I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (LA OMISIÓN DE ORDENAR, SUPERVISAR Y DAR RESPUESTA AL OFICIO 077/2020 SUSCRITO POR LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, POR EL CUAL SE REQUIRIÓ LA ENTREGA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS PARA ESE ORGANISMO, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO AL ESTAR VINCULADO CON LA APLICACIÓN DE UNA NORMA QUE HA CONCLUIDO SU VIGENCIA (OFICIO DGJ/DTL/298/2020 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN POR CONDUCTO DE LA DIRECTORA TÉCNICA Y DE LEGISLACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE ESA DEPENDENCIA, MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA QUE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS CONFORME AL DECRETO EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, POR EL QUE SE EMITIÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA ESE ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTE, PUEDE SER REDUCIDO UNILATERALMENTE, ASÍ COMO SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA NORMA IMPUGNADA CON MOTIVO DE SU ACTO DE APLICACIÓN CUANDO SE SOBRESEE EN RELACIÓN CON ÉSTE (ARTÍCULOS 3 DE LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y 1 Y 15 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 197/2020. ACTOR: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: ILLIANA CAMARILLO GONZÁLEZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 197/2020, que se promovió por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo.
ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por escrito y sus anexos depositados el veinte de noviembre de dos mil veinte en la oficina de correos de la localidad y recibidos el tres de diciembre siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Uble Mejía Mora, quien se ostenta como Secretario Ejecutivo y Encargado del Despacho de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, promovió controversia constitucional en contra de los actos y autoridades siguientes:
• Del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, la invasión a su esfera competencial, al no supervisar a la Secretaría de Finanzas y Administración, a su Dirección General Jurídica y a la Directora Técnica y de Legislación de esa Dirección, por intervenir en su autonomía y omitir ordenar a sus inferiores dieran respuesta a su oficio y exhorto en el que pide la entrega de recursos presupuestales. De igual manera, reclama la promulgación y publicación del artículo 3° de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, por su inconstitucionalidad.
• Del Secretario de Finanzas y Administración y de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración ambos del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, la invasión a la esfera competencial, así como la omisión de dar respuesta al acta de exhorto y oficio en el que se le pide la entrega de recursos presupuestales.
• De la Directora Técnica y de Legislación de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, la invasión a su esfera competencial en relación a la violación de la autonomía patrimonial y de gestión, además de la vulneración de los derechos humanos, así como la emisión del oficio número DGJ/DTL/298/2020, de fecha tres de noviembre de dos mil veinte, en el que se señala que los recursos económicos y financieros -presupuesto- otorgados por el Congreso del Estado de Michoacán, pueden ser reducidos unilateralmente por la Secretaría de Finanzas y Administración de esa entidad federativa.
• Del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y del Poder Ejecutivo Federal, la invasión a su esfera competencial por la discusión, aprobación y promulgación, respecto de la primera, así como por la promulgación y publicación, en relación con la segunda, de los artículos 1° y 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por ser inconstitucionales.
• Del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, la expedición del artículo 3° de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto y Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, por ser inconstitucional.
2. Antecedentes. La parte actora narró, en síntesis, los siguientes antecedentes:
• Por Decreto emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, se emitió el Presupuesto de Egresos para el Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, otorgando a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de esa entidad federativa, la cantidad de $86’500,000.00 (ochenta y seis millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional).
• El dieciocho de agosto de dos mil veinte, el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, emitió un Acuerdo del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, en el cual se exhortó al Secretario de Finanzas y Administración, de ese Estado, hiciera entrega de los recursos que el Congreso del Estado de Michoacán asignó a dicha Comisión en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veinte, relativos a gastos de operación (servicios personales y gasto operativo).
• Sin embargo, dichas partidas presupuestales no se han ministrado desde el mes de mayo de dos mil veinte, por la cantidad de $1´459,731.00 (un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional) respecto de cada mensualidad, por lo que la suma de los meses adeudados es la cantidad de $10´218,117.00 (diez millones doscientos dieciocho mil ciento diecisiete pesos 00/100 moneda nacional).
• El referido acuerdo de exhorto se envió al Secretario de Finanzas y Administración de esa entidad federativa, mediante oficio número 077/200, de veintinueve de septiembre de dos mil veinte.
• En respuesta el Secretario de Finanzas y Administración referido, por conducto de la Directora Técnica y de Legislación de la Dirección General Jurídica de esa dependencia, se refirió a su petición mediante oficio DGJ/DTL/298/2020, en el sentido de que:
a) El presupuesto otorgado por el Congreso del Estado está sujeto a ajustes presupuestarios cuando disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos de la referida entidad federativa.
b) El artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, dispone que la Secretaría de Finanzas puede aplicar ajustes al presupuesto de egresos, para cumplir con el principio de sostenibilidad, en los rubros de comunicación social, de gasto corriente y entregado directamente a la población y de gastos en servicios personales, en particular en percepciones extraordinarias; mencionando que, si los ajustes en estos rubros no son suficientes, puede realizarse en otros conceptos.
c) La Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, en su artículo 37, prevé que cuando disminuyan los ingresos, con base en el principio de sostenibilidad puede realizar ajustes en la forma indicada, sin afectar programas sociales.
d) A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, como órgano autónomo le aplican los supuestos de reducción del presupuesto, más aún porque las participaciones federales para el ejercicio fiscal dos mil veinte, sufrieron importantes reducciones con motivo de la pandemia de COVID-19.
e) Por ello, la solicitud de que se entreguen a la citada Comisión los recursos asignados en el presupuesto se encuentra condicionada a que la Secretaría de Finanzas y Administración tenga disponibilidad de recursos económicos, pues una cosa es el presupuesto “aprobado” y otra diferente que el presupuesto esté disponible, para que pueda realizar la transferencia y entrega de recursos económicos.
f) Por las razones indicadas y con fundamento en las disposiciones legales citadas, la falta de entrega de los recursos presupuestarios -transferencia para gastos de operación- está justificada.
• Conforme a ello, se niega a la Comisión actora acceder a su patrimonio otorgado por el Congreso del Estado de Michoacán en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, coartando el derecho a su autonomía de gestión presupuestaria y financiera, pues se le impide acceder a recursos que le son propios transgrediendo su patrimonio.
• Por lo que se vulnera su esfera competencial y de atribuciones, así como los derechos humanos previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales.
3. Conceptos de invalidez. La parte actora hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:
Primero. Violación a la autonomía de gestión presupuestaria, independencia orgánica, funcional, patrimonial y financiera. Violación cometida a los artículos 1° y 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los principios de progresividad, universalidad, interdependencia de los derechos humanos, por su falta de aplicación e inobservancia.
• El artículo 102, apartado B, de la Constitución General de la República prevé el régimen de organismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, estableciendo que deberán tener personalidad jurídica, autonomía de gestión presupuestaria y patrimonio propios, gozando de autonomía técnica y de gestión en sus atribuciones. Debiendo haber una Comisión Nacional y, los Estados deberán contar con un organismo análogo.
• La Constitución Política del Estado de Michoacán, prevé, como órgano autónomo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con las facultades, atribuciones y calidades previstas en la Constitución Federal.
• Una garantía de cumplimiento de las funciones y atribuciones de los organismos protectores de derechos humanos no jurisdiccionales estatales es gozar de una autonomía de gestión presupuestaria y patrimonio propio, entre ese patrimonio, se encuentran las partidas presupuestales asignadas por el órgano que fija el presupuesto, en este caso, los Congresos Estatales, para cada ejercicio fiscal.
• El otorgamiento de dicho presupuesto les confiere autonomía a dichos organismos, puesto que con ello, se genera la posibilidad para que cumplan con sus funciones, al poder contratar con personal y espacios físicos -además de gastos diversos de operación- para desplegar sus atribuciones, pues de lo contrario, se verían impedidos materialmente para ello.
• En estas condiciones, si las autoridades demandadas unilateralmente, al emitir los actos reclamados determinaron no entregar el presupuesto asignado a la actora, tal proceder vulnera su autonomía de gestión presupuestaria y financiera, lo que le impide cumplir con sus funciones, con lo cual se invade su esfera competencial de atribuciones, pues le coarta su derecho a generar mejores condiciones de respeto y tutela a los derechos humanos para la sociedad michoacana y entraña una violación directa a su autonomía de gestión presupuestaria y a su patrimonio propio.
• En ese contexto el presupuesto otorgado por el órgano legislativo competente no puede ser disminuido, menos aún por decisión administrativa, pues resulta preponderante la decisión del Poder Legislativo del Estado de Michoacán, pues es éste quien decide y ordena, sin que un órgano de trámite pueda modificar, revocar o nulificar lo determinado.
• Además, cabe mencionar que el Poder Ejecutivo del Estado es quien emite los cheques de pago de la estructura orgánica de la Comisión, es decir, que financiera y económicamente la estructura de dicho organismo depende del Poder Ejecutivo. Tal proceder es contrario al principio de autonomía, ya que con ello resulta incuestionable que se trata de trabajadores del Poder Ejecutivo y no como lo ordena la Carta Magna de un órgano autónomo.
Segundo. Violación al principio de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación. Violación a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su falta de observancia y falta aplicación al caso concreto.
• En el presente asunto, en el oficio que se impugna, se alude que debe ajustarse el presupuesto otorgado, porque:
a) La pandemia de COVID-19 redujo la recaudación estatal;
b) Que se redujeron de forma considerable las participaciones Federales;
c) Se otorgaron beneficios fiscales a los contribuyentes, y;
d) Que las dependencias de la administración pública centralizada también tuvieran ajustes.
• Sin embargo, de la simple lectura del oficio, dichos argumentos son simples afirmaciones genéricas, ya que no señalan en qué medida se redujo la recaudación estatal, ni en qué porcentaje se redujeron las participaciones federales, ni cómo ni en qué medida se otorgaron los beneficios a contribuyentes, mucho menos los porcentajes y rubros de recortes a las demás dependencias de la administración pública centralizada estatal.
• Por lo que existe una total omisión de motivar, es decir, justificar porque se redujo el 100% (cien por ciento) del total del gasto corriente de la Comisión desde el mes de mayo; máxime que se trata de recursos indispensables para cubrir los sueldos y salarios, así como pago de servicios, que son fundamentales para que el órgano actor despliegue su función.
• Por tanto, si en el oficio, no se señalan estas causas específicas próximas, inmediatas y concretas, tal proceder es contrario a los principios constitucionales aludidos.
Tercero. Indebida interpretación del término o vocablo “Ajuste”. Violación a los artículos 1°, 14, 16, 17 y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su falta de aplicación e incorrecta interpretación.
• La autoridad demandada alude que puede dejar de entregar la totalidad de las cantidades presupuestadas a la actora en virtud a que la ley le permite realizar ajustes presupuestales, atentos al principio de sostenibilidad del balance presupuestario; sin embargo, la autoridad demandada efectúa una indebida interpretación de la intención y fin último del legislador al prever los ajustes presupuestales, ya que debe existir una disminución proporcional, sin que pueda implicar ausencia o falta de entrega de recursos presupuestales.
• En el caso, la autoridad demandada dejó de entregar las partidas presupuestarias en su totalidad, por lo que no existió el ajuste, pues no se disminuyó, sino que hay ausencia, lo cual no es la intención de la ley.
• Esto es, los artículos citados de las leyes indicadas por la autoridad demandada en el oficio que se impugna resultan violatorios de la Constitución Federal, al permitirle una afectación de derechos, sin otorgar el derecho al debido proceso, razón por la cual dichos preceptos y el oficio impugnado deben ser declarados inconstitucionales.
Cuarto. Nivel más alto en protección de derechos humanos contra el derecho a lo posible en esa materia. Violación de los artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 14, 16, 17, 22 y 102, apartado B, constitucionales, por su falta de aplicación e incorrecta interpretación.
• El Estado Mexicano está obligado a cumplir con los derechos humanos al nivel más alto posible, entre ello siendo indispensable que cuente con organismos de protección no jurisdiccionales autónomos de tales derechos.
• Por tanto, no puede oponerse el derecho a lo posible -financiera y económicamente- para no otorgar el nivel más alto a la protección y tutela de derechos humanos pues, en caso de carencia de recursos, el Estado está compelido a buscarlos de diversas formas -en todos los ámbitos y de todos los modos existentes-, para no caer en la peor de las violaciones, al dejar de prestar ese servicio, por carencia de recursos.
• En consecuencia, los actos impugnados vulneran el derecho fundamental a recibir atención de tutela de derechos humanos, bajo el argumento de que no hay presupuesto, lo cual es inaceptable.
Quinto. Violación al derecho al mínimo vital y derechos laborales. Violación de los artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 14, 16, 17, 22, 102, apartado B, y 123 constitucionales, por su falta de aplicación e incorrecta interpretación.
• En efecto, las partidas no entregadas por las autoridades demandadas se refieren a gasto corriente, lo cual implica dejar de pagar sueldos y salarios a trabajadores y prestadores de servicios en la institución actora, así como dejar de tener materiales y suministros para dicha labor, lo que implica que el organismo vulnere el mínimo vital de la clase trabajadora y no genere sus emolumentos, indispensable para su dignidad humana.
Sexto. Inaplicabilidad de las normas citadas para no entregar las partidas presupuestales. Violación de los artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 14, 16, 17, 22, 102, apartado B, constitucionales, por su falta de aplicación e incorrecta interpretación.
• En el acuerdo que contiene el exhorto y en el oficio respectivo, se pide la entrega de gasto corriente de los meses de mayo a septiembre -actual noviembre- que contiene los rubros de sueldos y salarios, así como materiales y suministros; sin embargo, en las normas citadas en el oficio impugnado, se alude a que no se entregan dichas partidas presupuestales, pues debe haber ajustes, particularmente en comunicación social y percepciones extraordinarias y, si éstas no bastaren, en otras.
• No obstante, lo solicitado no tiene ninguna relación con la fundamentación, pues nunca se solicitaron partidas para comunicación social ni percepciones extraordinarias, sino para gasto corriente, indispensable para el funcionamiento del organismo.
• Por tanto, las razones expuestas por la autoridad demandada no son suficientes para generar la aplicabilidad de las normas citadas, pues no se trata de partidas que puedan ser ajustadas sino, por el contrario, se trata de partidas que no pueden ser suprimidas, ya que son gastos indispensables para el funcionamiento del órgano.
4. Preceptos constitucionales y convencionales que la parte actora aduce violados. Se señalaron como violados los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 9o., 14, 16, 17, 22, 24, 102, Apartado B, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como los numerales 1°, 2°, 9°, 11, 12, 13, 16, 17, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Protocolo de San Salvador.
5. Formación, registro y turno. Por acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, el Ministro Presidente ordenó formar y registrar el presente asunto y turnarlo a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
6. Admisión. Por auto de once de diciembre de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda de controversia constitucional teniendo como demandados en este procedimiento constitucional a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, al Poder Ejecutivo Federal, así como a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión; no así al Secretario de Finanzas y Administración; a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración; y a la Directora Técnica y de Legislación de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, todos del Ejecutivo estatal, ya que se trata de autoridades subordinadas al mencionado Poder.(1)
7. Por otro lado, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que presentaran su contestación de demanda, señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones, así como para que enviaran los antecedentes legislativos de las normas generales impugnadas. De igual manera, se dio vista a la Fiscalía General de la República.
8. Mediante auto de doce de febrero de dos mil veintiuno, la Ministra instructora tuvo por recibido los escritos y anexos, tanto del Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, en representación del Poder Ejecutivo de la Entidad federativa, como del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en representación del Poder Legislativo local, en los que solicitaron se les corriera nuevamente traslado de la demanda porque, según manifestaron, el efectuado por el actuario adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán estaba incompleto.
9. Atento a las citadas peticiones, se determinó que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que, de las constancias de autos, se desprendía que la diligencia de notificación con sus anexos se practicó debidamente. Asimismo, se les hizo de su conocimiento que podían consultar tanto el expediente electrónico como el físico que se encuentra a su disposición.
10. Contestaciones de demanda. Las autoridades responsables remitieron sus respectivos escritos de contestación, en los que expresaron, en síntesis, lo siguiente.
11. A) El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal en representación del Presidente de la República.
a) Causas de improcedencia.
1. Extemporaneidad. Se actualiza la causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad respecto de los artículos 1° y 15 de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción VII, en relación con el numeral 21, fracción II, ambos de la ley reglamentaria de la materia, ya que si la norma impugnada fue publicada en abril de dos mil dieciséis, es evidente que el plazo de presentación de la demanda ha excedido en demasía y, por lo tanto, la presente controversia constitucional es extemporánea.
Además, el oficio número DGJ/DTL/298/2020 no constituye el primer acto de aplicación de las normas impugnadas -como lo pretende la actora-, sino la primera retención de recursos que, según el promovente, se presentó en mayo de dos mil veinte, siendo ésta el primer acto de aplicación de las normas impugnadas, lo que en todo caso le generaría una afectación a su esfera competencial; por tanto, el plazo de treinta días que tenía la Comisión actora para impugnar en esta vía los ajustes presupuestales que sufrió del ejercicio fiscal dos mil veinte, venció en el mes de junio de ese año y, por tanto, procede se decrete el sobreseimiento del asunto.
2. Falta de legitimación activa. La controversia constitucional, es presentada por quien se ostenta como el Secretario Ejecutivo y encargado del Despacho de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, y para acreditar su representación invoca los artículos 12, fracción I, 13, fracción XXVII, 18, 26, 27, fracción I y 43, fracción VII de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de esa entidad federativa, así como el artículo 105, fracción II, inciso g) de la Constitución General; sin embargo, de los preceptos legales citados se desprende que la representación legal de dicha Comisión corresponde a su Presidente, y, si bien es cierto que mediante Acta de Sesión Extraordinaria para declarar la ausencia definitiva de éste, de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en términos del artículo 26 de su Ley Orgánica se señaló al Licenciado Uble Mejía Mora, Secretario Ejecutivo, como encargado de despacho, también lo es que, para efecto de la promoción de una controversia constitucional, conforme al numeral 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, la persona en quien recaiga el despacho de los asuntos a cargo del representante legal de la institución respectiva, no puede asumir la legitimación para promover este medio de control.
3. Falta de interés legítimo. Al no acreditar una invasión o afectación a su esfera de competencias conferidas directamente por la Constitución General; su pretensión se encuentra dirigida a plantear una cuestión de mera legalidad, a fin de que se aplique, en específico, lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; esto es, no se plantea una posible invasión de esferas competenciales, pues sus conceptos de invalidez se limitan a impugnar el oficio emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Por lo expuesto, resulta procedente decretar el sobreseimiento a la presente controversia constitucional, toda vez que no se materializa ninguna afectación competencial en perjuicio de la parte actora.
4. Falta de causa de pedir. Se actualiza la causa de improcedencia por la falta de una causa de pedir a que se refiere el artículo 19, fracción VIII, en relación con el diverso 22, fracción VII, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, por lo que respecta a los artículos 1° y 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, toda vez que en la demanda no se aduce de manera clara una causa de pedir, no se plantean conceptos de invalidez en los que se argumente la posible invasión de esferas competenciales que establezca la Constitución General, por lo que debe considerarse que el presente medio de control constitucional es improcedente y debe sobreseerse en el juicio.
b) Contestación de los conceptos de invalidez.
Resulta infundado el concepto de invalidez en el cual se señala que los artículos 1° y 15, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, son violatorios de los derechos de audiencia y debido proceso.
El artículo 1° de la citada ley, establece como su objetivo el manejo sostenible de las finanzas públicas, asimismo, prevé como sujetos obligados a las entidades federativas, municipios, así como sus respectivos entes públicos, dentro de los que se encuentra la Comisión actora, los cuales deberán administrar sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Por su parte, el artículo 15 del citado ordenamiento legal, establece que debe cumplirse con los principios de sostenibilidad del balance presupuestario y del balance presupuestario de recursos disponibles, y en el supuesto en el cual haya una disminución a los ingresos previstos, el Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate por conducto de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, deberá efectuar ajustes a su presupuesto de egresos. Asimismo, establece que el referido ajuste atenderá a un orden predeterminado, es decir, no se realizará de forma discrecional o arbitraria, sino atendiendo prioridades en el siguiente orden: gastos de comunicación social, gasto corriente que no sea un subsidio directo y percepciones extraordinarias de servicios personales.
Los principios a que se refiere este precepto, de conformidad con el artículo 2°, fracciones II y III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios son: balance presupuestario y balance presupuestario de recursos disponibles.
Luego entonces, si su objetivo busca cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario y de recursos disponibles, resulta infundado que le depare perjuicio alguno a la esfera competencial de la promovente de la presente controversia constitucional y, menos aún que vulnere derechos de audiencia y debido proceso, dado que dicha disposición tiene como objetivo fortalecer el manejo de los recursos y establecer límites a prácticas ineficientes alentando mejoras en la gestión de las finanzas públicas del conjunto de los gobiernos estatales.
Además, es evidente que no se trata de una disposición jurídica que se desenvuelva en el contexto de aquellas que requieran de otorgar audiencia o respeto al debido proceso, sino más bien, de normas cuyo objetivo regulador se encamina a asegurar el fortalecimiento de las finanzas públicas locales, mediante el establecimiento de reglas específicas de contratación de deuda y de disciplina financiera. En esa tesitura, resulta procedente declarar la validez de los artículos 1° y 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
Es infundada la invalidez planteada por la Comisión actora, toda vez que interpreta de forma incorrecta el contenido del artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
La disposición normativa impugnada al Ejecutivo Federal, en ningún momento señala que no se entregarán los recursos, como de forma incorrecta lo pretende hacer valer la demandante, sino que en su cuerpo normativo se indica que, con el fin de proteger el principio de sostenibilidad, no afectando programas de interés social, se podrán realizar ajustes al presupuesto asignado.
Es infundado el planteamiento de la accionista, ya que de forma incorrecta, indica que el dispositivo cuestionado no le resulta aplicable a su ministración de recursos, pues a su consideración las partidas presupuestarias que solicita no son para los rubros de los gastos listados en las fracciones I, II y III del artículo 15 referido, lo que se torna infundado, ya que pierde de vista que en su último párrafo contempla la posibilidad de que los ajustes presupuestarios se realicen a otros conceptos, cuando no sean suficientes los señalados en tal numeral, con el fin mayor de dar cumplimiento al principio de sostenibilidad del balance presupuestario y de recursos disponibles.
El motivo de disenso donde la demandante indica que los ajustes no son válidos, porque a su juicio se le coarta de ingresos para su funcionamiento, también resulta infundado, toda vez que de conformidad con el artículo 7° de la Ley Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, dicho organismo autónomo integra su patrimonio no sólo de los recursos asignados por el Congreso Estatal a través del presupuesto de egresos, sino que también obtiene recursos de otras fuentes de ingresos.
Los conceptos de invalidez plasmados en la demanda no contienen argumentos de forma lógica y razonable para demostrar que el artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, es contrario a los ordenamientos contenidos en la Constitución General, pues simplemente se limitan a señalar que su aplicación fue indebida, por lo que se deberá declarar la validez del artículo impugnado al Ejecutivo Federal.
12. B) La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
a) Causas de improcedencia.
1. Falta de legitimación activa. De la fracción I, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se desprende que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, revista la calidad de órgano originario del Estado, a efecto de plantear una controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación.
Dicho organismo encue
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200800-12ad2533/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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