I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO PARA EL QUE FUERON ELECTOS LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA LLUCÍA DEL CAMINO, ESTADO DE OAXACA (RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA EN EL EXPEDIENTE JDC/90/2021 EL DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE LA CUAL SE ORDENÓ RESTITUIR AL REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, ESTADO DE OAXACA).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 108/2021. MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA. 23 DE FEBRERO DE 2022. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN SE RESERVA SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LA MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: MANUEL POBLETE RÍOS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: La sentencia de dos de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el expediente JDC/90/2021.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de febrero de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 108/2021, promovida por el municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, contra el Tribunal Electoral de ese mismo estado.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Antecedentes del acto impugnado. El cinco de julio de dos mil dieciocho, el Consejo electoral municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, declaró la validez de la elección de concejales del ayuntamiento respectivo y expidió la constancia de mayoría relativa a la planilla postulada por la coalición Juntos Haremos Historia.
2. En sesión celebrada el primero de enero de dos mil diecinueve, el Cabildo del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino asignó al señor Adrián Pérez Rojas la Regiduría de Obras Públicas.
3. El cuatro de febrero de dos mil veintiuno, el señor Pérez Rojas solicitó licencia al cargo de Regidor de Obras Públicas por el período comprendido del seis de febrero al siete de marzo de ese mismo año. En su lugar se designó al señor Marsciano Muñoz Hernández como Regidor de Obras sustituto.
4. Mediante escrito fechado el lunes ocho de marzo de dos mil veintiuno, el señor Pérez Rojas informó al presidente municipal y al cabildo que retomaría sus funciones y, entre otros aspectos, solicitó ser convocado a las sesiones de cabildo.
5. El treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, previa solicitud formulada por el regidor sustituto, el cabildo acordó iniciar el procedimiento para la revocación de mandato del señor Pérez Rojas ante el Congreso del Estado de Oaxaca, al considerar que había incurrido en abandono del cargo. En consecuencia, como el señor Muñoz Hernández se estaba desempeñando como Regidor de Obras Públicas suplente, se determinó ratificarlo en el cargo.
6. El seis de abril de dos mil veintiuno, el señor Pérez Rojas promovió juicio ciudadano en contra del Presidente municipal, del Tesorero y del Cabildo del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca a quienes atribuyó las omisiones de convocarlo a sesiones de cabildo, otorgarle una oficina y material administrativo para el desarrollo de sus funciones y realizar el pago de dietas a partir del ocho de marzo de dos mil veintiuno, así como los actos consistentes en: obstaculizar el ejercicio de sus funciones como Regidor de Obras Públicas y ejercer violencia política por razón de género en su contra.
7. El juicio se radicó con la clave JDC/90/2021, y mediante acuerdo de nueve de abril de dos mil veintiuno dictado por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, se ordenó al Presidente municipal y al Tesorero del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, que se abstuvieran de ejecutar actos de molestia en contra del actor y su familia; asimismo, se vinculó a la Secretaría de Gobierno, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo y a la Secretaría de Seguridad Pública, todas del estado de Oaxaca, para que de manera inmediata tomaran las medidas que conforme a la ley resultaran procedentes para salvaguardar los derechos humanos del actor y su familia.
8. El dos de julio de dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dictó sentencia en el juicio JDC/90/2021, en la que por una parte, desestimó las causales de improcedencia invocadas por el Presidente y la Síndica Procuradora del municipio de Santa Lucía del Camino;(1) y por otra, ordenó restituir al señor Pérez Rojas, de manera plena, en el uso y goce de su derecho político electoral violado, así como que se le asignara un espacio físico, recursos humanos y materiales para el desempeño de su cargo y se le pagaran las dietas comprendidas en el periodo del ocho de marzo al quince de junio de dos mil veintiuno;(2) y finalmente declaró inexistente la violencia política en razón de género denunciada.(3)
9. Esa sentencia fue impugnada por el Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y por el señor Muñoz Hernández, mediante sendos juicios (electoral y de protección de derechos político electorales) promovidos ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante, "la Sala Regional"), los cuales quedaron radicados con las claves SX-JE-172/2021 y SX-JDC-1304/2021, respectivamente.
10. Mediante diversa sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno en el juicio electoral SX-JE-172/2021, la Sala Regional desechó de plano la demanda presentada por el Presidente municipal, debido a que el promovente, en su carácter de autoridad demandada en el juicio de origen, carecía de legitimación para cuestionar la sentencia electoral, además de que la resolución impugnada no causó afectación a algún derecho o interés personal del señor Dante Montaño Montero, ni le impuso alguna carga a título personal.
11. En el diverso juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SX-JDC-1304/2021 promovido por el señor Muñoz Hernández, la Sala Regional dictó sentencia el diez de agosto de dos mil veintiuno en el sentido de confirmar la sentencia impugnada y reencauzar las manifestaciones relacionadas con la posible violencia política motivada por pertenecer a la "comunidad de la diversidad sexual", para lo cual dio vista al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
12. Inconforme con este último fallo, el señor Muñoz Hernández interpuso recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual quedó registrado con la clave SUP-REC-1298/2021. Previo el trámite respectivo, la Sala Superior dictó sentencia en el sentido de desechar el recurso interpuesto.
13. Presentación de la demanda. El veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el señor Montaño Montero ostentándose como Presidente municipal(4) y el señor Juan Flores Núñez, como apoderado legal, del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, promovieron una controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la sentencia de dos de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el expediente JDC/90/2021.
2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Presidente Municipal expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a. El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca carece de competencia para pronunciarse sobre el procedimiento de revocación de mandato por causas graves. El juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano JDC/90/2021 promovido por el señor Pérez Rojas era improcedente, tal como lo hicieron valer el Presidente municipal y el Cabildo del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, quienes plantearon la improcedencia del juicio por no ser de naturaleza electoral, atendiendo a que el acto allí reclamado derivó de un procedimiento de revocación de mandato que constituye una medida excepcional de naturaleza político-administrativa autorizada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la cual, una persona electa en un proceso constitucional es removida de su cargo.
b. La sentencia impugnada no funda ni motiva la competencia del Tribunal Electoral. Ello, pues el Tribunal aquí demandado no expuso las razones y motivos que tuvo para desconocer un procedimiento administrativo exclusivo del ayuntamiento en el que se determinó revocar el mandato al Regidor de Obras Públicas del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, ni para restituir al citado regidor en su cargo, nulificando la decisión de la mayoría de los integrantes del Cabildo. Con ello se vulneraron los artículos 14, 16 y 115, párrafo primero, fracciones I y II, de la Constitución Política del país.
14. Admisión y trámite. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia ordenó formar el expediente correspondiente, registrarlo bajo el número 108/2021 y turnarlo a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
15. En acuerdo de diez de septiembre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora requirió al Presidente municipal actor para que remitiera copia certificada de la constancia con la que demostrara fehacientemente la ausencia de la Síndica del ayuntamiento, ya que resultaba indispensable para tenerle por acreditada la representación con la que se ostentaba.
16. Mediante oficio presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente municipal actor dio cumplimiento al requerimiento.(5)
17. En consecuencia, por acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora tuvo por desahogado el requerimiento formulado el diez de septiembre anterior; admitió a trámite la demanda y tuvo como demandado al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.
18. Contestación de demanda. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca contestó la demanda. En ésta, señaló que debía declararse improcedente la controversia constitucional en términos del artículo 19, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) pues en el caso concreto, el municipio actor se inconformó en contra de un acto del tribunal electoral local al atender una demanda presentada con todas las formalidades exigidas por la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca.
19. Pedimento. El Fiscal General de la República y la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en el presente asunto.
20. Alegatos. Las partes no formularon alegatos en el presente asunto.
21. Cierre de la instrucción. Una vez celebrada la audiencia de ley, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción para efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
22. Avocamiento. En atención a la solicitud de la Ministra instructora, por acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós, la Primera Sala se avocó para conocer el presente asunto.
I. COMPETENCIA
23. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política del país y 10, fracción I y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada,(7) en relación con lo dispuesto en los Puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, por tratarse de un conflicto entre el municipio de Santa Lucía del Camino y el estado de Oaxaca, a través de un organismo constitucional autónomo, en el que no resulta necesaria la intervención del Pleno, por no haberse impugnado normas generales.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
24. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I,(8) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario determinar cuál es el acto concreto y específicamente reclamado por el poder actor.
25. En el respectivo apartado de la demanda, el municipio accionante señaló como tal el siguiente:
IV. Acto cuya invalidez se reclama
La resolución de fecha dos de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en el expediente JDC/90/2021.
26. Por lo tanto, se tiene como acto impugnado la sentencia dictada el dos de julio de dos mil veintiuno dentro del expediente JDC/90/2021 por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
27. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, en el caso quedó demostrada la existencia del acto impugnado, pues el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, al contestar la demanda, aceptó haber emitido la sentencia de dos de julio de dos mil veintiuno dentro del expediente JDC/90/2021, y exhibió copias certificadas de dicho acto.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
28. Resulta innecesario el estudio de las cuestiones relativas a la oportunidad de la demanda y legitimación de las partes, en virtud de que procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto de conformidad con el artículo 20, fracción II, en relación con el 19, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cesación de efectos de los actos reclamados.(9)
29. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte ha sustentado que se actualiza la referida causa de improcedencia cuando la norma general o acto materia de la controversia constitucional deja de producir sus efectos. Sobre todo porque la declaración de invalidez que en dichos juicios llegare a pronunciarse no puede tener efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución federal y 45 de su ley reglamentaria.
30. Aunado a lo anterior, en la controversia constitucional 265/2017 el Pleno de este alto tribunal,(10) en un caso en el que se reclamaba la resolución de un tribunal local (en aquel caso el Tribunal de Justicia Administrativa), determinó que el interés legítimo del municipio para promover una controversia constitucional cuando se reclame la integración de su Ayuntamiento encuentra sustento en una prerrogativa directamente prevista en el artículo 115 de la Constitución Política del país.
31. Lo relevante del precedente citado radica en que el Pleno señaló que la salvaguarda de la integración de los Ayuntamientos –cuyo fin es evitar injerencias o intervenciones ajenas al ente municipal que permita hacer efectiva su autonomía política– se encuentra indiscutiblemente ligada a la duración del período para el que haya sido electo.
32. De esta forma, si durante el trámite o previo a la resolución de una controversia constitucional en la que se reclamen actos que afecten la integración del Ayuntamiento, éste se renueva en su totalidad con motivo de un nuevo procedimiento electoral, ésta debe sobreseerse porque a ningún efecto práctico llevaría resolver sobre la constitucionalidad de actos que dejaron de surtir efectos con motivo de la conclusión del encargo de los servidores públicos que lo componían.
33. En el presente caso, los Ayuntamientos en el estado de Oaxaca se renuevan cada tres años de acuerdo con el artículo 113, fracción I, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca.(11) A la fecha en que se promovió la controversia constitucional, el encargo de los integrantes del Ayuntamiento del Municipio actor, derivado del proceso electoral de dos mil dieciocho, inició el uno de enero de dos mil diecinueve y concluyó el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.(12)
34. En este sentido, al haber concluido el período del Ayuntamiento del cual formó parte Adrián Pérez Rojas –a quien se ordenó restituir en el cargo de Regidor de Obras Públicas en la sentencia electoral que aquí se combate y a quien el Cabildo del municipio actor inició un procedimiento de revocación de mandato– la sentencia impugnada ya no tiene efecto alguno, porque de acuerdo con los argumentos del municipio actor, la afectación en su esfera competencial derivaba de que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca no podía reconocer el carácter de regidor al señor Pérez Rojas ni ordenar su restitución, por ser una cuestión que solamente podía ser analizada por el Congreso del Estado. En este sentido, si a la fecha en que se emite esta sentencia ya culminó el periodo para el cual fue electo el señor Pérez Rojas, debe concluirse que la sentencia en la que se le reconoció tal carácter dejó de afectar al municipio.
35. Resulta aplicable la siguiente tesis de la Segunda Sala, que esta Primera Sala comparte y que sirvió de sustento para que el Pleno resolviera la referida controversia constitucional 265/2017:
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO UN AYUNTAMIENTO RECLAMA ACTOS QUE PRETENDAN VULNERAR SU INTEGRACIÓN, Y DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO CONCLUYE SU PERIODO DE GOBIERNO, DEBE DE SOBRESEER POR CESACIÓN DE EFECTOS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 882, de rubro: ‘CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.’, determinó que tal figura se actualiza en materia de controversias constitucionales cuando la norma o acto impugnados dejan de producir los efectos que motivaron su promoción, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de su ley reglamentaria. Ahora bien, toda vez que la preservación de la autonomía del Municipio a través de la salvaguarda de la integración de su Ayuntamiento se encuentra estrechamente vinculada con la duración de su periodo de gobierno, es inconcuso que si reclama actos que le causan perjuicio por atentar contra su integración, aquéllos habrán cesado en sus efectos, al concluir dicho periodo.(13)
36. Al haber cesado los efectos de la sentencia aquí impugnada, debe sobreseerse en la presente controversia constitucional, con fundamento en los artículos 20, fracción II, en relación con el 19, fracción V, ambos de la ley reglamentaria de la materia.
37. En lo conducente, en este mismo sentido la Primera Sala resolvió las controversias constitucionales 277/2017, 310/2017, 330/2017, 31/2018, 54/2018, 74/2018 y 17/2020.(14)
V. DECISIÓN
38. Por lo antes expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien se reserva su derecho a formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente).
Firman la Ministra Presidenta de la Sala y Ponente, con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA Y PONENTE
MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA
MAESTRO RAÚL MENDIOLA PIZAÑA
________________
1. Las autoridades demandadas sostuvieron que la autoridad electoral no era competente para conocer y resolver respecto de la revocación de mandato por abandono de cargo, por constituir una medida excepcional de naturaleza político-administrativa autorizada constitucionalmente y no un acto de naturaleza electoral. Al respecto, el Tribunal Electoral señaló que era infundada la causal debido a que los agravios planteados por el actor no estaban relacionados con el tema de la revocación de mandato, sino con la afectación a su esfera jurídica en el ejercicio del cargo por el que fue electo. De ahí que la revocación de mandato no haya sido controvertida en el juicio.
2. El Tribunal Electoral consideró que se había privado al actor de su derecho a ser votado en la vertiente de libre desempeño del cargo para el cual fue electo, debido a que no se había acreditado que el Presidente Municipal hubiese convocado a Adrián Pérez Rojas a las sesiones de cabildo después de haber vencido la licencia solicitada por ésta, ni que hubiese dado respuesta a la solicitud de reincorporación al cargo, así como tampoco demostró que le hubiese dotado del mobiliario, personal, recursos humanos y financieros para que desarrollara sus actividades, ni que le hubieran pagado las dietas que le correspondían con motivo de su encargo, por el periodo del ocho de marzo al treinta de junio de dos mil veintiuno, las cuales equivalían a $150,666.66 (ciento cincuenta mil seiscientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis centavos, moneda nacional).
3. Sobre la denuncia de violencia política en razón de género, el Tribunal señaló que el actor no había aportado prueba alguna de donde se advirtiera una conducta de violencia política en su contra.
4. En la demanda se hizo la siguiente aclaración: "... (en términos en (sic) los artículos 68 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca el Presidente Municipal asume la representación jurídica ya que por el momento no se cuenta con ninguna persona que asuma la figura de Síndica Municipal, esto al haber renunciado con fecha uno de julio del dos mil veintiuno)."
5. Exhibió copia certificada de la sesión extraordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, en la que sometió al análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la renuncia presentada por Nancy Lourdes García Cruz, Síndica del Municipio en cita; así como copia certificada del acta administrativa de entrega-recepción de la Sindicatura respectiva, levantada el veinte de agosto de dos mil veintiuno. Asimismo, manifestó que no había sido posible designar a una nueva Síndica Procuradora del Municipio respectivo.
6. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"II. Contra normas generales o actos en materia electoral;
"... ."
7. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: ...
"i). Un Estado y uno de sus Municipios;
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:
"I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ...
"Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones: ...
"VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; ...
"Vigente a la fecha de la promoción del presente asunto, en términos del artículo quinto transitorio del ‘DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA LEY DE CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA; DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno:
"Quinto. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio."
8. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
"I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; ... ."
9. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: ...
"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; ... "
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: ...
"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; ... ."
10. Resuelta el veintinueve de enero de dos mil diecinueve por mayoría de 6 votos de los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Franco González Salas, Medina Mora I., Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea y de la Ministra Piña Hernández. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Laynez Potisek votaron en contra.
Se hace notar que los votos en contra se sustentaron en que en la controversia constitucional, además de impugnarse los actos que cesaron en sus efectos por la renovación del ayuntamiento, se controvirtieron normas, cuyos planteamientos de constitucionalidad debieron haberse estudiado en el fondo del asunto.
11. "Artículo 113. El Estado de Oaxaca, para su régimen interior, se divide en Municipios libres que están agrupados en distritos rentísticos y judiciales.
"...
"I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una Presidenta o Presidente Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, garantizándose la paridad y alternancia entre mujeres y hombres, conforme a la ley reglamentaria.
"...
"Los integrantes de los Ayuntamientos, tomarán posesión el día primero de enero del año siguiente al de su elección y durarán en su encargo tres años, pudiendo ser reelectos para el periodo inmediato."
12. Como prueba de ello constan en el expediente, como parte de los anexos de la demanda, las constancias de mayoría entregadas a los promoventes en las que consta que fueron vencedores en el referido proceso electoral para integrar el Ayuntamiento por el periodo referido.
13. Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis Aislada de la Novena Época con número de registro 182687, publicada en el Tomo XVIII de diciembre de 2003, página: 1007.
14. La controversia constitucional 310/2017 (bajo la ponencia del Ministro González Alcántara Carrancá) se resolvió en sesión de trece de febrero de dos mil diecinueve por mayoría de 4 votos (el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra); la controversia constitucional 54/2018 (bajo la ponencia del Ministro Aguilar Morales) se resolvió en sesión de tres de marzo de 2019 por unanimidad de 5 votos; las controversias constitucionales 277/2017 y 74/2018 (bajo la ponencia del Ministro Aguilar Morales) se resolvieron en sesión de trece de marzo de dos mil diecinueve, la primera por mayoría de 4 votos (el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra) y la segunda por unanimidad de 5 votos; las controversias constitucionales 330/2017 y 31/2018 (bajo la ponencia del Ministro González Alcántara Carrancá) se resolvieron en sesión de once de septiembre de dos mil diecinueve –el Ministro Pardo Rebolledo estuvo ausente–, la primera por mayoría de 3 votos (el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra) y la segunda por unanimidad de 4 votos; la controversia constitucional 17/2020 (bajo la ponencia de la Ministra Ríos Farjat) se resolvió en sesión de dos de febrero de dos mil veintidós, por unanimidad de 5 votos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200811-919f9eb2/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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