. Con fecha 7 de agosto de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional **********, promovida por el Congreso del Estado de Jalisco, en contra del Convenio de Coordinación celebrado el 17 de octubre de 2007 por el Ejecutivo Federal, a través de la SEMARNAT por conducto de la CONAGUA, y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema presa El Zapotillo y acueducto El Zapotillo-Altos de Jalisco-León, Guanajuato, determina declarar su invalidez. Ordena que la construcción de la obra identificada como presa El Zapotillo y acueducto El Zapotillo-Altos de Jalisco-León Guanajuato, se realice en los términos del "Acuerdo de coordinación para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del Río Verde", suscrito el 1 de septiembre de 2005, esto es, en función del proyecto original que contemplaba una altura de cortina de ochenta metros que permita aprovechar para la Ciudad de León, Guanajuato un volumen anual máximo de 11’837,000 m3, para las localidades de Los Altos de Jalisco, un volumen anual máximo de 56’764,800 m3.

Refiere que la presa de Arcediano -proyecto cancelado- fuente de abastecimiento de agua para los cuatro Municipios más importantes de la ZCG,(5) refleja que actualmente no se contempla un proyecto que dote de agua a la ZCG.

Precisa que con fecha 1 de junio de 2016, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de su entonces titular, suscribió el denominado "Acuerdo del Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco por el que se otorga permiso para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino, dentro de los derechos de vía de la carretera estatal número 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe".

Asimismo, que dicho acuerdo autoriza a la CONAGUA para construir una línea de agua potable denominada "Acueducto El Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León Guanajuato", sobre el derecho de vía de la carretera estatal código 337, Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe, en el tramo comprendido del Km. 3+110 al 16+250, en los Municipios de Cañadas de Obregón y Valle de Guadalupe, Jalisco.

Documento del cual, la actora destaca: "la titularidad del derecho que la [CONAGUA] adquiere por el otorgamiento del presente permiso es intransferible a terceras personas, sin embargo, podrá ejecutar el presente permiso por sí, o por tercera persona, la construcción, operación y mantenimiento de la obras autorizadas en el presente permiso".

Indica que el Ejecutivo del Estado, a través de una de sus Secretarías, celebró un acto jurídico que trasciende el período de su administración, que concluye el 5 de diciembre de 2018, por lo que violentó el artículo 35, fracciones II y XI de la Constitución Política del Estado de Jalisco,(6) en perjuicio a los intereses del patrimonio y del bien público del Estado, en un acto arbitrariamente unilateral.

A fin de operar el proyecto presa El Zapotillo, se otorgó concesión para la construcción, operación y mantenimiento del acueducto correspondiente, otorgada a la "**********", según el "Acta del fallo del Concurso Público Internacional No. CNA-SGAPDS-OCLSP-JAL-GTO-10-001 CP", de 19 de septiembre de 2011, por un término de veinticinco años.

Derivado del proyecto presa El Zapotillo y su acueducto Zapotillo-León, al amparo de los acuerdos de distribución (2005), con fecha 7 de octubre de 2014, el entonces Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la CONAGUA y el Apoderado General, de la empresa denominada **********,(7) hicieron constar el acta de entrega recepción inicial del derecho de vía y terrenos.

A manera de hechos, señala afectaciones por la pretendida construcción del acueducto Zapotillo-León y su transvase de agua de la cuenca del Río Verde a la cuenca del Río Lerma, a las asociaciones ganaderas, cooperativas, productores independientes y a la sociedad en general.

Hace alusión a diversos estudios proporcionados por investigadores, que demuestran que las aguas subterráneas en la Región Alteña están disminuyendo y que las aguas superficiales, junto con las lluvias que les alimentan, son cada vez más escasas e impredecibles, amenazando la subsistencia productiva y el abastecimiento de las poblaciones alteñas; que dice, se confirma con el Programa Nacional Hídrico, de 8 de abril de 2014.

CUARTO. Trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 116/2018, asimismo, designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.

En proveído de seis de julio de dos mil dieciocho, el Ministro instructor desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de controversia constitucional.

Inconforme con esa determinación, el Congreso del Estado de Jalisco, interpuso el recurso de reclamación **********, resuelto en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, por la Primera Sala de este Tribunal Constitucional, que declaró parcialmente fundados los agravios y revocó el acuerdo recurrido.

Derivado de lo anterior, en proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió la demanda únicamente por los actos y autoridades que se indican enseguida.

1. El acta de entrega-recepción inicial del derecho de vía y terrenos, de siete de octubre de dos mil catorce, celebrada por el Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, de la CONAGUA con el apoderado de la empresa **********.

2. El "Acuerdo del Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco de uno de junio de dos mil dieciséis, por el que se otorga permiso para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino, dentro del derecho de vía de la carretera estatal número 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe".

Tuvo como demandadas al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y al Poder Ejecutivo Federal del cual depende el Director General de la CONAGUA, como terceros interesados a los Municipios de Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno y Unión de San Antonio, todos del Estado de Jalisco; y al Municipio de León, Estado de Guanajuato. Se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

QUINTO. Preceptos constitucionales señalados como violados. El actor citó como transgredidos en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 14, 15, fracción VII y 35, fracciones II y XI de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

SEXTO. Contestación a la demanda.

Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Manifestó lo que en esencia se indica a continuación.

"Que constituye hecho notorio la controversia constitucional **********, resuelta mediante ejecutoria de fecha 7 de agosto de 2013 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de la invalidez del Convenio de Coordinación Celebrado por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la (...) CONAGUA y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema presa El Zapotillo y acueducto, el Zapotillo-Altos de Jalisco-León, Guanajuato, suscrito el 16 de octubre de 2007.

La declaratoria de invalidez no implicó detener la construcción de la obra denominada presa El Zapotillo y acueducto EL Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León, Guanajuato, sino únicamente que se lleve a cabo en los términos pactados por las partes en el acueducto de coordinación para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del Río Verde, suscrito el 1 de septiembre de 2005, esto es, en función del proyecto original que contemplaba una altura de cortina de ochenta metros que permita aprovechar para la Ciudad de León Guanajuato un volumen anual máximo de 11´837,000 m³, y para las localidades de Los Altos de Jalisco, volumen anual máximo de 56´764,800 m³.

Por lo que respecta a los actos aquí demandados, el Acta de entrega recepción inicial del derecho de vía y terrenos, de siete de octubre de dos mil catorce, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco no fue parte.

Respecto del acuerdo de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, es cierto que con fecha uno de junio de dos mil dieciséis, el Secretario del ramo acordó otorgar permiso para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino, dentro de los derechos de vía de la carretera estatal número 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe. Cuyos motivos y fundamentos se contienen en dicho acuerdo".

Contestación del Poder Ejecutivo Federal. Preliminarmente, hizo valer las causas de improcedencia previstas en las fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria.

Precisó, que cesaron los efectos de los actos impugnados, a raíz de la terminación del título de concesión (por renuncia de la **********, el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, con número de referencia **********) y que los actos impugnados no son susceptibles de cumplirse en los términos en que fueron emitidos.

Del mismo modo, la falta de interés legítimo del actor para promover en controversia constitucional, por no acreditar una invasión a su esfera de competencias, de conformidad con lo previsto por el artículo 105, fracción I, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se refiere a conflictos de legalidad al interior de una entidad federativa.

El consentimiento tácito por parte del actor sobre el título de concesión número ********** de fecha catorce de octubre de dos mil once, del cual derivan los actos impugnados; por no haber impugnado oportunamente a pesar de conocer su existencia.

Ausencia de conceptos de invalidez o causa de pedir, en torno a la alegada invasión de esferas competenciales.

No se hace referencia a la contestación realizada a los conceptos de invalidez, debido al sentido en que será resuelto el asunto.

SÉPTIMO. Alegatos. El Poder Ejecutivo Federal, insistió en las causas de improcedencia hechas valer en su contestación a la demanda.

Por su parte, el Ejecutivo del Estado de Jalisco hizo valer la extemporaneidad de la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, fracciones I y II de la Ley Reglamentaria, porque si bien la parte actora manifestó que tuvo conocimiento de los actos impugnados en veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en razón de que en esa fecha se aprobó el acuerdo legislativo, del contenido de dicho acuerdo número AL-1787-LXI-18 se advierte que el mismo fue presentado ante la Dirección de Procesos Legislativos desde el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, de manera que en esa fecha la parte actora tenía conocimiento del acto impugnado.

OCTAVO. Opinión de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República no rindió opinión a pesar de estar debidamente notificado.

NOVENO. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos de los artículos 32 y 34 de la propia Ley, se hizo relación de constancias, se tuvieron por exhibidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO. Avocamiento en la Segunda Sala. Previo dictamen, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.

Consecuente con ello, en sesión pública de trece de mayo del dos mil veinte, la Segunda Sala, actuando como órgano colegiado, se avocó al conocimiento del asunto.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso a) y h) de la Constitución Federal,(8) y 10, fracción I,(9) en relación con el 11, fracción V(10) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y puntos segundo y tercero del Acuerdo General del Tribunal Pleno número 5/2013,(11) ya que no se requiere la intervención del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. Legitimación.

Legitimación activa. El Presidente y Secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, quienes acreditan su carácter con la documental certificada relativa al acuerdo legislativo de quince de febrero de dos mil dieciocho, el cual los designa por el período que comprende del uno de marzo al treinta de junio de dos mil dieciocho,(12) de conformidad con los artículos 10, fracción I(13) y 11, párrafo primero(14) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 39, numeral 1, fracción V(15) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

En esos términos, quien interpone el presente asunto cuenta con la legitimación al efecto.

Legitimación pasiva. Se tuvo como autoridades demandadas al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y al Poder Ejecutivo Federal, del cual depende el Director General de la CONAGUA.(16)

Tales autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero de la Ley Reglamentaria, que otorgan carácter de demandada a la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.

En representación del Poder Ejecutivo Federal, acudió al juicio su Consejero Jurídico, quien acreditó tal carácter con copia certificada del nombramiento que le fue expedido el uno de diciembre de dos mil dieciocho,(17) por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuya representación ostentada se prevé en el artículo 43, fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal(18) y Único del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno.(19)

Por el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, compareció el Consejero Jurídico, quien justificó tal carácter con la copia certificada del Acuerdo del Gobernador Constitucional de la Entidad, de seis de diciembre de dos mil dieciocho,(20) en términos del artículo 44, numeral 1, fracción I(21) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Conforme a lo anterior, cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio y con facultades para representar a los demandados poderes cuyos actos se impugnan.

TERCERO. Precisión de los actos. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(22) se precisa que en el presente caso se admitió la demanda respecto de:

1. Acta de entrega-recepción inicial del derecho de vía y terrenos, de siete de octubre de dos mil catorce, celebrada por el Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, de la CONAGUA con el apoderado general de la empresa **********.

2. Acuerdo del Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco de uno de junio de dos mil dieciséis, por el que se otorga permiso para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino, dentro del derecho de vía de la carretera estatal número 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe.

CUARTO. Oportunidad. El artículo 21, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia(23) señala que el plazo para promover controversias constitucionales contra actos será de treinta días, contados a partir del siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos, mientras que para impugnar normas generales el plazo será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada, o del día siguiente al en que se produzca su primer acto de aplicación.

En la especie, el actor se ostentó sabedor de los actos impugnados el día veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, lo cual se atiende para computar el plazo de treinta días para la presentación de la demanda, dado el sentido que regirá en este fallo. Así que el plazo transcurrió del lunes veintiocho de mayo de dos mil dieciocho al viernes seis de julio de ese año,(24) por lo cual es oportuna al haberse presentado el veintiuno de junio de dos mil dieciocho.

QUINTO. Causales de improcedencia. Se procede a analizar las hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio.

Las autoridades demandadas plantearon las causales de improcedencia previstas en el artículo 19, fracciones V, VI, VII y VIII de la Ley Reglamentaria de la materia, es decir:

Que el actor carece de interés legítimo para impugnar los actos de mérito en tanto que no afectan su esfera de competencia; los impugnados se emitieron en cumplimiento de una resolución jurisdiccional, no expone argumentos capaces de ser considerados como verdaderos motivos de invalidez o causa de pedir, y que cesaron los efectos de los impugnados.

Precisado lo anterior, y por razón de técnica, esta Segunda Sala estudiará en primer término la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII(25) de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso h)(26) de la Constitución Federal, relativa a la falta de interés legítimo.

Concepto sobre el cual, en la controversia constitucional **********, el Tribunal Pleno consideró que debía entenderse la afectación que resienten en su esfera de atribuciones las entidades, poderes u órganos referidos en la fracción I del artículo 105 constitucional, en razón de su especial situación frente al acto que consideran lesivo. Así también, que dicho interés se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada es susceptible de causar un perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve, en razón de la situación de hecho en que se encuentra, la cual necesariamente debe estar tutelada legalmente para que pueda demandarse su estricta observancia. Las anteriores consideraciones se recogen en la siguiente tesis de jurisprudencia: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA".(27)

En ocasión de la diversa controversia constitucional **********, se determinó que cuando la norma impugnada no afecta, en modo alguno, el ámbito de atribuciones de la entidad actora y tal circunstancia revela, de forma clara e inobjetable, la improcedencia de la vía, no procede desestimar la improcedencia para vincularla al estudio de fondo, sino sobreseer con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de la materia y 105, fracción I de la Constitución Federal. Con motivo de lo resuelto en este asunto, se emitió la siguiente tesis jurisprudencial: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN".(28)

Particularmente, el Tribunal Pleno, al resolver el recurso de reclamación **********, en sesión de tres de diciembre de dos mil diecinueve, estableció que no toda violación constitucional puede analizarse en vía de controversia constitucional, sino sólo las relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláusula federal, delimitando el universo de posibles conflictos a los que versen sobre la invasión, vulneración o afectación a las esferas competenciales trazadas desde el texto constitucional.

Especialmente, en torno al criterio o principio de afectación, que se ha interpretado en sentido amplio, es decir, que debe existir un principio de agravio, el cual puede derivar no sólo de la invasión competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las garantías institucionales previstas en su favor o incluso prerrogativas relativas a cuestiones presupuestales; también se ha dicho que tal amplitud siempre debe entenderse en el contexto de afectaciones a los ámbitos competenciales.

En ese tenor, el Tribunal Pleno identificó como hipótesis de improcedencia de la controversia constitucional, cuando las partes aleguen exclusivamente las siguientes violaciones:

1. A cláusulas sustantivas, diversas a las competenciales.

2. De estricta legalidad.

Lo anterior conforme al criterio jurisprudencial P./J. 42/2015 (10a.), de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO".(29)

En ese orden de ideas, -se dijo- si de la demanda de controversia constitucional se aprecia que la pretensión del actor no se trata de una impugnación respecto de una violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino de un mero conflicto de legalidad que no involucra violaciones a órbitas competenciales, entonces la controversia constitucional es improcedente.

Ahora, en el asunto que aquí nos ocupa, los antecedentes arriba referidos, ponen de relieve que con fecha uno de septiembre de dos mil cinco, el Ejecutivo Federal, así como los Estados de Guanajuato y Jalisco, celebraron acuerdo de coordinación para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del Río Verde, con objeto de abastecer de agua potable a la Ciudad de León, Guanajuato, localidades de los Altos en el Estado de Jalisco y la ZCG, a partir de la construcción de infraestructura en el Río Verde, mediante la celebración de anexos técnicos y de ejecución.

Que se otorgó concesión para la construcción, operación y mantenimiento del acueducto correspondiente al "Acta del FALLO DEL CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL No. CNA-SGAPDS-OCLSP-

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200723-c22291c7/i-controversia-constitucional-el-presidente-y-secretarias-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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