PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTELEÓN, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE DICIEMBRE DE 1993, QUE FIJA UN PORCENTAJE SOBRE EL SALARIO DE COTIZACIÓN NETO INFERIOR PARA LOS HOMBRES, AUNQUE TENGAN LOS MISMOS AÑOS DE SERVICIO QUE LAS MUJERES, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD DE TRATO ANTE LA LEY, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO EN REVISIÓN 559/2005. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Son inoperantes e infundados los agravios planteados por la autoridad recurrente, por las razones que a continuación se detallan.
Para mejor comprensión de las consideraciones que sustentan esta ejecutoria, es pertinente reseñar los antecedentes del asunto.
José Luis Hernández Mata, promovió juicio de amparo indirecto contra actos atribuidos al Congreso del Estado y otras autoridades, consistentes sustancialmente en:
1. Inconstitucionalidad del artículo sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, en el que se contiene una diferencia en el porcentaje de pensión que tienen derecho a disfrutar hombres y mujeres.
2. La aplicación en el dictamen de jubilación de treinta de mayo de dos mil cinco, del porcentaje mensual de pensión de noventa por ciento, por treinta y un años de servicio con un salario de cotización neto de $27,187.70 (veintisiete mil ciento ochenta y siete pesos con setenta centavos) para pagarle sólo mensualmente $24,468.93 (veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos con noventa y tres centavos), en base a la disposición del artículo sexto transitorio en comento.
Al resolver, el Juez Federal concedió el amparo al quejoso al considerar que el artículo sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, y el otorgamiento en comento fue para el efecto de que se desincorporara de la esfera jurídica de aquél el precepto impugnado, dejando sin efectos el dictamen de jubilación señalado como primer acto de aplicación y se dictara otro en el que se le diera un trato idéntico al que señala el mencionado artículo sexto para las mujeres. Además, hizo extensiva la concesión al acto de aplicación, por haberse fundamentado en una norma inconstitucional.
En oposición a lo expuesto, la autoridad recurrente adujo los agravios que a continuación se estudian, aunque por cuestión de técnica su análisis se hará en diverso orden al planteado.
Así pues, en el segundo de los agravios la autoridad inconforme textualmente dice:
"Segundo. Someto a consideración de esa autoridad federal la causal de improcedencia que hago valer con fundamento en artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados por el quejoso a través del juicio de amparo al cual se comparece, pueden ser modificados, revocados o nulificados mediante la promoción del juicio contencioso administrativo, ante el propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León.
"Lo anterior es así debido a que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, en su artículo 17, fracción VII, establece como competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, conocer de los juicios que se promuevan contra actos dictados: ‘... en materia de pensiones con cargo al erario estatal o a cargo de los Municipios de la entidad o de las instituciones estatales o municipales de seguridad social.’. Recuérdese que el demandante ocurre al juicio de amparo (erróneamente) a reclamar los dictámenes de jubilación que le fueron expedidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nueva León, lo que constituye un acto en materia de pensiones propiamente.
"Por tanto, si la parte quejosa no hizo valer tal medio de defensa legal establecido a su favor (juicio contencioso administrativo, artículo 17, fracción VII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León), antes de acudir al juicio de garantías, debe considerarse que no se ha respetado el principio de definitividad que rige en materia de amparo, y ante tales circunstancias, lo conducente es decretar la improcedencia de la acción de amparo impetrada.
"‘RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.’ (se transcribe) ‘RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).’" (se transcribe)
Las anteriores manifestaciones son inoperantes, en atención a que son una repetición casi literal de los argumentos expuestos por la autoridad responsable en el juicio de amparo al momento de rendir su informe justificado, con los que no controvierte las razones que adoptó el Juez Federal para estimar infundada la causa de improcedencia planteada por la aquí recurrente.
Efectivamente, son inoperantes los agravios que reproducen literalmente los cuestionamientos aducidos en el informe justificado, sin impugnar concretamente las consideraciones que adoptó el juzgador para desvirtuar la causa de improcedencia planteada; toda vez que lo contrario implicaría que el órgano revisor soslaye la insuficiencia de los agravios en asuntos que no es dable suplir la queja deficiente, como lo es el caso de los agravios expresados por la autoridad que interpone el recurso de revisión.
Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis 1a. CIII/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo XIV, diciembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS FORMULADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SI SE LIMITAN A REPRODUCIR LITERALMENTE LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 83, fracción IV, 87 y 88 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable que obtuvo sentencia de amparo desfavorable a sus intereses puede interponer el recurso de revisión, expresando los agravios que considere le causa la sentencia recurrida. Ahora bien, si la autoridad recurrente al formular sus agravios no combate consideración alguna de dicha sentencia, sino que se limita a reproducir literalmente los argumentos expresados al rendir su informe justificado en el juicio de amparo, los cuales se encuentran dirigidos a controvertir lo expuesto en los conceptos de violación que planteó el quejoso en su demanda de garantías, resulta inconcuso que dichos agravios devienen inoperantes. Ello es así, porque al ser la materia de la revisión la sentencia recurrida y no los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías, en los agravios deben formularse razonamientos lógico-jurídicos encaminados a combatir las consideraciones que sustentan la concesión del amparo, sin que sea dable suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo previsto en el artículo 76 bis de la mencionada ley, pues aquélla sólo se admite respecto del particular recurrente y no respecto de la autoridad revisionista."
De igual modo apoya lo expuesto la jurisprudencia VII.A.T. J/1, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, que este tribunal comparte, visible en la página 126, Tomo II, julio de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"AUTORIDADES RESPONSABLES. AGRAVIOS INOPERANTES, LO SON CUANDO SE REITERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA INVOCADA EN EL JUICIO Y NO SE ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LLEVARON A DESESTIMARLA. Cuando las recurrentes sólo se limitan en los agravios a reiterar la causal de improcedencia invocada al rendir su informe justificado en el juicio de amparo, sin que expresen razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones en que se apoyó el Juez de Distrito para desestimar esa causal, dichos agravios resultan inoperantes para conducir a la revocación o modificación de la sentencia recurrida tomando en cuenta que para ese efecto deben destruirse todos los argumentos de la misma."
Ahora bien, en el caso concreto, la autoridad en su informe con justificación dijo:
"Estimo que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados por el quejoso a través del juicio de amparo al cual se comparece, pueden ser modificados, revocados o nulificados, mediante la promoción del juicio contencioso administrativo, ante el propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León.
"Lo anterior es así debido a que en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, en su artículo 17, fracción VII, se establece como competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, conocer de los juicios que se promuevan contra actos dictados: ‘... en materia de pensiones con cargo al erario estatal o a cargo de los Municipios de la entidad, o de las instituciones estatales o municipales de seguridad social ...’. Recuérdese que el amparista ocurre al juicio de amparo (erróneamente) a reclamar el dictamen de jubilación que le fue expedido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, lo que constituye un acto en materia de pensiones propiamente.
"Por tanto, si la parte quejosa no hizo valer tal medio de defensa legal establecido a su favor antes de acudir al juicio de garantías, debe considerarse que no se ha respetado el principio de definitividad que rige en materia de amparo, y ante tales circunstancias lo conducente es decretar la improcedencia de la acción de amparo impetrada.
"Invoco como aplicables a la presente causal de improcedencia y sobreseimiento las siguientes tesis jurisprudenciales.
"‘RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.’" (se transcribe). ‘RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).’" (se transcribe) (fojas 18 y 19).
Como puede observarse, de la simple confronta entre los argumentos formulados en el informe justificado y los planteados como agravios en esta instancia, se arriba a la conclusión de que estos últimos son una repetición literal de los primeros, sin que se aporten nuevos elementos que combatan las consideraciones que el a quo adoptó al momento de declarar infundada la causa de improcedencia planteada por la autoridad responsable, tales como que:
- Lo que reclamó el quejoso es la falta absoluta de fundamentación y motivación, al actualizarse el primer acto de aplicación de la norma reclamada.
- Por tal razón, se actualizó la excepción al principio de definitividad.
- La falta de fundamentación constituye una violación directa a la Constitución y no una cuestión de legalidad; y en mérito de ello es que se actualizó la excepción contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo.
De lo anterior se concluye que la parte recurrente no se ocupó de mostrar cuáles son sus argumentos para combatir las referidas consideraciones que el Juez de amparo emitió en la sentencia constitucional para desvirtuar la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo; por tanto, deviene inconcuso que los agravios esgrimidos por la autoridad inconforme son inoperantes.
Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 3a./J.30 13/89, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 277, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto rezan:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida."
Por otra parte, la autoridad recurrente sostiene a guisa de primer agravio, que en el caso se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII de la Ley de Amparo, porque el quejoso promovió el juicio de amparo contra la constitucionalidad del artículo sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, y esta norma tiene el carácter de autoaplicativa; por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, debió promover el juicio de garantías dentro de los treinta días posteriores al en que entró en vigor la norma cuestionada, es decir, a partir del día catorce de octubre de mil novecientos noventa y tres; y si no lo hizo así, es patente que consintió tácitamente dicho acto, sobreviniendo por ello el sobreseimiento previsto en el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia.
Esto es infundado, porque como enseguida se verá, independientemente de que la norma cuestionada sea o no autoaplicativa, la ley establece dos momentos para la interposición de la demanda en tratándose del amparo contra leyes, a saber, a partir de la sola entrada en vigor de aquéllas o bien, a partir del acto de su aplicación; y es el caso que el quejoso interpuso la demanda con motivo del acto de aplicación, y de la fecha de ese acto al de la interposición de la demanda transcurrieron sólo quince días, lo que significa que se presentó dentro del término de ley y, por ende, no existió el consentimiento tácito que alude la recurrente.
Efectivamente, los artículos 21, 22, fracción I y 73, fracción XII, párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, textualmente dicen:
"Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."
"Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:
"I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días."
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XII. ... No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.
"Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad."
De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se desprende lo siguiente.
En el supuesto de que la norma tenga carácter de autoaplicativa, el término para la interposición de la demanda de garantías es dentro de los treinta días siguientes al de la fecha en que se inició su vigencia (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo).
Ahora bien, también se desprende de los dispositivos comentados que tratándose de normas autoaplicativas que no fueron impugnadas dentro del término de treinta días a partir del inicio de su vigencia, la Ley de Amparo, prevé que podrán ser reclamadas en vía de amparo indirecto, dentro de los quince días siguientes al que se efectúe el acto de aplicación de la norma; término que también se aplica cuando la norma tiene carácter de heteroaplicativa (artículo 21 de la misma ley); y,
Finalmente, se advierte de tales preceptos que puede plantearse la inconstitucionalidad de una norma a través del juicio de amparo directo, dentro de ese mismo lapso (quince días), contado desde el siguiente día a aquel en el que surte sus efectos la notificación del fallo o resolución que recayeron al recurso o medio de defensa que la propia disposición legislativa otorgue al gobernado, por virtud del cual ese acto de aplicación pudo ser modificado, revocado o nulificado (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley invocada).
Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis aislada emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. De un análisis cuidadoso de las leyes se advierte que además de las hipótesis anteriormente consignadas en tesis de esta Suprema Corte relativas a leyes autoaplicativas, limitadas a los casos en que una ley desde el momento de su vigencia vincula a un particular a su cumplimiento y, por lo mismo, afecta sus intereses jurídicos, sin que se requiera de un acto concreto de aplicación, y leyes heteroaplicativas, que se refieren a aquellas que necesitan de un acto concreto de aplicación para que afecten a un particular, existen otras que si bien no requieren de ese acto concreto, para afectar a un particular, esa afectación no se produce desde la vigencia de la ley sino al producirse la condición a la que se encuentra sujeta la afectación. Tomando en cuenta esta distinción debe concluirse que si bien, por regla general, una ley autoaplicativa puede ser impugnada como tal, ya sea dentro del término de los treinta días siguientes al de su entrada en vigor, o dentro de los quince días siguientes al primer acto concreto de aplicación, en los casos en que la ley no afecta los intereses jurídicos de los particulares desde la iniciación de su vigencia, al no vincularlos a su cumplimiento, sino que es necesario, primero, que se cumpla la condición establecida en la misma, podrá promoverse el amparo dentro de los treinta días siguientes al en que se cumpla, siempre y cuando los particulares queden automáticamente dentro de la hipótesis de su aplicación posterior, pudiendo, también, si éste se produce, reclamarla dentro de los quince días siguientes a su notificación."
Puntualizado, que en el caso de las normas de carácter autoaplicativo, éstas pueden ser impugnadas como tales dentro de los treinta días siguientes al de su entrada en vigor, o dentro de los quince días siguientes al de su primer acto de aplicación, se tiene, que en el caso, independientemente de la calidad de la norma impugnada, es factible que ésta pueda ser reclamada con motivo de su primer acto de aplicación.
Luego, si en el asunto en particular se desprende que la demanda de garantías fue promovida por el quejoso con motivo de su primer acto de su aplicación consistente en el dictamen de jubilación expedido el treinta de mayo de dos mil cinco, visible a foja ocho, ya que en el apartado de "acto reclamado", aquél textualmente refirió que "... se acompaña desde ahora como elemento de convicción de mi parte el dictamen de jubilación expedido el 30 de mayo del año en curso y en el que se aplica por primera vez la ley tildada de inconstitucional"; y que de la fecha del dictamen al de interposición de la demanda, veinte de junio del propio año, transcurrieron exactamente quince días; es inconcuso, que en oposición a lo sustentado por la autoridad recurrente, no se consintió tácitamente la norma reclamada, puesto que el amparo fue promovido dentro del término que para tal efecto señala la ley.
En esta tesitura, el primero de los agravios planteados por la recurrente, resulta infundado.
En otra directriz, la recurrente refiere en el tercer agravio que el Juez Federal pasó inadvertido que el concepto de igualdad se traduce jurídicamente en que varias personas se encuentren en determinada situación, tengan la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos y de contraer las mismas obligaciones; por lo que, bajo esa idea, el varón y la mujer son iguales sólo por lo que respecta a su naturaleza genérica como seres humanos, ya que en lo que corresponde a cualidades biológicas, físicas, psicológicas, estructurales, son desiguales, y por tal razón la igualdad no debe interpretarse como absoluta entre ambos sexos.
Agrega, que el trato igual a los iguales no se da en el caso concreto dadas las diferencias esenciales que se mencionaron; lo cual se robustece con la interpretación teleológica del artículo 1o. constitucional, pues al decir "individuo" se está refiriendo tanto a la mujer como al hombre; por lo que, la diferencia de años prestados que la ley exige al hombre y a la mujer para jubilarse con el monto proporcional de la pensión que indica, no viola la garantía de igualdad, sino por el contrario, el Congreso al expedir la ley consideró las características esenciales de la mujer que por naturaleza debe soportar ciertos trastornos físicos (maternidad), y a fin de salvaguardarlas, dispuso que se jubilaran a los veintiocho años de servicio, dos años menos que en el caso del hombre.
Estos argumentos son infundados, por las razones siguientes.
Así es, el precepto impugnado, en lo conducente dispone:
"Sexto. Los servidores públicos que se encontraban sujetos al régimen de cotización previsto en el ordenamiento abrogado, podrán jubilarse a los treinta años de servicio y veintiocho en el caso de la mujer, alcanzando una pensión proporcional a su último salario de cotización neto, conforme a la siguiente tabla:
"Años de Servicio Años de Servicio Monto de la mujeres hombres pensión
28 30 85%
29 31 90%
30 32 95%
31 33 100%"
Ahora bien, la parte del artículo que el agraviado estimó inconstitucional es aquella en la cual se establece el monto de las pensiones que deberán recibir los servidores públicos que se encontraban sujetos al régimen de cotización de la ley abrogada, fijándose un porcentaje sobre el último salario de cotización neto, porcentaje que no es igual según se trate de hombres y mujeres, aunque se tengan los mismos años de servicio cotizados, consignándose siempre uno inferior para los varones.
Esta disposición, tal y como lo adujo el a quo, resulta violatoria de la garantía de igualdad contenida en el artículo 4o. constitucional, referida a la igualdad ante la ley de hombres y mujeres.
El artículo 4o. de la Constitución Federal, en su segundo párrafo, dispone:
"Artículo 4o. ... El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia."
La igualdad, como garantía individual, prevista de manera genérica por el artículo 1o. constitucional y retomada en diversos artículos constitucionales que establecen garantías específicas, presupone la existencia de una cierta y determinada situación en la cual se encuentran una pluralidad de sujetos y dentro de la cual tienen la capacidad de adquirir los mismos derechos y obligaciones.
Así, la igualdad jurídica es pues, el conjunto de posibilidades y capacidades inherentes al ser humano e implica una prohibición respecto a la instauración de distinciones o diferencias entre las personas como tales.
En otras palabras, la igualdad como contenido de la garantía individual se apoya en que todo ser humano, desde el momento en que nace, está colocado en una misma situación, aunque debe hacerse notar que esta noción abstracta de igualdad se ve permeada por las condiciones fácticas y sociológicas existentes, de tal manera que no siempre se puede dar el mismo trato a todos lo individuos, sino que se trata de que a todos aquellos colocados en la misma situación jurídica se les trate igual, lo que significa asimismo, que respetándose el principio de equidad, deberá darse trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.
En esa directriz, conviene retomar las ideas plasmadas en la exposición de motivos de la reforma al artículo 4o. constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.
En dicho texto, que incluyó modificaciones al artículo 123 constitucional, entre otros, se manifestó:
"... En cuanto el problema del empleo y subempleo, es la población femenil la que más resiente sus efectos. Por otra parte, las condiciones económicas de México reclaman la participación de la mujer en las actividades productivas, en la creación de riqueza y de nuevas fuentes de trabajo e ingresos para la familia mexicana. Pero esto no será una realidad y ni siquiera un programa, si antes no se rompen las barreras que hasta hoy han legitimado el alejamiento de la mujer de ciertas tareas que requieren habilidades y conocimientos más allá de la educación elemental. No sólo es indiscutible que la educación y el trabajo dignifica, sino también es incontestable que educación y trabajo son variables interdependientes, de tal manera que trabajar para educarse se complementa con la acción correlativa de educarse para trabajar. El trabajo y la educación son procesos creativos y por tanto liberadores. Dar educación y trabajo a la mujer no es sólo resolver problemas económicos sino fundamentalmente formar conciencias libres.-Para superar estos contrastes, es necesario que en el elevado plano constitucional quede asentada claramente, al lado de otros grandes principios rectores de la vida social, la igualdad entre hombres y mujeres. ... esta iniciativa enriquece la ideología libertaria y de solidaridad social de nuestra Constitución, ordenando la igualdad jurídica entre los sexos y enmarcándola entre los derechos a la educación y al trabajo; consagra la plena, indiscutible e impostergable igualdad de los varones y mujeres ante la ley, hace explícita una decisión de humanismo y solidaridad y recoge una demanda precisa e inequívoca de las mujeres. La elevación a norma constitucional de la iniciativa presentada, servirá de pauta para modificar leyes secundarias, federales y locales, que incluyen para las mujeres modos sutiles de discriminación, congruentes con las condiciones de desigualdad que éstas sufren en la vida familiar y colectiva. De ahí que el gobierno de la República esté empeñado en elevar la calidad de vida de sus hombres y mujeres de igual manera y formar en la conciencia de cada mexicano el sentido pleno de su responsabilidad histórica frente a la existencia cotidiana. En ello las mujeres deben ser factor determinante, para alcanzar junto con los varones la máxima capacidad para la aplicación de su inteligencia y la previsión racional del porvenir."
Esta reforma constitucional pretendió elevar el nivel de desarrollo nacional en todos sus aspectos; fortalecer la construcción de una sociedad más justa, formada por hombres y mujeres solidarios.
En ese contexto, la igualdad jurídica de hombres y mujeres ante la ley, derivada de un postulado constitucional, que tuvo por objeto evitar la discriminación de estas últimas en la vida familiar y colectiva, implica incluso en el ámbito laboral, reconocer el papel importantísimo que desempeña la mujer mexicana en la vida económica del país, en razón de que la mitad o más de nuestro potencial humano está constituido por mujeres capaces de enriquecer todos los espacios sociales, culturales, políticos nacionales, al mismo tiempo que logran su propia superación como personas, profesionistas y ciudadanas.
Asimismo, la exposición de motivos de la reforma constitucional que se reseña, al referirse específicamente a las cuestiones laborales señaló:
"El incremento de la participación de todos los ciudadanos en el trabajo fortalece la unidad nacional. A todos por igual, hombres y mujeres, nos hace corresponsables de los destinos nacionales. El sentido de nuestro desarrollo y la evolución de nuestro régimen político señala, como hemos visto, una actitud creciente de participación que se ha expresado en el cada vez más amplio concurso de la juventud y de la mujer, que reclama una expresión consecuente en el marco constitucional y jurídico que nos rige.-Ahora bien, el trabajo constituye una de las expresiones más nobles y efectivas de la participación dentro de la sociedad: promueve el perfeccionamiento de las instituciones, fortalece las perspectivas de desenvolvimiento personal de todos los miembros de la sociedad y asegura el logro del bienestar colectivo en condiciones de equidad social. ... Es llegado entonces el momento en que, tanto por merecimiento propio, como por un loable sentido de solidaridad social que la mujer mexicana ha manifestado reiteradamente, su acceso y libertad de empleo deban considerarse, en todos los casos, en un plano equiparable al del varón. Tal equiparación, constituye, por lo demás, una de las más trascendentes aplicaciones del gran principio general contenido en el nuevo artículo 4o. que en esta iniciativa he propuesto a vuestra soberanía. En las circunstancias actuales de nuestro avance social, la única diferencia que puede establecerse válidamente entre los derechos de la mujer y del varón, será aquella que se derive de la protección social a la maternidad, preservando la salud de la mujer y del producto en los periodos de gestación y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20076-053ac69e/pension-por-jubilacion-de-los-trabajadores-al-servicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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