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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS TRANSITORIOS DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO QUINTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, VIGÉSIMO OCTAVO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO SEXTO, TRIGÉSIMO OCTAVO Y CUADRAGÉSIMO DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO CINCO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 25/2022. · Registro digital (IUS): 200879
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIVERSAS DIPUTADAS Y DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 25/2022. DIVERSAS DIPUTADAS Y DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Las y los promoventes impugnan los artículos transitorios Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo Sexto, Trigésimo Octavo y Cuadragésimo del Decreto Número Mil Ciento Cinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5899, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por considerar que resultan violatorios de los principios de división de poderes, seguridad jurídica y legalidad.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 25/2022, promovida por diversas diputadas y diversos diputados de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, contra los artículos transitorios Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo Sexto, Trigésimo Octavo y Cuadragésimo del Decreto Número Mil Ciento Cinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5899, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por considerar que resultan violatorios de los principios de división de poderes, seguridad jurídica y legalidad.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. Por escrito recibido mediante buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, diversas diputadas y diversos diputados de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos promovieron acción de inconstitucionalidad, en la que impugnaron los artículos transitorios Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo Sexto, Trigésimo Octavo y Cuadragésimo del Decreto Número Mil Ciento Cinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5899, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, las y los accionantes expusieron los siguientes conceptos de invalidez:

a. En su primer concepto de invalidez, señalan que con la aprobación del Decreto impugnado se autoriza al Gobernador para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda de la entidad, adecue los montos y las asignaciones presupuestales aprobadas por el Congreso del estado a los entes públicos, con la única obligación de ser reportados a dicho órgano legislativo en la cuenta pública, lo que, a su juicio, viola el principio de seguridad jurídica.

b. Refieren también que las leyes de ingresos tienen un régimen especial conformado, entre otros, por normas procedimentales particulares, como la presentación de la iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, a más tardar el uno de octubre de cada ejercicio, con la posibilidad de que sea ampliado este plazo, así como el análisis y discusión conjunto con el presupuesto de egresos.

c. Indican que dicho presupuesto tiene como objetivo fundamental el ordenamiento del gasto público, mediante la distribución y asignación de un determinado monto de recursos, estimado con base en los ingresos que se obtendrán por la recaudación de impuestos y la obtención de derechos; y que el gasto público es el mecanismo de que dispone el gobierno para poder ejercer sus facultades y cumplir con sus obligaciones, el cual se organiza a través de un presupuesto que refleja la orientación y las capacidades para llevar a cabo las actividades gubernamentales.

d. Definen el gasto público como el conjunto de erogaciones que efectúan las entidades gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal, incluidos los poderes legislativos y judiciales, así como el sector paraestatal en el ejercicio de sus funciones.

e. Citan los artículos 116, párrafos primero y segundo y fracción II, párrafo cuarto de la Constitución Federal, 32, 40, fracción V, 57, y 70, fracciones II y XVIII, inciso c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, conforme a los cuales: el Gobernador del estado tiene la facultad de remitir al Congreso local las iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal; a más tardar el uno de octubre de cada año, el Congreso local recibirá para su examen, discusión y aprobación las iniciativas correspondientes al presupuesto de egresos del gobierno del estado, así como las leyes de ingresos del estado y de los ayuntamientos.

f. Aducen que el Gobernador de la entidad no cuenta con facultades para modificar, alterar ni reducir el presupuesto de egresos que apruebe el Congreso del estado, y que el permitir esa intervención de manera libre implicaría una intromisión en la esfera de competencia del poder legislativo que se encuentra proscrita por el artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal.

g. Manifiestan que al resolver la controversia constitucional 35/2000, el Tribunal Pleno determinó que el artículo 116 constitucional dispone, en lo general, la prohibición de que se reúnan dos o más poderes de las entidades federativas en una sola persona o corporación, es decir, obliga a sus destinatarios a respetar el principio de división de poderes.

h. Alegan que, de acuerdo con el artículo 116, primer párrafo de la Constitución Federal, el poder de cada una de las entidades federativas debe estar dividido para su ejercicio en tres poderes, de manera que ninguno pueda ejercer todo el poder estatal en su propio interés. Además, la norma constitucional establece mandatos prohibitivos a efecto de que ninguno de los poderes públicos estatales se extralimite en el ejercicio del poder que les ha sido conferido.

i. Indican que estas prohibiciones se traducen en la no intromisión, la no dependencia y la no subordinación con respecto a los otros poderes. Asimismo, exponen las definiciones sostenidas por el Tribunal Pleno sobre estos niveles del principio de división de poderes.

j. En su segundo concepto de invalidez, las y los accionantes consideran que, con la facultad otorgada al Gobernador del Estado de Morelos, en el presupuesto de egresos, para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda de la entidad, efectúe las adecuaciones a los montos de las asignaciones presupuestales aprobadas por el Congreso del estado, se vulnera el principio de legalidad, conforme al cual las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite expresamente.

k. Estiman que la ausencia de una ley que faculte al Gobernador de la entidad a modificar el presupuesto de egresos autorizado por el Congreso local, no sólo afecta la esfera competencial de éste, sino que también trastoca la garantía de autonomía presupuestal de los órganos reconocida constitucionalmente.

l. Mencionan que de los artículos 126 de la Constitución Federal, 32, párrafo séptimo de la Constitución Política del Estado de Morelos y 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de la entidad, no se desprende facultad alguna para que el Gobernador realice adecuaciones a los montos de las asignaciones presupuestales aprobadas por el Congreso local.

3. Admisión y trámite. Por acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 25/2022, y lo turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para que fungiera como instructora del proceso.

4. Mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, la Ministra instructora previno a las y los promoventes para que dentro del plazo de cinco días hábiles remitieran a este Alto Tribunal la documentación en copia certificada que acredite el carácter con el que se ostentan.

5. La prevención señalada se tuvo por desahogada por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós y en el que la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad incoada por diversas diputadas y diversos diputados integrantes de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos en la que impugnaron diversas disposiciones transitorias del Decreto Número Mil Ciento Cinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.

6. En el mismo acuerdo en cita, se dio vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera, y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, de considerar que la materia de la presente acción de inconstitucionalidad trasciende a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su esfera competencial conviniera.

7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Por escrito recibido por medio del buzón judicial de este Alto Tribunal, el Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en representación de ese órgano legislativo, rindió el informe correspondiente en los siguientes términos:

a. Argumenta que, conforme a los artículos 116 y 127 constitucionales y 32 y 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Poder Ejecutivo estatal tiene la obligación de remitir al Congreso local el proyecto de presupuesto de egresos, para su aprobación. Por lo que en este proceso, intervienen los dos poderes en su respectivo ámbito de competencias, como un sistema de contrapesos que tienden al control del gasto en la entidad federativa.

b. Manifiesta que la facultad de autorización del presupuesto de egresos para fijar los gastos del estado y establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos, se encuentra sujeto a que el órgano legislativo verifique que se incluyan las remuneraciones de servidores públicos y las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el pago de obligaciones, de manera que, en términos del artículo 32 de la Constitución estatal, la iniciativa se reciba para su análisis, discusión y aprobación.

c. Señala que la participación del Congreso cobra relevancia cuando el Ejecutivo omite la presentación oportuna de la iniciativa correspondiente, pues, en ese caso, se prevé la ultraactividad de la ley anterior y, en caso de persistir esa omisión, la Constitución autoriza a que por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, el Congreso proceda a la elaboración, discusión y aprobación de la Ley de ingresos y del Decreto de presupuesto de egresos del estado y de la ley o leyes de ingresos de los municipios correspondientes.

d. Indica que de los artículos 23, 26, 28, 29, 30 y 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, se sigue que en dicho ordenamiento se prevé, por una parte, que sólo el Gobernador del estado y los presidentes municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia pueden modificar la estructura administrativa y financiera de los programas de las dependencias y entidades que estén incluidos en el presupuesto de egresos, cuando circunstancias de extrema gravedad o razones de seguridad pública lo ameriten, así como que al referirse a ampliaciones presupuestales, dicho ordenamiento sólo se refiere al Ejecutivo del estado y, en su caso, los presidentes municipales; pero, por otra, conserva la potestad del Congreso del estado para autorizar las ampliaciones presupuestales que se soliciten y, en el artículo 22, se establece que las proposiciones que hagan los miembros del Congreso estatal para modificar el proyecto de presupuesto de egresos presentado por el Ejecutivo local, serán sometidas a la Comisión respectiva para su estudio y dictamen.

e. Estima que, conforme al contexto constitucional y legal vigente en la entidad, el Congreso del Estado de Morelos puede ejercer la función de atribución de partidas presupuestarias, lo que se explica en tanto que en la gestión financiera del estado debe prevalecer el apego a los programas institucionales en los que cada nivel de gobierno cuenta con atribuciones que sirven de equilibrio en su ejercicio, ya que el presupuesto de egresos es una ley que, por su singularidad, concretiza la asignación de gastos en un periodo determinado por lo que, por su carácter especial, debe prevalecer cuando exista antinomia con respecto a otro ordenamiento.

f. Indica que el Congreso del Estado de Morelos, al emitir el Decreto Número Mil Ciento Cinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, actuó dentro de las atribuciones previstas en el marco constitucional y legal que rige en la entidad federativa.

g. Finalmente, señala que, derivado de la reforma al artículo 70, fracción XVIII, inciso c) de la Constitución estatal, el Congreso local tiene la atribución de expedir e incluso modificar el presupuesto de egresos.

8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito remitido a través del sistema electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en representación de dicho poder, rindió su informe en los términos siguientes:

a. Plantea, como primera causal de improcedencia, la inexistencia de argumentos en los que se expresen conceptos de invalidez mínimos de impugnación o que solicite alguna interpretación de un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se formule una causa de pedir. Ello, porque, desde su perspectiva, las y los diputados firmantes omiten expresar los motivos o razonamientos lógico jurídicos por los cuales presumen que los preceptos legales impugnados violentan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b. Como segunda causal de improcedencia, señala que la acción de inconstitucionalidad es extemporánea, al haberse presentado fuera del plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, y consideran que debió presentarse en última instancia el uno de febrero de dos mil veintiuno.

c. Al respecto, también refiere que, al no haberse aprobado el Presupuesto de Egresos del Gobierno estatal para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, operó la reconducción del presupuesto inmediato anterior, en términos del artículo 32 de la Constitución estatal, sin embargo, esta figura se trata de una medida extraordinaria de carácter provisional para hacer frente a la ausencia del citado instrumento que regirá al ejercicio fiscal correspondiente y que culminaría con la aprobación de éste por parte del Congreso estatal.

d. Considera que, aun cuando se tome como referencia la reconducción presupuestaria para iniciar el cómputo del plazo, la acción intentada también resultaría extemporánea, ya que el artículo 32 en comento dispone que el último día para aprobar el presupuesto de egresos aplicable al ejercicio fiscal siguiente es el quince de diciembre, por lo que, desde su perspectiva, el plazo comenzó a transcurrir a partir del dieciséis de diciembre.

e. En relación con los conceptos de invalidez, los cuales analiza de manera conjunta, expone que de las disposiciones reclamadas no se advierte alguna que autorice a modificar, alterar ni reducir el presupuesto de egresos que aprueba el Congreso del estado, por lo que considera que es inoperante lo argumentado por las y los promoventes.

f. Estima que el Poder Ejecutivo estatal no trastoca el principio de división de poderes, en virtud de que el Poder Legislativo no se encuentra en una situación de subordinación ni de delegación de facultades con respecto al Poder Ejecutivo, sino que sus funciones e interrelaciones son parte de un régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el ejercicio del poder público.

g. Asimismo, aduce que las y los accionantes cuentan con garantías institucionales, las cuales constituyen una protección constitucional a su autonomía, y salvaguardan sus características orgánicas y funcionales que son esenciales para su operatividad, por lo que no podría llegarse a la intromisión de un poder público que interfiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones del Poder Legislativo.

h. Informa que el Poder Ejecutivo local no vulneró el principio de división de poderes, toda vez que no modificó, alteró ni redujo el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de dos mil veintiuno que aprobó el Congreso de la entidad, sino que en tiempo y forma presentó ante dicho órgano legislativo los anteproyectos de presupuesto de egresos tanto para dos mil veintiuno como para dos mil veintidós, sin que pueda atribuirse consecuencia o responsabilidad al Ejecutivo por la omisión en que incurrió el citado Congreso al no aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós.

i. Por otra parte, señala que, en términos de la fracción II del artículo 40 de la Constitución estatal, el Congreso tiene la facultad de expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administración interior del estado, lo que, a su juicio, puede guardar relación con la facultad establecida en la fracción IX del mismo numeral, la cual establece que el Congreso de la entidad puede conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias en alguno o algunos de los ramos de la administración, en los casos de grande peligro o de trastorno grave calificados por el Congreso o cuando éste lo estime conveniente.

j. Considera que este sustento legal permite al órgano legislativo estatal autorizar, a través del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda de la entidad, adecue los montos y las asignaciones presupuestales aprobadas por el propio Congreso local a los entes públicos, con la única obligación de reportar a dicho órgano los movimientos al Congreso en la cuenta pública establecida en el artículo 15 del Decreto Número Mil Ciento Cinco impugnado.

k. Alega que el Congreso local también puede emitir cláusulas habilitantes que permitan a un órgano de la administración para regular una materia concreta y específica sea que ésta haya sido objeto de regulación con anterioridad o que no lo haya sido, de acuerdo con los principios y lineamientos contenidos en la propia norma habilitante.

l. Asevera que las disposiciones combatidas no son violatorias del principio de legalidad, ya que el presupuesto de egresos en el que se encuentran contenidas constituye en sentido formal una ley.

m. Aduce que el Poder Ejecutivo estatal ha actuado de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción II y 5, fracción II, inciso c), 57, 58, 59 y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 6, 7, 8 y 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 32, 40, fracción V y 70, fracción II, XVIII, inciso c) y XXXIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Por lo tanto, considera que no se vulnera el principio de legalidad. n. Estima que la interpretación del artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, es errónea, pues, desde su perspectiva, dicha disposición únicamente faculta al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Hacienda, realice adecuaciones a las asignaciones aprobadas por el Congreso cuando se presenten contingencias que requieran gastos extraordinarios, repercutan en una disminución o aumento de ingresos previstos en la Ley de Ingresos, y cuando sean necesarias para la buena marcha de los programas. Por lo que considera que la medida no es arbitraria.

o. Manifiesta que las adecuaciones presupuestales que le autoriza realizar el Presupuesto de Egresos impugnado se llevan a cabo a fin de contribuir a un balance presupuestario sostenible y hacer frente a los objetivos propuestos por los poderes del estado, entidades y los organismos constitucionales autónomos, cumpliendo con las disposiciones normativas que regulan la aplicación y el ejercicio del gasto público.

p. Señala que los artículos 5, fracción II, inciso c) y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establecen, en el caso de recursos federales, la facultad para autorizar las adecuaciones a sus presupuestos, sin requerir la autorización de la Secretaría, siempre y cuando no rebasen el techo global de su flujo de efectivo aprobado en el presupuesto de egresos.

q. Indica que el Congreso estatal ha aprobado diversos presupuestos de egresos en los que ha dotado al Gobernador del Estado de Morelos, de las facultades contenidas en los artículos cuya invalidez se demanda, por lo que no se está en presencia de nuevos actos legislativos.

r. En otro aspecto, manifiesta que el artículo 126 constitucional establece una regla de prohibición, por una parte, y una serie de principios constitucionales relacionados con el régimen de gasto público del estado, por la otra.

s. Al respecto, señala que los pagos que tenga a cargo el estado únicamente pueden realizarse si son previstos en el presupuesto de egresos y, como excepción, en caso de que el pago respectivo no haya sido programado en dicho presupuesto, éste debe realizarse siempre que sea establecido en una norma posterior expedida por el Congreso de la Unión.

t. También menciona que el artículo 126 constitucional salvaguarda el principio de gasto público, puesto que, al prever que ningún pago puede realizarse si no está establecido en el presupuesto de egresos o una ley posterior, la norma constitucional brinda relevancia a la programación por parte del Poder Ejecutivo de las erogaciones anuales, la aprobación del presupuesto como resultado de la decisión democrática del ejercicio del gasto público, y el ejercicio eficiente, eficaz, de economía, trasparente y honrado del mismo.

u. Expone que el Congreso del estado no delega sus facultades, sino que establece un sistema de habilitación que permite al Poder Ejecutivo atender contingencias o casos fortuitos que se susciten con posterioridad a la aprobación del presupuesto de egresos, lo cual no es contrario a los principios antes señalados y no constituye un ejercicio del gasto público abusivo, pues conforme a los artículos 126 y 134 constitucionales, dicho ejercicio debe realizarse de forma recta y prudente.

v. Menciona que de los artículos Segundo, fracciones II y IV, Décimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo Octavo y Cuadragésimo del Decreto Número Mil Ciento Cinco, se desprende que el Poder Legislativo establece las figuras jurídicas de adecuaciones y ampliaciones presupuestales, las cuales, a su juicio, se distinguen en tanto las primeras de ellas obedecen al principio de modificación presupuestaria y de sostenibilidad de balance presupuestario, que se derivan de los artículos 13, fracción II, 14 y 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 2, fracción II, 5, fracción II, inciso c), 57, 58, 59 y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Respecto a las ampliaciones presupuestales, refiere que obedecen a la facultad del Congreso estatal para aplicar un control de economicidad referido a la eficiencia, eficacia y economía en la erogación de los recursos públicos, ello como consecuencia de la examinación, discusión y aprobación anual del Presupuesto de Egresos.

w. Considera que las y los accionantes hacen una interpretación errónea de la autonomía presupuestaria, ya que ésta implica la capacidad del órgano constitucionalmente reconocido para administrar, manejar y ejercer por sí mismos los recursos económicos asignados en el presupuesto de egresos vigente, y que, en el caso, no se ha invadido o afectado la autonomía presupuestaria de la que gozan los demás poderes del estado, ni de los órganos constitucionales autónomos, toda vez que cuentan con independencia para determinar el manejo de su presupuesto, así como cumplir con las atribuciones que tienen debidamente normadas.

9. Pedimento. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en la presente acción de inconstitucionalidad, a pesar de estar debidamente notificadas.

10. Alegatos. Las y los promoventes y las autoridades emisoras de las normas reclamadas no presentaron alegatos.

11. Cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la Ministra instructora cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

12. Avocamiento. Previo el dictamen respectivo, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.

13. Es así que el once de noviembre de dos mil veintidós, la Ministra Presidenta de la Segunda Sala determinó el avocamiento correspondiente.

I. COMPETENCIA

14. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d) de la Constitución Federal,(1) 10, fracción I, y 11, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con los Puntos Segundo, fracción II y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013,(3) de trece de mayo de dos mil trece, por tratarse de una acción de inconstitucionalidad en la que se estima que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

16. Del escrito inicial de las diputadas y los diputados promoventes, se advierte que las normas reclamadas son los artículos transitorios Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo Sexto, Trigésimo Octavo y Cuadragésimo del Decreto Número Mil Ciento Cinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5899, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, los cuales se transcriben a continuación:

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se autoriza al Gobernador para celebrar los convenios que resulten necesarios para la buena marcha de la administración pública, entendiéndose por éstos los que tengan por objeto contribuir al logro de alguno o varios de los objetivos, estrategias y líneas de acción de los Ejes Rectores previstos en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024; así como los que se deban suscribir con la Federación o los Municipios, en los términos de la normatividad aplicable; autorización que también se otorga a los Municipios para los fines del presente artículo, en tanto los celebren con el Ejecutivo Estatal o la Federación. En especial, aquellos convenios relativos a la compensación de los adeudos que los Municipios tengan pendientes por cubrir con el Poder Ejecutivo Estatal, cuando deriven de apoyos financieros o anticipos de participaciones recibidos en ejercicios fiscales anteriores, respecto de los cuales se autoriza a las partes a convenir con vigencia máxima hasta el término de su gestión administrativa.

Para efectos de lo anterior y cuando resulte necesario, la Secretaría hará uso de su facultad de interpretación para efectos administrativos, a fin de determinar la integración de los instrumentos con los requisitos establecidos en el párrafo anterior.

Por otra parte, se autoriza al Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, a celebrar los actos jurídicos necesarios, para regularizar pasivos existentes a cargo del Gobierno del Estado de Morelos, originados en administraciones anteriores, derivados de la adquisición de bienes y de la contratación de servicios, atendiendo a las mejores condiciones de pago posibles, así como a la suficiencia presupuestaria.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se faculta al Gobernador, mediante la autorización de la iniciativa correspondiente, proceda a la desincorporación del dominio público, así como la enajenación de maquinaria, equipo y mobiliario obsoleto, o que por su estado de conservación resulte incosteable su mantenimiento.

El ejercicio de esta facultad deberá informarse dentro de la Cuenta Pública que se presente al Congreso del Estado.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Cuando se prese

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200879-5a4366a4/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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